MURCIA CONECTIONS : 

CONEXION SUCINA

CONEXIÓN SUCINA IX: COMIENZAN LAS DENUNCIAS POR PARTE DE MIEMBROS DEL PP Y CIUDADANOS EXTRANJEROS 

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia decidió que Ginés Avilés, hijo de Juan Ramón Aviés y representante de las empresas de su padre en las que participan juntos en diferentes formas, CESE INMEDIATAMENTE en el uso de las marcas PROALPE y GRUPO PROALPE, así como en el uso de todos sus dominios en internet. En el fundamento Tercero de la decisión judicial se pone de manifiesto que “el demandado (Avilés) en su interrogatorio ha reconocido que en Agosto de 2006, cuando solicitó la inscripción de la marca PROALPE tenía conocimiento de de su uso por el demandante (el auténtico representante de PROALPE). 

De ahí que se den las circunstancias para que se adopten las medidas” consistentes en que Avilés cese de inmediato en el uso del nombre de la referida mercantil, sobradamente conocida en el sector desde hace unos veinte años, vinculada a otro miembro del PP, José Antonio Albaladejo, quien fuera en su dia alcalde de San Pedro del Pinatar y ex senador por el mismo partido, y quien mantiene un contacto vivo con la comisión de exsenadores de la Cámara Alta, quien ha puesto en conocimiento de su partido todos los hechos que se están produciendo en relación con el presidente de la Comisión de Control de la CAM; sin que hasta el momento en el PP hayan adoptado medidas al respecto, aunque altos cargo del PP de Madrid, no entienden “por qué no se corta esta situación de raíz ya, pues o que le faltaba al partido sn nuevos casos como el que empieza a apuntarse en Murcia”. 

En definitiva, en el fallo del juzgado de lo mercantil se imponen al demandado los gastos procesales causados, la cesación inmediata del uso del nombre de Proalpe.

Pero las cuestiones relacionadas con el urbanismo en la Conexión Sucina, además de las diligencias del Juzgado Dos entre otras investigaciones en el ámbito de la Justicia, y procedimientos civiles, ha dado lugar a una nueva acción, esta vez de tipo criminal, en forma de querella y en la que por medio aparecen actuaciones administrativas del Ayuntamiento que preside Cámara, que de continuar adelante, tendrán que ser aclaradas en sede judicial. Pero vayamos por partes:

El alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, pese a haber sido informado, por escrito y personalmente por representantes vecinales de Sucina respecto de las irregularidades que se han venido produciendo en el ámbito urbanístico por empresas de Juan Ramón Avilés, presidente de la Comisión de Control de la CAM, entre las que se encuentra una en la que aparece vinculada la alcaldesa pedánea de Sucina (que es a su vez hermana de Avilés); el alcalde –decíamos- no ha adoptado ninguna medida disciplinaria y el PSOE de María José Alarcón prefiere dar la callada por respuesta cuando se le pregunta, actitud que ha causado sorpresa incluso entre los vecinos.  

La no asunción de responsabilidades políticas se produce, pese a las actuaciones de los agentes forestales, denuncias en los servicios de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, decretos de cierre incumplidos (de hecho estando decretado el cierre de unos locales construidos ilegalmente) el PP hizo actos de campaña electoral, motivo que luego la empresa intenta utilizar para dar una patina de legalidad a tales construcciones.

En estos momentos se siguen unas diligencias penales de investigación en el juzgado número Dos de Murcia por un supuesto delito contra la ordenación del Territorio, pero es que, además, acaban de iniciarse los trámites judiciales por una nueva querella, en la que se tipifican los posibles delitos de estafa y estafa inmobiliaria, en donde aparecen relatadas determinadas actuaciones municiales, certificando actos administrativos, incluso con la firma de Miguel Ángel Cámara, en relación con la cesión de determinadas propiedades de empresas de Avilés al Ayuntamiento, cesión de terrenos, que a su vez, según la querella estaban vinculados a las relaciones mercantiles de personas y empresas.

Así, se dice en el texto de la nueva querella que “esta estafa queda clara en lo relativo a esta obligación de realizar zonas comunes de piscina y ocio (reflejada en la cláusula cuarta del contrato entre las partes), cuando con fecha 20 de julio de 2006, por Residencial Sucina –empresa vinculada a la familia avilés-, representada por Ginés Avilés, se presenta escrito de fecha 17 en el que las mercantiles Alto delMolino de Sucina y Residencial Sucina CEDEN, LIBRE Y GRATUITAMENTE, EL PLENO DOMINIO DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE HABÍA COMPROMETIDO ÉSTA ÚLTIMA A REALIZAR DICHAS OBRAS DE PISCINA Y OCIO antes relatadas, y que constituían parte del objeto del contrato de compraventa celebrado entre el querellante y la mercantil Residencial Sucina.  

Todo ello con ocultación de dicha carga o gravamen que pesaba y pesa sobre la finca donada, e incluso reservándose el aprovechamiento urbanístico futuro de la misma, en caso de cambiar la calificación urbanística”, pero es que, según se pone de manifiesto en el mismo texto de querella “la citada cesi´n fue aceptada en nombre del Ayuntamiento de Murcia, en certificado emitido por Carmelo Martínez Fernández, secretario de la Junta Municipal de Sucina, -cuya alcaldesa pedánea en esos momentos era precisamente la hermana del representante de Residencial Sucina”, vinculada ella misma a otras empresas del grupo familiar.

