POR UN PUÑADO DE DÓLARES......Y QUIZÁ ALGO MÁS.....
Dixit Aznar sin mover un músculo allá por el año del Señor de 1994:
"Un gobernante no debe olvidar nunca que cada peseta que gasta procede del dinero del contribuyente y que el despilfarro ha de ser considerado como un atentado a la misma democracia. Confieso que frente al gusto por las parafernalias del poder me resulta mucho más atractivo hacer de la sencillez una señal distintiva de comportamiento. Convertir este criterio en hábito es un antídoto contra muchos males"
LAS NOTICIAS , TAL CUAL
El juez decide seguir la investigación del 'caso de la medalla de Aznar'
El juez de Madrid Julio de Diego, que investiga la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la Medalla de Oro que le concedió Estados Unidos, ha pedido a Presidencia del Gobierno el expediente de aprobación del gasto con el que se tramitó la concesión de la medalla. Por lo tanto, decide seguir con la investigación del caso.El pasado día 13, el titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid notificó una providencia en la que solicitaba a Presidencia del Gobierno que remitiera al juzgado el "expediente íntegro incoado tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 [durante el Gobierno de Aznar] y aprobación del gasto de 2,3 millones de euros por el procedimiento de imperiosa urgencia, con todas las actuaciones administrativas habidas en el mismo", informaron fuentes jurídicas.
La denuncia, en julio de 2005
El magistrado incoó diligencias previas tras la denuncia presentada por Mazón en julio de 2005 sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gestionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU, y ordenó que se tradujeran al castellano unos documentos que había aportado el denunciante y que estaban en inglés. El pasado junio, el titular del Juzgado 23 dio traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciase y acordase "eventuales diligencias a practicar" y en vista del informe del fiscal y de las alegaciones de la acusación popular, solicita ahora el expediente de aprobación del gasto de la citada condecoración. Además, el juez admitió la personación de los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez como acusación particular en el caso.
ANTECEDENTES
El
Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una
conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex
presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias
que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso. El ex
secretario de Exteriores, Gil Casares, ha reconocido la existencia del
contrato, aunque se ha negado a responder si en él se contemplaba la
promoción de Aznar y la concesión de la medalla en EEUU.
El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se
financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un
cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad. Los fondos se
desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e
Iberoamérica.
El contrato con la empresa de abogados Piper Rudnick, al que ha tenido acceso la Cadena SER, estableció un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores hasta completar los 2 millones de dólares.
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El documento no tenía contemplada la relación contractual en caso de que el
Gobierno de Aznar perdiera las elecciones.
"REFORZAR RELACIONES"
La cadena SER tiene también el justificante de pago de los 700.000 dólares
iniciales, sufragados a través de la Embajada de España en Washington. El ex
embajador español en EEUU, Javier Rupérez, actuó como representante del
Gobierno español.
En el contrato, la empresa de “lobby” se compromete a “asistir al Gobierno
de España en diplomacia pública y comunicación estratégica”. Llama la
atención que el contrato hable de “reforzar las relaciones con la Casa
Blanca” en un momento en el que Aznar presumía de su relación privilegiada
con Bush.
La SER también tiene en su poder el desglose de actividades y la minuta de
los abogados contratados por el Gobierno de Aznar.
LOS "LOGROS" DEL PRESIDENTE
Durante el mes de enero, la propia empresa comunicó al Gobierno español que
su trabajo, tal y como se había solicitado, consistió fundamentalmente en
fomentar la asistencia al discurso de Aznar ante una sesión conjunta en el
Capitolio de EEUU y, por encima de todo, contactar individualmente con
congresistas y senadores para pedirles su firma en la resolución que propone
la concesión de la medalla de oro del Congreso de EEUU al ex presidente del
Gobierno español.
En las semanas anteriores al discurso de Aznar en el Congreso –pronunciado
el pasado dos de febrero- la empresa de abogados redactó una carta en nombre
del embajador Rupérez “para describir los logros del Presidente Aznar
durante sus ocho años de presidencia” a los miembros del Congreso. Los
abogados también contactaron con los despachos de los congresistas para
“rogar la asistencia” al discurso de Aznar.
Los abogados hacen una facturación detallada del tiempo empleado en redactar
esa breve carta que enviaron a los miembros del Congreso.
