BARBERÁ SE NIEGA A
ACLARAR LA COMIDA CON NÓOS EN LA ZARZUELA
La alcaldesa insiste: "Yo no he firmado nada, ni he decidido nada”
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se negó este jueves a
aclarar su grado de participación en la comida celebrada en el
palacio de La Zarzuela con Francisco Camps, el duque de Palma Iñaki
Urdangarin y su socio Diego Torres en el Instituto Nóos. Una reunión
celebrada en enero de 2004 y que sirvió para preparar la
adjudicación a dedo de contratos millonarios al Instituto Nóos,
según la información que ha facilitado Diego Torres al juez José
Castro de Palma de Mallorca.
Barberá argumentó que las informaciones sobre el almuerzo mantenido
en el palacio de La Zarzuela “son estrategias de defensa en las que
yo no entro”.
Para la primer edil del Ayuntamiento de Valencia se ha generado una
buena “cantidad de confusión” respecto al citado encuentro. “Debo
tener el don de la ubicuidad porque puedo haber estado en tres o
cuatro sitios a la vez el mismo día”, ironizó la alcaldesa.
Rita Barberá evitó dar ningún detalle del encuentro desvelado por
Diego Torres. “Serenidad, tranquilidad y lo de siempre: Yo no he
firmado nada, ni he decidido nada”. “Por lo tanto, señores, muchas
gracias”, se despidió de los periodistas que la habían abordado en
los pasillos de las Cortes.
Más tarde fue interpelada en el Ayuntamiento, durante la
presentación de un libro, pero se negó a seguir respondiendo a las
mismas preguntas. En la Corporación municipal, Barberá sí aceptó dar
su opinión sobre las manifestaciones del expresidente del Gobierno
José María Aznar a Antena 3, informa Pilar Almenar. Interpelada
sobre si le parecían desleales las declaraciones de Aznar, Barberá
dijo: “Lo que está diciendo claramente es que mi partido es un
partido con un enorme respeto por la libertad de las opiniones, que
tenemos un banquillo muy importante y que todas las aportaciones son
positivas. Pero yo no lo llamaría ni mucho menos deslealtad.
¡Faltaría más!”.
La alcaldesa indicó que no tiene por qué plantearse si Aznar va a
regresar a primera línea política. “No viene al caso”, dijo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/valencia/1369305211_011473.html
EL JUEZ CASTRO INVESTIGA LA REUNIÓN EN LA ZARZUELA DEL DUQUE CON
CAMPS Y BARBERÁ
El instructor quiere saber qué día se celebró el encuentro y si se anotaron
visitas en el registro
El juez José Castro quiere saber más de la supuesta reunión celebrada en La
Zarzuela en marzo de 2004 entre Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, el
entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El encuentro, según Torres, sirvió para
cerrar los acuerdos de colaboración entre el Instituto Nóos y la Administración
valenciana. Camps ha negado que tal reunión se hubiera producido y Barberá evita
comentar detalles de su relación con Urdangarin.
Al reactivar esta línea de investigación, el juez pretende atar, con todos los
detalles posibles, la supuesta cita de negocios del yerno del Rey en
dependencias de La Zarzuela. Torres aseguró en su declaración ante el magistrado
el pasado 15 de febrero que esa reunión había tenido lugar en marzo de 2004. Y
ahora el juez le pide que dé datos concretos: la fecha exacta del encuentro, la
hora, el número de asistentes, si la cita coincidió con algún acto oficial, si
la entrada de todos los asistentes quedó registrada en el control de seguridad y
si llegaron juntos a la residencia del Rey.
De momento, el juez solicita esta información al imputado Torres. Cuando este le
habló de esa supuesta reunión, el magistrado anotó que podría requerir la
confirmación de esa cita a través del libro de registro de seguridad y visitas
de La Zarzuela, aunque después lo descartó. El instructor ya indagó con otros
colaboradores de la Casa del Rey —en la causa está imputado el secretario de las
Infantas, Carlos García Revenga, y fue citado como testigo el asesor legal del
Monarca, José Manuel Romero— sobre la existencia de un listado de visitantes en
La Zarzuela.
El control de seguridad de la residencia del Rey registra todas las entradas y
salidas al complejo. Camps y Barberá han estado en varias ocasiones en el
palacio. De momento, el juez Castro ha optado por solicitar a Torres y no a la
Casa del Rey información sobre esa posible visita de los mandatarios
valencianos.
El Instituto Nóos logró hasta 3,5 millones de euros públicos de la Comunidad
Valenciana para financiar tres ediciones del Valencia Summit y para preparar
unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.
El juez Castro enviará probablemente la rama valenciana de la causa que instruye
al tribunal superior de aquella comunidad.
Urdangarin celebró en 2003 otra reunión de negocios en la residencia de verano
de la familia real, el Palacio de Marivent, en Palma. Jugó al pádel y abordó
proyectos de mecenazgo con el que entonces era presidente de Baleares, Jaume
Matas, del PP. Cuando esta cita se hizo pública, Matas la negó, pero Urdangarin
y otros dos asistentes la ratificaron.
El Instituto Nóos obtuvo 2,3 millones de euros del Gobierno balear por la
organización de dos ediciones del Illes Balears Forum y la gestión del
patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Matas aseguró que llegó a acuerdos
con Urdangarin por ser quien era y porque no podía decirle no.
En la providencia del juez Castro, fechada el 7 de mayo —el mismo día en que la
Audiencia de Palma suspendió la imputación de la infanta Cristina—, pero
conocida este jueves, el magistrado detalla que ha incorporado al proceso las
diez últimas declaraciones de la renta de Urdangarin y de la Infanta, aunque
estas últimas no se incorporarán a la causa porque están pendientes de la
resolución de varios recursos. Además, el juez autoriza a Hacienda para que
recabe en tres bancos de España datos vinculados a las cuentas en Suiza de Diego
Torres.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368102152_325644.html
EL JUEZ CASTRO
TAMBIÉN INVESTIGARÁ LOS TRATOS DE NÓOS EN VALENCIA
La Audiencia de Palma avala que haya un solo instructor del ‘caso Urdangarin’
El juez José Castro se queda definitivamente la investigación de la rama
valenciana del caso Nóos (los contratos de Iñaki Urdangarin y su socio, Diego
Torres, con el Gobierno de Francisco Camps). “En definitiva, es él quien
instruye la causa”, se afirma un auto de la audiencia conocido este viernes, en
el que se subraya que todos los hechos bajo pesquisa “tienen conexión fáctica
[el supuesto desvío de fondos] y personal [el yerno del Rey y su socio]”. Esos
dos los dos principales argumentos con los que el tribunal avala de nuevo la
competencia del juez Castro para seguir indagando desde Palma el presunto desvío
de fondos públicos desde la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia
hacia el Instituto Nóos.
La Audiencia resuelve un recurso que plantearon tres ex altos cargos políticos
imputados del PP valenciano para que la rama que les afecta pasara a manos de un
juez de su comunidad. La sala afirma que “comparte lo resuelto por el juez” al
rechazar las pretensiones de esos implicados para que Castro “declinase la
competencia” de manera parcial. La Audiencia observa que está “debidamente
fundamentada” la “relación de conexidad” entre los hechos sospechosos ocurridos
en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
El ya llamado caso Urdangarin ha requerido una “complicada investigación” que no
debería dispersarse en otros juzgados, alega la Sala para rechazar los recursos
del exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; el
exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Manuel Aguilar
y la exletrada de este organismo María Ángeles Mallent, todos imputados.
Los tres magistrados observan que la instrucción “es revisable” pero dan por
bueno el criterio del juez en este punto, como en las anteriores ocasiones en
las que los imputados le han cuestionado. La última vez fue cuando Urdangarin
quiso evitar que la Agencia Tributaria “desvelara el velo” sobre su presencia en
la trama de sociedades de Nóos.
La Audiencia de Palma recalca que las decisiones del juez de mantener en una
sola causa las investigaciones sobre la supuesta malversación de fondos públicos
están fundamentadas y razonadas y se ha verificado que existe relación entre
ambas ramas de un mismo núcleo. Los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez
Vidal y Eleonor Moyá afirman que los hechos tienen “conexión personal y fáctica”
y que se “cumplen todos los requisitos legales”.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción indagan desde hace más de dos años la
supuesta malversación de casi seis millones de caudales públicos: 2,3 millones
del Gobierno de Baleares por las dos ediciones del Illes Balears Fórum
(2005-2006) y 3,5 millones de las instituciones valencianas por los tres
Valencia Summit (2004-2006), así como las partidas destinadas a los fallidos
Juegos Europeos.
El juez Castro desplegó una lista de “significativas coincidencias” entre los
negocios urdidos por Urdangarin y Torres en Valencia y en Baleares y rechazó
tener “un afán instructor imperialista” al querer retener la rama valenciana. La
Fiscalía y Abogacía de la Comunidad de Baleares avalaron aquella acción del juez
instructor. La sala tiene ahora pendiente de decidir, antes del próximo día 20,
sobre la vigencia o posible revocación del auto del juez en el que imputó a la
infanta Cristina.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/03/actualidad/1367577137_062499.html
VALENCIANATURISMO
VALENCIA TRABAJÓ PARA NÓOS MESES ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO
Los preparativos se adelantaron al coincidir dos eventos,
explicó su subdirector, Jaume Mata
Jaume Mata, subdirector de la Fundación Turismo Valencia
Convention Bureau, reconoció en su última comparencia ante el
juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, que al menos
tres meses antes de que se firmara el convenio con el Instituto
Nóos para organizar la primera edición de la Valencia Summit
este organismo estuvo trabajando con agencias de viajes en el
alojamiento (entre 100 y 125 habitaciones) y las invitaciones al
evento.
“Hicimos esas previsiones, esos preparativos (...). Con
antelación hay que invitar a los ponentes, los conferenciantes,
hay que tener todo preparado. (...) Estábamos trabajando en un
congreso que se iba a celebrar, lo que faltaba era formalizar
ese convenio de colaboración. Después se firmó, pero nosotros ya
estábamos trabajando”, declaró. Mata justificó la premura con
que en esas mismas fechas en las que se iba a celebrar la cumbre
se celebraban unas regatas en Valencia.
El subdirector de Turismo Valencia admitió, como se reflejaba en
un correo que le remite el empleado de Nóos Juan Pablo Molinero
en junio de 2004, que desde primavera estaban trabajando “con
todos esos preparativos” por indicación del director, José
Salinas, y que ya en esas fechas el precio de la cumbre “venía
en la propuesta, estaba aprobado”.
El fiscal inquirió a Mata sobre la contradicción de que en la
firma del convenio figure la fecha del 8 de septiembre y que en
un correo del 17 de septiembre Molinero se quejara al
subdirector de Turismo de que estaban “a un mes de la cumbre y
todavía no hay contrato firmado”. Mata aseguró no recordar, pese
a que contestó ese correo.
Asimismo, el fiscal le pidió que aclarara el correo que mandó a
Molinero el 31 de agosto de 2004, en el que revelaba que el
papel de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue decisivo en
estos eventos. Mata relataba a Molinero que la alcaldesa aún no
había regresado de vacaciones por lo que no había podido
“despachar con ella los temas pendientes relativos a la Valencia
Summit”. El subdirector, tras un intrincado circunloquio, se
imaginó que “debía tratarse de todos los actos institucionales,
de presentación a la opinión pública y a los medios de
comunicación”, que había que “trasladar a las entidades, a las
instituciones, a las empresas”. Barberá niega sistemáticamente
que ella haya decidido nada relacionado con la Valencia Summit,
una cumbre según ella decidida por Turismo Valencia como
organismo privado.
El juez acepta la personación del PSPV en el 'caso Nóos'
El juez del caso Nóos, José Castro, ha aceptado la personación
como acusación particular colectiva de los concejales
socialistas en el Ayuntamiento de Valencia en su doble condición
de representantes de una parte de los ciudadanos afectados por
el presunto mal uso de caudales públicos y por estar obligados a
la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación
municipal. El magistrado Castro instruye un caso de posible
desvío de fondos públicos de la Generalitat valenciana y el
Consell balear al Instituto Nóos, que dirigían el duque de Palma
y su socio Diego Torres, por la organización de varios eventos.
La Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que gestiona la
promoción turística de la capital, rechazó en su día la
personación penal ofrecida por Castro y optó por reclamar
responsabilidades civiles al Instituto Nóos, organizador de los
tres congresos Valencia Summit sobre deporte y ciudad en 2004,
2005 y 2006, si al final del proceso hay condena. Se trata de
una fórmula similar a la ejercida por la Generalitat y la Ciutat
de les Arts i les Ciències (CACSA) contra los responsables de
Nóos sin pedir responsabilidad penal.
Turismo Valencia, que se nutre básicamente de dinero público,
gastó sin mediar ningún concurso público al menos 1,35 millones
de euros en estos eventos, cantidad que Esquerra Unida eleva a
dos millones de euros. Un informe del Tribunal de Cuentas
considera que Valencia Convention Bureau “como integrante de ese
sector público local” por la “dependencia económica” del
Ayuntamiento de Valencia, por lo que debió ajustarse a las
limitaciones y requisitos de contrato que afectan al sector
público.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de
Valencia, Joan Calabuig, destacó ayer que la personación
“permitirá aclarar dónde fue a parar el dinero de los
valencianos y las valencianas”. Calabuig insistió en que si la
alcaldesa Barberá “realmente estuviera preocupada por lo que ha
sucedido, habría tomado la iniciativa de personarse para
defender los intereses y los recursos públicos”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/valencia/1366825029_825040.html
BARBERÁ ACUSA A LA IZQUIERDA DE
“DESEAR” SU IMPUTACIÓN EN EL ‘CASO NÓOS’
La alcaldesa de Valencia insiste
en que no firmó los convenios con el instituto de Urdangarin
Compromís y EU ven cercana la
imputación de Barberá y Camps
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha
acusado este viernes a la “izquierda política, mediática y sus
derivados” de “desear”, no solo que sea imputada en el caso Nóos, sino
que sea condenada “no por la ley, sino de tertulia” y ha asegurado que
los juicios populistas “están fuera de la democracia y la Constitución”.
