VEINTISÉIS
AYUNTAMIENTOS MURCIANOS MANTIENEN EN SUS PUESTOS A ALCALDES Y ALTOS
CARGOS PENDIENTES DE JUICIO
Dice el
refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo
así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una
enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de
alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón
Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín
de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos
pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias.
La
oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para
depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus
alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de
los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”. El secretario general de
los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo
en Canal 6, en
2007, [cuyo video se reproduce aquí], reveló que la familia del
presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la
construcción y promoción inmobiliaria, que
“les habían producido pingües beneficios”.
Las empresas de la familia
En el
listado presentado por la oposición socialista (enlace información
diario La Verdad) aparecen más de ocho empresas de familiares del
presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento
inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M.
Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana,
María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita
en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este;
mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana,
Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”,
“Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur
Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de
su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.
Peñalver, el jefe de Urbanismo
La evidencia
de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha
pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver
Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe
de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la
región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver
Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última
como tapadera de su marido.
Los Peñalver, “los naranjitos”
Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos
presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados
S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio
Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban
sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que
utilizaban”, según el diario La
Verdad.
Veintiséis de cuarenta y cinco
Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un
total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por
corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la
inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos
delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones,
prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a
la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.
“Los excesos… y comilonas” en Villanueva
En
Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el
alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha
malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las
antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su
partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de
los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas
gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo
socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto
municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a
partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una
licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la
urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.
Caso Totem, ¿caso Murcia?
Antes de que
termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem,
una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007,
contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias
municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex
regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez
Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos,
y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza
de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta
trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su
filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
El apoyo al alcalde corrupto
La detención
del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana,
pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500
personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la
plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta
contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la
Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los
muchos escándalos de corrupción, los
populares obtuvieron el
61,55% de los votos.
Urbanismo especulativo y riqueza
Juan José
Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del
éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la
Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos
críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad
para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por
otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la
especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia.
Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno
que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las
recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona.
"Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo
y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio
Pujante.
http://www.elplural.com
24.08.09
¿RAJOY SE EQUIVOCA O MIENTE?: “TREINTA Y OCHO DE LOS 40 CASOS ABIERTOS
EN LA REGIÓN HAN SIDO ARCHIVADOS”
Mariano
Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la
región de Murcia contra militantes populares han sido
archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de
su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede
ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como
“Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa
Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas.
Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por
la Fiscalía continúan siendo investigados.
Veintiséis
ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45
localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra
algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del
PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de
Ramón Luis Valcárcel Siso.
Estos son
algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en
Murcia, según fuentes consultadas por
Público,
Interviu y la web
La Sombra de Aznar:
Televisión Autonómica
El Tribunal
Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el
proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7
Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El
empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece
imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del
centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se
resolviera.
La balsa Jenny
La Fiscalía
Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de
caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del
Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a
la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero
público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han
ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo
del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos
protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la
construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto
cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y
por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes
de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al
reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa
investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del
Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje
protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.
Abanilla
Varios cargos populares
han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP,
María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales,
con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de
Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique
Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han
sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.
Aguilas, caso La Zerrichera
Diez
personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas
240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo
Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio
Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda,
José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal
de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario
Casanova Abadía.
Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce
imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García
Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de
secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo
Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.
Los Alcázares, caso Ninette
Catorce
imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que
permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en
libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que
declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado
en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"-
y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para
financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una
modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un
hotel de cuatro estrellas.
Cieza
El alcalde popular
Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas
de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares,
para la construcción de unas 5.000 viviendas.
Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación
de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó
33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran
al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas
vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal
pertenecientes al PP.
San Javier
El ex regidor popular
José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas
adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva
Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez
Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general
del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y
Puertos) también están imputados.
Puerto Lumbreras
El alcalde
popular, y diputado
regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
http://www.elplural.com 25.08.09
LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS
GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES
En el mapa de la corrupción
de España, Murcia se lleva la palma. Actualmente hay al menos 11
alcaldes imputados por diversos delitos urbanísticos. Todos ellos
conservan el cargo. Desde noviembre de 2007 hasta ahora, tres regidores
elegidos en las listas del PP han sido detenidos: el de Totana, el de
Torre Pacheco y el de Librilla.
