CASO LA ZERRICHEA
ESTO ES LO QUE HAY DE
MOMENTO
UN SECRETARIO GENERAL TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES
POR UNA GRABACIÓN SOBRE LA ZERRICHERA
El juez quiere comprobar el alcance
de las conversaciones telefónicas grabadas por los agentes de la UDYCO. Con este
motivo, el secretario general de la Consejería de Política Social, Fernando
Mateo, ha sido citado para que declare hoy como testigo en el caso de La
Zerrichera de Águilas, en el que se investiga por partida doble un supuesto caso
de cohecho y presuntas irregularidades urbanísticas derivadas de la
desclasificación de los terrenos protegidos de esta zona. Este alto cargo
acudirá por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia,
Antonio Alcázar. No ha hecho falta que lo pidiera la acusación particular que
ejerce el PSOE.
Fernando Mateo, que en la anterior
legislatura fue director general de Carreteras, ha sido citado de urgencia por
el magistrado, según informaron ayer fuentes judiciales. Su comparecencia se
producirá una hora después de que lo haga el ex director general de Calidad
Ambiental, Antonio Alvarado. Éste último no pudo declarar la semana pasada
debido a que el juzgado no tenía disponible el equipo necesario para escuchar
las grabaciones.
Según las mismas fuentes, se trata
de analizar si existen algunas contradicciones en la conversación que
mantuvieron Mateo y Alvarado en torno a La Zerrichera. En una de las grabaciones
-según publicó La Verdad- Fernando Mateo comentó que el anterior consejero de
Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, le había aconsejado al empresario Trinitario
Casanova que comprara una finca en otro lugar debido a que no era fácil
desclasificar los terrenos protegidos, y que la intención era trasladarle el
índice de aprovechamiento urbanístico que le corresponde a cada proyecto.
(www.laverdad.es,
31/10/08)
EL TSJ DICTA DE NUEVO LA
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA ZERRICHERA
La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ)
ha dictado un auto en el que mantiene la suspensión cautelar de la Orden de la
Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006 -bajo el mando de Joaquín
Bascuñana-, que permitía urbanizar en terrenos de la finca La Zerrichera.
La Sala enmienda así un defecto
procesal -no hubo emplazamiento dentro del plazo legal previsto a Trinitario
Casanova, titular de una de las promotoras afectadas como parte, el Grupo
Inversor Hispania- que había dejado sin efecto la paralización cautelar que
dictó el año pasado, como adelantó La Verdad. Casanova no pudo conocer el auto
judicial y tener oportunidad de personarse en la causa y defender sus intereses.
Esto hizo que el propio TSJ declarara la nulidad de su auto, situación que se ha
mantenido hasta ahora.
El auto ahora emitido desestima los
recursos presentados por las promotoras Grupo Inversor Hispania, e Inverlur
Águilas I y II, que habían solicitado al tribunal que levantara la suspensión
acordada por éste en julio de 2007. Estas empresas alegaron en su defensa que en
la zona afectada no existen valores ambientales dignos de protección y que, por
tanto, los razonamientos utilizados por la Sala para acordar la suspensión de
urbanizar eran erróneos. Además, el Grupo Inversor Hispania señaló que no
levantar esta suspensión le iba a ocasionar perjuicios que valoraba en 180
millones de euros.
Al rechazar los recursos, el Alto
Tribunal afirma que «de la propia resolución del Ayuntamiento de Águilas de
suspensión del expediente del Plan Parcial se extraía que la medida de
suspensión no ocasionaba perjuicio alguno al interés general».
Además, el tribunal añade que, «por
otra parte, los perjuicios que se pueden ocasionar a las empresas por la no
ejecución son meramente económicos y, por el contrario, el perjuicio que se
podría ocasionar con la ejecución del acto es difícilmente reparable, teniendo
en cuenta los valores ambientales de la zona». La Sala añade que este acuerdo de
suspensión, que puede ser recurrido en súplica, no prejuzga lo que en su día se
pueda decidir al resolver el fondo del asunto.
(www.laverdad.es,
22/10/08)
CASO LA COLA: JUEZ ADMITE QUERELLA
CRIMINAL POR PRESUNTA PREVARICACIÓN CONTRA ALCALDE DE ÁGUILAS
La juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de Lorca, Olga Reverte Villar, ha admitido a trámite una querella
criminal interpuesta por la empresa Inversiones Promalor contra el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez Soto, el arquitecto municipal José Espín Cánovas, y el ex
secretario municipal y actual secretario del ayuntamiento de Santa Pola, José
Luis Pascual Martínez. Los fundamentos jurídicos amparan la admisión de la
denuncia ya que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de
prevaricación administrativa. De hecho, la juez ha citado para hoy, jueves, en
“a los querellados para conferirles traslado y posteriormente ser oídos en
calidad de imputados”, para los que los querellantes piden la prisión
incondicional. Uno de los socios de Promalor sufre secuelas físicas consecuencia
del estado de ansiedad al que está sometido.
La empresa Inversiones Promalor
asegura haber tenido pérdidas superiores a los mil millones de pesetas, ante la
negativa constante del alcalde de darle la licencia de obras, a pesar de tener
todos los papeles en regla, incluso los facilitados por el propio consistorio.
Promalor había vendido ya las 58 viviendas proyectadas en el paraje de La Cola,
pero ha tenido que devolver el dinero a los compradores y anular los contratos,
tras más de tres años de silencio administrativo. Fruto de la información que la
empresa tenía respecto a las condiciones edificatorias, superficie y
clasificación de suelo, urbano, desde 1972, acordaron comprar el terreno
mediante la suscripción de un préstamo hipotecario de 3.000.000 millones de
euros con Cajamurcia. La compra se realizó en Madrid a José Luis Martínez
Gómez-Acebo, propietario y emparentado con la familia real.Promalor cumplió con
todos los requisitos exigidos por los funcionarios municipales, recibió la
cédula con el valor de edificabilidad, pagó 25 millones de pesetas por la visa
del Colegio de Arquitectos y otros cinco millones por los derechos de
transmisión. Durante todos estos años también ha pagado la contribución urbana.