A preguntas de los periodistas sobre
la imputación de la infanta Cristina y el recurso de la Fiscalía
contra esa decisión, la alcaldesa ha asegurado que no iba a comentar
nada porque no la conocía y no afectaba a su responsabilidad.
Barberá ha querido “subrayar,
evidenciar, resaltar el deseo, la avidez, la pretensión, el morbo y
la esperanza de la izquierda política, mediática y sus derivados” de
que no sólo sea imputada “sino ya condenada de tertulia no por la
ley”.
Además, ha criticado que la izquierda,
por el hecho de que se haya imputado a alguien, dé “por seguras
imputaciones a terceras personas que ellos desean sin tener
responsabilidad sino su propio deseo populista de faltar a la
división de poderes”. “Cada uno es responsable de sus propios actos
y solo de sus propios actos, no es responsable colateralmente de
actos que se imaginan otros de los demás”, ha defendido.
Barberá ha reiterado que no ha votado,
firmado, ni decidido “nada” relacionado con el caso Nóos y ha
repetido que las jornadas Valencia Summit que organizó el instituto
en la ciudad se llevaron a cabo con la presencia de importantes
personalidades y las decidió la Fundación Turismo Valencia como
organismo privado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/05/valencia/1365187413_155598.html
URDANGARIN COLOCA A CAMPS Y BARBERÁ AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN
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El yerno del Rey admite los contratos a dedo que le dieron los
dos dirigentes del PP
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El juez, en su auto: “Los convenios no fueron otra cosa que la
forma arbitraria de vestir el santo”
Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y
diputado autonómico, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y
diputada autonómica, están a un paso de ser imputados en el caso
Nóos por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del
instituto que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio
Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006.
Como ambos políticos del PP son aforados, si el juez Castro
entendiera finalmente que hay indicios suficientes contra ambos
dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación
referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal
Superior de Justicia de esa autonomía.
La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado
23 de febrero, cuya trascripción adelantó ayer la edición digital
de EL PAÍS, coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en
situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya
imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo
que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos
Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa
comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá,
que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin
concurso público alguno.
“Me reuní en Valencia con Francisco Camps. Había una idea sobre
los Juegos Europeos y les explicamos lo que se podía hacer, si había
una oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”, declaró
Urdangarin. El duque de Palma aseguró que no recordaba las fechas de
aquella decisión pero que tras salir de la reunión con Camps
empezaron a trabajar en el proyecto de los Juegos Europeos. Este
proyecto nunca se llevó a efecto, pero Nóos giró a la Comunidad
Valenciana facturas por 382.000 euros por una serie de estudios para
su realización. Según la investigación judicial, estos documentos
preliminares valían mucho menos y de hecho, la Generalitat
Valenciana llegó a devolver al instituto de Urdangarin más de 100
facturas por valor de dos millones de euros.
Urdangarin también relató al juez cómo presentó a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, su proyecto para organizar en esa ciudad un
evento, el Valencia Summit. “Hubo reuniones en Valencia con la
alcaldesa y con el señor Camps para explicarles el proyecto. En la
alcaldía debió ser, o en una comida, no lo recuerdo ahora. Y con el
señor Camps pues también en algún momento en su despacho o donde
fuese. Les expusimos ideas para aprovechar que el evento deportivo,
el America’s Cup tuviese el máximo rendimiento en Valencia (...) Le
propusimos la creación de un foro de discusión donde personas
multidisciplinares de distintos puntos de vista pudiesen aportar
ideas, proyecto y experiencia sobre otros grandes eventos deportivos
que habían existido en el mundo y que Valencia se pudiera nutrir de
ese conocimiento y aplicarlo”, explicó Urdangarin. “En esas
reuniones [con Camps y Barberá] se concretó la creación de un
Valencia Summit, entiendo”, señaló.
Apremiado por el fiscal, el yerno del Rey acabó reconociendo que
se puso a trabajar en la organización de los eventos antes incluso
de que se firmase el convenio, algo que ocurrió mucho después de su
reunión con Barberá y Camps, ambos del PP.
El juez Castro apuntaba en un auto del pasado 30 de enero, donde
aceptaba la petición de fianza que había hecho la fiscalía, que los
convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos “no fueron
otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única
finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto
Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor
Urdangarin”.
En ese auto, acusaba a la Comunidad Valenciana durante el mandato
de Francisco Camps y al ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita
Barberá, de incurrir en “transgresiones palmarias” de la ley, y de
prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o
negociado”, lo que les hacía merecedores “del más intenso reproche
ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber
que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los
fondos públicos que les han sido confiados”.
Pese al duro alegato, el juez Castro aún no ha tomado la decisión
de inhibirse y enviar una pieza separada al Tribunal Superior de
Justicia de Valencia para que se impute a Camps y a Barberá, que
mantienen silencio sobre estos contratos adjudicados al Instituto
del yerno del Rey. El juez considera nulos de pleno derecho los
convenios firmados por la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de
Valencia con Nóos y asegura que los culpables de esa situación no
son solamente Urdangarin y Torres, los beneficiarios del negocio.
“Deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la
que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene
encomendada su gestión”, remachó el juez en alusión a los dirigentes
políticos.
LA ALCALDESA Y EL EXPRESIDENTE CALLAN
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos,
aseguró en su declaración ante el juez José Castro, el pasado 16 de
febrero, que él y Urdangarin negociaron en marzo de 2004 con el
entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la celebración de los Valencia
Summit en un almuerzo en la Zarzuela.
Solo unas horas después, fuentes del entorno de Camps
desmintieron a través de una agencia de noticias lo dicho por
Torres. En el comunicado, estas fuentes calificaron de falsas las
palabras del exsocio del duque de Palma.
La alcaldesa valenciana no ha querido confirmar ni desmentir la
reunión en la residencia real, simplemente ha eludido la cuestión.
“No voy a entrar en estrategias de culpar o defender, que son
intereses de parte”, declaró hace unos días sin aclarar si negoció o
no en Zarzuela este foro sobre eventos deportivos, que costó a las
arcas públicas valencianas más de tres millones de euros.
Barberá se ha limitado a repetir estos días que no firmó ningún
convenio [para la celebración del foro] ni votó nada relacionado con
los Valencia Summit y ha redirigido todas las preguntas a la Turismo
Valencia Convention Bureau, la fundación municipal que suscribió el
convenio con Nóos. Barberá ha declarado que en sus 22 años al frente
del Ayuntamiento de Valencia ha visto “muchas veces” a miembros de
la familia real.
En su declaración ante el juez, Urdangarin negó la reunión
preparatoria de la cumbre Valencia Summit.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/04/actualidad/1362425678_755447.html?rel=rosEP
BARBERÁ SE NIEGA A ACLARAR CUÁL FUE SU RELACIÓN CON URDANGARIN EN
LOS SUMMIT
La alcaldesa de Valencia insiste en que no firmó el convenio de
los Summit con Urdangarin
El PP agrupa el debate de los casos Nóos y Over Marketing en las
Cortes Valencianas
“Ni he firmado ni he votado ni he dado a dedo nada al Instituto
Nóos”, ha declarado esta mañana la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, al ser preguntada por la declaración de Iñaki Urdangarin al
juez que instruye el caso Nóos José Castro el pasado 23 de febrero.
La regidora se ha enrocado en que no adjudicó ningún contrato,
cosa cierta, porque formalmente lo hicieron la Ciutat de les Arts i
les Ciències (CACSA), en nombre de la Generalitat, y Valencia
Convention Bureau, en el del Ayuntamiento, pero no ha respondido a
lo declarado por Urdangarin, que señala al expresidente valenciano
Francisco Camps y a Barberá como los impulsores de que el Instituto
Nóos se adjudicara a dedo posteriormente la organización de los
Valencia Summit o la preparación de la candidatura a los Juegos
Europeos.
La declaración del duque de Palma coloca a la alcaldesa de
Valencia y al expresidente valenciano en situación similar a la del
expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos.
“Es lo mismo que pasó hace una semana. Estamos en el reestreno,
en la sesión continua, y ya respondí. Y como es la segunda versión
de lo mismo, voy a responder lo mismo”, ha comentado la regidora.
Barberá ha insistido en que fue Valencia Convention Bureau, una
fundación que se alimenta fundamentalmente de fondos públicos
municipales, quien tomó la decisión de hacer los Summit. “Es una
fundación privada, de carácter privado”, ha subrayado la alcaldesa
escudándose en que en la fundación trabaja también para socios
privados.
“Por lo demás, repito que no voy a entrar en estrategias ni de
defensa ni de acusación, que son parte interesada. No tengo nada más
que decir”, ha agregado. Y ha continuado: “Por medio, solamente se
ha conocido otra información por ahí que decía que no veían indicios
de delito. Quizá sea una media vuelta de tuerca más. Y ya está”.
Por último, la regidora ha ironizado acerca de que "un
periódico", en alusión a EL PAÍS, la haya convertido en “primera
figura nacional”. “Hay un medio que me ha convertido en primera
figura nacional, mucho más importante que la salud del Rey, mucho
más importante que Cataluña, mucho más importante que otros temas”,
ha subrayado.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha declarado que
está “seguro” de que “todo lo que hicieron Barberá y Camps fue
dentro de la ley. “Tanto la alcaldesa como el expresidente Camps en
todo momento hicieron lo posible para que el nombre de Valencia y la
Comunidad Valenciana fuera conocido por cuantas más personas mejor”.
Según el presidente del Consell, "todo lo que hicieron, estoy seguro
de que lo hicieron dentro de la ley porque sobre todo lo que tienen
es mucho compromiso con la gente y con el territorio”.
Todos los grupos de la oposición se han referido a la situación
de Francisco Camps y Rita Barberá, al borde de la imputación en el
caso Nóos. “Es de una lógica inapelable”, ha dicho Blanco, de EU.
“Son personas plenamente involucradas en el caso y esperamos que
tengan que responder ante la justicia”. “Eran los padrinos políticos
de Urdangarin”, ha añadido.
Enric Morera, de Compromís, indicó que si la imputación de Camps
y Barberá no se ha producido es “porque el juez Castro todavía no ha
decidido abrir una pieza separada”. Rafael Rubio, del PSPV-PSOE , ha
recordado que el grupo municipal socialista, que encabeza Joan
Calabuig, ha decidido personarse en el caso Nóos, lo que permitirá
calibrar la situación con más información. “No tengo elementos”, ha
comentado, “pero es cierto que algo no pinta bien”.
Comisiones de investigación
La oposición ha ironizado a continuación con la decisión del PP
de agrupar el debate, para el pleno de la semana que viene, de
cuatro peticiones de comisión de investigación relativas a los casos
Nóos y Over Marketing. “Han dicho que están relacionados”, ha
señalado a la salida de la Junta de Portavoces el diputado de EU
Ignacio Blanco, quien ha resaltado que los dos casos “solo comparten
el mismo juez”, pero uno se refiere a la supuesta financiación
ilegal del PP y el otro a los convenios con el instituto de Iñaki
Urdangarin. “pretenden limitar los daños políticos de un debate que
escuece mucho en el seno del PP”, ha concluido Blanco.
También Enric Morera, de Compromís, se ha referido al tema al
señalar que el caso Over Marketing afecta a la financiación del PP ,
mientras que Nóos es “un traje a medida para saquear fondos
públicos”. Si, en efecto, están relacionados, la investigación del
juez José Castro, ha señalado el portavoz de Compromís, “puede tener
una derivada muy interesante”.,
El diputado socialista Rafael Rubio, en funciones de portavoz, ha
insistido. “Si el PP tiene algún indicio de conexión debería
decirlo”, ha comentado, aunque ha vaticinado que, en realidad, la
hipótesis “más plausible” sobre la decisión e agrupar el debate
obecede a la intención de generar un “totum revolutum” para tratar
que el ambiente de corrupción “escampe cuanto antes”.
Jorge Bellver, portavoz parlamentario del PP, ha criticado que la
oposición lleva planteadas 67 iniciativas para crear comisiones de
investigación esta legislatura cuando en la anterior sólo hubo
cinco. Según el diputado, los casos Over Marketing y Nóos ya se han
tratado conjuntamente en comisión y ha criticado a Ignacio Blanco
por ignorarlo.
En el Consistorio que preside Rita Barberá, el portavoz
socialista municipal Joan Calabuig ha emplazado a la alcaldesa que
aclare si Urdangarin ha mentido o es cierto que ella impulsó que se
dieran contratos a dedo a la Fundación Nóos para la organización de
los Valencia Summit.
"Como mínimo es imprescindible que Barberá dé una explicación de
manera inmediata a los valencianos de cuyos impuestos salieron los
cerca de dos millones de euros que recibió Nóos", ha agregado.
Amadeu Sanchis, portavoz dl grupo de EU, aseguró que cada nueva
información "reafirma nuestra petición de la creación de una
comisión de investigación que aclare todas estas irregularidades".
El portavoz del grupo municipal Compromís, Joan Ribó, ha acusado
a la alcaldesa Rita Barberá de "hacer el ridículo" y le ha animado a
"contar todo lo que sabe" del 'caso Nóos' "caiga quien caiga" y
"lleve por delante a quien sea". A su juicio, Barberá "se encuentra
acorralada y en el peor momento de su carrera política a la espera
de que la Fiscalía se pronuncie" sobre si debe ser imputada en el
caso que se investiga en los juzgados de Palma.
Así lo ha indicado en un comunicado tras conocerse la última
declaración del Duque de Palma, en la que admitió que los trabajos
del Instituto Nóos que presidió para el Valencia Summit, que se
celebró de 2004 a 2006 en Valencia, empezaron antes de que se
firmara el convenio.