En el certificado se dice que “en sesión ordinaria de la junta de 14 de septiembre del año 2006, se adoptó el acuerdo de aprobar la cesión libre y gratuita de unos terrenos ofertados al Excmo. Ayuntamiento de Murcia por las mercantiles Alto del Molino y Residencial Sucina”.

Por otra parte, otro colectivo vecinal –diferente a Asides- ha iniciado actuaciones dirigidas contra las empresas de Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP, y no descartan iniciar otras al Ayuntamiento. 

(www.vegamediapress.com, 21/12/09)

CONEXIÓN SUCINA VII: CUATRO MILLONES DE EUROS A CERO POR CIENTO DE INTERÉS 

Un miembro del Comité Ejecutivo Regional asegura que “aunque todo es legal, esta historia puede enfadar a la gente en plena crisis; sólo espero que mi partido no deje que todo lo que está saliendo termine por convertirse en una gran bola de nieve"

Altos cargos del PP en Madrid ya están informados de la ‘Conexión Sucina’ 

(Avilés (3d) en una reunión con Valcárcel) 

(Documento de la CAM sobre Juan Ramón Avilés) 

Tal como informamos días atrás, Juan Ramón Avilés Olmos (del Partido Popular) vinculado a las empresas de la Conexión Sucina, algunas de cuyas actividades urbanísticas en el municipio de Murcia están siendo investigadas por la Justicia, fue nombrado por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como consejero de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en representación del Ayuntamiento de Murcia. Una vez en la entidad fue designado presidente de la Comisión de Control, una de las más sensibles de la entidad de ahorro. 

Fuentes de la propia entidad, citando sus propios reglamentos, han explicado que “La Comisión de Control es el órgano que tiene encomendada la supervisión y vigilancia de la gestión del Consejo de Administración, cuidando de que dicha gestión se desarrolle con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera. Junto a las funciones propias, y de acuerdo con el artículo 45.9 de los estatutos, ejerce las funciones atribuidas al Comité de Auditoria, en cuanto son de aplicación a las Cajas de Ahorros”. Pues bien, a lo largo de 2008, acumuló la mayor parte de las operaciones de crédito, aval o garantía o descuentos nacionales, efectuadas a favor de los miembros de los órganos de dirección de la entidad, ya sea directa o indirectamente, según la información que la propia CAM  envió en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta información, igualmente, puede comprobarse en el Anexo I del Informe Anual Corporativo de la CAM, en poder de esta redacción. El volumen económico total, comprometido con los cargos del Consejo de Administración y de la Comisión de Control  superaba los 30,8 millones de euros. Pues bien, según las referidas fuentes, el exconcejal del PP de Murcia y presidente de la citada Comisión de Control acaparó, en 2008, la mayor parte de esa cantidad.

(Documento donde se observan cantidades a interés CERO)

En el epígrafe del informe denominado B.2 del informe corporativo de la CAM se da “detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas –ya sea directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas-, adscritas o participadas a favor de los miembros de la Comisión de Control, familias en primer grado o con empresas o entidades que controles, según el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores”, así, Juan Ramón Avilés (PP) con denominación: CAMGE financiera, siendo la naturaleza de la operación tiene sendas cantidades de 2000 y 3000 euros.  

Además tiene una línea de DESCUENTO NACIONAL de CUATRO MILLONES DE EUROS por plazo indefinido a cero por ciento de interés. Un préstamos de CUATRO MILLONES Y MEDIO DE EUROS a un plazo de 240 meses y otro préstamo de CATORCE MILLONES Y MEDIO DE EUROS a 360 meses. (la información va acompañada de las fotos de los documentos). Se refiere al último año verificado (2008) cuando ya habían empezado a restringirse los préstamos a usuarios y a las pequeñas y medianas empresas. 

Fuentes del Partido Popular consultadas han dicho que se trata de operaciones legales aunque hay que entender que la “gente cuando ve estas cosas se sienta enfadada, máxime cuando es un cargo de designación política y todos se están amarrando el cinturón”, la misma fuente del Comité Ejecutivo Regional –que no desea tener problemas con su partido y pide discreción en cuanto a su identidad- señaló que todo lo que concierne “a lo que estáis sacando en relación con lo de Sucina, se conoce en el partido, y yo sé que se conoce por altos cargos del partido en Madrid, pero de momento no parece que se vaya a actuar, sólo espero que no dejen que la bola de nieve se haga cada vez más grande pues estas cosas sabemos cómo empiezan pero nunca como van a terminar, ni a quien pueden alcanzar”.

Juan Ramón Avilés está directamente relacionado o lo ha estado con empresas tales como Residencial Sucina SL, Campo de Sucina SL, Roig Coll SL, Alto del Molino de Sucina y “La Vereda de Sucina S.L. Alguna de estas empresas están integradas exclusivamente por miembros de su familia y en otras aparece vinculado con empresarios de la zona del Campo de Cartagena y el Mar Menor. Igualmente ha compartido sociedades en las que aparece con empresarios de la construcción cuya actividad ya está siendo investigada por la Justicia y están imputados y a las que aparece vinculado un muy conocido abogado murciano (esto será objeto de futuras entregas). 

Por otra parte, las fuentes consultadas en la CAM han señalado que estas informaciones no benefician a la entidad y han criticado con dureza el hecho de que el Partido Popular haya sometido en las últimas semanas a la Caja de Ahorros del Mediterráneo a una situación difícil en cuanto a su imagen pública y de cara a la confianza de los clientes.