A pesar de reunir todos los requisitos, el alcalde se ha negado de manera
sistemática a dar la licencia para la construcción de 58 viviendas en el paraje
La Cola, en Calabardina, y no ha recibido, durante tres años, a los promotores,
que finalmente ante la imposibilidad de poder comenzar a construir tuvieron que
devolver todo el dinero a los clientes.
El ayuntamiento, por su parte,
durante todo ese tiempo buscó todas las posibilidades para evitar dar la
licencia, incluso “haciendo una modificación de la parcela que no se corresponde
con los documentos del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación aprobados
definitivamente y que, posteriormente, se trata de adaptar a Derecho, de una
manera flagrante, arbitraria, sin motivación alguna, y prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según consta en la
denuncia.
Para justificar los cambios, el
ayuntamiento aseguró que tanto el proyecto de reparcelación como el de
urbanización “contenía un error, que nunca fue detectado salvo cuando Promalor
solicita la licencia de edificación". Según los abogados de la empresa, ese
error no existe, ya que la propia Dirección General de Ordenación del Territorio
y Costas, “especifica textualmente que el Plan General Municipal de Ordenación
del término de Águilas vigente, a fecha de 6 de mayo de 2004, aprobado con fecha
de 6 de septiembre de 1993, clasifica la zona como suelo urbano, lo que deja en
evidencia y contraria a la realidad la estúpida argumentación del error material
puesta de manifiesto por el ayuntamiento de Águilas”.En la querella interpuesta
en el juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, se hace referencia a hechos
delictivos que pueden derivarse de la actuación del alcalde, el secretario que
dio fe, y el arquitecto municipal.
Asimismo, además de de la prisión
incondicional para todos los imputados, solicitan una fianza de tres millones de
euros y el embargo de los bienes.
Como dato significativo, añadir que
justo encima de los terrenos de La Cola, donde se pretendía construir 58
viviendas, está ubicado el chalet de un familiar directo del alcalde de Águila,
Juan Ramírez.
(www.vegamediapress.com,
18/09/08)
EL PP SE NIEGA A ANULAR EL
EXPEDIENTE DE RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZERRICHERA
El diputado del PP en la Asamblea
Regional Martín Quiñonero denegó ayer la posibilidad de anular los permisos
ambientales y el cambio urbanístico con vías a urbanizar en el paraje aguileño
de La Zerrichera, pidió a la oposición que «espere al resultado de la
investigación judicial en curso», y defendió el «rigor y seriedad de una
modificación urbanística que era viable y realizada de acuerdo con todos los
estudios ambientales».
Los grupos políticos debatieron esta
cuestión a petición de la diputada del PSOE Teresa Rosique, quien pidió al
Parlamento que anule el decreto que aprobó Bascuñana, que recalificó los
terrenos y los hizo urbanizables. Entre tanto, la Consejería de Obras Públicas
aún debe aclarar si mantiene o revoca el decreto que permite urbanizar la finca.
Quiñonero apuntó que «no puede
hablarse de una modificación urbanística irregular ni de declaración de impacto
ambiental ilegal cuando la normativa existente deja la puerta abierta a
actuaciones como la planteada en la Zerrichera», que recordó que supone la
reclasificación de un 0,75% de la superficie de más de 22.000 hectáreas del
paraje ZEPA y LIC de la Sierra de la Almenara.
A su juicio, «debe respetarse la
investigación judicial en curso y, si ha lugar, averiguar posteriormente si de
esa actuación enjuiciada se derivan responsabilidades políticas». Asimismo,
Quiñonero recordó que en La Zerrichera no se ha puesto aún ni un sólo ladrillo,
mientras que en la otra vertiente de la sierra, en Lorca, un gobierno municipal
del PSOE autorizó actuaciones.
La diputada Rosique reprochó a
Quiñonero la «escasa valentía» del PP de no pedir la nulidad de la modificación
urbanística que permite sobre el papel construir en la citada zona, y subrayó
que tiene conocimiento de la existencia de «informes de los servicios jurídicos
de Presidencia que aconsejan que se anule esa modificación y los efectos de unos
informes ambientales favorables manipulados».
Asimismo, subrayó que la Ley
Regional del Suelo no permite urbanizar en zonas consideradas LIC o ZEPA. José
Antonio Pujante, de IU incidió en que el frustrado proyecto de La Zerrichera es
«un ejemplo de un modelo fracasado» de desarrollo.
(www.laverdad.es,
02/10/08)
EL SUMARIO DEL 'CASO ZERRICHERA' UN EX CONSEJERO MURCIANO EN LA DIANA
El ex director general Alvarado, imputado en la causa, se refiere a su antiguo superior como «el gran 'mullidor'» y afirma que «nos está arrastrando a muchos, por arriba y por abajo»
La investigación
del caso
Zerrichera
tiende, como el
aire caliente,
hacia arriba.
Tiende a subir.
En su
trayectoria
ascendente se ha
topado ya con el
ex consejero de
Industria y
Medio Ambiente
de la Comunidad
Autónoma de
Murcia,
Francisco
Marqués, quien
durante meses ha
tenido
intervenidos sus
teléfonos y cuyo
patrimonio e
ingresos, y
también los de
su esposa, están
siendo
exhaustivamente
investigados.
