![]()

EL SIGNORE FABRA
LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS
QUE GENERA EL SUSODICHO (*)






"Tiene todo el respaldo personal y político del Gobierno y del PP"
( Francisco Camps. Pte de la Generalitad valenciana.19.12.03 )
FABRA Y SU SEGUNDO EN LA DIPUTACIÓN NO JUSTIFICAN LAS CUENTAS NI FINCAS DONADAS
En su campaña para las elecciones locales del 27-M, el PSPV-PSOE emitió un anuncio en el que conectaba episodios de "corrupción" en Castelló con el millón de euros supuestamente ingresado por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, la donación de doce fincas rústicas al vicepresidente de esta institución, Francisco Martínez, y 30 casos de manipulación de censos electorales.
Fabra y Martínez reaccionaron interponiendo una demanda por daño al honor que fue desestimada por una juez de Castelló y que ahora rechaza también la Audiencia Provincial, al considerar que los demandantes no han conseguido romper el "principio de veracidad" de las acusaciones realizadas por los socialistas sobre las 94 cuentas y el presunto delito fiscal de Fabra y la donación de fincas sin explicar para el alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la diputación, Francisco Martínez. La demanda iba dirigida contra Juan María Calles, candidato socialista a la Alcaldía de Castelló, que aparecía en el anuncio titulado Contra la corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo. La cuña publicitaria aseguraba que a Francisco Martínez "le han regalado doce fincas, masías y viviendas".
El vicepresidente de la Diputación alegó durante el juicio que en un 90% se trataba de donaciones de sus padres, que habían fallecido ese año. El tribunal ha considerado que este argumento sólo ha sido probado en una de las fincas, "pero en el resto los donantes son personas cuya vinculación con el señor Martínez desconocemos, ya que nada explicó en el acto del juicio sobre quiénes eran".
La sentencia establece además que Martínez no ha aportado al juicio ningún documento que acredite el origen de estas transmisiones patrimoniales y que pueda desvincularle de las acusaciones a que hacía referencia el Partido Socialista. Respecto a Carlos Fabra, que demandó a Calles por acusarle de tener un millón de euros repartidos en 94 cuentas el mismo ejercicio del año 99 en que la declaración de renta le salió a devolver, el tribunal confirma igualmente la sentencia del juzgado de primera instancia y rechaza el recurso de Fabra. La resolución subraya que Fabra no negó estos hechos durante el acto del juicio y que "se limitó a indicar que podría tener incluso más cuentas, que vinculó a los cargos públicos que ocupa". Además, el líder provincial del PP declaró durante la vista que no recuerda si la declaración de la renta le había salido a devolver.
Fabra se refirió ayer a la sentencia del Tribunal Supremo, difundida el lunes, y que rechaza el recurso de casación que interpusieron sus abogados para frenar la investigación patrimonial contra su familia. Fabra dijo que "está claro" que se han "vulnerado" los datos de su familia, "diga lo que diga el Supremo".
Más medios para saber la verdadMientras, el portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, defendió en el pleno de ayer la necesidad de frenar el trasiego de jueces por los Juzgados de Nules. Una situación que ralentiza el proceso y que genera inquietud social. Por eso, recogiendo las demandas de los ciudadanos ha pedido agilizar el proceso y "conocer la verdad".
(www.levante-emv.com, 30/07/08)
El Supremo rechaza el recurso de Fabra contra la investigación de su patrimonio familiar
El tribunal dice que la instrucción en Nules no vulnera el derecho a la intimidad de la familia
La Justicia ha propinado un nuevo revés a Carlos Fabra. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso el presidente de la Diputación de Castelló contra la investigación que los juzgados de Nules y la Fiscalía Anticorrupción llevan a cabo, desde hace más de cuatro años, sobre su patrimonio y el de su familia. La sentencia del Supremo, que fue difundida ayer, concluye que la instrucción judicial no ha vulnerado su derecho fundamental a la intimidad económica, contra lo que aducía el líder provincial del PP en su recurso. "No advertimos las infracciones múltiples que denuncian los recurrentes y, en todo caso, la corrección de las que eventualmente pudieran haberse producido corresponde al juez penal", dice el fallo. Fabra figura como imputado por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas) desde que el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, se querelló contra él a finales de 2003. Además, durante la investigación Hacienda halló ingresos sin justificar por importe de 600.000 euros en su declaración de la renta del año 99 y remitió el expediente al juzgado por un supuesto delito fiscal. El líder del PP ha defendido durante estos años que la investigación de los inspectores de la Agencia Tributaria es ilegal por haber conculcado su derecho a la intimidad.