El asunto más relevante
hasta la fecha lo constituye el llamado caso de La Zerrichera, donde se
investiga la recalificación de un espacio protegido en el municipio
costero de Águilas.
Águilas: ‘caso Zerrichera’
y Hacienda El Hornillo
Águilas tiene abiertos dos
frentes. Por una parte el caso “Zerrichera”, y por otro Hacienda El
Hornillo. En el primero están imputados el alcalde, Juan Ramírez, el
empresario Trinitario Casanova, directores generales, empresarios y
también el ex consejero y ex delegado del Gobierno Francisco Marqués,
quien fue detenido en Madrid y se encuentra en libertad sin fianza pero
con cargos. A Marqués se le encontraron 50.000 euros en billetes de 500
en un trastero de una casa suya. Marqués sería también quien con sus
declaraciones puso sobre aviso la presunta corrupción en Águilas, a
través de la empresa Hacienda El Hornillo, quien entregó a Marqués, y a
la consejera de Hacienda, Inmaculada García, pisos a un bajísimo coste.
Los dueños de la empresa Hacienda El Hornillo también fueron detenidos y
se encuentran en libertad sin fianza pero imputados por cohecho. Se
trata del apoderado de la empresa José Cárceles, y el notario de Lorca y
presidente de Hacienda El Hornillo Sebastían Fernández.
Totana: ‘operación Tótem’
En Totana, entre otros, fue
detenido el alcalde José Martínez Andreo, quien tras pasar dos meses en
prisión fue puesto en libertad provisional. Andreo continua al mando del
consistorio y se deja ver con altos cargos del PP en Murcia. Junto a él
también fue detenido, y en libertad bajo fianza de 200.000 euros, el
anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales. Hubo
18 detenciones para destapar una trama de corrupción, en donde el
alcalde pedía importantes comisiones para recalificar terrenos. Durante
la estancia del alcalde en la cárcel de Sangonera, un párroco del
municipio ofreció misas por el político a la puerta de la prisión.
Alcantarilla
El fiscal ha pedido seis años de cárcel para el alcalde de
Alcantarilla, Lázaro Mellado, por un presunto delito medioambiental de
contaminación del río Segura a su paso por la ciudad. También está
imputado el gerente de la empresa que gestiona el servicio de aguas de
la localidad. Recientemente, IU acusó al alcalde y al consejero
Bascuñana de gestionar una residencia de ancianos donde había habido
abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores contra un anciano.
Torre Pacheco
El alcalde de Torre Pacheco
también estuvo en prisión, y se encuentra en la actualidad en libertad
provisional. A pesar de su paso por la cárcel y las imputaciones sigue
al frente del ayuntamiento. El arquitecto municipal también estuvo en
prisión. Entre otros imputados se encuentran el empresario local Facundo
Armero, uno de los fundadores de Polaris World, el secretario del
ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También el
presidente de Polaris World, José Luis Hernández. Se les acusa de
delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios
públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.
Fuente Álamo.
La alcaldesa, María Antonia
Conesa, estaba imputada por delitos similares a los de Torre Pacheco.
Algunas de las presuntas actuaciones delictivas se cruzan entre los dos
municipios vecinos. Se imputó a tres concejales y al arquitecto
municipal.
Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al
PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción
del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.
Archena
Existen varias denuncias contra el alcalde de Archena, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes, y la primera teniente de alcalde, Patricia Fernández.
El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban
construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo
tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera
terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la
urbanización. Por otra parte, la edil del PP Patricia Hernández mintió
para darse de alta como funcionaria en ASISA, recibiendo prestaciones de
la compañía durante los últimos años. En su solicitud, declaró ser
funcionaria, y el ayuntamiento le ha estado pagando la cuota de ASISA.
Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una
querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el
alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación
continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante
el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a
una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la
aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270
hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000
nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270
hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.
Villanueva del Río Segura
Actualmente se llevan
diligencias en los juzgados de Cieza contra el alcalde, José Luis López
Ayala, y la corporación municipal, por la construcción de la
urbanización La Morra, en pleno corazón del Valle de Ricote. La
urbanización no tiene autorización para agua de la Confederación
Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla,
además de ocupar parte de zona de dominio público hidráulico del río
Segura.