Ésta es una de
las principales
novedades que
aporta la pieza
separada de la
investigación
sobre el caso
Zerrichera, que
se abrió en
abril del 2007
por orden del
titular del
Juzgado de
Instrucción
número 3 de
Murcia, Antonio
Alcázar Fajardo,
y que ha
permanecido
hasta ahora bajo
secreto de
sumario. Esta
investigación,
que se resume en
345 folios que
están en poder
de La Verdad,
tenía por objeto
determinar si
algún cargo
público del
Ayuntamiento de
Águilas o de la
Comunidad
Autónoma había
recibido dinero,
o promesa de
ello, a cambio
de recalificar
una finca -la
citada
Zerrichera- para
permitir
edificar un
resort pese a
que era objeto
de una especial
protección
ambiental.
En ese paraje de
156 hectáreas,
40 áreas y 24
centiáreas,
enclavado en la
diputación
aguileña de
Téber y que
forma parte de
la Sierra de la
Almenara, el
empresario
Trinitario
Casanova
promovía un
proyecto
urbanístico
consistente en
levantar unas
4.000 viviendas
y un hotel de
lujo en torno a
un campo de
golf.
VARIOS ALTOS
CARGOS
Francisco
Marqués, quien
en la actualidad
ejerce como
director general
de la Hermandad
Farmacéutica del
Mediterráneo (Hefame),
no formaba parte
de esa
investigación en
su origen. Los
funcionarios del
Grupo de
Delincuencia
Económica,
integrados en la
Unidad contra la
Droga y el
Crimen
Organizado (UDYCO)
de la Jefatura
de Policía de
Murcia, se
habían centrado,
por orden del
juez, en los ex
directores
generales de
Calidad
Ambiental,
Antonio Alvarado
Pérez, y del
Medio Natural,
Encarna Muñoz
Martínez; en el
alcalde de
Águilas, Juan
Ramírez Soto, y
en el empresario
Casanova, entre
otros.
Sin embargo, los
datos que iba
aportando la
investigación,
unidos a una
conversación
intervenida a
Alvarado, en la
que
supuestamente se
refería a su ex
jefe, Francisco
Marqués, como
«el gran
mullidor (sic)»
-en realidad,
habría querido
decir muñidor,
esto es, «el que
concierta o
dispone un
asunto con
engaño», según
la Real Academia
de la Lengua
Española-, y en
las que hacía
otras
consideraciones
como que «ha
arrastrado a
unos por arriba
y a otros por
abajo», llevaron
a los policías
judiciales a
solicitar del
juez que
ordenase la
intervención de
los teléfonos
del ex
consejero, así
como que
permitiese
someterle a una
minuciosa
investigación de
su patrimonio e
ingresos.
PUEDE ACABAR
IMPUTADO
En el
auto dictado el
24 de enero
pasado, el
magistrado
Alcázar otorga
luz verde a los
agentes para
investigar a
Francisco
Marqués, y
realiza una
serie de
consideraciones
que
justificarían
una decisión de
tal calado.
Así, señala el
juez que Antonio
Alvarado,
Encarna Muñoz y
José Ignacio
Sánchez
Gelabert, el ex
jefe del
Servicio de
Calidad
Ambiental de la
Consejería de
Medio Ambiente
-todos ellos
imputados en el
caso Zerrichera-
«dependían
jerárquicamente
de Francisco
Marqués (...),
de quien resultó
muy llamativa su
actuación cuando
salió en prensa
para defender,
políticamente,
la decisión
adoptada por una
dirección
general a su
cargo -la de
Calidad
Ambiental- al
aprobar la
Declaración de
Impacto
Ambiental (DIA)
de la finca la
Zerrichera,
criticando,
despectivamente
y sin sonrojo
alguno, el
contenido de un
informe
medioambiental
anterior (del 31
de agosto del
2004), elaborado
precisamente por
funcionarios
dependientes de
él mismo, pero
de otra
dirección
general: la de
Medio Natural».
El magistrado
repasa además la
citada
conversación
telefónica
mantenida por
Alvarado con un
desconocido, que
fue intervenida
por la Policía,
en la que el ex
director general
apuntaba a que
el empresario
Trinitario
Casanova tenía a
algún político
«cogido por los
huevos», y a
continuación se
refería a ese
político como
«el gran
mullidor»,
añadía que es la
persona «que
debería estar y
no está», que ya
no se dedica a
la política y
que «está
ganando mucho
dinero todos los
meses» y, por
último, «que ha
arrastrado a
unos por arriba
y a otros por
abajo».
Tanto la Policía
Judicial como el
juez llegan a la
conclusión de
que la persona a
la que se
presuntamente
refiere
Alvarado, aunque
sin nombrarlo,
sólo puede ser
Francisco
Marqués. Y, de
esta forma, el
instructor
afirma que
«puede
inferirse,
lógicamente, que
Alvarado -mejor
que él nadie
puede saberlo-
pudo no actuar
por decisión
propia, sino
inducido por su
superior
jerárquico,
Francisco
Marqués, en cuya
mano además
estaba la
posibilidad de
haber detenido
el irregular
proceso,
entonces ya
socialmente
polémico, lo que
no sólo no hizo,
sino que lo
apoyó
abiertamente».
La última
consideración
del magistrado
al autorizar la
intervención de
los teléfonos de
Marqués es
especialmente
reveladora.
«Aunque
Francisco
Marqués,
actualmente no
aforado, no fue
incluido por el
fiscal en su
querella, no es
descartable, por
los antecedentes
expuestos, que
termine
declarando como
imputado en la
causa».
«TÚ ME TIENES
QUE LLAMAR»
Los
teléfonos del ex
consejero del
Gobierno
regional han
permanecido
pinchados desde
el 11 de enero
hasta al menos
el 15 de junio
de este año,
momento en que
la UDYCO estima
que ya no tiene
sentido seguir
con la
intervención
telefónica. Del
contenido de las
escuchas poco ha
trascendido,
pues han sido
remitidas al
juez en CD y las
diligencias
escritas sólo
recogen una
conversación con
la ex secretaria
general de la
Consejería de
Medio Ambiente,
María de los
Reyes Sánchez, a
la que llama dos
días antes de
que ésta tuviera
que prestar
declaración en
el juzgado.