Pagará las costas
El fallo, dictado por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, impone además las costas a Fabra y al resto de los recurrentes, que serán de hasta 3.000 euros "en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta".
El líder del PP había recurrido en casación ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimara, en 2005, el recurso de súplica por la misma causa. El presidente de la diputación, su esposa, su cuñada y sus dos hijas habían alegado que varias actuaciones realizadas durante el proceso habían lesionado el derecho fundamental a la intimidad económica que les reconoce la Constitución. De esta manera, la familia Fabra considera contraria a derecho una citación que la Agencia Tributaria cursó en 2004 durante una inspección contra Carmacas -la asesoría del líder provincial del PP- y la remisión que hizo la Agencia Tributaria al fiscal jefe del TSJCV del expediente abierto al presidente de la diputación por supuestas irregularidades en su IRPF del año 99. Según el recurso, el juzgado de Nules había tenido acceso, a través de Hacienda, a información personal sobre extractos, movimientos bancarios y operaciones mercantiles de la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la hermana de ésta y dos hijas del matrimonio, entre ellas la diputada Andrea Fabra, personas todas ellas que según el líder provincial del Partido Popular no estaban relacionadas con los procedimientos abiertos inicialmente.
"Intempestivo"
El recurso de súplica fue rechazado por el TSJ valenciano por "intempestivo", al haber transcurrido más de un año. Ahora es el Supremo el que corrobora esta tesis siguiendo los argumentos de la Abogacía del Estado y del fiscal. Así, el fiscal recuerda que el TSJCV no llegó a pronunciarse sobre la vulneración del derecho a la intimidad económica alegada por los recurrentes porque el recurso fue declarado inadmisible, al haberse presentado fuera de plazo. Por su parte, el abogado del Estado critica la "defectuosa" redacción del recurso, que para el Supremo "no es un ejemplo de escrito de interposición" por "la manera en que está construido, la mezcla de preceptos infringidos y cuestiones planteadas y la inclusión en motivos de fondo de aspectos formales".
www.levante-emv.com 29.07.08
Aplazan pedir refuerzos para Nules
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunirá hoy en Madrid en su última sesión antes de las vacaciones, no tratará tampoco esta vez la petición de refuerzos para el Juzgado de Nules realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El máximo órgano jurisdisccional de la Comunitat ha pedido dos jueces de apoyo, en comisión de servicio durante seis meses, para agilizar el caso Fabra y el resto de causas pendientes en Nules. Sin embargo, la petición no ha sido abordada por la Comisión Permanente del CGPJ en sus últimas reuniones ni tampoco lo hará en la de hoy, la última antes del mes de agosto, que es inhábil. De esta manera, el nombramiento de los jueces de refuerzo para el caso Fabra queda aparcado hasta el mes de septiembre. Fuentes judiciales aseguran que la polémica suscitada por la renovación del CGPJ en la que se encuentran inmersos PP y PSOE, está dificultando la asignación de medios a este caso, que lleva embarrancado desde el mes de diciembre, cuando la juez titular, Lourdes Noverques, pidió el cambio de destino. Por otra parte, la diputada socialista Isabel Escudero exigió ayer al presidente de la Generalitat que "en lugar de ir a Castelló a hacerse la foto y reírse de los ciudadanos, cumpla con su deber y ponga a disposición del juzgado de Nules los medios materiales y personales necesarios para desbloquear el 'caso Fabra'". Escudero valoró así el acto de Camps en Vila-real para colocar la primera piedra de la sede judicial. Escudero se refirió al "cinismo de Camps" por este acto en Castelló.
www.levante-emv.com 29.07.08
Rajoy dice que Carlos Fabra es un "ciudadano y político ejemplar"
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, no esperó ayer a presentarse ante los más de 600 simpatizantes y afiliados convocados en Castellón para mostrar su apoyo al presidente del PP provincial, Carlos Fabra. Admitiendo que "puede haber alguien a quien no le guste lo que digo", Rajoy tildó a Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal, de "ciudadano y político ejemplar". Rajoy sustentó sus calificativos apelando a la presunción de inocencia y argumentó su respaldo en la consideración de que "ha merecido el apoyo de los vecinos", a la vez que recurrió al mismo argumento que utiliza el propio Fabra de recordar los resultados electorales que han obtenido los populares castellonenses en los últimos comicios. Así evitó, además, contestar a porqué el PP no ha cumplido su código ético de obligar a abandonar los cargos a todos aquellos imputados en casos de corrupción.
Con el apoyo explícito a Fabra, Mariano Rajoy abordó también la posición en la que ha quedado Juan Costa, diputado por Castellón que ayer, contra todo pronóstico, acudió al acto. Costa esperó a su presidente, quien no pudo evitar que el saludo quedara en un frío apretón de manos. "Estoy convencido, y esa es mi voluntad, de que seguirá colaborando con nosotros", mantuvo el líder del PP.