Próxima entrega: El Partido Popular ‘la ha liado parda’ en la Caja de Ahorros del Mediterráneo con los medios de comunicación. En la Comunidad Autónoma tramitan documentos de ciudadanos, sin sus firmas, sin comprobación o directamente falsificadas 

(www.vegamediapress.com, 11/12/09)

CASO SUCINA. EMPRESAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LA CAM, J. R. AVILÉS (PP), ACUMULAN SENTENCIAS POR INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 

Una sentencia, ya firme, le condena a pagar más de 50.000 euros una estructura que pretendía que la pagara otro. Por este pleito hasta recibió una sanción pecuniaria por actuar con abuso en el proceso

Dos sentencias –ahora recurridas al Supremo- condenan a una de las empresas investigadas por las actividades en Sucina a pagar a otra mercantil más de 700.000 euros

Las fotos que ilustran esta entrega son documentos que ponen de manifiesto como las empresas de Avilés construyen establecimientos y los ponen en marcha sin licencias ni de obra ni de puesta en funcionamiento

Un simple rastreo judicial en tribunales de Murcia y Cartagena respecto de empresas de Juan Ramón Avilés, presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (designado por el Partido Popular), quien obtuvo 24 millones de euros el año pasado entre préstamos, descuentos nacionales o avales de la referida entidad; acumula múltiples sentencias, por diferentes pleitos en relación con obras relacionadas con la ‘Conexión Sucina’; hay sentencias en las que se condena a las empresas en las que participa Avilés, de manera firme, por incumplimiento de compromisos o contratos, incluso, en un fallo de la Audiencia Provincial, después de ciertas maniobras procesales, además de la condena en costas, y el pago de decenas de miles de euros a una empresa, también se le impone una sanción pecuniaria de 100 euros “por la formulación de un incidente de nulidad que supone un instrumento para el ejercicio de un acto de picaresca procesal por parte de Residencial Sucina, REALIZANDO UN ABUSO con el único objeto de dilatar el mayor tiempo posible el cumplimiento de las obligaciones materiales establecidas en la sentencia firme de la Audiencia”. 

Comencemos este repaso sobre la ‘intensa vida judicial’ de las empresas vinculadas a Juan Ramón Avilés relacionadas con la ‘Conexión Sucina’ alguna de cuyas actividades urbanísticas, además, de todo lo dicho hasta ahora, están siendo investigadas por el Juzgado Número Dos de Murcia, entre otras instancias.Residencial Sucina (de la que forma parte Juan Ramón Avilés) encargó una ampliación para una vivienda integrada en sus promociones, a la empresa Estructuras COPA.

Posteriormente esa vivienda es transmitida a una empresa con la que tenía relaciones mercantiles. En cualquier caso, la vivienda fue transmitida ya con la ampliación pactada y encargada por Residencial Sucina a Estructuras COPA.

La obra de ampliación, encargada por la empresa de Avilés, costaba más de CINCUENTA MIL euros que, COPA reclamó a Residencial Sucina, reclamación que no fue atendida por la empresa de Juan Ramón Avilés, por lo que la empresa de estructuras presentó la correspondiente demanda civil que dio lugar al correspondiente proceso ordinario. En primera instancia el asunto quedó resuelto a favor de Residencial Sucina, pero tras el consiguiente recurso intervino –por reparto- la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que revocó la sentencia anterior y puso de manifiesto que “durante la mayor obra ahora reclamada” (la ampliación de la vivienda) el socio que abandonó Residencial Sucina y al que se transmitió la vivienda, “aparece plenamente integrado en un ente social de cuyo seno emana ese encargo mercantil que interviene como promotora, carácter con el que impulsa resueltamente la ejecución material de la estructura ampliada y se lucra, enriquece o beneficia con su enajenación”.

El fallo añade, además, que los planos de modificación de estructuras tienen fecha de marzo de 203. “La memoria justificativa del proyecto está visada el 5 de junio de 2003 y en la misma figura como promotor la demandada (Residencial Sucina) y, cuando el 17 de diciembre de 2003, Residencial Sucina vende la vivienda lo hace ya con una escritura de obra nueva y división horizontal en la que se describe la finca como resulta de la estructura modificada”.

En definitiva, queda acreditado, a juicio de la Audiencia Provincial que el encargo a la empresa de estructuras fue hecha y debía ser abonada por la empresa de Juan Ramón Avilés. El fallo (de fecha 17 de abril de 2008) condenaba a pagar a la mercantil Estructuras COPA la cantidad de 51.547 euros, más los intereses legales desde que los estructuristas pidieron que se les pagara su trabajo.

Inopinadamente, teniendo en cuenta la cantidad de la condena, la empresa de Avilés decidió presentar un recurso de casación de manera incorrecta ante el Tribunal Supremo y extraordinario por infracción procesal, que fueron denegados por la propia Audiencia Provincial, en un auto del mes de junio de 2008. De nuevo, la empresa de Juan Ramón Avilés, se muestró contraria al fallo judicial y presentó un recurso de reposición, preparando a su vez un recurso de Queja ante el Tribunal Supremo, los cuales fueron asimismo desestimados tanto por un auto de la Audiencia Provincial como por la Sala Primera del Tribunal

 Supremo.

