Caso San Javier( Murcia )

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Juan Pablo Lozano, tomó ayer declaración en calidad de denunciado al alcalde de San Javier, José Hernández (PP), quien está siendo investigado por un presunto trato de favor a sus socios, los empresarios responsables de las sociedades Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, y Peinsa 97, Juan Gracia Jiménez. La firma Peinsa 97 es la promotora también de la polémica urbanización del municipio de Pilar de la Horadada (Alicante), en el que recientemente el PP se ha hecho con la alcaldía gracias a dos tránsfugas del PSOE.

El fiscal tomó declaración al alcalde del consistorio por presuntas irregularidades en la cesión de los terrenos para la construcción del nuevo hospital de Los Arcos. José Hernández únicamente habló con los periodistas para lanzarles un reproche: "¿Es que creéis que soy La Pantoja?".

Junto a Hernández declaró el dueño de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, quien dijo a los periodistas que había comprado los terrenos en 2003 sin intención de edificar o construir un hospital.

El alcalde de San Javier tuvo que responder por el hecho de que el precio del suelo destinado finalmente al nuevo centro sanitario se multiplicara por diez en unos pocos meses. El Grupo Independiente Municipal denunció que Martínez Esparza compró los terrenos a un precio muy bajo para, meses después, llegar a un acuerdo con el alcalde de San Javier para que la Comunidad construyese allí el nuevo hospital.

Antes de esa decisión, Hernández y Esparza habían sido socios en las sociedades Nueva Valencia al Mar y Termal La Manga S. A. La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Javier, Eva Pérez, también aparece ligada a Martínez Esparza. Pérez tuvo relaciones societarias en dos inmobiliarias con el responsable de Urdemasa. www.elpais.es 15.12.06

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias informativas contra el alcalde de San Javier, José Hernández (PP), por un presunto trato de favor a los empresarios Santiago Martínez Esparza y Juan Gracia Jiménez, propietarios de las firmas Urdemasa y Peinsa 97, respectivamente, y, al mismo tiempo, socios del primer edil en la sociedad Nueva Valencia al Mar, según los datos del Registro Mercantil. Peinsa 97 es también la sociedad que junto a Metropol ha tramitado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pinar de Lo Romero en el Pilar de la Horadada (Alicante), municipio en el que el PP y dos tránsfugas del PSOE han firmado una moción de censura contra el alcalde Ignacio Ramos, que ha paralizado esta actuación.

En Murcia, el fiscal investiga a esa misma empresa en relación a la urbanización denominada Señorío de Roda, de unas 350 viviendas, que según la denuncia del Grupo Independiente de San Javier se inició sin ningún tipo de permiso y con la presunta connivencia del alcalde, constructor de profesión. El regidor ni siquiera había aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos y tampoco el proyecto de urbanización, por lo que no se había especificado ni dónde iban a ubicarse las calles ni las zonas verdes, tal y como consta en la denuncia en poder del fiscal.

El PSOE denuncia también un presunto pelotazo de un concejal del PP del Ayuntamiento de Murcia, del que se habría aprovechado también el propietario de Peinsa 97 y socio del alcalde de San Javier.

Asimismo, el fiscal investiga si el alcalde aprobó el Plan Parcial de Roda Golf, que implicaba la reclasificación de un millón de metros cuadrados de terreno rústico de interés agrícola a Urdemasa para construir un hotel, un campo de golf y 1.800 viviendas. Este suelo tenía esa calificación por recibir el agua del trasvase Tajo-Segura desde hace 26 años. En relación con esa misma empresa (Urdemasa), el fiscal analiza un convenio entre el ayuntamiento y su propietario, Santiago Martínez Esparza (socio del alcalde) para la cesión del hospital de San Javier. La denuncia sostiene que el empresario adquirió la parcela a un precio muy bajo para, meses después, llegar a un acuerdo con su socio, el alcalde, para que la Comunidad de Murcia construyera allí el nuevo Hospital de Los Arcos.

Por todo ello, el PP ha abierto una investigación interna para aclarar un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de San Javier, gobernado por esta formación política, informó en rueda de prensa su secretario general, Miguel Ángel Cámara, que es también alcalde de Murcia. www.elpais.es 01.12.06

FISCALÍA INVESTIGA SI EL ALCALDE DE SAN JAVIER (PP) PUDO FAVORECER A DOS SOCIOS Y AMIGOS SUYOS

Si el alcalde de San Javier, José Hernández, es supersticioso, tiene desde dos nuevos motivos de preocupación. El principal de ellos se deriva de la decisión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, de ordenar la apertura de diligencias informativas de carácter penal contra Hernández, con el fin de determinar si ha podido favorecer a dos promotores locales de los que es socio y amigo. La segunda razón, bastante más frívola, proviene del hecho de que la nueva investigación hace la número 13 de la Fiscalía por asuntos supuestamente vinculados a la corrupción política, un número de mal agüero para los aficionados a tocar madera cuando el asunto pinta feo.

Al margen de asuntos que bien pueden ser calificados de folclóricos, lo cierto es que el Ayuntamiento de San Javier ha pasado a formar parte de las instituciones -Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia, Águilas, Archena, Cieza, La Unión, Cartagena, Los Alcázares, y Mazarrón- que están bajo la lupa del fiscal jefe, Manuel López Bernal, por actuaciones en las que parecen entremezclarse los intereses personales con los públicos. En este último caso, el motivo de la apertura de diligencias informativas es la revelación de que el alcalde de la localidad, José Hernández Sánchez, de profesión promotor, forma parte de una sociedad constructora junto a dos de los principales promotores del Mar Menor: Santiago Martínez Esparza, propietario de la firma Urdemasa, y Juan Gracia Jiménez, dueño de la mercantil Peinsa. Junto a ellos, y también en calidad de socio mancomunado, figura el arquitecto valenciano Javier Gea Martínez.

Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda promueve a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas en San Javier.

Sobre la relación societaria que mantiene con ambos promotores, el alcalde Hernández se ha limitado a reconocer que forma parte de esa sociedad y a recordar su condición de promotor, "que es la forma en que me gano la vida". El primer edil de San Javier ha reseñado que los dos promotores son amigos suyos desde hace largo tiempo y que hace un par de años tomaron la decisión de constituir una sociedad para realizar algunas inversiones en Valencia, concretamente en una zona con perspectivas de revalorizarse con las obras de mejora que se están acometiendo por la Copa América de Vela. "Hemos comprado unas cuantas casas viejas, con el objetivo de ver si nos da para hacernos una vivienda cada uno de nosotros", explicó a preguntas de este periódico.

Hernández también reconoció que, pese a ser socio de ambos promotores y a su relación amistosa, nunca se abstuvo en las votaciones de Pleno que afectaban a proyectos urbanísticos o adjudicaciones de obra a esos dos empresarios. "Yo no decido nada al respecto; las adjudicaciones se han hecho por subasta a la baja y el alcalde se limitó a ratificar lo ya decidido en la Mesa de Contratación", añadió.

El fiscal pretende averiguar si el alcalde ha podido favorecer conscientemente a los dos promotores. De hecho, el secretario de Organización del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, anunció que los servicios jurídicos del partido estaban trabajando "a toda máquina" para interponer una querella por tráfico de influencias y prevaricación contra José Hernández.(03/05/06)