Ya lo dijo Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y hermano del que fue cabeza de lista por Castellón: "Esta cena es exactamente lo que parece: un homenaje de Mariano Rajoy a todo el trabajo del PP de Castellón y de la Comunidad Valenciana". Y es que Rajoy tenía que agradecer al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, el hecho de que finalmente se decantara por apoyarle abiertamente en el congreso de los populares, otorgándole no sólo su aval sino el de todos los compromisarios de Castellón, excepto el de Juan Costa, tal como dijo el propio Fabra. De esta manera, el ex ministro y diputado, en los días previos a la celebración del cónclave del PP, cuando amagó con presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy, se encontró con la espalda de sus propios compañeros de agrupación.
"Tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho Carlos Fabra y el alcalde de Castellón [Alberto Fabra] y su apoyo en el último congreso del partido", dijo.
La cena a la que acudió Rajoy estuvo convocada por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y contó con la presencia de toda la plana mayor del PP valenciano, con Francisco Camps a la cabeza. Carlos Fabra ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección de presidente provincial.
www.elpais.es 12.07.08
EL FISCAL PIDE QUE SE ACUMULE LA TRAMA DE LOS CUÑOS FALSOS AL SUMARIO DEL CASO FABRA
Luis Pastor considera que existen elementos de conexión entre ambas causas que se están instruyendo por separado
El fiscal Anticorrupción del caso Fabra, Luis Pastor, ha solicitado la acumulación de los dos grandes procedimientos que se instruyen en la actualidad, por separado, en dos juzgados de Nules, según informaron fuentes judiciales. En un informe que ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de esta localidad, el que se encarga de investigar la trama de los cuños falsos del caso Fabra, Pastor informa a la juez de que existen elementos de conectividad suficientes que aconsejan la acumulación de esta causa al sumario principal, que se sigue en el Juzgado Número 1 por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros seis ex altos cargos de los gobiernos de Aznar.
El escándalo se destapó a finales del año 2003, cuando el empresario fitosanitario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra el líder provincial del PP, en las que le acusaba de cobrar comisiones millonarias por favores políticos, tales como mediar ante organismos autonómicos y estatales con el fin de agilizar las licencias de comercialización de una larga lista de productos fitosanitarios fabricados por la empresa de Artana.
Desde el principio el caso Fabra se fraccionó en dos juzgados diferentes, el número 1, que se hizo cargo de la parte principal y que investiga si el presidente de la diputación y los demás imputados cometieron delitos contra la Administración Pública -entre ellos el cohecho y la prevaricación-, y el número 2, que indaga si hubo falsificación de documentos oficiales, lo que se conoce como trama de los cuños falsos. Esta ramificación secundaria del caso Fabra estaba en vía muerta desde hace meses y la decisión del fiscal de acumularla al sumario principal se interpreta en medios judiciales como un intento de reactivarla. Según el empresario Vilar, Fabra estaba al corriente de que centenares de cuños y documentos públicos fueron falsificados y presentados ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para eludir los controles de toxicidad de las sustancias con las que se fabricaban los productos plaguicidas para el campo. La juez que se encarga de las diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 2 emitió ayer una providencia en la que constata que ha recibido el informe del fiscal que pide la fusión de ambas causas en un mismo procedimiento. Además, la juez ha dado un plazo de cinco días a las partes para que hagan las alegaciones que estimen oportunas. Pasado este plazo, emitirá un auto en el que con toda probabilidad acordará la acumulación. La instrucción del caso Fabra arrastra una lentitud considerable debido a que ocho juezas y cuatro fiscales han ido pasando por los juzgados de Nules desde el año 2003.94
(www.levante-emv.com, 26/06/08)
EL CASO FABRA SIGUE HUÉRFANO DE JUEZ
Fernando de Rosa, consejero de Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno valenciano, aseveró que el Ejecutivo autonómico no puede contratar a un magistrado de refuerzo para el juzgado que lleva el caso Fabra y que, entretanto, debe respetarse la “presunción de inocencia” del imputado. La causa contra el presidente de la Diputación de Castellón comenzó a finales de 2004, y sigue estancada “porque no hay ningún juez dispuesto a tomar las riendas”, según denunció Marina Albiol, la diputada de Compromís que interpeló al consejero al respecto.
De Rosa dio estas polémicas declaraciones en la Comisión de Gobernación y Administración Local de las Cortes Valencianas, en respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís. Albiol pretendía saber “si la Consejería de Justicia piensa pedir formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un magistrado de refuerzo” para el Juzgado número 1 de Nules, encargado del caso, o si lo pondrá “directamente”.