Pues incluso, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo (en febrero de este mismo año 2009), la representación de Residencial Sucina (de Juan Ramón Avilés) solicita la nulidad de las actuaciones por, nada más y nada menos que “incongruencia, violación del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y proscripción de indefensión”; siendo desestimada –como era previsible- la pretensión de nulidad por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que además de ratificar su decisión (el pago de los 51.000 euros), le impone la sanción pecuniaria que citábamos al principio; con un varapalo judicial de los que ‘escuecen’.

Pues bien, este caso ya está resuelto, la decisión judicial es firme y en el mes de septiembre pasado, la empresa Estructuras COPA, mediante su representación legal, tuvo que formular demanda de ejecución para que por fin, la empresa del presidente de la Comisión de Control de la CAM, abone los ya citados 51.000 euros, además de otros 15.000 euros  para los intereses, gastos y costas.

MAS SENTENCIAS, 700.000 euros en juego 

La misma mercantil ‘Residencial Sucina’ se comprometió –en un desarrollo urbanístico en esa pedanía de Murcia, en la que es alcaldesa la hermana de Juan Ramón Avilés- ante el Grupo Proalpe a ejecutar unas zonas comunes de piscinas y ocio, según el proyecto básico redactado a tal efecto por el arquitecto José Manuel Conesa Navarro en el año 2003, en unos desarrollos urbanísticos que ambas mercantiles compartían hasta que disolvieron su relación.

Ese compromiso, a juicio de la Audiencia Provincial, quedaba demostrada, entre otros documentos, en “un contrato de 30 de julio de 2003, suscrito entre las partes en el que Residencial Sucina se comprometía a ejecutar zonas comunes con piscinas e instalaciones deportivas con arreglo a un proyecto que, por aquel entonces, se encontraba en fase de elaboración por el arquitecto Conesa”. Residencial Sucina viene a defender su postura, contraria a tener que cumplir con esas obligaciones, puesto que dice que tal proyecto de zonas comunes fue muy posterior y por ende no ha incumplido.

Lo cierto es que ni el juzgado de primera instancia, ni la Audiencia Provincial admiten las ‘excusas’ de la empresa de Juan Ramón Avilés y en ambos casos condena a realizar las obras que fueron comprometidas y en su defecto a abonar a PROALPE la cantidad, en concepto de indemnización la cantidad de 728.338 euros, es decir, más de 120 millones de pesetas (exactamente 121.185.246,468 Pts) –por más que haya lectores que no quieran volver a leer los precios en pesetas, mucha gente se hace una mejor idea cuando se traducen los euros, pido excusas a los que no gustan de esta costumbre-.

Bueno, tras la sentencia ganada por PROALPE en primera instancia, la empresa de Avilés recurrió ante la Audiencia Provincial, quien confirmó la sentencia y, de nuevo, la representación legal de Residencial Sucina, ha recurrido al Supremo, por lo que la sentencia no es firme, aunque son dos los fallos judiciales que coinciden en el resultado. Por cierto, la Audiencia Provincial también condena a la empresa de Avilés a pagar las costas de la alzada.

PLEITO CONTRA SU ARQUITECTO

En relación con el caso anterior, Residencial Sucina, en un pleito en el que actuó como abogado el hijo de Juan Ramón Avilés, (Ginés) también relacionado con las empresas entre las que están siendo investigadas por la Justicia por sus actividades urbanísticas en la citada pedanía murciana, vuelven a perder de forma estrepitosa, en primera y segunda instancia.

Veamos. Residencial Sucina denuncia al arquitecto antes mencionado por haber visado en el Colegio de Arquitectos el proyecto de las instalaciones deportivas en el desarrollo urbanístico que hasta tiempo antes habían compartido la empresa de Avilés y la mencionada PROALPE. La cuestión es que, según Residencial Sucina, ella no le había hecho ese encargo al arquitecto José Manuel Conesa, vamos que no había contrato entre ambos respecto al proyecto que el arquitecto visó el 16 de diciembre de 2003.

Evidentemente el arquitecto se opone a esa demanda y el juzgado de primera instancia, en el segundo fundamento de derecho hace un relato lineal de los acontecimientos que deja lugar a pocas dudas:

·  El 31 de Diciembre de 2001 los socios de la mercantil Nuevo Milenio, posteriormente Residencial Sucina, realizaron en documento privado una relación de propiedades y bienes de la sociedad, donde se hace constar la propiedad, entre otras, de una finca donde se permiten construcciones deportivas y similares.

·  El 30 de Julio de 2003 Emeterio Samper y Juan Ramón Avilés en nombre y representación de Residencial Sucina y la representación de la mercantil PROALPE, suscriben un contrato de compraventa de 54.639 metros cuadrados de solares dentro del proyecto del polígono único SU-SN que se está desarrollando en Sucina-Murcia. En la cláusula sexta del citado contrato las partes hacen constar “el consentimiento mutuo a la ejecución de una zona común de piscinas, pistas de tenis, cafetería, padel, paseos y zonas de ocio que se están proyectando por el arquitecto D. José Manuel Conesa…que se va a construir sobre una superficie de 31.000 metros cuadrados y que será pagada en principio por RESIDENCIAL SUCINA…”

·  El 16 de Diciembre de 2003 es visado por el Colegio Oficial de Arquitectos el Proyecto de Instalaciones deportivas (las mismas a las que hacíamos referencia en el caso anterior).