Ribó ha recalcado que su grupo se cree la versión de Barberá de
que no firmó "nada", pero ha subrayado que no se puede creer "en
ningún caso, que ella no ha tenido nada que ver con el derroche de
millones de euros del caso Nóos". "Se puede no firmar nada y, en
cambio, ser la principal responsable del contrato, para el final,
era ella quien aparecía en las fotos junto al señor Urdangarin y no
el presidente de la Fundación Turismo Valencia y vicealcalde", en
referencia a Alfonso Grau.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/valencia/1362487692_375940.html
RITA BARBERÁ SE ENROCA Y NIEGA SU RELACIÓN CON LOS VALENCIA
SUMMIT
Rita Barberá comparecía por primera vez en público desde que
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, declarase el sábado al
juez que instruye el caso Nóos que negoció con ella y el
expresidente Francisco Camps el Valencia Summit durante una comida
celebrada en la Zarzuela en 2004. “No voy a entrar en estrategias
premeditadas de defensa o acusación de casos que ya están en los
juzgados. Porque responden a intereses de parte”, dijo este
miércoles sin aclarar si estuvo o no en la residencia real con el
duque de Palma y su entonces socio.
No negó la regidora el honor “de que los Reyes me hayan invitado
a la Zarzuela. Un honor que espero que siga”, agregó sin ocultar su
excelente relación con la Casa Real. Y añadió que a lo largo de sus
más de 20 años de vida pública ha conocido a muchas personalidades
del mundo de la política, de la judicatura o de los empresarios y
algunas de ellas se han visto apartadas de su carrera, y puso de
ejemplo al juez Baltasar Garzón o al socialista José Blanco.
Con sutilidad, la regidora desacreditó la declaración de Torres
—el próximo sábado comparecerá ante el juez Urdangarin—. “Yo no soy
abogada, pero puede que una persona que está imputada, mienta, pueda
decir lo que quiera. Yo no entro en esa estrategia, aunque se me
compare con un avestruz o con una paloma mensajera”, reiteró.
Sobre las informaciones que la sitúan como parte activa y
supervisora del convenio suscrito en 2004 entre el Instituto Nóos,
CACSA y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Barberá
echó mano del argumentario mil veces repetido. “No he firmado ni un
solo convenio ni he votado nada en ningún punto ni en ningún lugar.
La fundación es de naturaleza privada, lo dicen los servicios de la
Intervención General del Estado. Y, por tanto, esta casa [en alusión
al Ayuntamiento de Valencia] no ha tomado ninguna decisión al
respecto. Les guste o no”.
Una vez más, la regidora acusó a la izquierda de intentar
desgastarla políticamente con casos como este. “La izquierda está
prácticamente derrotada y tiene una impotencia importante. Lo único
que quieren es apartarme de aquí [de la alcaldía]“, arremetió. Los
grupos de la oposición piden desde hace meses al Gobierno local que
explique su papel es escándalos como Emarsa o Nóos sin ningún éxito.
El PP ha aplastado con su mayoría absoluta cualquier iniciativa del
PSPV, Compromís o EU.
A diferencia de la Generalitat Valenciana, que se ha personado en
el caso Nóos, la Fundación Turismo Valencia no lo ha hecho y
esperará a una condena en firme para pedir, si procede,
responsabilidades civiles a los condenados.
Y se despidió con su expresión de siempre: “Las cosas son como
son y no como les gustaría a algunos. Las dudas que tengan [sobre el
Valencia Summit] se las preguntan a la fundación Turismo Valencia”.
El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas solicitó una
comisión de investigación sobre el caso Urdangarin. La propuesta
justifica la petición en que la existencia de representantes
públicos valencianos implicados en la trama corrupta perjudica
gravemente la imagen de la Comunidad Valenciana y causa alarma
social. Esquerra Unida también es partidaria de investigar en el
Parlamento las posibles responsabilidades políticas de la
Generalitat en el caso Nóos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/valencia/1361386977_479864.html
Los correos de Nóos
revelan que Barberá fue decisiva en los Valencia Summit
La alcaldesa de Valencia niega que sea la organizadora de los
eventos
El intercambio de correos entre un antiguo empleado del Instituto
Nóos, Juan Pablo Molinero, y el entonces director de gabinete del
Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata, revela el protagonismo de la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la organización del congreso
Valencia Summit en su primera edición de 2004, que se celebró entre
el 27 y el 29 de octubre. La alcaldesa ya había sido señalada el
sábado por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en su
declaración al juez, al que dijo que ella había acudido a una
reunión en el palacio de la Zarzuela junto al entonces presidente
Francisco Camps para negociar la organización de ese evento con él y
el duque de Palma.
Barberá apenas ha dado explicaciones sobre las tres ediciones de
estos foros, por los que, según el juez, Nóos ha cobrado de la
Administración valenciana al menos 3,5 millones de euros, así como
por la preparación de la candidatura de los Juegos Europeos, que no
llegó a presentarse. De forma sistemática, el Ayuntamiento y la
Generalitat valenciana han puesto toda clase de impedimentos a la
oposición para dar información sobre los convenios, alegando que la
responsable de la organización de esos encuentros era Valencia
Convention Bureau, una fundación que no es pública porque no
gestiona exclusivamente fondos municipales.
Vicealcalde Grau: “Lo que no descarto es que me puedan haber timado”
Pero la presencia de Barberá en la Valencia Summit no se limitó a
acudir a los actos, según los correos electrónicos cruzados. En el
verano de 2004, Molinero remite a Mata la presentación en PDF del
funcionamiento y desarrollo de ese encuentro internacional que,
según Urdangarin convertiría a Valencia en “el Davos del deporte y
las ciudades”. El convenio contemplaba una aportación al Instituto
Nóos de 900.000 euros y el contrato tenía que ser firmado por el
presidente de la Fundación Valencia Convention Bureau (FVCB), que se
encontraba de vacaciones.
Nóos barajaba la idea de “que se escenifique una firma protocolaria,
con luz y taquígrafos, que llevaría a cabo la alcaldesa (presidenta
de honor de FVCB), aunque el contrato se firme mediante cruce de
envíos los primeros días de septiembre”. A principios de agosto,
Molinero envió a Mata, cuyo departamento se integraba en la
fundación, la versión final del convenio y le explicó la idea de
hacer un acto oficial para presentar la firma para “simplemente
salir en la foto” y “sin responder a preguntas de presupuesto”.
En su respuesta, Mata le remite la versión final del documento y le
anuncia que “probablemente” al día siguiente remitirá el documento
firmado. Pero el acto público de la firma, le advierte, tiene que
“ser consultado con las autoridades”. Sin embargo, las cosas parecen
torcerse durante las semanas siguientes. Ante la presumible
insistencia de Molinero (faltan esos correos) por el atasco del
convenio, Mata le contesta el 31 de agosto: “La alcaldesa aún no se
ha incorporado, por lo que no se han podido despachar con ella los
temas pendientes relativos a la Valencia Summit, y confiamos poder
tener novedades antes de la próxima semana”.
El PSOE niega que Blanco acallara en Valencia preguntas sobre el
congreso
El correo de Mata, remitido al juez que instruye el caso Nóos por el
exsocio de Urdangarin, Diego Torres, pone de relieve que la
participación de Barberá en la toma de decisiones de la Valencia
Summit era activa. Además, el Tribunal de Cuentas considera que
Valencia Convention Bureau, por la “dependencia económica” del
Ayuntamiento de Valencia, “debería llevar a considerarla como
integrante de ese sector público local”, y, por consiguiente,
“ajustarse a las limitaciones y requisitos de contrato que afectan
al sector público”.
La alcaldesa de Valencia no tenía ayer agenda pública. Pero el
vicealcalde, Alfonso Grau, sí habló de la declaración de Torres y el
supuesto encuentro en La Zarzuela: “Hasta donde yo sé, esa comida no
se produjo”. Grau, que también preside Valencia Convention Bureau,
añadió: “Tengo la tranquilidad absoluta de haber actuado con arreglo
a derecho, y lo que no descarto es que me puedan haber timado, por
eso he pedido que, si nos han timado, nos devuelvan el dinero”. Ayer
el PSOE también negó que el exministro de Fomento José Blanco
ordenara a los socialistas valencianos que no preguntaran en el
Parlamento autonómico sobre la Valencia Summit, como apuntaba otro
de los correos entregados al juez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/18/valencia/1361216676_121953.html?rel=rosEP
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESMONTA LA
DEFENSA DE BARBERÁ EN EL ‘CASO NÓOS’
La fundación que contrató a Urdangarín
forma parte del sector público local
El Tribunal de Cuentas ha desmontado la
defensa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el caso
Urdangarin. Barberá ha intentado mantener alejado el escándalo de
los cerca de dos millones de euros que la fundación municipal
Turismo Valencia Convention Bureau concedió al Instituto Nóos del
yerno del Rey, sosteniendo que se trata de una entidad privada
separada del Ayuntamiento, a pesar de que la preside su número dos,
el vicealcalde Alfonso Grau.
El Tribunal de Cuentas, órgano
fiscalizador del sector público, echa por tierra esa teoría al
señalar en un informe fechado el 23 de febrero de 2012 que la
"dependencia económica" de la fundación respecto al Gobierno de
Barberá, "debería llevar a considerarla como integrante de ese
sector público local". Su actividad debería ajustarse, añade, a las
limitaciones que afectan al sector público, incluidos los requisitos
para contratar.
Valencia suscribió con el Instituto
Nóos convenios para organizar el Valencia Summit, un encuentro de
expertos deportivos por el que la entidad de Urdangarin cobró
importes fabulosos, en los años 2004, 2005 y 2006. Pero el
Ayuntamiento no lo hizo directamente, sino a través de la fundación
Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que pagó cerca de dos
millones de euros por los eventos. La investigación del juez de
Palma José Castro ha revelado que del dinero que destinó por esta
vía el Ayuntamiento —y la Generalitat, que cofinanciaba el Valencia
Summit—, menos de una quinta parte está justificado con facturas,
mientras que el resto se lo habría quedado el instituto del yerno
del Rey.
La alcaldesa ha insistido en que la
fundación es privada e independiente
El juez también ha censurado a la fundación
municipal y al Consell, ambos controlados por el PP, por haber firmado
los convenios "sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de
mercado", lo que llevó a que Nóos "ni tan siquiera se molestó en tratar
de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo". Los acuerdos,
añadió el juez en el auto que estableció una fianza de 8,1 millones de
euros para Urdangarin y su socio Diego Torres, violaron "de manera
descarada los principios de concurrencia y publicidad para ser
sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad".
La estrategia de Barberá ha consistido en
mantener que la fundación TVCB no depende del Ayuntamiento. Al ser
privada, no tendría que ajustarse a estrictos criterios legales en la
contratación. El Tribunal de Cuentas opina, sin embargo, lo contrario.
El organismo solicitó datos de más de 400 fundaciones municipales
españolas. De siete de ellas concluye que, pese a estar constituidas
formalmente como privadas, deben ser consideradas parte del sector
público. La primera de esa lista es Turismo Valencia Convention Bureau.
El Tribunal de Cuentas la enmarca en un
grupo de cinco fundaciones que cuentan "con una aportación dotacional,
si bien no mayoritaria sí significativa por parte de Ayuntamientos y/o
diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus actividades en un
porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos". A continuación,
detalla que la fundación VTCB "no se constituye mayoritariamente por el
Ayuntamiento de Valencia (aporta el 25%), siendo junto con él socios
fundadores la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria
Valencia, esta última participada a su vez por el Ayuntamiento. Si bien
más del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de
Valencia".
Acogiéndose a ese supuesto carácter
privado, Barberá y su equipo de Gobierno han rechazado informar incluso
de cuánto dinero municipal acabó en manos de Urdangarin y Torres. Y ello
a pesar de que en 2005, por ejemplo, 95 de cada 100 euros que manejó la
fundación TVCB le fueron proporcionados por el Ayuntamiento. En ese
mismo ejercicio, de un presupuesto total de 5,25 millones de euros, la
fundación dedicó 739.965 a gastos del Valencia Summit.
Ser un ente privado permite eludir
estrictos controles en la contratación
El Tribunal de Cuentas señala en las
conclusiones de su informe que las entidades "constituidas como
fundaciones, bien con aportación dotacional mayoritaria de los entes
locales y/o con representación mayoritaria de estos en sus patronatos
y/o cuando las aportaciones posteriores a su constitución devengan
esencialmente de subvenciones concedidas por las entidades locales
participantes en esta, aunque dicha participación resulte minoritaria,
debieran ser consideradas como parte del sector público local y, por
tanto, con igual sujeción al control previsto para este".
Que una Administración pretenda servirse
del derecho privado creando y financiando entidades que persiguen fines
públicos —el fin de la fundación del Ayuntamiento es "la gestión
estratégica y la promoción de la ciudad de Valencia en el ámbito
turístico"— no es raro. El sumario del caso Gürtel revela que la
Generalitat intentó hacer lo mismo sin éxito con su Agencia Valenciana
de Turismo, que contrató de forma presuntamente ilegal a empresas de la
red corrupta por cinco millones de euros.
Existen, en cambio, pocos supuestos en que
un Ayuntamiento se resista a aceptar el carácter público de sus
fundaciones. Y menos cuando, como sucede con TVCB administra tanto
dinero (en 2004, 8,9 millones). Entre los pocos casos similares que
recoge el Tribunal de Cuentas se incluyen la fundación Feria Apícola de
Castilla-La Mancha (del Ayuntamiento de Pastrana y la Diputación de
Guadalajara) y la del Museo del Calzado de Elda (del consistorio eldense
y de la Diputación de Alicante).
Un precedente en el sumario de Gürtel
El sumario del caso Gürtel contiene un
intento similar, en este caso de la Generalitat, de eludir las
restricciones que pesan sobre las Administraciones a la hora de
contratar sosteniendo que uno de sus entes, la Agencia Valenciana de
Turismo, se regía por derecho privado. Un informe de la Intervención
General del Estado de 2012, sobre la contratación de dicha agencia con
empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, concluye lo
contrario, reproduciendo para ello un dictamen de la Sindicatura de
Comptes de 2005.
"La Agencia Valenciana de Turismo, como ya
se ha venido indicando en los informes de fiscalización de ejercicios
anteriores, es una entidad de derecho público dependiente de la
Generalitat valenciana, financiada en su práctica totalidad por la misma
y creada para satisfacer necesidades de interés general que son
competencia de esa Administración autonómica, como son el fomento y la
promoción del turismo valenciano".