El Poder Judicial, responsable
El consejero de Justicia había escurrido el bulto previamente, apuntando que es al órgano Judicial al que correspondía nombrar los magistrados. Albiol, en consecuencia, manifestó su deseo de conocer “qué medidas se han tomado o se piensan tomar” desde el Gobierno comunitario para garantizar “un juicio con celeridad”.
¿Caso eterno?
Es que, aunque el presidente de Castellón está acusado de fraude fiscal y delitos contra la Administración Pública desde hace más de cuatro años, la cosa no avanza. Por Nules han pasado por lo menos siete magistrados –según Albiol, la cifra ya asciende a nueve-, que han rehúsado continuar instruyendo el caso. Entretanto, más de 20.000 folios de pruebas documentales, testificales y periciales aguardan por un juez que emita la sentencia correspondiente. Para la diputada, es “intolerable la lentitud de la instrucción y la escalada de cambios de jueces y fiscales en este juzgado”.
Jueces jóvenes interesados
Antes esta sequía, varios jueces jóvenes telefonearon recientemente al órgano en cuestión preguntando sobre el “volumen de trabajo de los juzgados de Nules en general y en concreto sobre el estado de la instrucción del caso Fabra”, Y aunque los susodichos se mostraron interesados en el caso, la plaza sigue vacante. Según denuncia Albiol, la instrucción “está estancada” porque no hay ninguno “dispuesto a tomar las riendas” de la investigación.
El consejero, preocupado en general
De Rosa salió al paso de las interpelaciones de la diputada de Compromís, recordando que ya en febrero había comparecido en las Cortes para dar las explicaciones pertinentes. El consejero, no obstante, mostró su “preocupación” por el hecho de que “cualquier procedimiento en la Comunidad Valenciana no se tramite con la agilidad y eficacia que se merecen todos los ciudadanos”. “La preocupacón está” no sólo en el número uno de Nules “sino en todos” los juzgados, apuntó el de Justicia.
La “losa” de la tardanza judicial
“Esta es una losa que puede caer sobre cualquier ciudadano que se esté investigando”, concluyó el político, convirtiendo la delicada cuestión en una generalización. En esta misma línea, lamentó que cualquier persona tenga que pasar ese tiempo mientras se “duda” de “honorabilidad sin tener una sentencia que determine su inocencia o su culpabilidad”.
Albiol no se rinde
La de Compromís, sin embargo, volvió a intervernir y aunque agradeció la preocupación del consejero, apostó por la “capacidad para contratar a otro juez” que tienen las instituciones judiciales. Los ciudadanos, apostilló la diputada, “merecen respuestas” sobre “un caso con el que pasarán por el juzgado muchos ex altos cargos del Gobierno presidido por José María Aznar”.
Condena y dimisión
La contundente Albiol finalizó señalando que cuando llegue “la más que probable condena a Carlos Fabra” ésta “tendrá que ir acompañada inexcusablemente de la dimisión, entre otros, del presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que ha permitido que esta persona se volviera a presentar en una lista electoral del PP y volviera a repetir como presidente de la Diputación de Castellón”.
De Rosa, irónico sobre los “dotes de premonición”
En respuesta, De Rosa señaló que “sería una prevaricación” que la Generalitat contratara jueces y criticó los “dotes de premonición” de la diputada, culpándola de violar la “presunción de inocencia” de Fabra. Esperemos, en todo caso, se cumpla el refrán de que la Justicia tarda, pero llega.
(www.elplural.com, 19/06/08)
JUECES EN PRÁCTICAS SE INTERESAN POR LA PLAZA VACANTE EN EL JUZGADO DEL CASO FABRA
Varios jueces jóvenes a punto de terminar el período de prácticas se han interesado ya por la situación en la que se encuentra el caso Fabra, y estarían dispuestos a optar a la plaza que ha quedado vacante en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, el órgano judicial que instruye el grueso de la investigación por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros seis ex altos cargos del gabinete de José María Aznar.
Desde que la séptima jueza del caso, Lourdes Noverques, solicitó en diciembre el cambio de destino, el juzgado de Nules no cuenta con un titular y el puesto lo cubre una sustituta. Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas, ya que varios jueces jóvenes han telefoneado en los últimos días a la oficina judicial para solicitar información sobre el "volumen de trabajo de los juzgados de Nules en general y en concreto sobre el estado de la instrucción del caso Fabra", según informaron fuentes próximas al Poder Judicial. Con todo, las fuentes judiciales consultadas recuerdan que el hecho de que jueces jóvenes se informen acerca de la situación del juzgado de Nules no significa que finalmente acepten este destino.
