CASO TORRE PACHECO

REABREN LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE TORRE PACHECO POR ADJUDICAR CONTRATOS A DEDO 

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número Seis de San Javier que reabra la causa por un presunto delito de prevaricación contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y los concejales Santiago Meroño y José Saura por las supuestas adjudicaciones ´a dedo´ de contratos, por importe de 750.000 euros. 

El tribunal señala en un auto que los indicios de la posible comisión del delito «permanecen», por lo que acuerda revocar el sobreseimiento dispuesto por el juez de San Javier, al que ordena que «proceda a continuar la tramitación de la causa», que fue archivada en diciembre pasado. Así, la Audiencia le deja la puerta abierta para que dé paso a la fase intermedia del juicio si cree que la investigación está acabada o para que ordene la práctica de nuevas diligencias, «si entiende que no está agotada». 

El tribunal admite así el recurso presentado por la Fiscalía, que considera que la adjudicación sin concurso previo de la redacción de proyectos a una empresa determinada puede ser constitutiva de delito, del que serían responsables el alcalde y los ediles de Urbanismo y de Deportes. 

El auto recoge que «las infracciones administrativas vienen a ser justificadas por las defensa y aceptadas por el juez instructor, por el hecho de que pudieran haberse producido por una anómala interpretación de la misma o por una falta de negligencia en su interpretación, o incluso por dejadez o descuido», criterio que la Audiencia no comparte. 

El Juzgado, al no apreciar que el alcalde y los concejales actuaran de forma intencionada o arbitraria, se pronunció por el sobreseimiento de las actuaciones, que la Audiencia deja ahora sin efecto. 

Declara la sala que esa decisión sólo cabe cuando los indicios que dieron lugar a la formación de la causa quedan desvirtuados tras la investigación, «y difícilmente se puede proceder al archivo cuando los mismos permanecen». 

«No se trata –añade el auto judicial–, de una u otra adjudicación, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de contratos de dirección de obra a un único arquitecto, que se adjudica los proyectos a través de una empresa, por valor de 750.000 euros entre octubre de 2005 y julio de 2007». 

Dice también la resolución que «en las numerosas adjudicaciones que se hacen por menos de 12.000 euros, ni siquiera existe aprobación del gasto, sino una mera hoja de encargo y pago de la factura, existiendo numerosas adjudicaciones en cuantía superior a treinta mil euros, de las que no cabe ignorar la necesidad de expediente administrativo previo, que en ningún caso se ha realizado». El auto hace una relación de algunos de los contratos adjudicados así, entre los que se encuentran la adecuación del centro de educación musical, el centro de las artes escénicas, el estadio de atletismo o la urbanización del centro de desarrollo local. «Estamos ante una actuación irregular en el ámbito administrativo, donde no cabe descartar la intencionalidad», concluye  la resolución judicial. 

(www.vegamediapress.com, 18/09/10)

LA FISCALÍA INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS PÚBLICOS 'A DEDO' Y SUPUESTAMENTE ILEGALES EN TORRE PACHECO

 Decenas de contratos adjudicados a dedo y en vulneración de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que supuestamente obligaba a convocar concurso público. Tal es la hipótesis de trabajo en la que se basa la última investigación de la Fiscalía de Murcia sobre otro presunto caso de corrupción en las instituciones públicas.

Fuentes contrastadas han confirmado a La Verdad que esta investigación, coordinada por el fiscal José Luis Díaz Manzanera, tiene de nuevo por escenario el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ya fue objeto de una gran operación policial en junio del 2007.

En esta ocasión, las sospechas de la Fiscalía se centran en los concejales de Urbanismo, Santiago Meroño León, y de Deportes, José Saura Meroño, por la supuesta adjudicación directa -a dedo-, y de forma supuestamente ilegal, de decenas de contratos de obra pública y de redacción de proyectos.