Como consecuencia de estos hechos y de los acuerdos firmados al día siguiente del visado, es cuando se adquieren las obligaciones de hacer por parte de Residencial Sucina, por las que ya ha sido condenada a hacer lo comprometido o a indemnizar por más de setecientos mil euros.

Pero, al caso en el que nos encontramos,  el juzgado de Primera Instancia número 3 de Cartagena dio la razón al arquitecto, declarando probado que, en efecto, Residencial Sucina había hecho el encargo. De nuevo, la mercantil de Avilés, recurre a la Audiencia Provincial, que confirma la sentencia de primera instancia y además CONDENA a Avilés a pagar las costas.

Estos son algunos ejemplos de la ‘intensa vida judicial’ de las empresas de Juan Ramón Avilés, pero no quedan ahí, pues en futuras entregas haremos referencia a otros curiosos pleitos, aunque sí diremos en esta entrega, a título de referencia, que le han archivado querellas presentadas contra antiguos socios, quienes denunciaron ciertas irregularidades urbanísticas, y a los que presentó acciones penales por calumnias. También le han archivado sus querellas por uso indebido de marcas (sobre una cuestión de ésta naturaleza hablaremos en una futura entrega muy entretenida y que será sobradamente comentada en el sector de la construcción).

SANCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES

Las empresas de Avilés, por construcciones al margen de la Ley y por infracciones ambientales han sido sancionadas por la Comunidad Autónoma e incluso por el propio Ayuntamiento, como ya dijimos en anteriores entregas.

Próxima entrega: Análisis de los millones de euros concedidos por la CAM a su presidente de la Comisión de Control, ustedes leerán y podrán sacar sus conclusiones, esperamos que no sientan herida su sensibilidad en esta época de crisis y de falta de préstamos a los pequeños y medianos empresarios. 

(www.vegamediapress.com, 09/12/09)

CONEXIÓN SUCINA: PRÓXIMAS ENTREGAS 

La investigación periodística que hemos denominado ‘Conexión Sucina’ continúa la próxima semana (y más semanas, ya lo verán) con diferentes entregas y con documentos, incluso de la propia Administración, que van a sorprender a los lectores. Varias de las empresas, en las que está vinculado el presidente de la Comisión del Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, quien se benefició de préstamos, avales y descuentos nacionales por importe de unos 24 millones de euros (unos cuatro mil millones de pesetas), acumulan sentencias en las que –por incumplimientos de contrato- en relación con desarrollos urbanísticos, se les imputan daños y perjuicios por cientos de miles de euros; otros fallos están en vías de entrar en ejecución. 

Igualmente, las mismas empresas que investiga el Juzgado número Dos de Murcia por supuesto delito contra la ordenación del territorio, acumulan sanciones urbanísticas y medioambientales ya ejecutadas. El trabajo de ciertos funcionarios de la Administración Regional y Local es tan contradictorio y denota tal falta de diligencia –en estos asuntos que están siendo investigados- que se han llegado a admitir documentos en determinados procedimientos que afectan a ciudadanos perjudicados, que en el mejor de los casos ni llevaban su firma y en otros, directamente la firma se les ha falsificado,  ¿Por quién?

Otra de las entregas de la serie está referida a la ‘procelosa’ relación del Partido Popular con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por una parte recordemos que el Ayuntamiento que preside Miguel Angel Cámara, nombró consejero de la CAM a Juan Ramón Avilés, exconcejal del Ayuntamiento de Murcia. Posteriormente lo pusieron al frente de la Comisión de Control de la entidad, siendo ésta comisión una de las más sensibles, pues ahí se reparten millones de euros entre sus miembros, si bien la mayor parte de los dineros que se repartieron en el 2008 se los quedó el señor Avilés. En las últimas semanas, además, alguno de los más destacados miembros del PP valenciano ‘la ha liado parda’ al poner de manifiesto que la CAM entrará en pérdidas el año que viene, algo que fue desmentido por la entidad y por lo que la propia Caja amenaza con poner querellas a periodistas. En relación con los préstamos, avales y descuentos nacionales y tarjetas realizaremos un análisis, sin poner ni quitar una coma, en base a documentos internos de la propia Caja de Ahorros, ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones. 

Otra de las entregas servirá para poner de manifiesto la inseguridad jurídica en la que pueden llegar a desenvolverse los ciudadanos –incluso los protagonistas de esta Conexión Sucina- atendiendo a los informes que firman determinados funcionarios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma. La sucesión de hechos, papeles y documentos es propia de un camarote de los hermanos Marx. 

Y para terminar este aperitivo les comentaré algo que se divisa en el horizonte y que afectará a conocidos empresarios, un conocido despacho de arquitectos, algún nobilísimo abogado y de fondo a una entidad de ahorro ¿cuál? 

Este es el resumen de las próximas entregas:

* Las empresas investigadas por desarrollos urbanísticos en Sucina, integradas entre otros por el jefe de la Comisión del Control de la CAM nombrado por el PP, Juan Ramón Avilés acumulan sentencias en las que les imputan daños por va de miles de euros por incumplimientos de contratos

* La Caja de Ahorros del Mediterráneo concedió a Juan Ramón Avilés (PP) entre avales, préstamos y descuentos 24 millones de euros (unos 4000 millones de pesetas), analizaremos las condiciones de los préstamos.

