Medio Ambiente advirtió al Gobierno murciano que no pagase la limpieza de la balsa Jenny

El Ministerio de Medio Ambiente ya avisó el 10 de marzo de 2005 al Gobierno de Murcia (PP) que la empresa propietaria de una balsa contaminada en El Llano del Beal (Cartagena) debería ser la que pagara los 5,4 millones de euros que costaba limpiar los estériles procedentes de las antiguas minas, y no las administraciones regional, nacional y europea, tal y como se produjo finalmente. Con esta decisión, el Gobierno de Murcia hizo caso omiso a la Ley de Residuos. El portavoz de la Comunidad de Murcia, Fernando de la Cierva, defendió ayer la legalidad de la operación.

Tras aceptar la cesión de una balsa contaminada de una empresa, Portman Golf, el Ejecutivo que preside el popular de Ramón Luis Valcárcel pagó a la sociedad estatal Tragsa 5,4 millones por limpiarla. Tragsa posteriormente adjudicó a dedo a la misma Portman Golf el depósito de los estériles, que al final fueron trasladados a un terreno cercano al anterior después de cobrar 2,72 millones de euros. Esta actuación, iniciada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga al Gobierno de Murcia por al menos dos presuntos delitos, de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El 10 de marzo de 2005 el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, envió una carta a su homólogo en la comunidad murciana, Antonio Alvarado, en la que le recordaba que en el caso de la balsa Jenny también rige el precepto de quien contamina paga, por lo que tenía que ser Portman Golf quien sufragara los 5,4 millones de euros que costaba la limpieza.Alvarado, según consta en la documentación del ministerio, contestó que la balsa ya no era privada, por lo que las administraciones públicas eran las que deberían pagar todo.

Comisión de seguimiento

Alejandre, tras conocer la investigación de la fiscalía, convocó para el 19 de diciembre pasado la comisión de seguimiento de las obras de limpieza de la balsa, en la que anunció a Alvarado que la fiscalía de Murcia le había pedido todos los datos del expediente. Según Alejandre, Alvarado dijo que no sabía nada de la investigación de la fiscalía, y rechazó que el Gobierno de Murcia hubiera hecho cualquier actividad irregular. Alvarado está imputado por dos jueces en los presuntos casos de corrupción de La Zerrichera y Puerto Mayor.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que el Gobierno murciano "ni ha sido requerido, ni notificado" sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está realizando por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por parte del Ejecutivo regional, en relación con la balsa Jenny. De la Cierva aseguró que "la actuación que se hizo en su día sobre la balsa Jenny es correcta desde el punto de vista legal".

www.elpais.es 01.05.05

Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación

La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.

El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.

El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.

Obligación eximida

Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.

El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.

La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.

La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".

La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.

Subvención retirada

El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.

Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.

La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.

Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.