La Ley de Contratos, que fue reformada en el año 2007 por última vez, establecía antes de ese momento que todos los contratos no considerados menores, esto es, por encima de los 30.050,61 euros en el caso de las obras, y de los 12.020,24 euros en los suministros y servicios, debían ser otorgados mediante concurso público. Pues bien, según las mismas fuentes, ambas concejalías habrían suscrito varias decenas de estos contratos (entre una treintena y medio centenar), sin atenerse presuntamente a esa norma legal.  

En todos los casos, siempre según fuentes contrastadas, los beneficiarios fueron un arquitecto, Francisco C.G., que recibió numerosos encargos de redacción de proyectos, y un empresario de la construcción cuya identidad no ha trascendido. 

La Fiscalía, que sospecha que el objetivo de esas adjudicaciones a dedo era favorecer y promover el enriquecimiento del arquitecto y el constructor de forma supuestamente ilícita, tiene localizados además varios casos en los que la cuantía se ha dividido en dos contratos, con el supuesto fin de que no superara el mínimo marcado por la ley para convocar concurso público. La propia Ley de Concursos prohíbe expresamente en su artículo 74.2 echar mano de ese tipo de argucias. 

El montante total de todos los contratos oscilaría entre los 350.000 y los 500.000 euros, según las mismas fuentes, que resaltan el hecho de que algunos de los contratos alcanzan los 70.000 euros y que, pese a lo elevado de la cantidad, «ni siquiera en esos casos se convocó el obligado concurso».

Los dos ediles, Meroño y Saura, fueron llamados el pasado viernes a comparecer ante el fiscal Díaz Manzanera, en calidad de investigados (el equivalente a la figura del imputado cuando una persona es requerida por un juez de instrucción para prestar declaración como sospechoso de un delito).

Cuando el fiscal se dispuso a interrogarlos, los dos concejales, que habían acudido acompañados de sus respectivos abogados, anunciaron que se iban a acoger a su derecho a no declarar. Esta circunstancia no sólo habría sorprendido al fiscal Díaz Manzanera, sino que, visiblemente contrariado, habría anunciado in situ a estos cargos públicos que iba a presentar una denuncia contra ambos en el juzgado, como sospechosos de un supuesto delito de prevaricación, entre otros.  

Fuentes próximas a la investigación confirmaron que Díaz Manzanera ya ha comenzado a trabajar en la redacción de la denuncia. El escrito será presentado en el juzgado en el plazo de unos pocos días, incluso esta misma semana, ya que prácticamente ha expirado el plazo legal de que disponía la Fiscalía para investigar el asunto y para decidir, una vez conocidas todas las circurcunstancias, si lo archivaba o actuaba contra alguien. 

(www.laverdad.es, - 27/01/09)

EL ALCALDE ESTÁ EN PRISIÓN «POR EL CONSIDERABLE RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS» 

«Existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba» y «un grave peligro de que se pueda nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos penalmente». Un peligro, este último, que «llega incluso a las arcas de la Corporación Local». Con estos argumentos, el juez Salvador Calero García hizo suya la postura del fiscal del caso para justificar y decretar el pasado día 3 el ingreso en prisión del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, acusado de posible prevaricación y malversación de caudales públicos, según el auto judicial al cual ha tenido acceso La Verdad. 

El magistrado sustituto del juzgado número 4 de San Javier sostiene que en la operación de permuta de terrenos entre la empresa Polaris World y el Ayuntamiento de Torre Pacheco «pueden haberse defraudado cinco millones de euros», al considerar que el Consistorio «recibió unas fincas que valen la novena parte de aquélla que se entregó». Para ello, se basa en la valoración realizada por la perito judicial Pilar Fontela, que contrapone con el informe del arquitecto técnico municipal Ramón Ángel Cabrera, éste último en prisión desde el día 1. 

La valoración de los terrenos, sin embargo, resulta confusa y dispar, ya que existen otras tasaciones distintas, entre ellas el documento de compra de la empresa Polaris y el informe realizado por la Dirección General de Tributos. 