* El Partido Popular ‘la lía parda’ en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero la CAM prefiere amenazar con querellas a los periodistas en relación con “posibles pérdidas” de la entidad de cara al año 2010

* En la Comunidad Autónoma tramitan documentos de perjudicados por las actuaciones de las empresas investigadas con firmas falsas e incluso sin la firma de los afectados

* La Gerencia de Urbanismo califica terrenos de una forma y la contraria en los diferentes actos administrativos de las empresas de Juan Ramón Avilés, mientras que las mismas acumulan sanciones desde Medio Natural hasta Urbanismo habiendo construido sin permisos restaurante, tiendas, exposiciones…  

(www.vegamediapress.com, 04/12/09)

VARIOS PROCESOS JUDICIALES Y FISCALES PONEN EN SU PUNTO DE MIRA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE SUCINA 

Varios meses de investigación, cientos de documentos, dictámenes de funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que sobre la misma zona dicen una cosa y la contraria… La sombra de la duda se extendía sobre el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia desde hace años, pero con la ‘Conexión Sucina’ hay gente del propio PP que han dicho ¡Basta Ya!, porque son miembros del propio Partido Popular y un colectivo vecinal los que han decidido tirar de la manta de lo que es, sin duda alguna, una conexión urbanística en la que se mezclan intereses vinculados al ladrillo, falsedades, políticos y hasta actos electorales del Partido Popular en instalaciones sobre las que había decretos de cierre. Una conexión urbanística que está integrada por diferentes asuntos que ya están siendo investigados tanto por juzgados como por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

¿Es posible encontrar que sobre una misma zona un funcionario municipal haga un dictamen en un sentido y en el contrario?, ¿es posible que alguien diga que unas construcciones en zona ZEPA estaban hechas años antes de que ni siquiera comenzara su construcción?, ¿es posible que alguien diga que un establecimiento está cerrado y, en cambio, esté facturando por ventas, pese a la orden de cierre?, ¿es posible que un partido político celebre mítines en locales sobre los que se han dictado órdenes de cierre por políticos municipales de ese mismo partido?...

La ‘Conexión Sucina’ es otro de los escándalos urbanísticos y políticos que se ciernen sobre esta Región.

Fuentes del Partido Popular en Madrid han puesto de manifiesto a Vegamediapress que con actuaciones como ésta puede verse que son los propios militantes del PP los que se han comprometido con el mensaje de Mariano Rajoy para lograr transparencia en todo lo que es la gestión pública. 

(www.vegamediapress.com, 24/11/09)

INVESTIGAN LAS ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA DEL EX EDIL DEL PP JUAN RAMÓN AVILÉS 

Para empezar a ‘desenredar’ la madeja de la ‘Conexión Sucina’, partiremos de uno de los últimos acontecimientos judiciales que se han producido. Esta redacción ha podido confirmar documentalmente que el Juzgado de Instrucción número Dos de Murcia está investigando las actividades de una de las empresas del exconcejal del Ayuntamiento de Murcia, Juan Ramón Avilés, actual presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Se trata de la empresa “Alto del Molino de Sucina S.L”, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. 

La empresa ‘Axesor’, dedicada a los servicios de información empresarial a través de Internet, en una datación mercantil de abril de este mismo año, indica que Juan Ramón Avilés Olmos es apoderado de la referida mercantil. En realidad la empresa está integrada por familiares directos del destacado militante popular, figurando como uno de los administradores su hijo Ginés Avilés, que es el que representa a la empresa en las diligencias.

El procedimiento abreviado que está siendo instruido en el referido juzgado (Num. 4085/2008) es consecuencia de la denuncia planteada por una asociación de propietarios y vecinos de Sucina, entidad que responde al acróstico de ASIDES (Asociación para la Integración y Desarrollo de Sucina) ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El Ministerio Público inició unas diligencias informativas (Num. 289/07) y la conclusión de esas investigaciones quedaron expuestas en un dictamen que fue trasladado al decanato de los juzgados de la Capital murciana donde, después de entrar a turno de reparto, fue a parar al Juzgado de Instrucción Número Dos.

La investigación de la magistrada está tratando de averiguar si puede haberse cometido el citado Delito Contra la Ordenación del Territorio  por el Art. 319 del CP “en relación con la construcción de edificaciones consistentes en un restaurante, una tienda de muebles y un spa-gimnasio en la zona colindante al Plan Parcial Sector Su-Sn de la pedanía murciana de Sucina, en una parcela incluida presuntamente en suelo no urbanizable de calificación NZ zona de protección de la naturaleza y usos forestales, como zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves)”.

Con fecha 25 de septiembre del año pasado (2008), el juzgado acordó –como hemos dicho- la incoación de las diligencias previas y, contra dicho acuerdo, uno de los hijos de Juan Ramón Avilés (Ginés) planteó un recurso, al que se opuso la Fiscalía y la propia magistrada.

Ginés Avilés solicitaba de una atacada, la revocación de dicho auto, el sobreseimiento y el archivo de todas las actuaciones. 

El primer motivo de la impugnación de Avilés fue que los “los terrenos donde se ubican las edificaciones denunciadas se encuentran en suelo urbanizable (SB borde serrano con aptitud turística) y que no se encuentran en Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)”.

Para tratar de apoyar sus argumentos, Ginés Avilés, que representa a la empresa propietaria de las construcciones que están siendo investigadas (las edificaciones fueron iniciadas por otra empresa de Juan Ramón Avilés y vendidas a la mercantil Altos del Molino), aportó documentación firmada por una funcionaria municipal que venía a apoyar esa tesis. Pero la jueza encargada de la investigación no admitió la alegación pues  “los documentos aportados por la asociación ASIDES avalan la postura mantenida en contrario.  

