Murcia CONECTIONS
ESTO ES LO QUE HAY DE
MOMENTO
Valcárcel :
Urbaniza que algo queda. El video del verano
Totana.
La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha
decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el
'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que
investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad.
Navarro dejó ayer por la noche en libertad provisional bajo fianza de
20.000 euros a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y
al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. La nota informativa del
TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se imputan a
cada uno de los encausados, si bien informa de la lista de delitos que
instruye en este caso que afecta a las doce personas detenidas los
pasados lunes, jueves y viernes. La relación de delitos incluye cohecho,
falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de
perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de
caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de
documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Murcia. Admitida a trámite la querella
presentada por el fiscal jefe del TSJ de
Murcia contra el ex
jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de
Murcia,
por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias.
Águilas. Admitida a trámite la querella presentada por la
fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en el caso de La
Zerrichera contra el promotor del proyecto de la urbanización de
Águilas, Trinitario Casanova Abadía, Pedro Gil, los ex directores
generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo,
Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también
ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector
general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de
Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto
Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno
regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el
alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y
Jardines, José López Díaz.
Balsa Jenny.
La Fiscalía Anticorrupción investiga al
Ejecutivo de
Murcia por dos presuntos
delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber
aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales
contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al
erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa
propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno,
sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles
contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
Torre Pacheco.
El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que
comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, los
días 1 y 15 de cada mes. La juez de San Javier investiga si los
responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de
influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios
proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores
de carácter urbanístico.
Cieza.
El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido
denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación
con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar
270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían
haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de
los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del
alcalde), entre otros.
Mazarrón. La Justicia investiga el pago de 33.000 euros
por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera
(Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales
permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de
suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000
viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World,
Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Cartagena.
Investigación abierta en los casos de irregularidades en la compra y
recalifación de terrenos para la construcción de campos de golf y
viviendas en Lo Poyo y Novo Carthago (5000 y 10000 viviendas
respectivamente).
San Javier. Se investiga por un presunto trato de favor
en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP),
socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los
principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva
Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto
deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de
800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de
500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio
Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de
Murcia,
figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director
general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de
Transportes y Puertos) también están imputados y ha sido admitida a
trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto
delito de prevaricación administrativa.
Marina de Cope.
El mayor
complejo urbanístico de España se llama Marina de
Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El
Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un
parque natural, para impulsar un gigantesco
desarrollo urbanístico que albergará a 60.000
personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000
hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al
Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los
ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han
pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle
el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha
advertido por escrito al tribunal de que sus planes
seguirán adelante incluso si el Constitucional anula
la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará
las máquinas.
Archena. IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado
ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcald, Manuel Marcos
Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de
Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.
Villanueva del Río Segura. El primer edil, José Luis López (PP),
el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han
sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una
licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La
Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del
río Segura.
Puerto Lumbreras. El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado
regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en
los juzgados de Lorca, donde se han admitido a trámite unas querellas
por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo
socialista de la anterior corporación municipal, en las que se acusa al
dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los
funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias.
Los Alcázares. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001
entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el
Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para
financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una
modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el
centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro
estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
Abanilla. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está
investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el
Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero
declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José
Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José
Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López.
Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos
expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación
necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron
esos documentos y no se los reenviaron.
Fuente Álamo. La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa,
quedó, junto con cinco personas más, en libertad con cargos tras
declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número cuatro de San Javier por presuntas irregularidades urbanísticas
en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Además de la alcaldesa de ese
municipio, fueron puestos en libertad con cargos la concejala de Obras y
Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del
Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y el
arquitecto municipal José Mariano Sánchez Martini.
Librilla. El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción
al alcalde de Librilla, el popular José Martínez García. Lo acusan de
querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras
por unos trabajos «que no existen».
Fortuna. Una ex concejal del PP de Fortuna acusa a su alcalde de
comprar votos. Asegura que el primer edil, su esposa, hermano y dos
concejales ofrecían favores a cambio del apoyo electoral.