Gran diferencia de valor 

El magistrado sostiene que la superficie de 34.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento es una «finca urbana», si bien en el planeamiento se considera terreno «dotacional público». Dicho terreno, situado junto al resort Mar Menor, tiene como destino la ampliación del campo de golf, y no la construcción de viviendas. La empresa, por su parte, entregó unos 50.000 metros cuadrados, divididos en cuatro fincas, calificados como rústicos y situados en El Jimenado. Aparte, entregó casi 500.000 euros en metálico para cubrir la diferencia del valor tasado por el Ayuntamiento. 

El juez considera que «existe un gravísimo defecto de fondo que daba lugar a que el expediente fuera absolutamente nulo porque eludía la prohibición de realizar permutas cuando el valor de los bienes difiera más de un 40%».  

Añade el juez Salvador Calero que el expediente de permuta aprobado por el alcalde de Torre Pacheco contenía valoraciones «extraordinariamente desproporcionados y desconectadas de la realidad, de tal manera que las fincas que adquiría la Corporación local tenían una valoración 3,5 veces superior a su valoración aplicando criterios legales, y casi 6 veces superior aplicando criterios estrictamente agrarios». De otro lado, señala que la finca que adquiría Polaris World «se peritaba por debajo de la mitad del mínimo de su valor de mercado, según los informes periciales». 

Explica que la actuación de Ramón Cabrera «atenta contra las más básicas normas del sentido común» porque valoró al finca municipal a razón de 80 euros por metros cuadrado, «ello a pesar de que sólo unos meses antes en un expediente de permuta de suelo también para equipamiento deportivo lo valoró en 200 euros». 

¿Por qué ha ido a la cárcel? 

A la pregunta que muchos ciudadanos, y sobre todos los vecinos de Torre Pacheco, se han hecho estos días de por qué se ha dictado orden de prisión sin fianza contra el alcalde García Madrid, el juez argumenta lo siguiente: «Debe descartarse radicalmente la imprudencia o ignorancia del alcalde porque la empresa beneficiaria pertenece al grupo Polaris World, respecto de la cual existen gravísimos indicios en la causa de haber realizado numerosos tratos de favor. Ello lo confirma que los imputados que han declarado hoy [el pasado día 3] han dicho que los contactos de Facundo Armero eran, en primer lugar, el alcalde». El juez se refiere a las declaraciones de José Luis Hernández y Juan Marcos Farrugia, presidente y ex director financiero de Polaris, respectivamente.El juez coincide con el fiscal Díaz Manzanera en que por parte del alcalde «existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba que van a ser decisivos para valorar la presunta arbitrariedad de este expediente, y para la elaboración ex novo de otros documentos que puedan servir de descargo, puesto que todas las personas que serían necesarias para hacerlo están implicadas en este procedimiento y tendrían intereses convergentes». 

Apunta, además, el magistrado que existen «importantes indicios» de malversación de caudales públicos; y que a raíz de los «numerosos delitos detallados» que el fiscal le imputa al alcalde, «existe un grave peligro de que se puedan nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos. El peligro llega a las arcas de la Corporación Local. Sólo en un expediente puedan haberse defraudado 5 millones de euros», refleja el auto. 

El alcalde Daniel García se negó a declarar el día de su detención, al señalar que Calero no es el juez ordinario competente en este proceso. 

(www.laverdad.es, 08/04/08)

Pelotazo en Torre Pacheco

El alcalde, en prisión, cedió a Polaris World una finca urbanizable a cambio de un secarral inútil

"El Ayuntamiento de Torre Pacheco está interesado en formalizar la permuta de los terrenos de su propiedad con los de la mercantil Mar Menor Golf Resort (Polaris World) para, entre otros fines, la ampliación del cementerio de El Jimenado". De esta forma justificaba en un decreto el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, su decisión de promover el cambio de una finca de 34.834 metros cuadrados en terrenos aledaños a una urbanización con campo de golf por cinco fincas de secano de 52.000 metros cuadrados, alejadas del casco urbano. García Madid ingresó ayer en prisión tras negarse a declarar ante el juez por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El alcalde olvidaba en aquel texto que el cementerio no es propiedad municipal, y que el valor de los terrenos es muy desigual, según fuentes de la investigación. En el decreto, firmado el 12 de febrero de 2007 e incorporado al sumario, sostenía que los terrenos que le cede la mercantil "podrían ser un lugar idóneo para la instalación del Grupo de Proyección Exterior de la Guardia Civil". Lo cierto es que el Grupo de la Guardia Civil se instaló en Los Alcázares. En el bancal, que Polaris World compró a una familia antes de cambiarlo por el otro del Ayuntamiento, no se ha iniciado ninguna actuación. Ya ni se plantan lechugas.