Así –dice el auto de la jueza- en el informe del teniente de alcalde de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia (Fernando Berberena), de fecha 2 de mayo de 2008, se pone de manifiesto que según el informe emitido por la Subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo [retengamos las fechas y quien hizo el informe pues va a ser importante, éste es uno de los hechos más destacados de la ‘Conexión Sucina’], la finca denunciada se encuentra, según el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, en el área NF, al Este de Sucina, la cual fue calificada como ZEPA, según publicación del BORM de 18 de mayo de 2001”.

El auto del juzgado señala, a favor de la tesis de la denuncia de ASIDES que la misma calificación de ZEPA queda determinada en “los informes del día 10 de febrero de 2006 y 9 de mayo de 2007 del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo”.

Un paréntesis, para un escándalo dentro del escándalo

Más adelante seguiremos detallando los motivos por los que el Juzgado Número Dos no admite el recurso del representante de la empresa del exconcejal del PP, Juan Ramón Avilés en el que pedían que se archivara todo; pero merece la pena hacer un paréntesis sobre la alegación que acabamos de relatar.

¿Cómo es posible que, desde un mismo departamento del Ayuntamiento como la Gerencia de Urbanismo, puedan emitirse informes tan dispares, sobre una misma zona?, la pregunta viene a cuento, ya que Avilés intentó apoyar su recurso en uno de esos dispares informes, mientras que los denunciantes avalaban su actuación con un informe del mismo departamento en sentido contrario. Pues aunque el lector no lo crea, la misma SUBDIRECTORA del departamento, que se cita por el juzgado número Dos de Murcia, hizo tiempo antes un informe diferente y a favor de la tesis de Avilés. Atención a lo siguiente:

·  El 17 de enero de 2005 los agentes forestales de la Comunidad Autónoma con número de identificación profesional FU-01399-D y FU-01898-D de la Consejería del Medio Natural, presentaron una denuncia “por la construcción sin licencia de una piscina y una pista de tenis en zona ZEPA” (refiriéndose a los mismos terrenos sobre los que se investiga ahora en el Juzgado Número Dos). La denuncia de estos dos funcionarios regionales dio lugar a la apertura de las diligencias previas PA 3721/2005 por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Murcia por un supuesto delito contra la ordenación del territorio; diligencias que serían sobreseídas PROVISIONALMENTE, después de que la ya citada subdirectora de los Servicios Generales dijera en un informe (en poder de esta redacción) que esos “[…] terrenos quedan clasificados como Suelo Urbanizable sin sectorizar, área SB-C1. Campo Sur. Bordes Serranos con aptitud turística”. Con este informe, el Juzgado Número Cuatro decidió SOBRESEER PROVISIONALMENTE esas diligencias.   

·  Otra empresa vinculada a Juan Ramón Avilés (Residencial Sucina) mediante expediente sancionador del Medio Natural (FO184/2003), abierto también a instancia de unos agentes forestales, fue sancionada “por acumulación de tierra vegetal en zona ZEPA, por importe de 6.010 euros y la obligación de restituir el terreno a estado anterior”. En la misma zona de la que estamos hablando en la presente información.

Así pues, y por extraño que parezca, la misma funcionaria ha emitido dictámenes diferentes sobre la misma zona, al menos así se pone de manifiesto de los diferentes expedientes y alegaciones, incluidos los del propio Avilés, a los que ha tenido acceso esta redacción.

Así, lo que en un principio, según el departamento de Medio Natural de la Comunidad Autónoma era zona ZEPA en el año 2003, para la funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, en el año 2005, era ‘borde serrano con aptitud turística’  potencialmente urbanizable, lo que sirvió para el sobreseimiento de unas diligencias abiertas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio; y en el informe que redacta el 6 de mayo de 2008, la zona –nuevamente- vuelve a ser “ZEPA DESDE EL AÑO 2001”.

Las fuentes judiciales consultadas cuando se le han mostrado todos los documentos y el ‘iter’ tan dispar de los informes han señalado que “La Fiscalía debería requerir de oficio, si esas son las circunstancias y atendiendo a los plazos transcurridos, la reapertura de las diligencias que sobreseyó provisionalmente el Juzgado Número Cuatro en su día”.

Otra vez al Juzgado Dos de Murcia (Diligencias 4085/2008)

Volvamos a la investigación que está instruyendo la magistrada titular del Juzgado Dos de Murcia, la misma que –como señalábamos antes del paréntesis- no aceptó el recurso de Avilés, en relación con la investigación de las actividades de la empresa “Alto del Molino de Sucina”, vinculada al exconcejal del PP, Juan Ramón Avilés, actual presidente de la Comisión de Control de la CAM.

La jueza, ante los informes técnicos aportados por los denunciantes, y como argumento para no aceptar la alegación de Avilés estableció que “En esta situación resulta apresurado decretar el sobreseimiento de las actuaciones que se solicita al ser necesaria la práctica de diligencias de investigación que conduzcan a determinar cuál es la calificación urbanística concreta del terreno sobre el que se asientan las construcciones”.

[Un DICTAMEN PERICIAL de un arquitecto, en poder de esta redacción, señala que el suelo sobre el que se desarrollaron las actuaciones que están siendo investigadas se trata de una zona ZEPA].