LAS FACTURAS AL DETALLE
Uno de ellos, J. Boggs, cobra 805 dólares por una reunión rápida en la
embajada de España para discutir el borrador de la carta el 21 de enero;
otro abogado, D. Marshall, cobra otros 1.110 dólares el mismo día por
valorar el borrador; al día siguiente, J. Pickup, miembro del mismo “lobby”,
factura otros 1.087 dólares por revisar la hoja en la que se detallan los
“logros” de Aznar.
El día 23, un cuarto abogado, I. Sanchez, cobra 672 dólares por una revisión
de la carta a la que apenas dedica poco más de una hora de su tiempo.
Se da la circunstancia de que la SER desveló hace meses que la presencia de
congresistas y senadores en aquella sesión fue tan escasa que hubo que
rellenar apresuradamente los asientos vacíos con empleados del Congreso y
turistas que visitaban ese día el Capitolio.
ESCASO ÉXITO INICIAL
En la facturación se detallan también los esfuerzos del Gobierno español, a
través de la compañía de abogados, para conseguir firmas de congresistas y
senadores en la resolución que proponía la concesión de la Medalla de Oro
del Congreso a José María Aznar “por ser un aliado firme e incondicional de
EEUU y por su apoyo a la guerra contra el terrorismo”.
La propuesta, aprobada el 15 de mayo de 2003, apenas había logrado unas
pocas decenas de firmas a finales del pasado año, tanto que su promotor, el
congresista Jim Gibbons, tuvo que dirigirse públicamente a la cámara para
“urgir” a sus colegas a que apoyasen la propuesta, sin demasiado éxito
inmediato.
LAS 290 FIRMAS
Tres meses después de que la empresa Piper Rudnick recibiera los 700.000
dólares del Gobierno español y comenzara su trabajo como “lobby de presión”
en el Capitolio, la resolución sobre la medalla de Aznar contaba ya con las
290 firmas necesarias para su tramitación en pleno.
Conseguida esta meta, la propuesta apenas registró unos pocos adeptos más. A
día de ayer, contaba con 306 firmas, aunque el Senado ni siquiera ha
empezado a tramitar su propia propuesta, necesaria para la concesión de la
medalla.
COBRAR POR
ASISTIR
Los abogados de Piper Rudnick realizaron decenas de llamadas de teléfono a
los congresistas para ensalzar a Aznar y pedirles su firma en la resolución
que propone la concesión de la medalla. Muchas de los congresistas
contactados añadieron su firma inmediatamente después de las llamadas. El 30
de enero, cuando se acercaba el discurso de Aznar, los abogados
intensificaron su campaña con el envío de 40 cartas y varias llamadas a
congresistas, una labor de unas pocas horas por la que cobraron 3.420
dólares.
Los abogados contratados por el Gobierno de Aznar también cobraban por
asistir a los actos del propio ex presidente en Washington. I. Sanchez
facturó 1.536 dólares por estar presente en una comida en la Cámara de
Comercio, ante la que Aznar pronunció un discurso durante una visita a la
capital de EEUU. En el desglose de la facturación, los abogados cobran
también al Gobierno español 6,63 dólares por gasto en sellos de correos.
GIL CASARES RECONOCE EL CONTRATO
La cadena SER se ha puesto en contacto esta misma mañana con el que fuera
secretario de estado de Exteriores, Ramón Gil Casares, del PP, quien ha
reconocido que el Gobierno firmó este contrato con la firma americana. Gil
Casares asegura que se buscaba con la contratación de este lobby mejorar
algunos aspectos de la defensa de los intereses de España en Estados Unidos;
por ejemplo, el conflicto de las naranjas clementinas...
Gil Casares se ha negado a responder a la
cadena SER, cuando se le ha preguntado si entre los trabajos contratados
estaba la promoción personal de Aznar en Estados Unidos y la concesión de la
medalla del congreso americano.
Las facturas del "lobby" de Washington se manipularon para disfrazar el pago por la medalla
Las facturas originales enviadas por el "lobby" de abogados Piper Rudnick fueron manipuladas para que pudieran superar el control de la Intervención General del Estado. A diferencia del orginal del documento que se guarda en la secretaría de Estado de Exteriores, desaparece cualquier mención explícita a José María Aznar y la concesión de la medalla
A Madrid y siempre a través de la embajada española, el grupo de abogados envió dos facturas. La primera, a principios del mes de marzo. Cuando el gobierno del PP la vio entendió que no pasaría el control de la intervención del estado…y solicitó una segunda versión maquillada.