Perjuicio al Ayuntamiento

Las valoraciones independientes realizadas por la Fiscalía revelan que el terreno que cedió el ayuntamiento era mucho más valioso. Y que la operación pudo suponer un perjuicio al municipio de entre cinco y seis millones de euros.

El decreto recoge que los terrenos de Mar Menor Golf Resort estaban valorados en 2,42 millones y los municipales en 2,88 millones, "según un informe emitido por el técnico municipal". Dicho funcionario es el arquitecto municipal detenido, Ramón Cabrera, en prisión por hacer esa tasación a la baja. Según el decreto, la empresa debía pagar como compensación por la diferencia de precio sólo 455.331 euros.

Todas las personas que participaron en el decreto de la alcaldía están detenidas o imputadas, como el secretario municipal, José Luis de Dios Rojo, y el interventor, Miguel Pérez. También están imputados el presidente de la compañía presuntamente beneficiada, José Luis Hernández, y el ex directivo Juan Marcos Fernández Farrugia.

El juez Salvador Calero investiga las irregularidades urbanísticas en Torre Pacheco y Fuente Álamo en sustitución de la juez Aránzazu Moreno, de baja maternal. Tres días antes de ceder el testigo, Moreno levantó las medidas cautelares sobre el alcalde García Madrid. Su sustituto ordenó detenerlo y lo ha enviado a prisión. El consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia (PP), Fernando de la Cierva, calificó a la juez Moreno de "pepera" en una conversación grabada. De la Cierva trabaja ahora para Polaris World. Este periódico trató de contactar con la juez Moreno, pero no es posible al estar de baja, según un portavoz del Tribunal Superior de Murcia. www.elpais.es 05.04.08

Detenido el alcalde de Torre Pacheco por presunta corrupción urbanística

El pasado día 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto municipal de la localidad murciana, Ramón Cabrera

El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid (PP), ha sido detenido esta mañana por un caso de presunta corrupción urbanística. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto municipal de la localidad murciana, Ramón Cabrera, que habría firmado varios expedientes en condiciones muy desfavorables para el Consistorio. Según fuentes de la investigación se prevén nuevas detenciones.

Por esta trama, que afecta también al ayuntamiento de Fuente Álamo (PP), están imputadas en total 14 personas, entre ellas, también Facundo Armero Madrid, el empresario que se hacía con la mayoría de las obras del municipio, incluidas las públicas.García Madrid, ex abogado de Armero en varios pleitos, ya prestó declaración ante el juez en otra ocasión y por el mismo caso, aunque fue dejado en libertad.

Imputados dos empresarios

Otros dos empresarios han sido llamados a declarar como imputados por el mismo caso de presunta corrupción urbanística. Uno de ellos es José Luis Hernández, presidente de Polaris World, una de las empresas líder en residencias para turistas que opera en Murcia. Hernández forma parte además de su imagen corporativa y protagoniza algunos de los anuncios de la empresa.Esta empresa tiene precisamente su sede en Torre Pacheco y ahí desarrolla parte de su entremado de resorts dirigidos a turistas. El segundo empresario llamado a declarar como imputado responde a las siglas J.M.F.F. Por el momento se desconoce si guarda también relación con la empresa que preside José Luis Hernández.

www.elpais.es 03.02.08

Todo tiene un precio para Facundo Armero

Alcaldes y ediles consultaban las listas electorales al constructor - 19 de los 45 municipios murcianos sufren procesos judiciales

El caso es que el teléfono móvil de Facundo Armero podría representar una radiografía de su poder. Sus tentáculos alcanzan al poder político, a la Delegación de Hacienda, a los juzgados, quién sabe a qué otros organismos de la Administración, incluida la propia Comunidad Autónoma de Murcia, donde cunde la preocupación porque las conversaciones de Facundo hayan sido intervenidas.