De ese modo, prosigue la Sindicatura,
"concurren los dos requisitos establecidos" en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas para que la agencia "ajuste su actividad
contractual a lo dispuesto en esta ley".
El artículo 3 de esa norma recoge los entes
que estarán sujetas a la regulación. Y, a modo de red de seguridad para
evitar que bajo distintas denominaciones las Administraciones burlen el
control, establece que deberán ceñirse al modo de contratar del sector
público: "Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad
jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector
público financien mayoritariamente su actividad". Como ocurre con la
fundación del Ayuntamiento de Valencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/valencia/1360695255_120741.html
EL CONSELL NO SE PERSONARÁ EN EL ‘CASO NÓOS’ SIN INFORME JURÍDICO PREVIO
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Ciscar asegura que la Generalitat reclamará si se ha producido el
mínimo perjuicio económico
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El socialista Calabuig insiste a Barberá y Grau para que se
personen en la causa de Urdangarin
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La Fundacion Turismo Valencia pide un anticipo de 750.000 euros
al Ayuntamiento
El Gobierno valenciano no se personará en el caso Nóos sin un
informe previo de los servicios jurídicos de la Abogacía de la Generalitat.
"Queremos un informe que nos diga todas las posibilidades [antes de decidir
sobre la personación], pero la premisa básica es que no vamos dejar ni un euro
pagado ilícitamente se quede sin devolver a la Generalitat", ha explicado
Ciscar.
El portavoz ha indicado tras la reunión semanal del Gobierno
valenciano que ya ha solicitado un informe jurídico con "carácter de urgencia"
sobre el caso Nóos. El vicepresidente ha explicado que la decisión se ha
adoptado tras conocer a través de los medios de comunicación el último auto del
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en el que
libra oficio al presidente de la Generalitat valenciana por si quisiera
ejercitar las acciones contempladas en el artículo 109 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (relativas a la reparación del daño o indemnización). El
magistrado ha impuesto una fianza civil de 8,1 millones de euros al duque de
Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, en un auto que cuestiona
duramente los contratos firmados por la Generalitat y el Ayuntamiento de
Valencia con el Instituto Nóos, que cobró más de tres millones de euros por
organizar los Valencia Summit sobre los eventos deportivos.
Ciscar ha negado que el Consell se hubiese planteado antes la
posibilidad de personarse en el caso Nóos y ha dejado en evidencia a su
predecesora en el cargo de portavoz, Lola Johnson, que en diciembre de 2011
anunció que iba a encargar un informe jurídico sobre la cuestión. Ciscar ha
recordado que entonces era consejero de Educación y que desconoce "si se pidió o
se hizo ese informe jurídico". "He estado en todas las reuniones del consejo y
en ninguna se ha tratado la personación del caso Noós", ha sentenciado.
EUPV le tomó la palabra al presidente Alberto Fabra cuando,
preguntado sobre el auto del juez Castro, dijo que no lo tenía todavía y que
hasta que no lo conociera no decidiría sobre la personación. Ayer, Blanco le
entregó al Consell por registro de entrada el auto completo. "Hemos tenido
acceso al auto y puesto que Fabra afirma no haberlo recibido, se lo aportamos
para que lo pueda leer personalmente", declaró Blanco.
En el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno local del PP imitará
al Consell y no decidirá su personación hasta que reciban y estudien el auto del
juez Castro. Si bien, tan lejos como el viernes 25 de enero, el PP aplastó con
su mayoría la petición de personación que presentó EUPV al pleno municipal.
Ayer, el portavoz municipal socialista Joan Calabuig pidió una explicación de
los convenios con Nóos a la alcaldesa Rita Barberá y a su número dos, Alfonso
Grau.
“A veces el señor Grau cree que los ciudadanos son imbéciles",
dijo Calabuig, tras rechazar la tesis que Grau repite pleno tras pleno que el
Gobierno local no tiene potestad para decidir sobre la personación porque la
Fundación Turismo Valencia Convention Bureau —que financió al 50% con la
Generalitat los convenios con Nóos— es privada. “El Ayuntamiento de Valencia ha
transferido desde 2004 a 2013 a la fundación 53 millones de euros, de la que
además tiene el 38%”, así que la tomadura de pelo tiene un cierto límite",
puntualizó Calabuig. El concejal socialista exigió que el Ayuntamiento o la
fundación, que preside Grau, se persone.
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer precisamente la petición
de la fundación para que el Consistorio le adelante la subvención de 2013. La
fundación, que preside José Salinas, solicita un anticipo de 750.000 euros con
cargo a la partida presupuestada este año. Son para gastos ordinarios de
funcionamiento, amortización de deudas y prestación del servicio de información
de varias oficinas de la red Tourist Info.
"En este momento del año todavía no han sido aprobadas las
cuentas del año anterior por parte del patronato ni depositadas en el registro
de Fundaciones", justifica la fundación en un documento enviado al Consistorio.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/01/valencia/1359735966_966711.html
EL JUEZ VE DELITO PREMEDITADO EN LOS CONVENIOS DE NÓOS CON LA GENERALITAT
Fabra gana tiempo mientras la oposición le emplaza a personarse
en el caso
El juez del ‘caso Nóos’ acusa a Camps de no controlar el dinero
público
Los convenios del Instituto Nóos con la Generalitat —a través de
Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA)— y la fundación municipal Turismo
Valencia Convention Bureau para organizar tres ediciones del Valencia Summit en
los años 2004, 2005 y 2006 son fruto de “una actividad delictiva premeditada” y
nulos de pleno derecho, dice el juez instructor del caso Noós, José Castro. “Las
contrataciones que se realizaron con el señor Urdangarin no respondían a ninguna
labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público sino única y
exclusivamente al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que
éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real”,
continua el auto dictado el miércoles por Castro, donde impone una fianza por
responsabilidad civil de 8,1 millones de euros al yerno del Rey y a su socio
Diego Torres.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma investiga
desde hace meses la organización de varios congresos en Valencia sobre la ciudad
y el deporte y el proyecto de unos Juegos Europeos, por los que la Generalitat y
la fundación municipal pagaron 3,5 millones de euros.
El auto describe con detalle la utilización supuestamente
fraudulenta de estos convenios para eludir la aplicación de la ley de contratos
públicos. Y detalla la facturación irregular que jalonó los convenios con Nóos.
Por ejemplo, el de 2004. De los 1.044.000 euros que recibió Nóos para organizar
el Valencia Summit, solo 206.402 euros son facturas imputables al evento. El
instituto se apropió, supuestamente, del resto.
Nóos en Valencia
Valencia Summit. La Generalitat, a través de sus sociedades, y la
Fundación Turismo Valencia pagaron al Instituto Nóos 3,1 millones de euros por
la organización de tres ediciones del evento.
Juegos Europeos. El instituto de Iñaki Urdangarin recibió el
encargo de la Generalitat para redactar unos Juegos Europeos en Valencia, que no
se celebraron. El coste fue de 387.230 euros, aunque
Facturación irregular. De los 1.044.000 euros que Nóos cobró de
las arcas públicas por el Summit de 2004, solo se justificaron con facturas
206.402 euros. El resto está pendiente.
Facturas falsas. Lobby Comunicación expidió una factura por
241.971 euros contra el Instituto Nóos por la elaboración de informes sobre
deportes. El juez José Castro dice en el auto que los servicios contratados
nunca se hicieron, solo se recopilaron datos de Internet, cuyo valor es de nula
utilidad pública.
El coste del evento del Valencia Summit en 2004 cabía “dentro de
los límites de un folio escaso de extensión”. Eran, en total, 1,3 millones de
euros, con el IVA incluido. La fundación municipal y CACSA, se adhirieron “sin
que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, que su
beneficiaria ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a
quienes tendrían que pagarlo”.
Las irregularidades no acaban ahí. En 2005, el entonces director
general de CACSA, Jorge Vela, habría redactado un informe, que consta en el
sumario, que se habría aparentado que fue elaborado con carácter previo para
justificar la firma del convenio de 2004.
Además de las tres ediciones de los Summit, la Generalitat
encargó a Nóos, a través de otro convenio, el proyecto para organizar los Juegos
Europeos en Valencia. Según Castro, existen indicios de que se prescindió “de
manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser
sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad”, que tenían como favorecidos
a Miguel Zorio, de la consultora Lobby Comunicación, Urdangarin y Diego Torres.
Una de las facturas expedidas por Lobby en 2006, de 241.971
euros, eran honorarios de comunicación por la elaboración de varios estudios. La
investigación es demoledora. “La factura es falsa. Los servicios objeto de dicha
factura nunca se realizaron, limitándose Lobby a recopilar información de
Internet que luego se entregó a la Generalitat, cuyo valor a efectos de utilidad
pública es nulo”, dice el juez. Nóos ingresó de la Generalitat por unos juegos
que nunca se llegaron a organizar 382.203 euros.
El presupuesto de Valencia Summit cabía en “los límites de un
folio escaso”
Posteriormente, en una comida celebrada el 3 de marzo de 2008, la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, invitó a Iñaki Urdangarin, Diego Torres, el
vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y la consejera de Cultura,
Trini Miró, para reconvertir los Juegos Europeos en un evento denominado Juegos
de la Juventud. La comida, pese a que la anfitriona era Barberá, la pagó la
Generalitat.
La realidad que se vivió, al margen de la documentación del
convenio, es que Torres se entrevistó con el responsable de Grandes Eventos,
Luis Dobón, imputado, no porque fuese a proponerle un proyecto que pudiese
interesarle, “sino por venir previamente recomendado por una instancia
superior”. Según el juez, esto se produjo en atención a que uno de los socios de
Nóos, a la que Torres representaba, era Urdangarin, yerno del Rey, “quien ya
había mantenido contactos personales con el presidente de la Generalitat”. El
jefe del Consell en aquel momento era Francisco Camps. La concertación en favor
de Nóos “ya estaba verbal y anticipadamente decidida”, y las condiciones
económicas de Noós “fueron abiertamente impuestas al margen de cualquier proceso
de negociación”.
Barberá convocó una comida para buscar salida a los “fallidos”
Juegos Europeos
Las reacciones al auto del juez Castro se sucedieron ayer. El
presidente valenciano Alberto Fabra dijo en la inauguración de Fitur que
esperará a conocer el auto del caso Nóos para valorar si se persona la
Generalitat. La oposición apretó en la exigencia de la personación. El
socialista Ximo Puig, cuyo partido ha pedido la comparecencia del presidente en
las Cortes para rendir cuentas del caso, dijo este jueves “que es intolerable
que la Generalitat no esté personada defendiendo los intereses de los
valencianos”. El portavoz de Compromís, Enric Morera, remitió un escrito al juez
donde pregunta si puede personarse para ejercer la acción civil ante “el
silencio y la falta de acción de que adolece el Consell”. El grupo municipal de
Esquerra Unida en Valencia exigió la creación "inmediata" de una comisión de
investigación sobre la relación con Nóos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/31/valencia/1359661719_046341.html
EL JUEZ CASTRO RECHAZA LA PRESIÓN PARA DECIDIR YA SOBRE VALENCIA SUMMIT
El magistrado del caso Nóos eleva a la Audiencia de Palma los
recursos de Luis Lobón, José Manuel Aguilar y María Ángeles Mallent
Nóos organizaba el Valencia Summit mucho antes de firmar el
convenio
El juez José Castro que instruye el caso Nóos en Palma de
Mallorca ha rechazado las presiones para que se pronuncie "explícita y
formalmente sobre la legalidad o ilegalidad del convenio de colaboración" del
Valencia Summit.
En un auto fechado este jueves, el juez Castro, que investiga las
irregularidades relacionadas con el Instituto Nóos que presidió el duque de
Palma, Iñaki Urdangarin, se pronuncia sobre los recursos presentados por María
Ángeles Mallent, Luis Lobón y José Manuel Aguilar. Los tres fueron cargos de la
empresa pública Ciudad de las Artes y las CIencias (CACSA) que, en algún
momento, intervinieron en la gestión del contrato con el Instituto Nóos para
celebrar las jornadas Valencia Summit. Un evento celebrado en 2004, 2005 y 2006
por el que el Instituto que presidía Iñaki Urdangarin cobró más de tres millones
de euros de la Generalitat y de la Fundación Valencia Convention Bureau,
dependiente del Ayuntamiento de Valencia.
En la resolución el juez rechaza la pretensión de Mallent para
que resuelva sobre la legalidad del convenio de colaboración relativo a Valencia
Summit "sobre la base de calificarlo como un contrato de patrocinio o incluso de
mecenazgo y no de prestación de servicios". "Es una consulta jurídica que no
tiene cabida en este momento", sentencia Castro.
El instructor del caso Nóos también opta por elevar a la
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca los recursos de apelación de Mallent,
Aguilar y Lobón contra sus anteriores judiciales.
En la Comunidad Valenciana permanecen imputados varios excargos
de la Generalitat en relación con las supuestas irregularidades cometidas en la
contratación del Instituto Nóos, entre ellos el exsecretario autonómico de
Turismo Luis Lobón y el exdirector general de Economía Jorge Vela.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/valencia/1353094192_033906.html
MIRÓ SOBRE LA COMIDA CON URDANGARIN: “SOLO TENGO UN ‘FLASH”
La exconsejera de Cultura declaró como testigo en el 'caso Nóos'
Afirmó que apenas recordaba el almuerzo con el duque de Palma
La exconsejera de Cultura y Deporte y actual diputada regional
Trini Miró afirmó en su primera declaración ante el juez José Castro, encargado
de investigar la supuesta trama en torno al Instituto Nóos, que mantuvo dos
comidas con el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y otras personalidades, pero no
pudo precisar el contenido de las mismas. "Tengo un flash, un flash porque yo no
puedo acordarme de todo", afirmó Miró el pasado julio.
Así se desprende de la primera declaración que prestó Miró en
Valencia, en calidad de testigo, en relación con el caso Nóos y las
colaboraciones entre el instituto y la Generalitat valenciana para llevar a cabo
diferentes proyectos y actividades por las que el Consell y el Ayuntamiento de
Valencia llegaron a desembolsar más de tres millones de euros. Tras este primer
interrogatorio, Miró fue nuevamente citada este mes de septiembre para aclarar
quién pagó una de las dos comidas, con la misma condición de testigo.