-«Tú, cuando
acabes, me
tienes que
llamar», le
exige Marqués.
-«Hombre, ya lo
sé, ya lo sé.
Qué te crees»,
responde ella.
Nada ha
trascendido,
tampoco, de la
investigación
económico-patrimonial
que están
llevando a cabo
los agentes de
la UDYCO sobre
Francisco
Marqués y su
esposa, María
Jesús G.M., pues
los informes
todavía no han
sido redactados
o, al menos, no
han sido
incorporados a
las diligencias
cuyo secreto se
ha levantado
ahora.
Con estas
actuaciones,
Marqués se
convierte en la
persona
investigada por
el caso
Zerrichera que
ha ocupado,
hasta el
momento, un
cargo de mayor
relevancia en la
Administración
regional.
http://www.laverdad.es/murcia/20080827/region/juez-pincha-telefonos-investiga-20080827.html
EL
SUMARIO DEL 'CASO ZERRICHERA' LOS 'PEONES' DEL
PROMOTOR INMOBILIARIO
El
alcalde popular de Águilas, Juan Ramírez; la
consejera de Economía, Empresa e Innovación,
Inmaculada García, y el portavoz regional del PP,
Pedro Antonio Sánchez, tendrían quizás que haber
esperado unos días antes de bendecir con sus
gestos y sus palabras la incorporación al equipo
de gobierno municipal de un edil tránsfuga:
Clemente García López, quien salió elegido en
las pasadas elecciones por el Movimiento
Aguileño Socialdemócrata (MASd) y que a finales
de julio se pasó al Grupo Mixto.
Quizás, hoy, Ramírez, García y Sánchez, se
habrían alegrado de haber aguardado hasta poder
echarle un vistazo a las últimas diligencias
judiciales del caso Zerrichera, cuyo secreto se
levantó hace un mes, y haber constatado la
especial relación, de práctica subordinación,
que el citado edil Clemente García mantenía
hacia el empresario murciano Trinitario
Casanova, principal impulsor de un resort de
unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de
golf en el paraje protegido de La Zerrichera.
Quizás, entonces -aunque esto no son sino
suposiciones-, Pedro Antonio Sánchez no habría
refrendado con su presencia las bondades del
pacto alcanzado entre el alcalde y el edil
tránsfuga, y la consejera de Economía quizás
hubiese estado más comedida a la hora de definir
a Clemente García como «un hombre honesto y
honrado» y a quien dijo conocer desde la
infancia.
«Lo mejor que le podido»
Y es que las numerosas grabaciones
telefónicas recabadas por los agentes de la
UDYCO demuestran la estrecha relación existente
entre Trinitario Casanova, y el ex concejal del
MASd, que en apariencia acomodaba su actuación
política a la voluntad y a los deseos del
empresario. Un ejemplo muy explícito se registra
el pasado 18 de marzo, unos minutos antes de las
tres de la tarde, cuando Clemente García Pérez
telefonea a Casanova y le informa de que una
votación, en la que éste último tenía gran
interés, ha transcurrido en contra de los
intereses del promotor.
Éste, enfadado por el traspiés, apenas quiere
escuchar a su interlocutor y le insta a hablar
otro día.
- Clemente: Bueno, el resultado el resultado es
que hemos estado paralizando la votación más de
media hora...
- Trinitario: Que tampoco lo comentemos eso. Ya
cualquier día, tranquilamente tomando un café,
comentaremos cosas. No, ahora no. Vamos a comer
tranquilamente (...)
- Clemente: Hombre, creo que lo he hecho lo
mejor que he podido. No he podido hacer otra
cosa.
- Trinitario: Tranquilo, que ya hablamos tomando
un café.
- Clemente: Te lo digo en serio.
- Trinitario: Tomando un café hablaremos, venga.
«Reunión con la
consejera»
Más significativo es el mensaje que dos
días después envía Clemente García al
empresario. «Esta tarde me reúno con la
consejera (en apariencia, Inmaculada García,
también aguileña de origen y amiga de juventud).
Parece que han reaccionado. Dios quiera. No
desesperes. Voy a ir a muerte hasta el final. Un
abrazo».
Por no hablar del SMS que apenas cuatro horas
después le envía de nuevo: «Quiero que valores
la posibilidad de que yo haga unas declaraciones
a nivel regional y nacional. Con la excusa de
Marina de Cope. Podemos dar a conocer a toda
España el daño que se le ha hecho a Águilas. A
las personas y a las empresas».
La respuesta de Casanova debió de ser positiva,
pues 45 minutos más tarde, Clemente García Pérez
vuelve a enviarle otro SMS: «OK. Acabo de estar
con mi amigo el senador y me ha dicho que me va
a ayudar todo lo que pueda para meter presión.
La reunión va a ser, al final, mañana a las 11.
Te mantengo informado».
«Sólo me falta el gran
jefe»
Al día siguiente, 21 de marzo, cuando
en apariencia se celebraba el encuentro «con la
consejera», Clemente envía otro mensaje de móvil
al empresario, dándole cuenta de su gestión. «La
reunión ha ido bien. He visto voluntad. Sólo me
falta una reunión con el gran jefe
próximamente».
El día 28 de marzo, los agentes de la UDYCO
interceptan los dos siguientes SMS, que parece
venir a confirmar, una vez más, la subordinación
de Clemente García a los intereses de Casanova.