El segundo motivo de impugnación que Avilés (el hijo) alegó era que “las obras realizadas están permitidas por tratarse de obras de conservación y reparación, necesarias para el mantenimiento de las edificaciones erigidas con anterioridad al Plan General de Ordenación Urbana de Murcia [del año 2001]”.  

Pues bien, Vegamediapress está en disposición de poder demostrar que las construcciones que son objeto de investigación, al contrario de lo que alega Avilés, se hicieron muy posteriormente ya que disponemos de facturas de empresas y certificaciones de un constructor que ponen de manifiesto que recibieron el encargo para las obras “en Febrero de 2004 para el inicio de las obras de estructura de un restaurante, colindante al Plan Parcial Su SN, las cuales fueron finalizadas en abril de ese mismo año”.

La alegación de Ginés Avilés no fue atendida por la jueza porque “en la documentación aportada por ASIDES contradice las otras afirmaciones y que ponen de manifiesto indicios de los que se desprende que, presuntamente, las construcciones antiguas que existían, se demolieron y se sustituyeron por otras de reciente construcción, por lo que los hechos han de ser objeto de investigación”.

Próximas entregas:

·  ¿Quién es Juan Ramón Avilés? y los millonarios créditos de la CAM

·  La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento resolvió una denuncia por hechos similares con 3000 euros de multa y no informó a los tribunales

Juan Ramón Avilés es actualmente Presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, después de que fuera designado como consejero de la entidad en octubre de 2006, por parte del Ayuntamiento de Murcia, que preside el mandatario del PP regional, Miguel Ángel Cámara. La designación de este político se produjo para un mandato de seis años; es decir que estará al frente de una de las comisiones más sensibles de la CAM, hasta el año 2012.  

(www.vegamediapress.com, 25/11/09)

CONEXIÓN SUCINA: JUAN RAMÓN AVILÉS (PP), EL PERSONAJE LA CAM LE CONCEDIÓ EL AÑO PASADO, 23 MILLONES DE EUROS, ENTRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS NACIONALES Y TARJETAS 

El personaje clave en esta investigación periodística, ‘La Conexión Sucina’ es Juan Ramón Avilés, vinculado a las empresas vinculadas al sector del ladrillo y que han desarrollado y desarrollan su actividad en la pedanía de Sucina; si bien en los diferentes pleitos, demandas (algunas de ellas en las que ya hay condenas emitidas por diferentes instancias judiciales por cientos de miles de euros) aparece y desaparece, intercambiando su posición de abogado, demandante o empresario. De todas ellas nos vamos a ocupar en esta serie de informaciones. Pero merece la pena que reparemos en algunas circunstancias sobresalientes de este secretario de Ayuntamiento, actual presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, después de que fuera designado como consejero general por parte del Ayuntamiento de Murcia, que preside Miguel Ángel Cámara. 

Juan Ramón Avilés Olmos, a lo largo de 2008, acumuló el NOVENTA POR CIENTO de las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas a favor de los miembros de los órganos de dirección de la entidad, ya sea directa o indirectamente, según la información que la propia CAM  envió en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta información, igualmente, puede comprobarse en el Anexo I del Informe Anual Corporativo de la CAM, en poder de esta redacción. El volumen económico total, comprometido con los cargos del Consejo de Administración y de la Comisión de Control  superaba los 30,8 millones de euros (más de SEIS MIL MILLONES de pesetas). Pues bien, según las referidas fuentes, el exconcejal del PP de Murcia y presidente de la citada Comisión de Control fue quien acaparó el noventa por ciento de estos conceptos con un volumen de operaciones que alcanzaba los 23 millones de euros (casi CUATRO MIL millones de pesetas).

Juan Ramón Avilés está directamente relacionado o lo ha estado con empresas tales como Residencial Sucina SL, Campo de Sucina SL, Roig Coll SL, Alto del Molino de Sucina y “La Vereda de Sucina S.L. Alguna de estas empresas están integradas exclusivamente por miembros de su familia y en otras aparece vinculado con empresarios de la zona del Campo de Cartagena y el Mar Menor.

En la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número Dos de Murcia, puede comprobarse, por ejemplo, que la empresa respecto de la que se investiga el supuesto delito contra la ordenación del territorio, “en relación con la construcción de edificaciones consistentes en un restaurante, una tienda de muebles y un spa-gimnasio en la zona colindante al Plan Parcial Sector Su-Sn de la pedanía murciana de Sucina, en una parcela incluida presuntamente en suelo no urbanizable de calificación NZ zona de protección de la naturaleza y usos forestales, como zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves)”, la empresa propietaria de las construcciones es ‘Alto del Molino de Sucina’, pero en las obras tuvo que ver, previamente, ‘Residencial Sucina’. La interrelación del grupo de empresas de Avilés es evidente, como pondremos de manifiesto en la publicación de esta investigación.

Igualmente, esta redacción está en poder del soporte documental y gráfico en el que se pone de manifiesto que pese a las medidas sancionadoras adoptadas por el Ayuntamiento de Murcia, respecto de esas instalaciones, en cambio, pese a la existencia de decretos de cierre vigentes, denuncias y otras actuaciones, el PP regional decidió organizar en esas instalaciones actos electorales y al final el Ayuntamiento resolvió el expediente con una multa. Pero esto forma parte ya de la siguiente entrega de la Conexión Sucina. 

(www.vegamediapress.com, 26/11/09)

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