Miró recordó en su primera declaración ante el magistrado que en
las fechas investigadas, ella era consejera de Cultura y Deporte, cargo que
ocupó desde 2007 hasta 2011. Preguntada por si conocía a Urdangarin y al
empresario Miguel Zorío —también imputado en el procedimiento— reconoció que
mantuvo dos almuerzos con ellos, aunque especificó que no recordaba si en el
segundo también estuvo Zorío.
El primero de los almuerzos tuvo lugar en marzo de 2008, en un
restaurante de Valencia. En él, según Miró, no se habló del convenio firmado
entre la Generalitat y el Instituto Nóos en 2006 para que Valencia fuera sede de
unos Juegos Europeos. Este proyecto no llegó a concluirse al devolver el Consell
unas facturas que no consideraba correctas por valor de dos millones de euros.
Miró afirmó que no podía decir exactamente quien organizó la
comida, pero lo que sí señaló es que a ella se lo comunicó su secretaria, quien
le dijo que le había llamado la secretaria de la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, para avisarle de que tenían este encuentro.
La exconsejera aseguró que asistió a la comida sin saber que
también iba a acudir Urdangarin, y a la misma acudieron también Zorío, Rita
Barberá, el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y Diego Torres —socio
de Nóos—, entre alguna otra persona que no recordaba.
Al ser preguntada sobre los temas que se trataron en la comida,
aseguró que fue un almuerzo "coloquial de trabajo" en el que se abrió "un poco"
el debate para ver las posibilidades que podía tener Valencia para poder
celebrar unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Interpelada por el papel que
jugaba allí Urdangarin, Torres y Zorío, afirmó que lo desconocía. "Yo no soy
quien les llamó", reiteró.
Insistida por este asunto, comentó: "Mire, es que yo no le puedo
decir que dijo exactamente el señor Urdangarin. Le puedo contar una anécdota que
nos comentó como cosa graciosa, que tiene un hijo que es aficionado al Valencia
Club de Fútbol. Bueno, es que mire, es una cosa que se me quedó grabada",
apostilló.
Sobre el segundo encuentro, Miró narró que tuvo lugar en un hotel
de Castellón, el 28 de mayo del mismo año, y a él también acudieron Rambla,
Urdangarin y otro hombre que no sabía si era Torres o Zorío, puesto que ella les
confundía, tal y como subrayó en el interrogatorio. "No lo puedo asegurar porque
ya le digo que confundía a estas dos personas", dijo.
El motivo de este segundo almuerzo fue, según explicó,
comunicarle a Urdangarin que la Generalitat valenciana descartaba la posibilidad
de acoger unos Juegos de la Juventud, sobre todo por la crisis económica. Al
respecto, el juez le preguntó si invitaban a comer a un hotel a cada ciudadano
al que le tenían que notificar que su petición era desestimada. A lo que Miró
respondió: "Yo, desde luego, siempre he atendido a todos los ciudadanos en mi
despacho o tomando un café o donde haya hecho falta, o si me los he encontrado
en Mercadona, pero es que no estamos hablando de un ciudadano de a pie, estamos
hablando del duque de Palma y yo creo que bueno, se le debe un respeto y
teníamos que dar...".
En ese momento, el magistrado le preguntó: "Llamarle por teléfono
hubiera sido irrespetuoso, ¿verdad?"; a lo que la exconsejera respondió: "No, yo
no le he llamado jamás". Seguidamente, el juez le aclaró: "No, digo que llamarle
por teléfono para decirle, oiga, lo siento, pero lo que se habló descártelo,
hubiera sido una falta de respeto?"; Miró: "Es que....". El juez le cortó y
dijo: "Vale, ¿ministerio fiscal?".
Para descartar la posibilidad de acoger unos Juegos de la
Juventud, Miró detalló que la cuestión no se elevó al Consejo de Gobierno, si no
que la descartaron directamente entre ella y Rambla. "Lo hablaríamos los dos y
diríamos no puede hacerse porque...", afirmó ante el juez.
Tras estas afirmaciones, el ministerio fiscal le preguntó:
"¿Realmente se reunió con Rambla para tratar el tema de los Juegos de la
Juventud? Porque parece que lo que dice es que fue un tema tan colateral que ni
siquiera se enteró del contenido de esa comida". Ante esta indicación, Miró
aseveró que fue "colateral". "No acompañaban las circunstancias, no había una
alegría, ya empezaba a azotarnos la crisis y no había una alegría como para
echar cohetes", añadió.
Por su parte, Rambla, en su primera declaración, en calidad de
testigo, que prestó ante el juez Castro, mantuvo casi los mismos argumentos que
Miró y aseguró que no recordaba casi nada, ni quién convocó el encuentro con el
duque de Palma ni el contenido del mismo. En ese momento también dijo que la
Generalitat no había pagado la comida de marzo de 2008, pero a los días
rectificó y aseguró al juez que, tras revisar las facturas, el cargo lo había
asumido el Consell. Este fue el motivo de que le llamaran nuevamente a declarar
este mes de septiembre.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/21/valencia/1348223138_866538.html
EL PSPV PIDE QUE DIMITA JOHNSON TRAS LAS REVELACIONES DE VILLALONGA
La exsubsecretaria documentó al juez 123 facturas de Nóos
rechazadas por falsas
Johnson asegura que se controlaron "todos los gastos" del
Instituto Nóos
Las revelaciones efectuadas por la que fuera subsecretaria de
Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga, ante el juez que investiga el
caso Urdangarin llevaron a los socialistas a pedir ayer la dimisión de la actual
consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Lola Johnson, “por mentir directamente
en el Parlamento valenciano” sobre la relación de la Generalitat con el
instituto Nóos, que presidía el duque de Palma. El portavoz socialista en las
Cortes Valencianas, Antonio Torres, señaló que el fraude masivo que demuestran
esas facturas por casi dos millones de euros, que Iñaki Urdangarin trató de
cobrar a la Generalitat en 2006 a cuenta del estudio para organizar unos
supuestos Juegos Europeos, confirma una sospecha que los socialistas siempre han
tenido.
Torres recordó que la consejera Johnson compareció hace unos
meses en las Cortes para responder a preguntas de la diputada socialista Eva
Martínez y afirmó que “todos los contratos de Nóos eran perfectamente legales y
no había ningún problema con las facturas”. El portavoz socialista acusó al PP
de haberlo ocultado todo sistemáticamente. “Si hemos conocido los hechos siempre
ha sido a través de una investigación judicial, pero nunca nos han dado la
documentación a la oposición”.
El portavoz del PP, Rafael Maluenda, prefirió no entrar en el
fondo y argumentó que no hay por qué crear una comisión de investigación del
caso Nóos en las Cortes Valencianas, pese a que la Generalitat pagó cerca de
tres millones de euros al instituto de Urdangarin con facturas cuya falsedad
investiga el juez, precisamente porque el asunto está sub iúdice. “Hay que dejar
que actúe la justicia libremente”, dijo.
Los socialistas acusan a la consejera de mentir en las Cortes
Para Enric Morera, de Compromís, habrá más revelaciones. “Ya dije
que alguien tiraría de la manta”, añadió. “El elemento de saqueo más importante
está en los encuentros Valencia Summit”. Según el diputado, con el paraguas de
esos encuentros en 2004, 2005 y 2006, desde Valencia Convention Bureau,
organismo del Ayuntamiento de Valencia, “se desvió mucho dinero”. “El problema
no es lo que no se ha pagado”, advirtió Ignacio Blanco, de Esquerra Unida. “Hay
facturas que sí se pagaron” y la Generalitat dedicó millones a “los chanchullos
o milongas que el yerno del Rey vendió a Francisco Camps”, añadió.
En efecto, como indicaron los portavoces de la oposición, el
descubrimiento de las facturas falsas por parte de Villalonga tampoco impidió
que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia siguieran tratando posibles
negocios con Urdangarín. En las declaraciones que Vicente Rambla,
exvicepresidente del Consell en la época de Francisco Camps, y de Trinidad Miró,
exconsejera de Cultura, prestaron ante el juez instructor en julio, admitieron
haber mantenido reuniones con Urdangarín en los años 2007 y 2008.
Comidas
En ambos casos se trató de comidas, en las que se habría
discutido la posibilidad de nuevos proyectos, como unos juegos de la juventud. A
las reuniones asistieron la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el entonces
socio del duque de Palma, Diego Torres, y el empresario valenciano Miguel Zorío.
Rambla, que había afirmado inicialmente que una de las comidas la pagó Barberá,
declaró finalmente que ambos almuerzos corrieron a cargo del Gobierno
valenciano.
El proyecto de los juegos de la juventud fue discutido tras el
fracaso de los llamados Juegos Europeos, una idea abrazada por el expresidente
Camps por la que pagó al Instituto Nóos 382.000 euros y que nunca llegaron a
celebrarse. Tampoco los juegos de la juventud salieron adelante. Según la
declaración de Rambla, la segunda comida, que tuvo lugar en Castellón el 28 de
mayo de 2008, se cerró sin acuerdo. También por entonces se asumió que los
Juegos Europeos, cuyo primer pago se realizó en 2006 y por los que la
Generalitat prevía pagar a Nóos seis millones de euros, no se realizarían.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/11/valencia/1347396718_985044.html
UNA EXCARGO DE CAMPS ENTREGA AL JUEZ PRUEBAS DEL FRAUDE MASIVO DE NÓOS
La exsubsecretaria de Presidencia rechazó 123 facturas por dos
millones
El juez retira la imputación a la exsubsecretaria por su celo
profesional
Isabel Villalonga: “Sí, absolutamente sí hubo un intento de
engaño”
La trama empresarial que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del
Rey, y su socio Diego Torres, intentó “colar” al Gobierno valenciano 123
facturas de 10 empresas distintas por casi dos millones de euros en concepto de
preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana a la celebración de
unos Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a efecto.
Urdangarin y Torres habían conseguido a finales de 2005 que el
Gobierno valenciano que presidía Francisco Camps firmase con el Instituto Nóos
un convenio de colaboración por el que la entidad sin ánimo de lucro que dirigía
el duque de Palma cobraría seis millones de euros de la Comunidad Valenciana por
preparar la candidatura a la celebración de unos Juegos Europeos.
Solo unos meses después de firmar aquel convenio, el Gobierno
valenciano comenzó a recibir decenas de facturas por servicios que nadie ha
podido garantizar que se hicieran realmente, según la investigación.
Una de las páginas del documento elaborado por la exsubsecretaria
con las anomalías que detectó.
La exsubsecretaria de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad Valenciana Isabel Villalonga rechazó una por una las 123 facturas
recibidas entre abril y julio de 2006. En su última comparecencia del pasado mes
de julio ante el juez José Castro, que instruye este caso, Villalonga facilitó
la documentación que fue acumulando para justificar el rechazo al pago de las
facturas. Villalonga fue anotando en un documento todas las anomalías que
observó en las facturas de Nóos. La exsubsecretaria se guardó ese documento (que
ilustra esta página) y lo conservó durante los seis años que han pasado desde
que lo hizo. Ahora, esas pruebas se han incorporado al sumario del caso.
El juez agradeció esta colaboración el pasado julio y hace solo
unos días resaltó en uno de sus últimos autos que la ex alto cargo había evitado
un gasto de dinero público de dos millones de euros gracias a su celo
profesional, por lo que decidió retirar la imputación que pesaba sobre ella. La
confesión íntegra de Villalonga al juez Castro, a la que ha tenido acceso este
periódico, revela un supuesto intento de fraude masivo de la trama Nóos para
cobrar dos millones de euros de las arcas públicas de la Comunidad Valenciana.
El juez rechaza el intento de Urdangarin de parar el examen
fiscal de sus empresas
Villalonga era la responsable de fiscalizar que los gastos de
Nóos estaban suficientemente documentados y correspondían a servicios
realizados. “Las facturas no tenían soporte documental, no tenían nada que a mí
me indicara que eso se había hecho, ni un acta de reuniones de preparación, ni
unas nóminas de estos consultores o un alta como autónomo, si es que eran
autónomos. No tenía nada”, confesó al juez.
Villalonga explicó que el acuerdo entre el Gobierno valenciano y
el Instituto Nóos se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración
porque era la única fórmula de adjudicar ese tipo de contrato sin concurso
previo. Y además, aclaró la exsubsecretaria de Presidencia, una entidad sin
ánimo de lucro, como era supuestamente el Instituto Nóos, no podía presentarse a
un concurso público. “Visto lo visto”, admitió Villalonga al juez, “[el
Instituto Nóos] sí tenía ánimo de lucro”.
La investigación ha descubierto que Urdangarin y Torres tenían
media docena de empresas privadas con ánimo de lucro a las que desviaban el
dinero público conseguido a través del Instituto Nóos, sin ánimo de lucro.
Cuando le preguntaron a Villalonga si creía que había ánimo de
engaño en el Instituto Nóos, la ex alto cargo del Gobierno valenciano contestó:
“Vamos a ver, después de todo lo que he visto, absolutamente. Porque además
presentaron facturas aquí que se cobraron dos veces por el mismo concepto en dos
Administraciones, cuando la Ley de Subvenciones prohíbe concurrencia de
subvenciones para la misma finalidad. Sí, después de lo visto, sí [había un
intento de engaño del Instituto Nóos]”.
Una de las páginas del documento elaborado por la exsubsecretaria
con las anomalías que detectó.
Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno valenciano
ante el juez Castro forman parte de las últimas diligencias judiciales de una
causa en la que están imputados Urdangarin y su socio Diego Torres por fraude a
la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Aunque la causa se abrió en relación con el sobreprecio en la
construcción del Polideportivo Palma Arena y que los primeros indicios de
actuaciones irregulares del Instituto Nóos se localizaron en dos eventos
organizados para el Gobierno balear, la trama de Urdangarin y Torres logró más
contratos y mejor remunerados del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana que
presidía Francisco Camps, del PP. Si el Instituto Nóos facturó al Gobierno
balear 2,3 millones por dos eventos, en el caso de la Comunidad Valenciana cobró
casi tres millones por actos similares y, además, cerró el contrato de los seis
millones que no logró ingresar por el celo de la ex alto cargo Isabel
Vilallonga, según la investigación.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/10/actualidad/1347304547_031949.html
MORERA DICE QUE
CAMPS PIDIÓ A NÓOS ORGANIZAR UNOS JUEGOS POR CINCO MILLONES
El portavoz de
Compromís declara en Barcelona como testigo en el juicio sobre el 'caso
Urdangarín'
El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes,
Enric Morera, ha manifestado este jueves, antes de declarar como testigo ante el
juez del 'caso Nóos', que el Gobierno del expresidente de la Generalitat
Francisco Camps propuso un convenio de cinco millones de euros a Iñaki
Urdangarin para organizar unos Juegos Olímpicos Europeos en Valencia que no se
celebraron. Morera ha asegurado que Camps fue "el señor X que enredó" al duque
de Palma.
De estos cinco millones, que debían servir para
pagar a Nóos los trabajos para organizar los Juegos, solo se llegaron a percibir
382.000, ya que una reunión en 2008 suspendió la candidatura valenciana por un
conflicto con Madrid, que también tenía interés en albergar la cita deportiva.
Morera ha explicado a los periodistas antes de
entrar a declarar que su partido acude "a colaborar con la justicia" por la
"opacidad" que han visto en las Corts Valencianes, y ha pedido que se cite a
declarar al responsable público que permitió que se firmara en diciembre de 2005
el convenio de cinco millones.
Fuentes cercanas al partido han apuntado
precisamente a Camps como artífice de la propuesta a Urdangarin, evitando el
concurso público, y han apuntado que precisamente el expresidente anunció que
Valencia iba a acoger los Juegos en septiembre, meses antes de la rúbrica.
Es una relación bipolar
"Es una relación bipolar: uno se pone el traje y
el otro lo hace; un traje con el dinero del pueblo valenciano", ha ironizado
Morera, con lo que ha pedido que se depuren responsabilidades.
"Queremos saber qué ha pasado con el dinero
público de los valencianos", ha protestado Morera, quien ha agregado que su
partido no ha logrado saber el contenido de dicho convenio pese a su insistencia
en el Parlamento y la obligación legal.
Compromís aportó un escrito a la Fiscalía con
pruebas sobre estos hechos, con lo que este jueves está previsto que dé más
"datos significativos" que ayuden a dilucidar en qué se gastó ese dinero.
Morera ha cargado contra la opacidad, la falta de
control y la irresponsabilidad de los gobernantes del PP, cuyo modus operandi
"ha dejado al pueblo valenciano en la miseria", ha dicho.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/valencia/1340885889_894895.html
“¿SABE QUE HAY
CONCURSOS PÚBLICOS?” VELA: “SÍ, AHORA SÍ, DESPUÉS DE AÑOS”
El exdirector de CACSA dice que se limitó a
prorrogar los contratos con Nóos
El juez José Castro, que investiga en Palma de
Mallorca la actividad del Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin, debió
descubrir con sorpresa en el interrogatorio del 13 de abril a Jorge Vela,
director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hasta su dimisión el
15 de mayo, que el que fue director general de la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias (CACSA) entre 2005 y 2009 no tenía ni idea de contratación pública. La
pregunta era en apariencia fácil: “¿Sabe que hay una cosa que se llama un
concurso público?”. Pero Vela le respondió: “Sí, sí, sí, ahora sí, después de
años...”.
El político del PP, imputado por autorizar los
contratos de CACSA con Nóos sin que hubiera informes previos, negó ante el juez
tener los conocimientos básicos necesarios para ejercer la dirección de una gran
empresa pública o una institución como el IVF. “¿Usted sabe de contratación
administrativa?”, le preguntó el juez. A lo que Vela le contestó: “No señor”.
En el interrogatorio, el directivo de CACSA se
descargó de cualquier responsabilidad sobre la renovación de los contratos con
Nóos para celebrar más congresos del certamen Valencia Summit y echó la culpa al
entonces secretario autonómico de la Consejería de Economía y responsable de la
Sociedad Pública Proyectos Temáticos, Luis Lobón, que finalmente dimitió,
también hace dos semanas, como secretario autonómico de Turismo y Proyectos
Estratégicos.
“Yo, por aquel entonces, [si] me hubieran puesto
un contrato, un convenio, un pacto o un acuerdo delante, hubiera firmado
exactamente igual”, llegó a admitir Vela. El exdirectivo aseguró que nunca había
tratado con Urdangarin. Y cuando se le preguntó si no sabía que en los contratos
hay “unos principios de publicidad, de concurrencia que se tienen que respetar”,
Vela respondió que se trataba de “un evento totalmente atípico”.
Así, defendió en todo momento que cuando él llegó
a CACSA, en marzo de 2005, ya se había celebrado la primera edición de la
convención sobre deportes Valencia Summit, en octubre de 2004, y que el convenio
con Nóos delimitaba, mediante documentos de prórroga, una proyección para cuatro
ediciones, aunque solo se celebraron tres.
Insistió durante todo el interrogatorio en que
recibió consignas para renovar las ediciones de 2005 y 2006 en las mismas
condiciones que en 2004. Aunque luego explicó que Lobón, a su vez, siempre
transmitía órdenes “siguiendo la jerarquía administrativa de CACSA”. Y
preguntado por quién se las transmitía, apuntó que el consejero “Gerardo
Camps”.
En el interrogatorio, el juez también le preguntó
por la acusación que hizo la directora de Gestión Lisa Maldonado, que confesó
que por orden de Vela cambió la fecha, para “vestir el santo”, de un informe
jurídico elaborado en 2005 para justificar la contratación de Nóos en 2004. “Eso
es rotundamente falso, señoría”, exclamó Vela.
Cada encuentro de Valencia Summit costó un millón
de euros, que financiaron al 50% CACSA y Valencia Turismo Convention Bureau, una
institución del Ayuntamiento de Valencia. Según el sumario, la contratación
careció de resolución de inicio de expediente, de justificación del interés
público en la contratación, ni tampoco una resolución de ajuste al precio de
mercado, ni pliego de cláusulas, ni informe jurídico justificando la modalidad
de contratación...
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/31/valencia/1338490049_391574.html
ISABEL VILLALONGA DECLARARÁ COMO
IMPUTADA EN EL ‘CASO NÓOS’
El magistrado tomará declaración en Valencia a la exsubsecretaria de Presidencia
También cita a otros tres imputados y 17 testigos
El juez que instruye el llamado caso Nóos, Jose Castro, ha citado a declarar a
cuatro personas en calidad de imputados en Valencia, entre ellos la
exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de
la Delegación del Gobierno, Isabel Villalonga, y en Barcelona al empresario
catalán Joaquim Boixareu, así como a 88 testigos.
En un auto dictado hoy, el juez instructor de la pieza del caso Palma Arena
relacionada con el supuesto desvío de dinero de los gobiernos balear y
valenciano al Instituto Nóos cuando lo presidía Iñaki Urdangarin, cita a cinco
personas como imputadas, tres de ellas que ya lo estaban y dos que incorpora a
la causa con esta condición.
En el caso de Barcelona, tomará declaración a un imputado y 71 testigos, los
días 27, 28 y 29 de junio. La persona citada a declarar como imputado es el
empresario Joaquim Boixareu, consejero delegado de Irestal Group y expresidente
de la Fundación Privada de Empresarios (FemCat), que ha sido llamado a
comparecer ante Castro el día 27 de junio a las 13.15.
En cuanto a los imputados de Valencia, deberán prestar declaración los días 12 y
13 de julio, al igual que 17 testigos.
Tres de las personas citadas ya figuraban como imputadas en la causa y se
incorpora, además, con esta condición la exsubsecretaria de Presidencia de la
Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, Isabel
Villalonga, con lo que en total son siete los imputados en el caso Nóos en
Valencia.
El día 12 de julio, Castro ha citado al exsecretario autonómico de Turismo, Luis
Lobón (que dimitió de su cargo el 15 de mayo tras ser imputado en esta causa); a
la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Elisa
Maldonado, y a la exresposable jurídica de la misma entidad, María Ángeles
Mallent. Al día siguiente tomará declaración a Villalonga.
Por otra parte, en el mismo auto el juez Castro solicita al conseller de
Presidencia del Govern balear que remita al juzgado los informes jurídicos, de
fiscalización o de cualquier otro tipo que tenga y que guarden relación con los
expedientes administrativos relativos al patrocinio por parte de la comunidad
del equipo ciclista Illes Balears (antes Banesto).
También reclama al Govern la presentación y seguimiento de dichos expedientes,
así como los convenios de colaboración para la celebración de los foros Illes
Balears Fórum que organizó el Instituto Nóos, y todas las decisiones
administrativas adoptadas al respecto por los órganos de contratación.
Castro pide también al Govern que remita al juzgado todos los acuerdos que
consten en sus archivos relativas a la Asociación Instituto Nóos, que hayan sido
objeto de algún tipo de decisión por parte del Consell de Govern, incluidos los
que afecten a la dotación presupuestaria.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/24/valencia/1337888882_681633.html
MATAS PIDE AL JUEZ QUE
INTERROGUE A CAMPS Y A GONZÁLEZ PONS EN EL ‘CASO NÓOS’
El expresidente balear quiere
implicar también al Ayuntamiento de Madrid
O todos o ninguno. El expresidente balear, Jaume Matas, ha pedido al juez que
instruye el caso Nóos que interrogue al expresidente valenciano, Francisco
Camps, y al actual diputado y entonces consejero, Esteban González Pons. A
través de su letrado, el también exministro exige, en esta solicitud una misma
vara de medir pero argumentando que con estas declaraciones se admita que “las
Administraciones públicas habitualmente colaboran con entidades sin ánimo de
lucro (…) a través de la figura jurídica del Convenio de Colaboración, sin
necesidad de acudir al concurso público”, tal como hizo él mismo, pero también
Camps.
La intención de Jaume Matas de extender la investigación no se ciñe a los
dirigentes valencianos sino que pretende que llegue al Ayuntamiento de Madrid.
El expresidente balear alega haber tenido conocimiento de que una de las
fundaciones que regentaba el duque de Palma suscribió un convenio con la
“Fundación Madrid 16”, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, de la que recibió
144.000 euros “lo cual vendría a avalar lo habitual en el tráfico jurídico de
que las administraciones publicas concierten convenios de colaboración con
entidades sin ánimo de lucro como era la Fundación Instituto Noos, no
estimándose necesaria la convocatoria de concursos públicos”, expone el escrito
remitido al juez. Así, reclama también que se interrogue a la exconsejera de la
Fundación madrileña, la ahora directora General de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, Mercedes Coghe.
En el escrito remitido al juez, el abogado de Matas describe cómo Francisco
Camps era el responsable de la Generalitat Valenciana cuando esta administración
firmó los contratos con Nóos (que cobró un total de 3,7 millones de euros por
sus trabajos en Valencia). Además señala que Esteban González Pons (que estuvo
citado a declarar como testigo y cuya declaración fue “luego extrañadamente
suspendida sine die”) fue quien suscribió “de su propio puño y letra” el
convenio para la celebración de dichos juegos europeos que nunca tuvieron lugar
pero por el que Nóos cobró más de 380.000 euros.
El hecho es que si el juez imputara a González Pons o a Camps debería inhibirse
del caso, ya que, por sus cargos, diputado en el Congreso y diputado autonómico,
pasarían a ser jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el caso de Gonzaléz
Pons, o del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el caso
de Camps.
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337764401_696300.html
DIMITEN OTROS DOS ALTOS CARGOS DEL CONSELL IMPUTADOS EN EL
‘CASO NÓOS’
-
Lobón se marcha "a petición propia", según la consejera Lola Johnson
-
También deja su puesto el director del Instituto de Finanzas, Jorge
Vela
-
Fabra justifica las renuncias porque los ciudadanos exigen
"ejemplaridad."
Los escándalos de
corrupción siguen pasando factura al PP. El secretario autonómico de Turismo y
Proyectos Estratégicos, Luis Lobón, y el director general del Instituto
Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, dimitieron el martes por su implicación en
la rama valenciana del caso Nóos.
Los sucesos se
precipitaron tras la declaración de Lobón el lunes en Valencia ante el juez José
Castro, que investiga la actividad del Instituto Nóos que presidía el duque de
Palma, Iñaki Urdangarin. Lobón entró al interrogatorio como testigo y salió como
imputado por un supuesto delito de prevaricación cometido durante su etapa como
responsable de Grandes Proyectos a las órdenes de Gerardo Camps en la Consejería
de Economía. La imputación se refiere a su participación en la contratación del
Instituto Nóos para la celebración de tres congresos denominados Valencia Summit
entre 2004 y 2006 por los que la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias y la
fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau pagaron un canon de
900.000 euros anuales y unos gastos de 350.000 euros.
Los contratos de
CACSA
La Generalitat
valenciana, a través la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA),
y el Ayuntamiento de Valencia, contrataron con el Instituto Nóos tres ediciones
del Valencia Summit, un congreso sobre el impacto de los grandes eventos
deportivos en las ciudades . El instituto presidido por Iñaki Urdangarin cobró
por estos congresos más de 3,5 millones de euros entre 2004 y 2006.
Tanto Luis Lobón
como Jorge Vela están relacionados con los contratos firmados por CACSA. El
primero era en esos años responsable de grandes proyectos de la Generalitat,
mientras que el segundo ocupó a partir de 2005 la dirección general de la
empresa pública. Ambos han dimitido esta mañana por su imputación en el caso. El
juez también mantiene imputados a otros excargos del Consell y responsables de
CACSA.
Lobón decidió
dimitir la noche del lunes, después de que le recordasen que el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, no estaba dispuesto a tener imputados en el Consell.
El presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, fue tajante: “En esta Administración no puede haber
imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad”.
“Desde mi Gobierno”,
prosiguió Fabra, “tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas
en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades”.
Con la dimisión de
Lobón y Vela son ya cinco las bajas de altos cargos relacionadas con escándalos
de corrupción desde que Fabra asumió el poder. Las otras tres anteriores fueron:
Josep María Felip, director general de Cooperación, y Alexandre Català,
subsecretario de la Consejería de Sanidad, imputados en el escándalo de las
ayudas a la cooperación, e Ignacio Bernacer, jefe de la Entidad de Saneamiento
de Aguas de la Generalitat, por el caso Emarsa.