El primero, a las 19.53 horas: «Acaban de
confirmarme la cita con el presidente para la
próxima semana. Creo que deberíamos vernos
antes». Y 17 minutos después, después de haber
recibido supuestamente las indicaciones del
empresario: «OK. No lo dudes. Tengo las ideas
muy claras. Siempre se hará en los términos
pactados. Buen viaje».
«Dando instrucciones»
Conversaciones telefónicas de ese tipo,
que fueron debidamente registradas por los
especialistas de la Policía y cuyas
transcripciones están en poder de La Verdad, son
las que han llevado al juez de Instrucción
número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, a ir
prorrogando, un mes tras otro, la intervención
de los teléfonos utilizados por Trinitario
Casanova.
No en vano, el magistrado destaca la estrecha
relación del promotor de la Zerrichera «con
personas vinculadas con el entorno de Pedro Gil,
como es Clemente García Pérez, concejal y
miembro del partido oportunamente fundado por
Gil cuando éste abandonó o fue cesado por el
PSOE». Y añade que esas conversaciones que se
van produciendo a lo largo de meses, unidas a
las que previsiblemente se irían sucediendo en
fechas próximas, podrían ser de gran relevancia
para la investigación.
http://www.laverdad.es/murcia/20080827/region/juez-pincha-telefonos-investiga-20080827.html
El Tribunal Superior
de Justicia de Murcia paraliza la construcción de 4.000
viviendas en un paraje protegido
El consejero de
Obras Públicas de Murcia, Joaquín Bascuñana (izquierda), comparte merienda con
el promotor Trinitario Casanova en una corrida de toros en Murcia en 2005.
La Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJM) ha decidido paralizar de forma
cautelar la resolución del anterior consejero de Obras
Públicas del Gobierno murciano, Joaquín Bascuñana,
del PP, que permitía construir en un paraje
protegido del municipio murciano de Águilas,
conocido como la finca de La
Zerrichera, unas 4.000 viviendas, un campo de
golf de 18 hoyos, hoteles y centros comerciales.
La inversión
prevista, según explicó uno de los promotores de la
iniciativa, Trinitario Casanova Abadía, amigo personal
del entonces consejero de Obras Públicas Joaquín
Bascuñana, era de 300 millones de euros e iba a generar
un millar de empleos.
El consejero
de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio,
Benito Mercader, congeló el proyecto al acceder al
cargo, a la espera de realizar un plan de gestión de la
zona protegida de La Almenara, en la que está encuadrada
la finca que iba a ser urbanizada. No obstante, una
decisión del Ejecutivo murciano podría haber reactivado
el plan, ahora suspendido judicialmente.
De esta
forma, los tres magistrados dan la razón a la Asociación
de Naturalistas del Sureste (Anse), que solicitó la
paralización cautelar de la iniciativa urbanística al
impugnar la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General de Ordenación del Territorio (PGOU) de
Águilas que incluía la urbanización de La Zerrichera, y
por la que están imputados cinco altos cargos del
anterior Ejecutivo murciano, del PP, así como el
alcalde, Juan Ramírez, del mismo partido, y uno de los
ediles, el único que ha dimitido. Los ecologistas
alegaban que, si no se suspendía la resolución que
permitía el inicio de las obras, se provocaría "la
destrucción de los bienes naturales presentes".
En su auto,
los magistrados justifican la paralización de la
resolución, alegando que esta "medida cautelar no
ocasiona perjuicio alguno al interés general, puesto que
por el momento el desarrollo urbanístico está en
suspenso en tanto no se apruebe el correspondiente plan
de gestión y conservación". Además, agregan, "se
aprecian contradicciones con respecto a los contenidos
de la declaración de impacto ambiental, lo que permite
considerar la posible insuficiencia o disconformidad a
derecho de un trámite esencial para la reclasificación
de los terrenos".
Por su
parte, el consejero Benito Mercader dijo ayer que los
jueces "se han hecho eco de la decisión del Gobierno
regional de esperar para ejecutar el proyecto
urbanístico a la realización de un plan de gestión".
Esta aseveración contrasta con las declaraciones del
consejero Bascuñana, quien en su momento consideró
"compatible urbanísticamente" el cambio del PGOU de
Águilas en La Zerrichera, tras una reunión de la
Comisión de Coordinación de Política Territorial, que
estudió la modificación propuesta por el Ayuntamiento.
www.elpais.es
06.09.07
LA IMPUTACIÓN DE CINCO ALTOS CARGOS PONE CONTRA LAS CUERDAS AL GOBIERNO DE
MURCIA
La decisión del magistrado del Juzgado de
Instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, de imputar a cinco altos
cargos del Gobierno de la Región de Murcia (PP) por la reclasificación del
paraje protegido de La Zerrichera (Águilas) ha puesto contra las cuerdas al
presidente, Ramón Luis Valcárcel. Los implicados se han negado a dimitir a pesar
de que Valcárcel, que lleva 12 años en el poder, aseguró hace unos meses que
cualquier cargo del PP o candidato imputado debería abandonar el Ejecutivo o las
listas para las próximas municipales y autonómicas.
Después de que fuentes del Gobierno regional
anunciaran a la prensa regional un ultimátum e incluso la dimisión del director
general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, el consejero de Industria y
Medio Ambiente, Benito Mercader, aseguró ayer que no tenía constancia de ninguna
dimisión en el Ejecutivo autonómico. Tampoco ha renunciado el alcalde de Águilas
y candidato del PP para las municipales, Juan Ramírez, pese a las críticas
internas recibidas.
La investigación por la reclasificación del paraje
de La Zerrichera -en la que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, apunta a la posibilidad de ampliar la
querella a dos consejeros- se inició tras la petición del empresario Trinitario
Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, de
quien dependía la reclasificación definitiva del paraje, de los permisos para
construir unas 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una finca
rústica denominada La Zerrichera, en el municipio de Águilas, al sur de la
comunidad.