  • Empezó como albañil y ahora es propietario de 44 sociedades

  • Ganó 300 millones de euros por la venta de su parte en Polaris World

  • Daniel García, alcalde de Torrepacheco, fue su abogado

  • Cada día, el regidor consulta a Facundo diversos asuntos del municipio

  • "Ya tenemos el programa electoral. A ver si le echas un vistazo"

  • "Una persona amiga mía necesita 16.000 euros urgentemente"

Y es que su teléfono es una herramienta que no descansa a lo largo del día. Durante las semanas previas a las elecciones municipales de 2007, las llamadas se suceden una tras otra. No es Facundo un político. No es un candidato. Ni es un hombre de partido. Él es un constructor, un hombre de origen modesto que empezó como albañil. Para no tener un interés personal en la cita electoral, hay demasiados alcaldes y concejales que le consultan sus inquietudes, algunas tan particulares como si le parece bien que tal o cual persona vaya en unas listas. Facundo Armero parece residir en el centro de gravedad de muchas cosas en Murcia.

El 27 de mayo de 2007 es jornada electoral. Las municipales. A las diez y media de la mañana Facundo llama a su hermano, que le hace una pregunta que podría parecer sorprendente: "¿A quién debo votar?". Facundo le responde que "al Partido Popular". Su hermano le sugiere que llame a su ahijado porque "se ha encaprichado de una candidata del PSOE". Ambos comentan algo de unos votos que ya están preparados. Parece muy interesado en lo que pueda pasar ese día. Y cierto es que la jornada fue intensa: utilizó el teléfono 101 veces. Lo que no sabía Facundo era que, desde el 10 de abril de ese año, la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones. Comenzaba el enésimo proceso judicial en un municipio murciano. Y esta vez le tocaba a él.

Porque Murcia tiene un problema. Diecinueve de sus 45 municipios están incursos en procedimientos judiciales, la mayoría de ellos relacionados con el urbanismo y la corrupción. Es un porcentaje demasiado alto, máxime si los municipios afectados son los más importantes de la comunidad. Hay 19 alcaldes en apuros, todos del PP, excepto el independiente de Ojós (imputado por corrupción de menores) y el ex alcalde socialista de Los Alcázares. Junto a ellos están imputados una buena cantidad de concejales, funcionarios y empresarios.

Armero, sin embargo, es el protagonista del último caso. Y el suyo no es menor porque Facundo es uno de los principales constructores de Murcia. Propietario de 44 sociedades, había vendido hace unos meses su participación en Polaris World, la constructora estrella de Murcia. La venta le proporcionó 300 millones de euros: un fondo de inversiones suizo y un grupo de empresarios locales se quedaron con su parte. Los motivos de aquella venta no han sido suficientemente aclarados. Todo indica que Facundo prefiere ir por libre. Por su forma de funcionar, parece que sabe cómo atar todos los cabos.

Facundo es persona de costumbres sencillas cuando no está trabajando pegado al teléfono. Le gusta, como a tanta gente, los toros, el fútbol y acudir de vez en cuando a alguna fiesta nocturna. La vida le sonríe y le permite disfrutar de sus aficiones de una forma privilegiada: si es necesario fleta un avión privado para presenciar una corrida de la Feria de Abril en Sevilla. O acude al Camp Nou para ver a su equipo favorito, el Barcelona. Así pudo disfrutar de aquel gol de Messi ante el Getafe en la Copa del Rey. Un golazo. "Dicen que mejor que el gol de Maradona", comentaba entusiasmado por teléfono.