Se da la circunstancia de que en los últimos meses ningún juez ha querido solicitar de forma voluntaria hacerse cargo de la plaza vacante en Nules, por lo que tendrá que ser el Consejo General del Poder Judicial, a través de su oferta de plazas y vacantes, el que asigne uno nuevo.
El presidente de la Diputación de Castelló figura como imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal por supuestas mediaciones en favor de las licencias de comercialización de productos insecticidas fabricados por Naranjax, la empresa de Vicente Vilar. Días atrás, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmaba a este diario que la plaza de Nules ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso Fabra carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio. Casi con toda probabilidad, un juez novato, recién salido de la carrera, se hará cargo del voluminoso expediente que se abrió en 2003 y que acumula ya más de 20.000 folios en testimonios de testigos y pruebas periciales.
La actual juez sustituta, la octava al frente de la investigación, no ha ordenado desde el mes de diciembre diligencia de investigación alguna.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de enero el concurso para proveer la plaza de titular del juzgado de Nules, pero ha quedado desierto. Las fuentes del CGPJ explicaron que esta situación se debe a que "ningún juez ha solicitado ir al juzgado número 1 de Nules". La falta de impulso a la investigación del caso Fabra y el constante cambio de jueces y fiscales provocó una airada protesta de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), que elevó una queja al CGPJ.
La causa de que ningún magistrado haya querido hacerse cargo del caso Fabra de forma voluntaria es que los juzgados de Nules se encuentran "saturados y con escasos medios".
(www.levante-emv.com, 09/06/08)
FABRA MARCA DISTANCIAS CON CAMPS EN EL APOYO A RAJOY
El presidente del Partido Popular de Castellón, Carlos Fabra, quiere hacer saber que no tiene dueño. En los últimos días, con una "ambigüedad calculada", ha hablado de la crisis en el partido. "Disidentes sólo hay en Cuba, Corea y China", dijo el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, quien ha mostrado un apoyo incondicional a Mariano Rajoy. Y Fabra no quiere ser considerado "disidente", pero cada vez que habla arroja dudas sobre su posición. No en vano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene entre sus principales aliados y seguidores al yerno de Fabra, Juan José Güemes, esposo de la diputada Andrea Fabra y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Si el martes saltó a la palestra con un "yo soy de Fabra y haré lo que crea que debo hacer en beneficio de mi partido y de mi provincia", ayer quiso resituarse asegurando que Mariano Rajoy tiene su aval "desde hace 25 días". Pero añadió: "Cuando me lo pidieron, lo di". Imputado por varios supuestos delitos de fraude fiscal y contra la Administración Pública, Fabra sabe que no puede enfrentarse a Francisco Camps, aunque se permite marcar distancias. "Una cosa es dar el aval y otra distinta votar la candidatura", señaló ayer un dirigente del PP de Castellón www.elpais.com, 16/05/08
¿QUIÉN SE ENCARGA DEL 'CASO FABRA'?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que la plaza del juzgado de Nules, que investiga el caso Fabra ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso que investiga al presidente de la Diputación en Castellón por supuestos delitos contra la administración pública y fraude fiscal carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio, según ha informado la Cadena SER.
La última juez titular del juzgado número 1 de Nules, que investiga a Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, abandonó el juzgado en diciembre. Al frente de la investigación se encuentra una juez sustituta, la octava magistrada al frente del caso, que desde entonces no ha ordenado diligencia de investigación alguna. La situación será corregida en julio "cuando salga la nueva promoción de jueces", y uno de ellos se encargue del caso a petición del Poder Judicial.
El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, ha abogado hoy en Castellón por modificar la legislación para que el CGPJ regule "en determinados casos concretos" la posibilidad del traslado de jueces para "evitar que no se cumpla el principio de celeridad y agilidad en el procedimiento". "Debería modificarse la legislación y que los traslados de los jueces fuesen relativos, atendiendo a los casos que llevaran, para evitar que por un determinado órgano judicial pasaran constantemente jueces y diera una situación provisional a los asuntos que llevan", ha manifestado de Rosa.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de enero el concurso para proveer la plaza de titular del juzgado de Nules, pero ha quedado desierto. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han asegurado a radio Castellón Cadena SER que se ha debido a que "ningún juez ha solicitado el juzgado número 1 de Nules".