Adjudicación de la TV autonómica. La Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia (TSJM) ha abierto diligencias
informativas por un presunto delito de prevaricación sobre el proceso de
adjudicación del canal autonómico 7 Región de
Murcia al Grupo
Empresarial Televisión de Murcia
(GTM), formado por empresas relacionadas con la construcción como Foro
Corporativo de Medios (Intereconomía), la productora de televisión
Prodher; Mediterránea de Inversión Grupo 4; Palprom 2004, Grupo Polaris;
Palatino 2002 y el Grupo Fuertes.
El PP
murciano va a las elecciones con 22 militantes
imputados
El
Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel
se presenta a la reelección a un quinto mandato a la
comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en
los tribunales de justicia a 22 destacados
militantes de su partido, entre éstos a siete cargos
de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y
siete concejales. La siguiente es, grosso modo,
una cartografía de la corrupción urbanística con la
que el PP en la comunidad murciana se presenta a las
elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un
siniestro cártel de la corrupción política.
La
lista de imputados la encabezan tres directores
generales (uno de ellos inmerso en dos procesos),
una ex directora general (esposa de uno de los
directores generales imputados), un subdirector
general y dos jefes de servicio. Le siguen los
alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena,
Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea,
Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos
querellas), y que se presentan como candidatos a la
reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a
siete concejales, entre estos, todo el gobierno
local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex
concejales, dos arquitectos municipales y un
secretario de corporación de ayuntamientos
gobernados por el PP.
Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se
siguen en los tribunales de justicia investigaciones
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de
Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín
Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula.
El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel
está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía
Anticorrupción por el caso de descontaminación de
una laguna en la sierra minera de La Unión,
diligencias que deberán culminarse a lo largo de
este mes de mayo.
Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa
de la corrupción en la comunidad murciana se siguen
por presuntos delitos relacionados con el urbanismo,
el medio natural y la ordenación del territorio. Van
desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de
influencias, la malversación de caudales públicos y
la falsedad en documento oficial. Y todo ello al
calor de un urbanismo desaforado hasta ahora
desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno
Aznar hace escasos días derogada por el gobierno
Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de
ordenamiento territorial en la región murciana
puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que
desprotegen más de once mil hectáreas de su
patrimonio natural, tanto en la costa como en el
interior y que, como la de su correligionario, aboga
por la liberación total del suelo para su
urbanización.
Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos
que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos,
hay proyectadas construir en la región murciana
entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas
de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf,
para una población residencial que duplicaría o
triplicaría la población actual, en una región
situada en el ecumene del equilibrio
ecológico y con un déficit hídrico histórico y
estructural, una extensa plataforma agraria y con un
serio proceso de desertificación
Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte
de los espacios municipales de la región y que tiene
judicializadas las actuaciones políticas del PP de
los últimos años se ha convertido en centro de
debate en la presente campaña electoral de
municipales y autonómicas. Es un asunto central en
los mítines del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la
presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura.
Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con
su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió
públicamente a exigir responsabilidades políticas
cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones
de los altos cargos del PP”.
Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los
Verdes a la comunidad murciana, José Antonio
Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su
responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que
de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de
corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a
sus militantes imputados de sus cargos públicos,
sino que, en el caso de los alcaldes y concejales,
los mantiene en sus listas electorales del domingo
27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista
en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que
la cabeza de toda esta corrupción es el propio
Valcárcel.
La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que
tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido
Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis
Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco
altos cargos de su gobierno están gravemente
imputados en el procedimiento que sigue el juzgado
de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está
el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos
destacados militantes del PP. La investigación sobre
la reclasificación urbanística de este paraje
protegido por la Unión Europea apunta la
posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de
Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos
en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra
los imputados son gravísimos: prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias, falsedad de
documento oficial, negociaciones prohibidas a los
funcionarios y delito urbanístico.
Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales
intactos en la región de Murcia y está declarado por
la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este
espacio natural está situado en la sierra de la
Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece
al municipio de Águilas. Para su especial
protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a
recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través
del Proyecto Life.
Constructores enriquecidos
El grupo Hispania Inversiones planea un proyecto
urbanístico en este paraje para la construcción de
4.000 viviendas, hoteles y un campo de golf de 18
hoyos, para una población residencial de unas 15.000
personas. El presidente de Hispania, Trinitario
Casanova, amigo personal del consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, ha llegado a acusar
públicamente a Valcárcel de “cobarde” por no haber
cumplido sus compromisos. El promotor Casanova había
vendido los terrenos a la Kutxa, pocos días después
de la reclasificación urbanística lo que, sin
levantar un solo ladrillo, le supuso un beneficio de
75 millones de euros. En todo este escándalo de
corrupción, el ahora candidato socialista al
ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, denunció ante
el fiscal jefe de Murcia que el concejal Pedro Gil,
expulsado del PSOE, hizo de intermediario de
Casanova, al ofrecerle un millón de euros para
comprar su voto en la reclasificación de La
Zerrichera.
La laguna, amenazada
Sobre el director general de Calidad Ambiental, el
militante del PP Antonio Alvarado, marido de la
también imputada Encarna Muñoz, ex directora general
del Medio Natural, no sólo recae la querella de la
Fiscalía sobre el caso de La Zerrichera, sino
también otra por presunto delito urbanístico en
Puerto Mayor, en un proceso en manos del juzgado de
Instrucción número 5 de Murcia. En este caso, donde
se contempla la construcción de un puerto deportivo
de mil amarres, 3.000 viviendas, un hotel y un campo
de golf en suelo de dominio público marítimo-terreste,
está también querellado el director general de
Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, que dimitió
tras conocerse este proyecto ubicado en el canal del
Estacio, que crearía daños irreversibles sobre el
Mar Menor y La Manga, ya que dicho canal sirve para
la renovación hídrica de la mayor laguna marítima
del mediterráneo.
Lo curioso de este caso es que el número tres del PP
regional y concejal de Fomento en el ayuntamiento de
Murcia, el constructor Antonio Sánchez Carrillo,
como miembro del consejo de administración de la
empresa promotora tenía la función de supervisar y
controlar las obras de Puerto Mayor, y abandonó
dicho consejo tras conocerse el escándalo.
Políticos accionistas
Sánchez Carrillo, número dos del ayuntamiento de
Murcia, también es accionista, junto al abogado
Carlos Valcárcel, hermano del presidente del PP,
Ramón Luis Valcárcel, de la empresa de construcción
y promoción inmobiliaria, Ronda Sur Levante, que
lleva a cabo proyectos en la zona norte de la ciudad
de Murcia.
Toda una saga familiar
El candidato socialista a la comunidad murciana,
Pedro Saura, ha acusado también a Valcárcel de
pertenecer a una “saga” familiar propietaria de más
de una decena de empresas dedicadas a la promoción
inmobiliaria para hacer “pingües negocios”. El
abogado Carlos Valcárcel, hermano del candidato del
PP, está presuntamente involucrado en el caso Lo
Poyo, otro mega proyecto urbanístico en otro paraje
natural del Mar Menor en donde el cartagenero Roca,
cerebro de la trama del ayuntamiento de Marbella,
invirtió en la compra de terrenos para su posterior
recalificación por el ayuntamiento de Cartagena.
www.elplural.com
21.05.07
El
candidato del PSOE murciano a las elecciones
autonómicas del 27 de mayo, Pedro Saura, exigió
ayer la dimisión del presidente regional y
aspirante del PP en los comicios, Ramón Luis
Valcárcel, por ocultar en un programa de
televisión que su familia es propietaria de al
menos 11 empresas relacionadas con la
construcción y la promoción inmobiliaria.