Lobón arrastró en su
caída a Jorge Vela, que estaba imputado en el mismo sumario del caso Nóos desde
el pasado mes de enero. Vela aseguró el mes pasado, ante el mismo juez, que
siendo director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, recibió de
Lobón la instrucción de contratar con la empresa de Urdangarín la celebración
del Valencia Summit de 2005 y 2006 en las mismas condiciones que en el año 2004.
En total son ya seis
los imputados valencianos en la rama valenciana del caso Nóos. Junto a Lobón y
Vela están imputados el también exdirector de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias José Manuel Aguilar, la exdirectora de gestión y exresponsable jurídica
de CACSA Elisa Maldonado, la también exresponsable jurídica de la empresa de la
Generalitat María Ángeles Mallent y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel
Zorio.
La dimisión de Lobón
fue anunciada por la consejera de Turismo, Lola Johnson, en un acto público,
donde aseguró que su secretario autonómico renunciaba al cargo para preparar su
defensa y no dañar la imagen de la Generalitat.
Jorge Vela, hermano
del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, optó por emitir un
comunicado en el que vinculó su dimisión a la imputación de Lobón y de María
Ángeles Mallent. Esta última, también imputada tras el interrogatorio, fue la
responsable del departamento jurídico de CACSA bajo la dirección de Vela.
El ya exdirector
general del Instituto Valenciano de Finanzas recalcó en el comunicado que su
dimisión es “puramente coyuntural” y negó que haya anunciado la renuncia “bajo
ningún tipo de presión de la Generalitat o del PP”, partido en el que no milita.
Las renuncias de
Lobón y Vela provocan una nueva avería en el funcionamiento de la Administración
valenciana. La baja del director del Instituto Valenciano de Finanzas, que se
encargaba de renegociar con los bancos los vencimientos de los créditos, se
produce apenas 48 horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que tiene que aprobar el plan de reequilibrio financiero del Consell.
La marcha del
secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos tiene otra clase de
connotaciones. Lobón era el encargado de intentar desbloquear los numerosos
pleitos existentes de Ciudad de la Luz en Alicante e intentar un acuerdo con la
actual concesionaria de los estudios cinematográficos, Aguamarga. Lobón también
era el responsable de intentar buscar una solución al aeropuerto de Castellón.
El líder del PSPV,
Ximo Puig, aseguró que las dimisiones demuestran que “hay una metástasis en el
sistema de gobierno del PP”. El portavoz de Compromís, Enric Morera, criticó la
falta de “ejemplaridad” de Fabra.
Por su parte,
Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, apuntó que quieres tomaron la decisión de
“hacer regalos millonarios a Nóos” fueron Francisco Camps y Rita Barberá.
Notable malestar en
el PP
La dimisión de Luis
Lobón generó un notable malestar en el seno del PP en vísperas del 13º congreso
que elegirá a Alberto Fabra como presidente de los populares valencianos.
La renuncia del
secretario autonómico de Turismo, apenas unas horas después de ser formalmente
imputado, encorajinó a un buen número de cargos populares.
Primero, porque
consideraron que el criterio aplicado por Presidencia de la Generalitat es
demasiado estricto y no hace distinción entre imputaciones. Es decir, según
explicaron algunos cargos populares en privado, con el criterio adoptado por el
presidente de la Generalitat cargos como el edil y diputado autonómico Jorge
Bellver, imputado por prevaricación como Lobón y finalmente absuelto, tendría
que haber abandonado sus cargos.
Segundo, porque el
criterio utilizado cuenta todavía con demasiadas excepciones y es visto como
injusto en las filas del PP. De hecho, Jorge Vela ha permanecido imputado en el
caso Nóos cuatro meses largos antes de abandonar su puesto por las mismas
razones que Lobón.
De hecho, a pesar de
las contundentes declaraciones que realizó ayer el presidente de la Generalitat,
la directora general del Promoción Institucional, Dora Ibars, y el jefe de
Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, continúan en sus
cargos. Ambos están imputados en la causa por la supuesta financiación ilegal
del PP regional en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia.
La situación del
Grupo Popular es todavía mucho peor. En la bancada que sustenta a Fabra se
sientan un total de siete imputados. Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra,
Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such están imputados, igual que
los dos cargos citados del Consell, por la causa de la financiación ilegal.
El diputado Pedro
Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes.
Otros dos diputados alicantinos, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su
antecesor Luis Díaz Alperi, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el
caso Brugal a la espera de la decisión del juez.
A este rosario de
nombres hay que añadir el del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos
Fabra, imputado por delito fiscal y contra la Administración. Y el del
presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado
por el caso Brugal.
Fabra ya ha dicho
que en la dirección regional del PP que elija el congreso del próximo fin de
semana no habrá ningún cargo imputado, aunque parece probable que alguno de
ellos, como Carlos Fabra, utilice su influencia para colocar a su compañera
sentimental, Esther Pallardó.
www.elpais.es
15.05.12
IMPUTADO UN ALTO CARGO DEL CONSELL POR PREVARICACIÓN EN EL
‘CASO NÓOS’
· Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo, era el responsable de
grandes eventos
·
El juez Castro acepta la petición de la fiscalía de encausar a una
directiva de CACSA
El juez instructor
del caso Nóos, José Castro, imputó el lunes en Valencia por un delito de
supuesta prevaricación a dos nuevos cargos del Consell. Se trata de Luis Lobón,
actual secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la
Generalitat, que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María
Ángeles Mallent Añón, exletrada jefe en aquellas fechas de la empresa pública
Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), dependiente del Consell, cuando se
celebró el primer certamen Valencia Summit. Este evento fue organizado por el
Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, y financiado por CACSA y la
fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau. Estas dos instituciones
contrataron tres ediciones del congreso, por las que pagaron un canon de 900.000
euros anuales, además de unos gastos de 350.000.
La fiscalía, que ha
pedido la imputación de Mallent junto a las acusaciones, entiende que puede ser
responsable de un delito por no hacer los informes jurídicos sobre la necesidad
y utilidad pública de contratar con Nóos y sobre los procedimientos a seguir. A
priori, la falta de estos informes podría demostrar que la contratación de la
firma de Urdangarin se hizo a dedo sin que hubiera ninguna justificación para
emplear un procedimiento de urgencia.
Entre los imputados
de CACSA figuran Jorge Vela, director del Instituto Valenciano de Finanzas que
fue director general de la empresa. Es hermano de José Manuel Vela, actual
consejero de Hacienda. También está imputado su antecesor en el cargo, José
Manuel Aguilar. Y Elisa Maldonado, exdirectora de operaciones de CACSA, ahora
gerente del Museo Picasso de Málaga.
Entran a declarar 16
testigos, salen dos imputados
-
Luis Lobón
Martín. Secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la
Generalitat. Era director general de Grandes proyectos en 2004, cuando se
firmaron los contratos con la firma Nóos. Imputado por el magistrado José
Castro.
-
María Ángeles
Mallent. Exletrada jefe de CACSA, salió imputada en un presunto delito de
prevaricación. Entre CACSA y la fundación municipal Turismo Valencia
Convention Bureau pagaron 900.000 euros anuales por el congreso Valencia
Summit.
-
Francisco Roig
Alfonso. Importante promotor inmobiliario valenciano. Expresidente del
Valencia, CF.
-
Fernando Roig
Alfonso. Presidente del Villarreal, CF. Pagó otros 690.000 euros por un
informe de apenas 13 folios para buscar un acuerdo de esponsorización para
el club.
-
Juan Bautista
Soler. También promotor inmobiliario y, al igual que Roig, también
expresidente del Valencia.
-
Vicente Soriano.
Exvicepresidente del Valencia CF. Declaró para corroborar la declaración de
Soler.
-
Mariano Ayuso
Ruiz Toledo. Socio del bufete jurídico Cuatrecasas, que participó en el
Valencia Summit.
-
Alfonso Grau
Alonso. Vicealcalde de Valencia y portavoz del PP en el Consistorio.
Presidente del Patronato de Turismo Valencia Convenction Bureau.
-
José Florentino
Salinas. Gerente de Turismo Valencia Convention Bureau.
Otros testigos.
Marco Antonio Edesa Fernández, María Amparo Porras Pons, María Pilar Lázaro
Escribano, Alicia Verdú Barrachina, Carmen Ibáñez Descals, Tomás Tarazón Pastor
y Cristina Rubio Orlando.
El titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, tomó
declaración a 14 testigos en la sede de la Ciudad de la Justicia. Las
declaraciones que se practicaron en Valencia están relacionadas con la
participación de la Fundación Nóos, y otras mercantiles, en la celebración de
Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006, así como con el proyecto de
Juegos Europeos. La causa está abierta por los supuestos delitos de fraude,
malversación, prevaricación y falsedad documental.
La investigación del
caso comenzó en la primavera de 2011 y en agosto se declaró secreto el sumario.
Pero en diciembre pasado se levantó. Esta pieza es la número 25 del conocido
como caso Palma Arena y los delitos por los que está instruyendo la causa son
por supuesto fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.
Hasta la fecha han
declarado en el caso unas 70 personas y quedan pendientes otros 20 testimonios.
Esta pieza separada tiene 17.0000 folios
La larga jornada de
comparecencias en calidad de testigos arrancó con el expresidente del Valencia
CF Francisco Roig. Y a él le han seguido el presidente del Villarreal, Fernando
Roig, y otro exdirigente del Valencia, Juan Bautista Soler. En su anterior
comparecencia ante el juez reconocieron haber pagado a la firma del Duque de
Valencia. Y reconocieron que lo hicieron porque en ella figuraba Iñaki
Urdangarin.
Tras su declaración,
Francisco Roig aseguró a los periodistas que se ratificó en su comparecencia
anterior en relación con esta causa. Preguntado por los medios por si se
arrepiente de algo, dijo: “En la vida solo me arrepiento de no haber dejado de
fumar, y ahora ya no fumo”.
El segundo en
comparecer fue el presidente del Villarreal, Fernando Roig: “Lo que he dicho lo
sabe el juez, lo conoce perfectamente. No voy a hacer ningún comentario más y
ruego que respeten el día de dolor que llevo”, en referencia al descenso del
club. En una anterior declaración ante la Policía Judicial y fiscal, Fernando
Roig explicó que entró en contacto con Nóos para pedirle un informe, estudio y
colaboración para buscar una esponsorización del campo de fútbol. En 2007 pagó
600.000 euros por un informe de apenas 13 páginas.
Dirigentes del
Villarreal y Valencia pagaron porque estaba Urdangarin
El tercero de los
empresarios que compareció fue el también expresidente del Valencia Juan
Bautista Soler, quien únicamente quiso decir que está “muy tranquilo”.
Por la tarde, en
esta maratoniana jornada de declaraciones, le tocó el turno a Alfonso Grau,
vicealcalde de Valencia, en calidad de responsable de la fundación Turismo
Valencia Convention. El número dos de Rita Barberá dijo a la salida que el juez
le pidió información adicional sobre si la fundación municipal tenía otras
actividades promocionales además de la realizada con Nóos. “Se la enviaremos y
seguiremos colaborando con el magistrado”, comentó. Grau reiteró que se abortó
una cuarta edición del Valencia Summit, la de 2007, porque Urdangarin ya no
aparecía al frente del instituto. A la pregunta de si fue caro, el edil
respondió que dadas las personalidades invitadas le parecía “un coste ajustado”.
www.elpais.es
14.05.12
BARBERÁ SE INTENTA
DESVINCULAR DE LOS CONTRATOS CON URDANGARIN
La alcaldesa
traslada la operación a la fundación municipal Valencia Turismo Convention
Bureau
Ni la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, ni su gobierno firmaron contrato alguno con el
Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, para la celebración de tres
ediciones del Valencia Summit, un congreso celebrado de 2004 a 2006 en la
capital. Según la regidora, quien firma esos contratos es Turismo Valencia
Convention Bureau, una fundación de la que el Ayuntamiento de Valencia tiene un
33%. La regidora ha realizado estas declaraciones esta mañana después de que
Urdangarin relacionase este fin de semana ante el juez Castro las jornadas con
el expresidente Francisco Camps y con la propia Barberá.
Barberá ha
apelado a la nota remitida la noche del sábado por el abogado del duque de
Palma, Manuel Pascual, que precisaba que Urdangarin nunca "implicó" a Camps y
Barberá en su declaración ante el juez, “Me remito a ese desmentido.Todo está
igual que estaba”, ha añadido, Barberá.
La de Pascual
especifica que "lo que ha declarado [Urdangarin] es que en relación al acuerdo
de colaboración sobre Valencia Summit, el que fuera presidente del COI Juan
Antonio Samaranch, le puso en contacto con la señora Barberá, con quien mantuvo
una posterior reunión. Le explicó el proyecto, que le pareció inicialmente bien.
La alcaldesa de Valencia aportó sus ideas y dijo que procedería a realizar los
trámites administrativos correspondientes. Todo ello se sitúa en la primavera de
2004".
Barberá no ha
corroborado si hubo reuniones previas con Urgangarin para pactar los Valencia
Summit. Solo reconoció que fue Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del
Comité Olímpico Internacional, quien sugirió la celebración de este
acontecimiento. “Al señor Urdangarin lo he visto cientos de veces. He comido con
él en un restaurante, claro que sí. Como recibo, escucho y veo a cientos de
personas que traen ideas para esta ciudad”, es la única aclaración que ha hecho
acerca de su relación con Urdangarin.
La regidora
insistió en que el contrato las tres ediciones del Valencia Summit se celebraron
porque así lo decidió la fundación municipal. “Les recuerdo que es una fundación
de derecho privado, con unos órganos de gobierno propios”, ha subrayado. A la
pregunta de si la fundación, cuyo patronato preside el número dos de Barberá, el
vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, se personará en el caso para defender el
interés público, la regidora no ha respondido. Y ha añadido que esa es una
decisión que ha de tomar Grau y el gerente de la fundación, José Salinas.