No tuvo estudios. Comenzó de albañil, llegó a oficial, montó su primera empresa en Torrepacheco, de donde es natural, y fracasó. Dejó deudas, y todavía hay gente que lo recuerda porque no las satisfizo nunca. Sin embargo, en la biografía de Facundo Armero, como en la de tantos hombres que han terminado llegando al éxito, hay golpes de fortuna. Uno le llegó de forma imprevista, cuando, casi arruinado, tuvo la oportunidad de hacerse socio de un vecino del pueblo al que le acababa de tocar la lotería. Entonces, pudo restablecer su negocio y dar sus primeros pasos como constructor. Le empezó a ir tan bien que en 2000 vio otra oportunidad al lado de otro industrial de la localidad, Pedro García Meroño, con quien fundó la empresa Polaris World, un nuevo concepto de hacer urbanismo aprovechando el boom de la construcción. En cuatro años, la empresa factura 600 millones de euros y pasa por ser la niña bonita de la región de Murcia. Polaris World posee 40 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y sus proyectos prevén la construcción de 45.000 viviendas.

A pesar del éxito, Facundo Armero ha sabido mantenerse en un segundo plano. Dicen quienes le conocen que, aunque carece de estudios, tiene un talento natural para mover sus hilos, para colocar peones en puestos estratégicos. A diferencia de otros constructores de origen humilde, Armero no es un hombre de excesos ni de ostentaciones, no busca la portada de los periódicos. Es amable en el trato, pero no perdona si algo se interpone en su camino. Y como él mismo dice, considera que "todo tiene un precio". Ésa es su máxima y puede que el tiempo le haya dado la razón.

El centro neurálgico de Polaris World está en Torrepacheco, donde culminó su primera urbanización. Y tanto el pueblo como sus alrededores pueden considerarse el área de influencia de Facundo Armero. Ningún terreno ha cambiado de calificación en esa zona de España sin su conocimiento y, desveladas sus conversaciones telefónicas, cabe la presunción de que sin su consentimiento. Daniel García Madrid, actual alcalde de esa localidad, fue con anterioridad abogado de Facundo Armero. De hecho, siendo ya alcalde todavía defendió algunos casos pendientes, según documentación que consta en el sumario del caso. Una concejala de esa misma localidad ha sido empleada suya. Otros alcaldes y concejales, en Fuente Álamo por ejemplo, localidad próxima a Torrepacheco, o Alhama, donde Polaris lleva a cabo una fuerte inversión, le llaman, le consultan, tienen un trato familiar con Facundo. Su teléfono irradia poder: empresarios e intermediarios le informan de asuntos en marcha, de buenas oportunidades en otros municipios para hacer dinero. Facundo parece el factótum.

Sus conversaciones con el alcalde de Torrepacheco, Daniel García Madrid, son diarias. Lo mismo sucede con ediles de Fuente Álamo. Tratan de asuntos urbanísticos, de lo que se deduce que Facundo tiene un conocimiento anticipado de cuanto papel se va a mover en cada municipio. Y cuando se acercan las fechas electorales, el diálogo también trasciende a la política municipal. El trato es muy familiar. Demasiado familiar. Por el contenido de las conversaciones, puede interpretarse que Facundo es algo más que un consejero.

Por ejemplo, cuando una concejala de Fuente Álamo le llama para decirle lo siguiente:

- Oye, la jefa [por la alcaldesa María Antonia Conesa] me ha dicho que tienes que venir para acá... pues la campaña ha comenzado y las perras hacen falta.

Fechas después es la propia alcaldesa quien llama:

-Me tienes que traer lo de los toros... la pagamenta... siempre te enganchamos para lo mismo.

Pero es con Daniel García Madrid con quien parece tener mayor afinidad. No es extraño, habiendo sido su abogado. Daniel le consulta todo e incluso le pide dinero para un amigo sin dar demasiadas explicaciones. "Una persona amiga mía necesita 16.000 euros urgentemente. Los necesita mañana. Son para pagar una póliza", dice el alcalde. Y Facundo se muestra dispuesto a satisfacerle.

La conversación más sorprendente es la que mantienen Armero y el alcalde de Torrepacheco con motivo de la confección de las listas electorales del municipio. La llamada se produce a las 22.52 del 12 de abril de 2007. El alcalde le pregunta a Facundo.

- ¿Si pongo a Celi [en la lista de las municipales] me vas a decir que sí o que no?

- Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Has hablado con ella?