Pero esta iniciativa, que estaba enclavada en una
zona protegida por la Unión Europea (UE) como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) contó con la oposición del director
general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, ahora retirado, quien aseguró en
un informe: "La finca debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeta
a un régimen específico de protección incompatible con su transformación
urbanística".
Pero esta negativa cambió meses después. Sobre
todo con la presencia de su sucesora, Encarna Muñoz, esposa de otro de los
considerados padres de la reclasificación de los terrenos, Antonio Alvarado,
ambos imputados por el juez.
Según la investigación del fiscal Manuel López
Bernal, durante la tramitación del expediente se llegó a realizar la declaración
de impacto ambiental en 24 horas, apareciendo publicado en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia con una fecha diferente. Para el responsable de la Fiscalía
murciana, los ahora imputados tenían "un interés incomprensible en
reclasificar el terreno".
Este interés llegó hasta el punto de que la
directora general Encarna Muñoz solicitó a la UE la modificación del perímetro
protegido, coincidiendo con los intereses del promotor Trinitario Casanova,
quien adquirió los terrenos rústicos en 2004 a una cooperativa agrícola por 30
millones de euros, y los vendió dos años después a la Caja de Ahorros de
Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones de euros. 75 millones de
euros de beneficio sin poner un ladrillo.
Tras un viaje a China, el entonces consejero de
Industria y Medio Ambiente Francisco Marqués anunció su fichaje por una empresa
privada, negando que su salida tuviera ninguna relación con las críticas de la
Comisión Europea que pidió la paralización del expediente de urbanización.
Unos meses después, el nuevo consejero de
Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó la urbanización alegando
la falta de un plan de ordenación de los recursos natural del parque en el que
está enclavada La Zerrichera.
Tras la denuncia de los grupos ecologistas y del
PSOE de Murcia, el fiscal López Bernal abrió unas diligencias informativas que
finalizaron con una querella contra siete miembros del PP. Además, pidió a un
tribunal de Murcia que investigara un posible delito de cohecho por un presunto
soborno del promotor de La Zerrichera, Trinitario Casanova, que supuestamente
habría intentado pagar dos millones de euros a dos dirigentes municipales del
PSOE para que votaran a favor de la reclasificación de los terrenos. Según la
propia Fiscalía, el actual secretario municipal del partido, Ramón Román,
denunció el intento de soborno, habiendo actuado como intermediario su ahora ex
compañero Pedro Gil, que fue expulsado, pese a asegurar que faltó al pleno para
cuidar a su madre.
Ante esta denuncia Casanova anunció una querella
contra Ramón Román y relató en un comunicado de prensa su intención de denunciar
al Gobierno regional por paralizar la urbanización, llegando incluso a llamar
"cobarde" al presidente Valcárcel, quien no respondió a los insultos. Además de
ser investigado por La Zerrichera, Casanova está imputado por un delito fiscal
por presentar facturas falsas. Por el momento no ha adoptado ninguna iniciativa
legal contra el Ejecutivo del PP.
Entre las empresas que iban a
construir la urbanización en el antiguo paraje protegido de La Zerrichera está
la sociedad C-15, que financia una fundación del presidente del PP de
Torrelodones (Madrid) y diputado, Mario Mingo. Este parlamentario, que
además de presidente del PP en el municipio madrileño es portavoz del PP en la
comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, fue alcalde de
Torrelodones.
La fundación se llama Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones (www.eadst.com) y mantiene un convenio con el
ayuntamiento, gobernado por el PP, por el cual éste le cede la Casa de la
Cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta
organización sin ánimo de lucro represente obras de teatro. Son vocales de esta
fundación periodistas, empresarios y políticos ligados al PP, como por ejemplo
el diputado regional en la Asamblea de Madrid Juan Van Halen, Miguel Hinojar de
Inza, y el propio consejero delegado de C-15, Eduardo Morales.
(www.elpais.com,
13/04/07)
Un juzgado decide imputar a cinco
altos cargos del Gobierno murciano
El
magistrado del juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, ha decidido imputar a cinco
altos cargos del Gobierno murciano, al alcalde popular de Águilas, y a
un ex concejal del mismo partido en el consistorio aguileño por los
presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento
oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico
de influencias y cohecho, al aprobar el expediente de reclasificación de
una urbanización de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo
en la finca de La Zerrichera (Águilas).
Una parte
de este terreno está protegida por la Unión Europea como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA),
por lo que según la investigación de la fiscalía no debería ser
urbanizable.
De esta
forma, el juez Alcázar Fajardo ha admitido a trámite la querella
presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, en
relación a La Zerrichera, después de que el decano de los jueces de
Murcia, José Moreno Hellín, y la secretaria decana, Concepción Parra
Martínez, efectuaran el pasado 14 de marzo el oportuno reparto, tras
inhibirse en la admisión de la misma el titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, donde se había remitido en
un principio, según informa Europa Press.
Querella
En
concreto, la querella iba dirigida contra la ex directora general del
Medio Natural Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental,
Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda,
José María Ródenas; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil
del PP en este consistorio, José López. No obstante, y en virtud de la
comunicación del fiscal del 16 de marzo, se añade al jefe del Servicio
de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y
presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio
Sánchez Gelabert.
A los
querellados se les entregará previamente copia del escrito de querella,
para "ser oídos" en calidad de imputados, en una fecha que se tendrá que
precisar en una resolución aparte, así como respecto a la práctica de
las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal como prueba
documental.
Por su
parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
Regional, Teresa Rosique, calificó "positivamente" que el juzgado de
Instrucción número 3 haya admitido a trámite la querella sobre La
Zerrichera, porque, de este modo, "quedan imputados una parte importante
del Gobierno regional y otros altos cargos del PP".