(www.elpais.com, 05/05/08)
FABRA NOMBRA ASESOR A UN CANDIDATO QUE NO SALIÓ ELEGIDO
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha nombrado asesor a Carlos Murria, senador por Castellón la pasada legislatura. Las inclusiones de Juan Costa, que no entró en la lista de Madrid, y de Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, relegaron a Murria hasta el puesto número 4 de la lista del PP de Castellón, tras el zaplanista Miguel Barrachina, que se ganó la confianza de Mariano Rajoy hasta ser incluido en un puesto de salida. El PP barajó que Costa optara a un cargo o que, como en anteriores ocasiones, dejara su puesto en el Congreso. Sin embargo, parece que los tres diputados electos permanecerán en el escaño, por lo que Fabra ha buscado una salida a Murria.
Según el Boletín Oficial de la Provincia, el ex senador cobrará 45.000 euros al año y pasará a formar parte del elenco de 35 asesores y cargos eventuales de la Diputación de Castellón, que suponen un coste anual de más de 1 millón de euros. El portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha vuelto a exigir a Fabra que sus asesores realicen "un balance público de su gestión". (www.elpais.com, 08/04/08)
EL CLUB DE GOLF QUE PRESIDE FABRA RECIBE 1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
"¿Qué le vamos a hacer?" Así, sin mayores explicaciones y con un cierto conformismo teñido de resignación, explicaban desde la vicepresidencia de la Generalitat las razones que habían llevado al Gobierno valenciano a subvencionar con cerca de 1 millón de euros el máster de golf de la Comunidad Valenciana que se celebrará -casualidad de las casualidades- en el club de Castellón que preside Carlos Fabra. La cantidad, sin embargo, no parece suficiente para cubrir los gastos de tan ambicioso proyecto y ayer mismo la Diputación castellonense que, no por casualidad, también preside Carlos Fabra, aprobó en sesión plenaria una modificación de crédito para incrementar las aportaciones públicas en 300.000 euros. Total, 1,3 millones que saldrán de los contribuyentes para patrocinar otro evento deportivo con que consolidar la marca de Castellón y de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, cuando el proyecto se presentó en Fitur, la feria de turismo celebrada en Madrid, el Consell aseguró que los cinco millones de euros en que está presupuestado el campeonato iban a ser aportados por la iniciativa privada.
El torneo se denominará Comunitat Valenciana Masters-Castellón Costa Azahar y de los cinco millones que costará, dos se destinarán a los premios. El campeonato se disputará en el Club de Campo del Mediterráneo a finales de este año en una fecha todavía por precisar.
El máster se presentó en Fitur con un amplio despliegue informativo y generó una cierta polémica al conocerse el coste del mismo y el hecho de que se celebrara en el club que preside Carlos Fabra. Fue entonces cuando desde la Generalitat se anunció que el torneo se financiaría con aportaciones privadas. Ayer, el Gobierno de Francisco Camps rectificó y justificó su aportación económica con el argumento de que el campeonato de golf a celebrar en Castellón debía tener el mismo tratamiento financiero que la Copa del América o la Volvo Ocean Race de Alicante.
Fabra matizó, durante el pleno de la Diputación, que el Club de Campo del Mediterráneo no es su campo de golf, porque tiene otros 1.200 socios más. Un argumento que le sirvió para anunciar que la Diputación abonará otros 100.000 euros para patrocinar otro campeonato que se celebrará el mismo campo, el Open de España Senior.Para Fabra, todas las ayudas son pocas, hasta el punto que llegó a decir: "No estaría mal que le diéramos 5 millones de euros, en el caso de que los tuviéramos", mientras el vicepresidente de la institución, Vicent Aparici, tuvo el desliz de hablar de una subvención para "promocionar el campo".
El golf fue uno de los temas centrales del debate del pleno de la Diputación de Castellón celebrado ayer. Mientras el PP defendió el patrocinio del torneo que se celebrará en el club de campo que preside el propio Carlos Fabra, el portavoz socialista, Francesc Colomer, le echó en cara el gasto público mientras que no se ha construido ninguno de los 12 campos de golf que están proyectados para la provincia de Castellón. "Hace 12 años que habla de golf, pero no ha hecho nada", le recriminó Colomer. "Yo no tengo potestad para aprobar los campos de golf y no estoy en absoluto de acuerdo con quienes la tienen", espetó Fabra y nombró tanto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como al consejero de Territorio. En su postura contraria a los dictámenes de la Administración autonómica que dirige su mismo partido, añadió: "Estoy hasta el pirri de que no me aprueben los campos". Y amenazó: "Si no me hacen caso, tomaré otras medidas". El portavoz socialista criticó la "retórica provincialista" de Fabra y le acusó de haber tenido muy poco éxito como "conseguidor".