- No he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. ¿Si la pongo me vas a decir que sí o que no?

Entre risas, Facundo da por buena la decisión del alcalde, aun cuando Fina, otra concejala, le llama posteriormente para comentarle que la han puesto en el lugar número 8 de las listas y que merecía ser la número 2. En esas mismas fechas, otra concejala le dice a Facundo:

- Ya tenemos el programa electoral. A ver si le puedes echar un vistazo.

Conversaciones de similar contenido se suceden durante las semanas previas a la convocatoria electoral. También le llama el alcalde de Alhama para comentarle los sinsabores que ha tenido para elaborar la lista y su decepción ante algunos nombres que le han obligado a meter.

El día 25 de mayo tiene una importancia esencial. Cerca de la una de la madrugada, el alcalde de Torrepacheco recibe la llamada de Fernando de la Cierva, consejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Fernando le explica que un informante le ha dicho que puede haber un asunto judicial relacionado con el alcalde en el juzgado número 4 de San Javier. El consejero le pregunta al alcalde si sabe algo y éste lo niega. Se interesa también por saber si el asunto tiene algo que ver con Facundo. Y, finalmente, le pide que trate de averiguarlo.

-Movilízate mañana mismo.

- Venga, de acuerdo.

- Vale, y yo también tengo gente movilizada, y si cualquiera nos enteramos de algo nos llamamos, ¿vale?

Una hora después, el consejero y el alcalde vuelven a hablar. El consejero llega a decir que la jueza del caso "es pepera" y "se está resistiendo" y le da nuevas instrucciones:

- Pues vete al procurador, que se vaya al libro de diligencias del juzgado, que él tiene acceso porque puede consultar sus asuntos, y que vea si hay algo que haya entrado en los últimos días; y sobre todo, si está, me dicen que estaría secreto.

- ¿Secreto?

- Sí, me dicen eso.

A primera hora de la mañana, quien llama al alcalde es Alberto Garre, diputado nacional del PP. Se interesa por el asunto, le solicita que averigüe lo que pueda y, sobre todo, que no lo comente con nadie. El alcalde ha sido avisado por un consejero de la presidencia y por un diputado del Congreso, dos pesos pesados del PP murciano. Las pesquisas rinden éxito bien pronto: a mediodía, es el consejero de la Presidencia quien informa al alcalde de que hay un procedimiento contra él y que en el mismo está implicado Facundo. El consejero le dice al alcalde que el presidente de la Comunidad, Ramón Valcárcel, ha sido informado de ello.

En fechas posteriores, Fernando de la Cierva le confirma al alcalde que su teléfono ha sido pinchado: deben preparar una estrategia. Desde entonces, el alcalde evita hablar por teléfono. Y cuando lo hace, aprovecha para enviar saludos a quienes le puedan estar escuchando e incluso insulta al fiscal encargado del caso.

¿Qué pasaba entonces con Facundo? Sus conversaciones posteriores pertenecen al secreto del sumario, pero parece evidente que fue informado. Facundo Armero ha tenido que declarar ante la juez y está imputado, así como el alcalde de Torrepacheco, la alcaldesa de Fuente Álamo, cuatro concejales, el arquitecto técnico y otros funcionarios. Desde entonces, Facundo no ha hecho ninguna declaración. Se ha mantenido al margen, como siempre. Pero su poder no se ha esfumado. Eso lo saben muy bien en Murcia.www.elpais.es 10.02.08

"Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales de Torre Pacheco"

Un empresario negocia con alcaldes del PP ventajas para su constructora

-Si pongo a Celi [en la lista de las municipales de 2007] ¿me vas de decir que sí o que no?, pregunta el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (Partido Popular).

-Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con ella?, replica el empresario murciano Facundo Armero.

-No, no he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. Si la pongo ¿me vas a decir que sí o que no?, insiste el alcalde para saber si tiene la aprobación del empresario.

El diálogo refleja el presunto control que el empresario murciano de la construcción Facundo Armero Madrid ejercía sobre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y es una de las muchas conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en los Ayuntamientos de Torre Pacheco y de Fuente Álamo. La juez del caso, Arancha Moreno, ha tomado ya declaración a 14 imputados, entre ellos el alcalde de Torre Pacheco y la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, también del PP. El procedimiento continúa parcialmente bajo secreto de sumario.