En
un debate entre los dos candidatos celebrado el
pasado miércoles en la televisión autonómica
Canal 6, el presidente de Murcia negó las
acusaciones del socialista, que aseguró que el
entorno familiar de Valcárcel es propietario de
ocho empresas inmobiliarias, al mismo tiempo que
retó al diputado socialista en el Congreso a que
si demostraba que sus hermanos y cuñados se iría
de la política, pero de lo contrario tendría que
ser Pedro Saura quien abandonara la vida
pública.
Los
socialistas murcianos pusieron ayer por la tarde
a disposición de los medios de comunicación las
páginas del registro mercantil que prueba que
los hermanos del presidente murciano y los
cuñados son en la actualidad los propietarios de
al menos 11 empresas dedicadas en parte a la
promoción inmobiliaria y la construcción, según
publicó La Verdad de Murcia.
Pese
a dar el PSOE a conocer los datos, Valcárcel
exigió ayer la renuncia de su contrincante,
asegurando que las empresas de su familia no se
dedican exclusivamente a la actividad
inmobiliaria, porque en algunos casos son
simples solares para construir una o dos casas.
Además, negó que su familia esté haciendo "pingües
negocios y beneficios al hilo de la
especulación".
www.elpais.es 12.05.07
CASO POLARIS
Si uno tiene
dinero para invertir y quiere pasar desapercibido encontrará pocos sitios
como Murcia. Con 42 campos de golf en proyecto -cada uno con miles de
viviendas asociadas- y un Gobierno regional que jalea a los constructores,
las grúas han inundado la costa, una de las menos construidas del
Mediterráneo. Juan Antonio Roca, el cerebro del blanqueo de Marbella, lo
sabía.
Roca, nacido
en Cartagena hace 53 años, se fue hace 20 a Marbella junto al constructor
Tomás Olivo. Entonces, un familiar lo oyó decir: "De Marbella, o vuelvo rico
o arruinado". Hizo lo primero. A mediados de los 90, cuando su fortuna ya no
cabía en Marbella, recurrió a viejos amigos para invertir parte en su tierra
natal.
Roca recurrió
a Ernesto Celdrán, un corredor de la zona de escasa fortuna al que le puso
un sueldo a cambio de que diera la cara y la firma por él. Celdrán figuró
como administrador de Vanda Agrícola S.L. La empresa compró 100 hectáreas de
un secarral en Los Alcázares. "Eran piedras y polvo, todo seco", explican
los vecinos de la finca. Roca lo convirtió en un bello huerto de naranjos,
con una valla infranqueable impropia del entorno. Un camino de imponentes
palmeras lleva a la casa, donde la policía halló desde cuadros Miró a un
cáliz de plata. Junto al palacete está la ermita que Roca hizo construir y
en la los vecinos de Los Alcázares afirman que oculta un búnker.
Roca y los
suyos comenzaron a poner dinero. La empresa Condeor S.L. (hoy intervenida)
firmó un convenio con el Ayuntamiento de los Alcázares (PSOE) para construir
un hotel en un antiguo cine que le había comprado a Olivo. La representante
de la empresa, Montserrat Corulla, está detenida. Masdevallía S. L. organizó
una serie de cambios de suelo y de recalificaciones que le permitieron
conseguir una gran parcela junto al Mar Menor. El representante de la
empresa, Juan Luis Soriano Pastor, está arrestado, y la firma, intervenida.
Allí comenzó a construir la urbanización Nueva Ribera, de 469 viviendas, a
la que le seguiría Nueva Ribera Golf Club, con más de 1.000 viviendas, ambas
vendidas por One Properties, también intervenida por el juez.
Además, los
testaferros de Roca tenían un edificio en el centro de Torre Pacheco
(gobernado por el PP) de tres plantas, cada una de 175 metros cuadrados. De
los 22 detenidos en la operación Malaya, al menos cuatro pasaron por Murcia.