Ambos documentos describen, en tres puntos, los servicios prestados por el grupo de presión …pero intencionadamente de la segunda versión, la que se modifica, el lobby elimina el nombre de Aznar.
Así leemos, en el punto uno, en el original ponía: “Preparar el discurso del presidente Aznar dirigido al congreso”… En la versión modificada sólo dice:“preparación del discurso del presidente del gobierno de España”…
Pero lo más importante… La mención explicita a la resolución de la medalla del congreso, que aparece en el original, se “esfuma” en la segunda versión.
En el primer encabezado el titulo es “Medalla de oro del congreso” y en el segundo,se cambia para decir “Aasuntos varios del congreso”. Los abogados se limitan a mencionar el número de la resolución, la 2131, omitiendo su contenido, que se refiere exclusivamente a la propuesta de concesión de medalla Aznar.
El segundo documento, llegó a la secretaria de estado después de las elecciones del 14M. Todas esas modificaciones, se realizaron a petición del gobierno. Javier Rupérez, el embajador en Washington, fue quien actuó de mediador entre el gobierno y el grupo de abogados.
Tal y como informó ayer la cadena SER, el gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso.
El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad.
El Gobierno de Aznar contrató al 'lobby' por el sistema de "imperiosa urgencia"
El Gobierno del PP recurrió al sistema menos transparente de los previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el procedimiento negociado sin publicidad, para adjudicar a un lobby de Washington el contrato, por valor de dos millones de dólares, utilizado para recabar las firmas necesarias para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU. El servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró tres informes en los que pedía que se explicasen las razones de "imperiosa urgencia" que justificaban recurrir a este sistema y se recabasen tres ofertas.
El contrato con el despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre, aunque no figuraba en la reseña informativa de dicha reunión ni se publicó en el BOE.
El contenido del contrato es muy genérico, pues se refiere a la prestación de "consejo, asesoramiento y otros servicios en una amplia gama de asuntos políticos, económicos y de otro tipo del Gobierno de España".
Sin embargo, ya en su primer mes de vigencia, enero pasado, se cargaron facturas por gestiones encaminadas a recabar firmas para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU y a animar a los congresistas a que asistieran al discurso que el entonces jefe del Gobierno pronunció ante las dos Cámaras legislativas el 4 de febrero.
En junio de 2003, seis meses antes de aprobarlo el Gobierno, el servicio jurídico del ministerio remitió un informe a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que dirigía Ramón Gil Casares, advirtiendo de que el contrato podía adjudicarse por el procedimiento negociado sin publicidad, pero en ese caso deberían justificarse las razones de urgencia que aconsejaban recurrir al sistema menos transparente de los previstos por la legislación.
En agosto de 2003 dicho servicio jurídico emitió otro informe en el que señalaba la conveniencia de encontrar al menos tres empresas capaces de cumplir los requisitos del contrato y, en caso de no hacerlo, justificar las causas que lo hacían imposible.
En el último informe, de octubre de 2003, el servicio jurídico de Exteriores daba el visto bueno a la contratación del lobby, pero recordaba que, en otra adjudicación efectuada en EE UU y con urgencia más justificable -la contratación de un despacho de abogados para defender al Estado español en la demanda interpuesta en un tribunal de Nueva York contra la sociedad ABS, que certificó que el Prestige estaba en condiciones de navegar-, se lograron reunir tres ofertas.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite recurrir al procedimiento negociado sin publicidad por razones de "imperiosa urgencia" e impone la obligación de reunir, "siempre que sea posible, tres ofertas, al menos, de empresas capaces de cumplir" los requisitos.
Por otra parte, las facturas originales enviadas por el despacho de abogados Piper Rudnick fueron manipuladas para que pudieran superar el control de la Intervención del Estado, según informó ayer la Cadena SER.
En el documento que se guarda en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores no figura ninguna referencia al ex presidente Aznar y a las gestiones para la concesión de la medalla.
El lobby remitió las dos facturas a Madrid a través de la Embajada española en Washington. La primera llegó a principios de marzo, pero el Gobierno del PP pidió que fuese modificada y se recibió una segunda versión después de las elecciones del 14-M.
En los dos documentos se describen las gestiones realizadas, pero el original menciona expresamente la "medalla de oro del Congreso", mientras que la segunda sólo alude a la resolución 2131, sin decir que se refiere a dicho tema. La primera menciona el discurso del "presidente Aznar" y la segunda, del "presidente del Gobierno de España".