La investigación, iniciada por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, persigue esclarecer si en estos ayuntamientos se han cometido delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude, revelación de secretos y actividades prohibidas a funcionarios.

El empresario Facundo Armero es el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. En una de las conversaciones grabadas, el empresario se atreve a decirle a una concejal de Fuente Álamo: "¿Cómo lleváis el tema? Explícame, porque tengo que darle un toque a tu jefa . Quiero pactar cómo se aprueba el Plan Parcial de ahí".

En otra conversación, Facundo Armero se muestra también muy exigente con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, quien antes de ocupar ese cargo fue letrado de las empresas del millonario murciano. "Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales", reclama Armero. "Ya, pero tenemos que medir los tiempos", contesta el regidor. Según la Guardia Civil, esa grabación supone "un nuevo indicio del gran nivel de accesibilidad e influencia que Facundo Armero tiene con el alcalde Daniel García, favoreciendo los intereses del empresario". Armero exigió al alcalde que no se aprobase el plan general municipal.

Con los más de 1.500 folios de transcripción de escuchas telefónicas, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez ha estrechado el cerco en torno Facundo Armero, considerado en la Región de Murcia el rey del ladrillo tras la venta de su participación en la promotora Polaris World a varias empresas, entre ellas Credit Suisse, por 300 millones de euros. Armero se ha beneficiado de la recalificación de millones de metros cuadrados rústicos en ayuntamientos gobernados por el PP.

Pero las presuntas irregularidades en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo no se centran únicamente en Facundo Armero. Según las grabaciones ordenadas por la juez, un empresario, identificado como Valero, afirma al alcalde de Torre Pacheco en relación con la adjudicación de un hotel: "Lo declaras desierto y luego me lo adjudicas, y punto". Y el regidor responde: "De acuerdo. Y eso va p'alante ¿eh? No te preocupes". En otra conversación, con el empresario Daniel Valenzuela, de la promotora Polaris, el primer edil comenta: "Cansino, acabo de firmar. Pero ya sabes: la ese con dos barritas [símbolo del dólar]".

En este apartado es donde surgen las sospechas de presunta financiación irregular del PP, más evidentes todavía en un diálogo de una edil de Fuente Álamo con Facundo Armero. "Oye, la jefa me ha dicho que tienes que venir para acá... Pues, que la campaña ha empezado y que las perras hacen falta...", le dice al empresario. Y en otra conversación, la propia alcaldesa le dice a Armero: "Que me tienes que traer lo de los toros..., la pagamenta. Siempre te enganchamos para lo mismo".

Además de los alcaldes y al empresario, la juez ha llamado a declarar como imputados a la concejal de Urbanismo de Fuente Álamo, Inés Mendoza, y al arquitecto municipal, José Sánchez Martini, entre otros.

Las grabaciones recogen también conversaciones comprometedoras de actual consejero del PP regional Benito Mercader, del diputado del Partido Popular en el Congreso Alberto Garre y del ex portavoz del Ejecutivo murciano Fernando de la Cierva. En una de ellas, Alberto Garre dialoga con el alcalde de Torre Pacheco en la que acuerdan no sancionar a un vecino que construyó un pantano sin licencia. "Sí, sí, pero si no se queja nadie, pues no pasa na", dice el diputado popular, que se presenta a la reelección en los próximos comicios. Para justificar esta decisión, argumentan: "Sus hijos yo creo que son nuestros. Si sus hijos son nuestros, son gente nuestra".

Las grabaciones revelan que el ex consejero De la Cierva llamó el 25 de abril de 2007 al regidor de Torre Pacheco para alertarle de que estaba siendo investigado. Y le comenta: "Es culpa del periodista Chema Gil y del tonto del capullo del fiscal, ése que no tiene ni puta idea además de nada, pues revisando todo y al final, pues se archivará y no pasará nada".

www.elpais.com, 03/02/08

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