Ulea
El alcalde firmó siete convenios urbanísticos, que convertirían a
esta localidad de 900 habitantes en una ciudad de 65.000 personas, con
campos de golf y hoteles. El alcalde José Bolarín, tiene varias
denuncias en el juzgado, tanto relativas al plan urbano, como a la
presunta manipulación del censo municipal. Se puso un sueldo de 4.150
euros mensuales más dos pagas extras y gastos de protocolo. Ulea es uno
de los pueblos más pequeños y pobres de la Región de Murcia.
San Javier
El ex regidor popular de San
Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación
con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en
dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue
archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En
San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en
La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de
terrenos para la construcción de un hospital comarcal.
Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La
primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que
permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer
presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde
su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un
contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas
vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal
pertenecientes al PP.
Puerto Lumbreras
Los juzgados de Lorca tienen
abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud
de denuncias presentadas contra el mismo.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es
en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de
Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y
varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El
propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía
normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana,
propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.
Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos
políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP
les acusara de haber comprado votos en las elecciones locales de este
municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida.
Alguazas
La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para el alcalde, José Antonio
Fernández Lladó, acusado de un delito medioambiental y contra el
patrimonio, al haber autorizado la construcción de un restaurante en una
zona histórica donde está situada la torre medieval conocida como la
torre de Los Moros. El restaurante, a 25 metros del edificio histórico,
es una réplica de la torre.
Librilla
La policía detuvo al menos a diez personas relacionadas con un
presunto delito de corrupción urbanística. El alcalde José Martínez, y
su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión y
posteriormente fueron puestos en libertad provisional. Los integrantes
de la supuesta trama pudieron obtener 7 millones de euros.
La balsa Jenny
La Fiscalía Central
Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación
de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de
acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya fueron a
declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía
Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el
conservador Ramón Luis Valcárcel. El expediente se encuentra en paradero
desconocido.
(www.vegamediapress.com,
18/05/09)
El PP
murciano va a las elecciones con 22 militantes
imputados
El
Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel
se presenta a la reelección a un quinto mandato a la
comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en
los tribunales de justicia a 22 destacados
militantes de su partido, entre éstos a siete cargos
de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y
siete concejales. La siguiente es, grosso modo,
una cartografía de la corrupción urbanística con la
que el PP en la comunidad murciana se presenta a las
elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un
siniestro cártel de la corrupción política.
La
lista de imputados la encabezan tres directores
generales (uno de ellos inmerso en dos procesos),
una ex directora general (esposa de uno de los
directores generales imputados), un subdirector
general y dos jefes de servicio. Le siguen los
alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena,
Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea,
Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos
querellas), y que se presentan como candidatos a la
reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a
siete concejales, entre estos, todo el gobierno
local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex
concejales, dos arquitectos municipales y un
secretario de corporación de ayuntamientos
gobernados por el PP.
Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se
siguen en los tribunales de justicia investigaciones
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de
Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín
Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula.
El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel
está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía
Anticorrupción por el caso de descontaminación de
una laguna en la sierra minera de La Unión,
diligencias que deberán culminarse a lo largo de
este mes de mayo.
Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa
de la corrupción en la comunidad murciana se siguen
por presuntos delitos relacionados con el urbanismo,
el medio natural y la ordenación del territorio. Van
desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de
influencias, la malversación de caudales públicos y
la falsedad en documento oficial. Y todo ello al
calor de un urbanismo desaforado hasta ahora
desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno
Aznar hace escasos días derogada por el gobierno
Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de
ordenamiento territorial en la región murciana
puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que
desprotegen más de once mil hectáreas de su
patrimonio natural, tanto en la costa como en el
interior y que, como la de su correligionario, aboga
por la liberación total del suelo para su
urbanización.
Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos
que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos,
hay proyectadas construir en la región murciana
entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas
de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf,
para una población residencial que duplicaría o
triplicaría la población actual, en una región
situada en el ecumene del equilibrio
ecológico y con un déficit hídrico histórico y
estructural, una extensa plataforma agraria y con un
serio proceso de desertificación
Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte
de los espacios municipales de la región y que tiene
judicializadas las actuaciones políticas del PP de
los últimos años se ha convertido en centro de
debate en la presente campaña electoral de
municipales y autonómicas. Es un asunto central en
los mítines del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la
presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura.
Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con
su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió
públicamente a exigir responsabilidades políticas
cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones
de los altos cargos del PP”.
Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los
Verdes a la comunidad murciana, José Antonio
Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su
responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que
de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de
corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a
sus militantes imputados de sus cargos públicos,
sino que, en el caso de los alcaldes y concejales,
los mantiene en sus listas electorales del domingo
27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista
en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que
la cabeza de toda esta corrupción es el propio
Valcárcel.
La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que
tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido
Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis
Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco
altos cargos de su gobierno están gravemente
imputados en el procedimiento que sigue el juzgado
de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está
el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos
destacados militantes del PP. La investigación sobre
la reclasificación urbanística de este paraje
protegido por la Unión Europea apunta la
posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de
Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos
en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra
los imputados son gravísimos: prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias, falsedad de
documento oficial, negociaciones prohibidas a los
funcionarios y delito urbanístico.
Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales
intactos en la región de Murcia y está declarado por
la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este
espacio natural está situado en la sierra de la
Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece
al municipio de Águilas. Para su especial
protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a
recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través
del Proyecto Life.
Constructores enriquecidos
El grupo Hispania Inversiones planea un proyecto
urbanístico en este paraje para la construcción de
4.000 viviendas, hoteles y un campo de golf de 18
hoyos, para una población residencial de unas 15.000
personas. El presidente de Hispania, Trinitario
Casanova, amigo personal del consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, ha llegado a acusar
públicamente a Valcárcel de “cobarde” por no haber
cumplido sus compromisos. El promotor Casanova había
vendido los terrenos a la Kutxa, pocos días después
de la reclasificación urbanística lo que, sin
levantar un solo ladrillo, le supuso un beneficio de
75 millones de euros. En todo este escándalo de
corrupción, el ahora candidato socialista al
ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, denunció ante
el fiscal jefe de Murcia que el concejal Pedro Gil,
expulsado del PSOE, hizo de intermediario de
Casanova, al ofrecerle un millón de euros para
comprar su voto en la reclasificación de La
Zerrichera.
La laguna, amenazada
Sobre el director general de Calidad Ambiental, el
militante del PP Antonio Alvarado, marido de la
también imputada Encarna Muñoz, ex directora general
del Medio Natural, no sólo recae la querella de la
Fiscalía sobre el caso de La Zerrichera, sino
también otra por presunto delito urbanístico en
Puerto Mayor, en un proceso en manos del juzgado de
Instrucción número 5 de Murcia. En este caso, donde
se contempla la construcción de un puerto deportivo
de mil amarres, 3.000 viviendas, un hotel y un campo
de golf en suelo de dominio público marítimo-terreste,
está también querellado el director general de
Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, que dimitió
tras conocerse este proyecto ubicado en el canal del
Estacio, que crearía daños irreversibles sobre el
Mar Menor y La Manga, ya que dicho canal sirve para
la renovación hídrica de la mayor laguna marítima
del mediterráneo.
Lo curioso de este caso es que el número tres del PP
regional y concejal de Fomento en el ayuntamiento de
Murcia, el constructor Antonio Sánchez Carrillo,
como miembro del consejo de administración de la
empresa promotora tenía la función de supervisar y
controlar las obras de Puerto Mayor, y abandonó
dicho consejo tras conocerse el escándalo.
Políticos accionistas
Sánchez Carrillo, número dos del ayuntamiento de
Murcia, también es accionista, junto al abogado
Carlos Valcárcel, hermano del presidente del PP,
Ramón Luis Valcárcel, de la empresa de construcción
y promoción inmobiliaria, Ronda Sur Levante, que
lleva a cabo proyectos en la zona norte de la ciudad
de Murcia.
Toda una saga familiar
El candidato socialista a la comunidad murciana,
Pedro Saura, ha acusado también a Valcárcel de
pertenecer a una “saga” familiar propietaria de más
de una decena de empresas dedicadas a la promoción
inmobiliaria para hacer “pingües negocios”. El
abogado Carlos Valcárcel, hermano del candidato del
PP, está presuntamente involucrado en el caso Lo
Poyo, otro mega proyecto urbanístico en otro paraje
natural del Mar Menor en donde el cartagenero Roca,
cerebro de la trama del ayuntamiento de Marbella,
invirtió en la compra de terrenos para su posterior
recalificación por el ayuntamiento de Cartagena.
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21.05.07