(www.elpais.com, 26/03/08)
La acusación popular reclama un juez que concluya el 'caso Fabra'
La Unión de Consumidores exige al Poder Judicial que intervenga
La Unión de Consumidores de España (UCE), que representa a la acusación popular en el caso Fabra, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que evite los sucesivos cambios de jueces en el juzgado de instrucción número 1 de Nules, donde se instruyen las diligencias de investigación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal. Esta es la segunda ocasión en que la UCE traslada su queja al órgano de gobierno de los jueces por el mismo motivo.
En julio de 2005, tras poco más de un año de instrucción del caso, la acusación ya formuló una reclamación ante el continuo cambio de jueces. En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial únicamente apeló a la legalidad de los nombramientos. Ahora, en su escrito, la UCE solicita al Consejo que "adopte las medidas necesarias para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria", con el fin de "evitar dilaciones que ponen en grave peligro la administración de justicia".
El juzgado de Nules es un juzgado de los llamados "de paso", en el que los jueces suelen recaer antes de ascender a magistrados, momento en el que son trasladados a otra plaza. Este hecho ha motivado que durante la instrucción del caso Fabra por este juzgado hayan pasado ocho jueces, aunque aún falta por designar a una nueva titular que ocupará la plaza en la que ahora se encuentra una juez sustituta. La queja de la UCE hace referencia a que, "en un caso tan complejo, los jueces sustitutos no adoptan decisiones graves", mientras que con los titulares "deben acomodarse a una laboriosa instrucción de tal manera que, hasta tomar posesión mediante la rigurosa ilustración del procedimiento, éste se dilata considerablemente".
Además, el escrito remitido al CGPJ hace referencia a la necesidad de una "unidad de impulso y dirección". "Los criterios suelen ser dispares", señala el escrito, que añade: las decisiones "heredadas" pueden ser "no compartidas" o, incluso "contradictorias".Según fuentes consultadas, existe un precedente semejante en una larga y compleja instrucción como fue la del caso Malaya, en el juzgado número 5 de Marbella, que también es un juzgado de tránsito para los jueces.
El instructor solicitó varias prórrogas para permanecer en aquella plaza y así finalizar la instrucción. Dado que los jueces tienen autonomía para decidir sobre sus traslados y ascensos, el máximo órgano judicial sólo puede sugerir la permanencia que, en cualquier caso, ha de partir del instructor y recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.
En la tramitación de las solicitudes de prórroga participan también el Tribunal Superior de Justicia, que ha de dictar un informe preceptivo pero no vinculante. En cualquier caso, las prórrogas no paralizan la carrera judicial de los jueces ya que su incorporación a la nueva plaza únicamente se demora.
No solo la Unión de Consumidores de España (UCE) ha hecho públicas sus quejas sobre la lentitud en la instrucción del caso y el problema de los continuos cambios de juez. El propio Fabra ha manifestado también su deseo de que la justicia sea rápida aunque, en su caso, no se conoce que haya presentado ninguna queja formal.
"El ciudadano se muestra desorientado, pierde la confianza en la justicia, cuyas decisiones se hacen borrosas y desdibujadas, y cae en la tentación de atribuir las decisiones de los continuos cambios a intereses espúreos", concluye la queja de la acusación particular que, además, pide que "se ofrezca una nota explicativa de los motivos legales que han creado la actual situación".
El escrito remitido por la UCE al órgano de gobierno de los jueces refleja el malestar sobre un caso que amenaza con eternizarse tras cuatro años en el juzgado de Nules. El pasado mes de diciembre la séptima juez que ha investigado los hechos relacionados con el caso Fabra logró su traslado a otro juzgado. Lo sorprendente es que el nuevo destino de la última juez que ha instruido el caso Fabra solo está a pocos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Así, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hizo cargo del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación asignado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ésta fue la última juez titular y la que más tiempo permaneció al frente del juzgado número 1 de Nules, ya que llegó en septiembre de 2005. Sin embargo, fue la única que protagonizó un traslado a petición propia y no por un ascenso a plaza de magistrado.