Conforme
prosperaban las inversiones, Roca se dejaba caer por Los Alcázares y a
menudo iba a comer con Celdrán. Comenzó a dar lujosas fiestas y la llegada
de su helicóptero era cada vez más frecuente. "Cuando lo veíamos salir, le
decíamos 'adiós Gil", explican unos vecinos. Los más informados del pueblo
conocían a Roca por su nombre; los menos, pensaban que todo era obra de
Jesús y Gil y lo llamaban "el de Marbella".
Ernesto
Celdrán vivió a las órdenes de Roca su mejor momento. No le faltaba de nada
aunque poca gente sabía a qué se dedicaba. "Iba al Hyatt, pero se pedía unas
olivas y un Martini. No vivía mal, pero tampoco iba de multimillonario",
explica un vecino de Torre Pacheco que pide el anonimato. Una familia que se
negó a venderle una parcela asegura que tras la negativa su casa fue
incendiada.
Roca era duro
y se lo demostró a Celdrán. El testaferro contaba con una comisión de 3.000
millones de pesetas por una recalificación pero nunca vio el dinero, según
fuentes del sector. En 2004, le envió un burofax reclamándoselo y Roca le
despidió. En esta parte comienzan las discrepancias. Unas fuentes señalan
que la relación se enfrió; otros, que se retiraron el saludo.
Oficialmente,
Celdrán abandonó en 2004 One Properties y pasó a figurar como trabajador de
GMI Promociones 2000, propiedad de Pedro García Meroño, fundador de Polaris
World. Polaris World es la principal constructora de Murcia, ha sido
beneficiada por ayuntamientos del PP en recalificaciones y el Gobierno
autónomo le adjudicó la televisión autonómica. Los fundadores de Polaris
World han sido socios del número tres del PP en Murcia y concejal del
Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, y de Carlos Valcárcel,
hermano del presidente de Murcia. El dueño de Polaris dijo al diario La
Opinión de Murcia que Celdrán era "un pobre hombre" y que lo puso en
nómina para que pudiera cotizar porque era amigo de la infancia.
Al despedir a
Celdrán, Roca ya no era aquel constructor que, de camino a Marbella pasó por
Mazarrón, el pueblo donde construyó sus primeras viviendas, en tandas de
diez o doce casas, según un empresario. En Mazarrón hizo sus dos primeras
grandes urbanizaciones e intentó construir 15.000 viviendas en terreno
protegido; la operación falló y Roca siguió hacia Marbella. Aún no era el
todopoderoso hombre de hoy.
Roca hizo su
último gran negocio en Murcia el 22 de diciembre de 2005, cuando el pleno de
Los Alcázares aprobó de forma provisional el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. El acuerdo convierte en urbanizable la finca de Roca,
como gran parte del municipio, algo que le permitiría construir miles de
viviendas.
Tanta
inversión pudo pasar desapercibida -al menos para el gran público- porque
operaba en una zona que vive la fiebre del oro del resort (no los
llaman urbanizaciones, ni complejos). Hay de todas clases: la mayoría
vallados, con verdes campos de golf rodeados de polvo y desierto. Uno lo
anuncia Johan Cruyff; el siguiente Jack Nicklaus, en los de más allá
aparecen Sam Torrance, José Antonio Camacho o Sergio García.
El Gobierno
regional, del PP, se apresuró a decir que la detención de Ernesto Celdrán en
Murcia era un caso aislado y que lo que le preocupaba del caso era la imagen
que proyectaba de Murcia (no la presencia de testaferros que blanquean
dinero). La región tiene la corrupción urbanística como primer punto de la
agenda política pero a la mayoría de los murcianos no parece importarles
demasiado. Muchos critican a los medios que denuncian la corrupción y
argumentan que tanto resort da trabajo.
Pero las
denuncias acaban haciendo mella y la prensa británica ha reflejado los
escándalos. Uno de los complejos vende sus excelencias (golf, villas,
sol...) y añade en el cartel que es "totally legal" (totalmente legal).
Ahora sólo falta que sea cierto
Publicado en
www.elpais.es 03.04.06
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