El
portavoz del PP en la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó
ayer que Rosique "está intentando firmar sentencias", aunque destacó que
"afortunadamente, en un sistema democrático, las sentencias judiciales
no dependen de ella".
www.elpais.es 11.04.07
El fiscal se
querella contra cinco cargos del Gobierno de Murcia y el alcalde
de Águilas
El fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel
López Bernal, se ha querellado por los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y
falsificación de documentos oficiales contra cinco altos
cargos del Gobierno regional de Murcia; el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez; y el ex concejal José López,
todos del PP. El fiscal les acusa de dar el visto bueno
a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel y un
campo de golf en la finca de La Zerrichera, en zona
protegida por la Unión Europea y cerca del mar, pese a
que había informes técnicos y jurídicos desfavorables.
Con la recalificación, el constructor Trinitario
Casanova, amigo personal de consejero de Obras Públicas,
ganó 75 millones de euros.
La denuncia
partió de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse),
Ecologistas en Acción y el PSOE. Tras meses de
investigación, la querella del fiscal se dirige contra
los directores generales del Gobierno de Murcia (PP)
Antonio Alvarado, de Calidad Ambiental, y Manuel Alfonso
Guerrero Zamora, de Vivienda; una ex directora general
del Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector de
Vivienda, José María Ródenas; el jefe de Calidad
Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de
Águilas, Juan Ramírez (PP); y el ex concejal José López.
Fuentes de
la fiscalía aseguran que el número de acusados podría
ampliarse en el juzgado de Lorca, que llevará el caso, y
podrían alcanzar a algún consejero, como el de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, amigo del empresario que
compró los terrenos, Trinitario Casanova. Bascuñana
aprobó en última instancia la reclasificación de la zona
protegida. Además, el ex consejero de Medio Ambiente
Francisco Marqués encargó varios informes ambientales
que, según la fiscalía, se hicieron pasar como
favorables a la reclasificación del paraje, pero cuyos
autores han desmentido que apoyaran la urbanización. En
la zona viven varias parejas de águilas perdiceras y un
centenar de tortugas moras.
El fiscal se
ha decidido a presentar la querella tras tomar
declaración a decenas de funcionarios, directores
generales y políticos en los últimos meses, como el
alcalde de Águilas, Juan Ramírez, quien declaró como
acusado, y altos cargos de las consejerías de Industria
y Medio Ambiente y de Obras Públicas. El que más
expectación generó fue el director general de Calidad
Ambiental, Antonio Alvarado, quien en octubre de 2005
firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto a pesar de que existía un informe desfavorable
del ex director del Medio Natural Carlos Brugarolas.
El informe
contrario era de 31 de agosto de 2004 y provocó la
paralización del proyecto en el ayuntamiento. Más de un
año después, la declaración favorable de impacto
ambiental reactivó el proyecto. La DIA se aprobó con el
visto bueno de la dirección de Calidad Ambiental, pero
con la oposición de la de Medio Natural, ya que los
servicios jurídicos de la consejería atribuyeron la
competencia al departamento dirigido por Alvarado un día
antes de que se firmase el documento.
La persona
que relevó a Brugarolas al frente de Medio Natural,
Encarna Muñoz, firmó en 2005 el informe en el que se
desprotegía la zona basándose en una "corrección
cartográfica" por entender que existían zonas "muy
degradadas" y envió a Bruselas la petición para
desproteger parte de la sierra de la Almenara, donde
está La Zerrichera.
En febrero
de 2006, el director general de Vivienda, Manuel Alfonso
Guerrero, dio el visto bueno definitivo a la
reclasificación. Tras este trámite, el Grupo Inversor
Hispania, de Trinitario Casanova, vendió el suelo y
obtuvo unas plusvalías de unos 75 millones sin poner un
solo ladrillo. Los actuales propietarios son la Caja de
Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa), Riofisa
(participada por Caixa de Cataluña), la empresa C-15 y
el Grupo Lar. El proyecto está paralizado desde que en
abril saltó el escándalo.
www.elpais.es 24.02.07
Valcárcel defiende
"la honorabilidad" de los acusados
El
presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP,
aseguró ayer estar "plenamente convencido de la
honorabilidad de esas personas", las denunciadas por el
fiscal, y añadió que "el tiempo dejará al final a cada
uno en su sitio". Valcárcel aseguró que "es muy difícil
hacer una valoración", ya que afirmó desconocer el
contenido de la querella. Valcárcel siguió ayer la misma
línea que en el resto de denuncias por corrupción al PP
en Murcia: quitar importancia y seguir adelante.
Valcárcel
afirmó que "primero hay que conocer el contenido de la
denuncia, que no deja de ser una denuncia, pero después
hay que determinar, como es natural, si hay o no
consistencia". Valcárcel habló de denuncia, aunque en
realidad se trata de una querella, mucho más
fundamentada y jurídicamente más relevante.
El
presidente regional quitó relevancia a la querella,
aunque reconoció que "parte de alguien cualificado desde
el punto de vista jurídico, como es el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia". "Primero hay
que conocer qué se les imputa, en qué sentido se plantea
la denuncia y cuáles son los delitos que a juicio del
fiscal pudieran ser tales". Posteriormente, relató,
"tienen que ser admitida a trámite por un juez, tiene
que juzgarse y por último fijarse sentencia".
La portavoz
socialista, Teresa Rosique, exigió el relevo "inmediato
y fulminante" del consejero de Obras Públicas, Joaquín
Bascuñana, así como de todos los altos cargos acusados.
Rosique destacó que sin la firma de Bascuñana "lo
anterior no habría servido de nada y, por tanto, es el
máximo responsable en esta actuación".