“Hacer un congreso es legal. No se ha cometido
ningún acto ilícito. Se organizó, se celebró y se pagó”, ha añadido Barberá. “Y
no voy a decir nada más”, ha zanjado.
www.elpais.es 27.02.12
NÓOS TRATÓ DE COLAR
A LA GENERALITAT FACTURAS POR MÁS DE 725.000 EUROS
El juez certifica que los documentos, rechazados
por la Generalitat, presentaban irregularidades
La Generalitat valenciana rechazó facturas por un
importe de algo más de 725.000 euros que el Instituto Nóos presentó para
justificar gastos, enmarcados en el contrato firmado entre la administración y
la entidad que presidía Iñaki Urdangarin para los Juegos Europeos, que nunca
llegaron a celebrarse. El Gobierno de Francisco Camps firmó un acuerdo con la
entidad para la celebración de este evento, por importe de más de tres millones
de euros. El ejecutivo valenciano acabó pagando de las arcas públicas un total
de 382.000 euros pese a que la iniciativa no se celebró. Aún así, la
administración no aceptó algunos de estos gastos presentados por Nóos, entre los
que se encuentran 32 facturas en las que figuran como proveedores de los
servicios que supuestamente encargaba el instituto del duque de Palma tanto la
empresa Looby Comunicación como a Concept BPMO y a Marcel Planelles Aran.
Según un auto del juez que instruye esta pieza
separada del caso Palma Arena, José Castro, el Instituto Nóos presentó 18
facturas de Looby Comunicación, todas ellas con fecha del 12 de mayo de 2006,
por un importe global de 581.717 euros. 17 de ellas correspondían a honorarios
por la realización de proyectos de comunicación, mientras que la otra lo es por
honorarios de un director de cuentas y un consultor. Con ellas, Nóos pretendía
cobrar del Gobierno valenciano gestiones realizadas para la celebración de los
Juegos Europeos, es decir, facturas de empresas que supuestamente subcontrataba.
Sin embargo, fueron rechazadas porque o bien no se acompañaban los proyectos
reflejados en dichas facturas o no se presentaron las nóminas y retenciones
supuestamente pagadas a quienes realizaron el servicio.
Además, la Generalitat rechazó otras 13 facturas
de Concept BPMO, por un importe global de 143.841 euros porque estas no
presentaban todos los datos requeridos y tampoco aportaban los trabajos
facturados
El juez apunta que Camps pagó una factura falsa de
143.000 euros
La última de las facturas corresponde a Marcel
Planelles Aran, por valor de 30.000 euros y fechada el 16 de enero de 2006, que
tiene como objeto el asesoramiento del plan director. Según el juez, este pago
se rechazó porque “porque no se sabe en qué ha consistido el asesoramiento”.
Además, esta factura coincide con otra emitida por la misma persona contra el
Instituto Nóos, por igual importe pero con diferente fecha, con otra presentada
para justificar gastos para otro evento que se celebró en Palma de Mallorca.
Esta versión avala la declaración de la entonces
subsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, que también está imputada en la
causa, que aseguró en su declaración ante el juez haber rechazado 123 facturas
que el Instituto Nóos presentó a la Generalitat como coste de las gestiones
realizadas para la celebración de los Juegos y enmarcadas en el contrato firmado
con el instituto para ello.
En cualquier caso, tal como advierte el juez en su
auto, la Generalitat valenciana sí admitió una factura de Looby Comunicación que
“es idéntico al concepto de las facturas de otra mercantil, Shiriaimasu, que
fueron rechazadas”.
La Generalitat pagó a Looby tras rechazar otro
gasto con el mismo concepto
Además, según todos los indicios, la Generalitat
admitió una factura por un importe total de 143.000 que, según el propietario de
la empresa que supuestamente emitió el documento, BMPO, nunca hizo (ver página
12). “Un logotipo no cuesta el importe total de 143.840 euros”, dijo sobre las
facturas presentadas por Nóos a la Generalitat valenciana. “Si lo hubiera hecho,
no lo olvidaría”, concluyó Herrera.
El sábado, el duque de Palma relató al juez que
fue Miguel Zorío (el propietario de Looby Comunicación, que también está
imputado en la causa), quien tuvo la idea del proyecto. Además, dijo haber
mantenido una reunión formal con el entonces presidente del Gobierno valenciano,
Francisco Camps, para comentar la iniciativa. La reunión entre Urdangarin y
Francisco Camps se celebró después del verano de 2005 en las oficinas de la
Generalitat valenciana, según le dijo el duque al juez José Castro durante el
interrogatorio.
Ante el juez, Iñaki Urdangarin, durante la primera
sesión del extenso interrogatorio al que está siendo sometido, trató de
justificar el proyecto de los Juegos europeos para Valencia alegando que, en la
actualidad, la Asociación de Comités Olímpicos Europeos ha retomado la idea.
www.elpais.es 27.02.12
CITA CON CAMPS: TRES
MILLONES EN TRES DÍAS
Según Urdangarin, fue Juan Antonio Samaranch quien
le puso en contacto con Barberá
El expresidente de la Generalitat valenciana
Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos del PP, también
se convirtieron en protagonistas de la larga declaración del duque de Palma. Sus
nombres salieron en relación con el convenio conseguido por Nóos para organizar
los eventos deportivos Summit Valencia, que se celebraron en tres ocasiones, de
2004 a 2006.
Urdangarin justificó el germen de este evento,
por el que se le acusa de malversación, falsedad, prevaricación y fraude.
Precisó que fue el expresidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio
Samaranch (ya fallecido) quien le puso en contacto con Rita Barberá. Urdangarin
mantuvo con esta una posterior reunión y le explicó el proyecto, que a la
alcaldesa le pareció inicialmente bien. Barberá aportó sus ideas y “dijo que
procedería a realizar los trámites administrativos correspondientes”. Todo ello
se sitúa en la primavera de 2004.
Tras la cita con la regidora, esta hizo de
anfitriona del duque y fue quien llamó al entonces presidente autonómico y cerró
una cita entre los tres. Camps dio luz verde a un acuerdo exprés. En apenas tres
días el entonces presidente concertó, aprobó oficialmente y firmó en acto
público el convenio para que Nóos organizara los eventos Summit Valencia.
Urdangarin agregó que los Summit fueron un “gran
éxito”, como también lo fue, dijo, el equipo ciclista Illes Balears negociado
con el expresidente balear Jaume Matas.
Nóos pactó para los Summit cobrar un canon fijo de
900.000 euros al año, más unos gastos de 350.000 euros para cada una de las tres
ediciones. Con este negocio y el de los nonatos Juegos Europeos, Urdangarin y
Diego Torres recibieron 3,7 millones de Valencia. El fiscal y la Agencia
Tributaria cuestionan de plano la justificación del pago de un canon impreciso y
sin precedentes en proyectos públicos.
En paralelo con los Summit, Urdangarin intentó
poner en marcha un proyecto de Juegos Olímpicos Europeos. Las citadas fuentes
próximas al duque afirmaron que después del verano de 2005, a través de Miguel
Zorío, también imputado, que “tuvo la idea del proyecto”, el duque dijo que
mantuvo una reunión formal con Camps en las oficinas de la Generalitat. El
proyecto no se llegó a realizar, aunque Nóos hizo un negocio por importe de
382.000 euros con Camps. La defensa del duque afirma que el proyecto ha sido
retomado en la actualidad por la Asociación de Comités Olímpicos Europeos.
www.elpais.es 26.02.12
PONS RECHAZA QUE EL ´CASO NÓOS´ LE COSTARA SER MINISTRO
El vicesecretario de comunicación del PP afirma que irá al juicio como testigo
por tener una "intervención colateral"
El vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha
rechazado que el asunto de los convenios con el Instituto Nóos y otros contratos
otorgados a Iñaki Urdangarín le haya costado entrar en el gabinete de Mariano
Rajoy y ha subrayado que acudirá al juicio como testigo tras haber tenido una
"intervención colateral" al firmar un convenio aprobado antes por el gobierno
valenciano.
En una entrevista a ABC Punto Radio recogida por Europa Press, Pons ha negado
que las filtraciones del asunto de los convenios con el Instituto Nóos hayan
tenido algo que ver con la decisión de Mariano Rajoy de no incluirle en su
equipo de gobierno. "No tengo nada que ver, me han llamado como testigo", ha
subrayado el vicesecretario de Comunicación 'popular'.
Al hilo de esto, el dirigente del PP ha afirmado que el convenio firmado es un
escrito legal que fue aprobado por el gobierno valenciano. "Si el gobierno
aprueba un convenio lo normal es que los que sirvan a ese gobierno lo tengan que
firmar", ha defendido.
"No tuve más que una intervención colateral porque firme en representación de
una sociedad que ni aportaba euros ni pagó euros. Pero el juez supongo que
quiere preguntarme a ese respecto como testigo y como testigo voy a acudir
exactamente igual que si hubiera presenciado un accidente de tráfico y le voy a
presentar mi testimonio al juez", ha manifestado.
Por ello, ha afirmado que quiere que la verdad en este asunto "resplandezca"
porque en "todos los asuntos se tiene que llegar hasta el final". "Pero en este
asunto casi más que en ninguno", ha concretado el dirigente del PP.
EL JUEZ INVESTIGA LA EMPRESA DE LA GENERALITAT QUE PRESIDIÓ PONS
Pide a Hacienda que analice si la sociedad que, por orden de Camps,
firmó un convenio de seis millones con la ONG de Urdangarin hizo pagos a
"entidades pantalla o interpuestas"
El juez que investiga los manejos del Instituto Nóos con dinero
público ha ordenado a Hacienda que analice todos los datos mercantiles y
contables de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la
Comunidad Valenciana. Esa es la empresa pública en cuyo nombre y "a propuesta"
de Francisco Camps el hoy vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban
González Pons, estampó su firma la víspera de la Nochebuena de 2005 sobre un
convenio que garantizaba seis millones a la ONG de Iñaki Urdangarin para
"diseñar" unos inexistentes Juegos Europeos cuya celebración ni siquiera se daba
por segura. El magistrado da instrucciones a la Agencia Tributaria para que sus
técnicos elaboren un informe sobre posibles pagos de esa sociedad pública a
"entidades pantalla o interpuestas".
En relación a ese convenio, que no llegó a ejecutarse pero reportó a
la asociación del duque 382.000 euros abonados con cargo a los fondos de la
Presidencia de la Generalitat, Pons debe declarar como testigo el próximo 15 de
mayo. Como ya informó Público,
la mayor parte del trabajo supuestamente hecho fue subcontratado por Nóos a una
empresa valenciana, Lobby Comunicación, cuyo propietario acaba de ser imputado
por el juez. Anticorrupción sospecha que Lobby cuyos datos también pide el juez
a Hacienda cruzó facturas falsas con empresas de la
trama Nóos. Entre las compañías del conglomerado que
recibieron pagos de Lobby figura Aizoon SL, donde el duque y su esposa se
reparten la propiedad al 50%.
Nóos cobró 382.000 euros pese a que el convenio de los Juegos no se
ejecutó
Aquel pacto de diciembre de 2005, el último de la serie valenciana
de convenios que engrosó en total las cuentas del Instituto Nóos con 3,5
millones gracias a eventos turístico-deportivos de corta duración y largo
aliento económico, fue aprobado por el Consell el mismo día de su firma. Y lo
rubricó en primer término Víctor Campos, entonces vicepresident del Consell y
quien el pasado verano aceptó una condena para librarse del banquillo en el
caso de los trajes.
"No proporcional"
Fechada el pasado 23 de noviembre, la providencia del juez da
instrucciones precisas a la Agencia Tributaria sobre qué debe facilitarle
respecto a la citada empresa pública valenciana: "Las operaciones con terceros
[pagos y cobros], cuantos datos consten sobre sus administradores o apoderados,
las cuentas corrientes de que sean titulares e informe relativo a aquellos
proveedores o entidades que en general recibieron pagos y que desde el punto de
vista técnico presenten características que los hagan poder ser considerados
como entidades pantalla o interpuestas". El juez explica qué significa eso
último: "Que no tengan la estructura organizativa para prestar el servicio por
el que están cobrando o, aun teniéndola, pueda apreciarse a simple vista que la
contraprestación recibida no es proporcional al servicio prestado".
Que Camps propusiera firmar el acuerdo fue "una rareza", dicen en el
PP
Ayer, González Pons no atendió las llamadas de
Público ni desveló si finalmente
acudirá el 15 de mayo a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla o si hará
uso de las prerrogativas que le asisten como diputado para comparecer en su
despacho del Congreso o declarar por escrito.
Fuentes de la dirección nacional del PP adujeron que Pons ni
siquiera ha recibido aún la citación judicial. Y remacharon que el papel
desempeñado en ese convenio por el hoy portavoz del partido y entonces conseller
valenciano de Relaciones Institucionales fue accesorio. "Se limitó sostiene el
PP a firmar como le indicaron que hiciera porque si los Juegos se celebraban
tendría que intervenir la empresa pública que presidía, pero ni autorizó ni pagó
un solo euro", sostiene el PP. Pons permaneció al frente de la Sociedad Gestora
entre diciembre de 2005 y junio de 2006. Dos años después, la sociedad adjudicó
a dedo 445.000 euros a la trama Gürtel.
En la recta final de su mandato, Camps ordenó disolver la empresa.
El acuerdo del Consell que dio vía libre a la suscripción de aquel
convenio ofrece dos singularidades: la más evidente, la fecha, porque se adoptó
el mismo día que fue firmado el texto que garantizaba seis millones a la
asociación sin ánimo de lucro del yerno del rey.
La segunda peculiaridad estriba en el redactado. Porque aquel
acuerdo se adoptó "a iniciativa del Vicepresidente del Consell, a propuesta del
Presidente de la Generalitat". "Que una decisión del Consell se adoptara a
propuesta de Camps es una rareza", asegura un alto dirigente del PP valenciano.
"Lo normal es que sean los consellers quienes eleven propuestas, no el president",
añade la fuente, que pidió expresamente no ser identificada.
www.publico.es 11.01.12
Fran Kubelik
Domingo, 25 de Septiembre de 2011