El
coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, afirmó
que la querella obliga a Valcárcel a dar explicaciones.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y
Ecologistas en Acción consideraron el caso "uno de los
más escandalosos de la desastrosa política contra el
medio ambiente del Gobierno murciano, aunque no es el
único ni el más grave".
www.elpais.es 24.02.07
LA FISCALÍA
INVESTIGA AL GOBIERNO DE MURCIA POR UN 'PELOTAZO' DE 75 MILLONES DE EUROS
El fiscal jefe
de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la
recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que
está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la
investigación del fiscal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el propietario del
grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones de
euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de
Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La
fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno
protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan
Antonio Roca.
La finca La
Zerrichera
está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra protegida
y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de Águilas José
López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos meses después, el
15 de septiembre de 2004, vendió al promotor Trinitario Casanova. El concejal
ganó 1,2 millones de euros y el constructor pagó 30 millones de euros por toda
la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban calificadas como rústicas
y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona
de Especial Protección para las Aves.
El Ayuntamiento
de Águilas aprobó en 2005 la recalificación de la finca para construir 4.100
casas y un campo de golf. El cambio de uso salió adelante con los votos del PP y
de seis ediles del PSOE. Éstos fueron expulsados del partido por apoyar la
recalificación. López dimitió tras publicarse que había ganado dinero en la
venta. A principios de 2006, la Consejería de Obras Públicas aprobó el
expediente y el terreno pasó a ser urbanizable. El consejero de Obras Públicas,
Joaquín Bascuñana, es amigo personal del constructor, según la investigación. La
recalificación contó con el apoyo del entonces consejero de Medio Ambiente,
Francisco Marqués.
Una vez que el
suelo fue recalificado, el empresario lo puso en venta y en marzo de 2006 fue a
parar a manos de la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián), que
desembolsó 105 millones de euros, según consta en documentos de la compraventa.
Así, el beneficio de Casanova fue de 75 millones de euros sin poner un ladrillo
y en sólo dos años.
Paralización
momentánea
El actual
titular de Medio Ambiente, Benito Mercader, ha paralizado momentáneamente la
iniciativa urbanística, hasta que esté aprobado el plan de ordenación de los
recursos naturales de la Sierra de Almenara, que cuenta con una subvención
europea para conservar el águila perdicera.
La paralización
de esta operación ha sido uno de los motivos por los que la Kutxa ha decidido
segregar su filial Inverlur 5005 en varias firmas, ya que en el caso de que La
Zerrichera no se realizara podría suponer un duro revés para la firma matriz. En
otras de sus inversiones en Murcia, las urbanizaciones de Lo Poyo y Novo
Carthago, la Kutxa ha separado las sociedades de los empresarios investigados
por la Operación Malaya.
El presidente
de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, consideró
"extremadamente grave" la recalificación de La Zerrichera y la construcción de
"4.100 viviendas". García criticó que "construir esa cantidad de viviendas donde
anida una de las últimas parejas de águilas perdiceras de Murcia, no sólo va en
contra de la protección de ese espacio natural, sino contra la razón". El
presidente de Anse sostuvo que "en el caso de la recalificación ha habido
prevaricación", por lo que los ecologistas interpusieron un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Por otra parte,
el fiscal jefe de Murcia ha abierto también diligencias informativas sobre la
compraventa de la finca de Lo Poyo (Cartagena) y su posterior recalificación por
parte del Ayuntamiento de Cartagena, del PP. El pasado 6 de octubre, el PSOE
denunció la operación. El fiscal investiga por qué un grupo de empresarios
encabezados por el guipuzcoano Francisco Javier Arteche y los representantes de
la Kutxa compraron un terreno en el que no se podía urbanizar por 213 millones
de euros y que al poco tiempo fue declarado urbanizable a falta de la aprobación
definitiva.
Tras la compra,
la Consejería de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto ambiental de la
urbanización de Lo Poyo y el Ayuntamiento de Cartagena aprobó la modificación
inicial del Plan de Ordenación Urbana que incluye la urbanización de este paraje
del Mar Menor. Según la investigación de la policía en la Operación Malaya de
Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca pagó dos millones de euros por la
compraventa de los terrenos de Lo Poyo.
La asamblea
general de la Kutxa de hoy tendrá como centro de atención las inversiones que la
entidad financiera ha realizado en Lo Poyo y en La Zerrichera y la posible
relación con la Operación Malaya. El grupo de consejeros del Partido Socialista
de Euskadi pedirá una explicación al presidente de la caja, Carlos Etxepare,
para que aporte "una información clara y franca sobre la implicación de la Kutxa
en los proyectos inmobiliarios con la llamada trama de Marbella".
Relación con
Roca
También pedirán
que explique la política de inversiones inmobiliarias, al frente de la cual ha
aparecido en numerosas ocasiones Francisco Javier Arteche, Luis María Maya y
Agustín Aguirre. Estos dos empresarios, que encabezan más de 200 sociedades,
pagaron dinero al cerebro del urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, según
confesó este último ante el juez Miguel Ángel Torres.
Además, según
el sumario de la Operación Malaya, Montserrat Corulla Castro, considerada por el
juez como la principal testaferro de Roca, era beneficiaria de la tarjeta visa
Oro de la Kutxa de la empresa Aguirene. Esta empresa es propiedad de los
empresarios Luis María Maya y Agustín Aguirre, dueños al 50% de los proyectos
urbanísticos de Lo Poyo y Novo Carthago (9.000 viviendas y un campo de golf) en
el municipio de Cartagena. Mientras que en Lo Poyo la recalificación está en
trámite, las obras de la urbanización Novo Carthago ya han comenzado.
LOS AMIGOS, EN
LOS TOROS
El consejero de
Obras Públicas de Murcia, Joaquín Bascuñana (izquierda), comparte merienda con
el promotor Trinitario Casanova en una corrida de toros en Murcia en 2005.