Desde diciembre, la investigación del caso Fabra está cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto, que es el octavo que se hace cargo de las diligencias. El próximo juez titular, que está pendiente de nombramiento, será el noveno que tendrá que hacerse cargo del caso que afecta a Carlos Fabra. www.elpais.es 28.02.08
Fabra destaca el hándicap 2 de golf de su nueva asesora
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, defendió ayer los méritos de la hermana del golfista Sergio García, que ha pasado a ocupar un puesto de asesores en la institución provincial. Al responder sobre los méritos de Mar García para ocupar el puesto, Fabra señaló que es licenciada por una universidad americana, que habla inglés y alemán y que es hándicap 2 de golf, por lo que "conoce a la perfección" este deporte. Estos valores le llevarán a cobrar de las arcas públicas más de 45.000 euros anuales, de los que más de 33.000 corresponden al complemento específico ya que el sueldo base del grupo por el que ha sido contratada, el del nivel E, es el más bajo de la contratación pública.Después de que el portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, llamara a la "rebelión social" y reclamara, de nuevo, explicaciones sobre las gestiones que realizan los 33 cargos de libre designación de la Diputación, Fabra respondió ayer que no tiene que "justificar a nadie" los asesores que nombra. www.elpais.com 07/02/08
Carlos Fabra acumula ya 33 asesores, la mayoría familiares de altos cargos del PP
El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha colocado como nueva asesora del área de presidencia en la institución provincial a la hermana del jugador de golf Sergio García. El presidente provincial y el golfista mantienen una estrecha relación, y ambos son socios del club de golf La Coma, en la localidad castellonense de Borriol. Un club que preside el propio Fabra, y donde este año, pretende celebrar el campeonato master internacional de golf que promueve la Generalitat valenciana.
La hermana de Sergio, Mar García, ha sido contratada como personal eventual perteneciente al grupo E, sin titulación alguna, pero cobrará uno de los sueldos más altos del grupo de asesores del presidente de la Diputación, ya que percibirá un total de 45.157 euros al año, o lo que es lo mismo, 3.225 euros por 14 pagas mensuales, según publica el Boletín Oficial de la Provincia.
Mar García sustituye en el cargo de asesora de presidencia al ex portavoz del PP en Benicàssim, Manuel Gual, que ha sido nombrado adjunto al director técnico del Instituto Provincial del Deporte, que también depende de la Diputación. Un cargo por el que Gual también cobrará 45.157 euros al año.
Carlos Fabra tiene 32 asesores y cargos eventuales en la Diputación de Castellón. De ellos, 25 son familiares de cargos del PP, alcaldes de municipios pequeños, o ex concejales y portavoces de este mismo partido.
www.elpais.com 04/02/08
Camps coloca a la hija de Fabra en el Congreso y a un alto cargo imputado en el Senado
La senadora Andrea Fabra está siendo investigada también en relación con el supuesto delito fiscal por el que está imputado su padre
El presidente de los populares valencianos, Francisco Camps, ha colocado de número dos en la lista del PP al Congreso por Castellón a Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, imputado en varios delitos contra la Administración. La vacante que dejará Andrea Fabra en el Senado será ocupada por otro cargo del PP imputado, el ex alcalde de Burriana y actual secretario regional de Política Económica y Empleo, Alfonso Ferrada.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha explicado que la elección de su hija, que está situada tras el coordinador del programa electoral nacional Juan Costa, había sido una propuesta del propio Camps. Andrea Fabra, elegida senadora territorial tras las últimas elecciones autonómicas, está siendo investigada también en relación con el supuesto delito fiscal por el que está imputado su padre.
Una vez logre el acta de diputada, la vacante de Andrea Fabra en el Senado será ocupada por Alfonso Ferrada, imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. Ante el juzgado número 1 de Vila-real, Ferrada ha admitido que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, lugar en el que tiene propiedades.
Camps aprovechó la confección de las listas de las tres circunscripciones valencianas para reducir al mínimo el número de diputados fieles a Eduardo Zaplana. En las candidaturas Camps también ha colocado un buen número de alcaldes, al presidente nacional de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, y al ex ministro José María Michavila, ambos en la lista por Valencia.
www.elpais.es 23.01.08
Fabra: "Aquí se puede llamar corrupto al que se quiera"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, recurrirá la sentencia del juzgado número 1 de Castellón que absuelve al PSPV de la demanda en la que acusaba a los socialistas de haber vulnerado su derecho al honor y su imagen. "Aquí se puede llamar corrupto a quien se quiera, sin tener nada, porque la libertad de expresión está por encima del honor", concluyó Fabra como valoración del fallo. "No se puede insultar a nadie sistemáticamente", mantuvo y aseguró que llegará con los recursos "hasta el final". La sentencia considera probado que Fabra es titular de 94 cuentas después que el líder del PP provincial no lo negara en su declaración en el juzgado. Fabra criticó los criterios de la judicatura y, ayer, en la sede de la Diputación, sí explicó que alrededor de 70 de las cuentas corresponden a la Corporación, el PP y la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón, entre otras entidades, con lo que la veintena restante sí son cuentas abiertas como titular o autorizado de forma particular.
Tras la petición de dimisión realizada por los socialistas, el líder del PP provincial recordó los resultados de las últimas elecciones municipales, por los que los populares obtuvieron un diputado provincial más, y se pavoneó: "A mí no me ha condenado ningún juzgado a nada". "A nada", insistió y se jactó de que "ni siquiera" está procesado, ya que en las diligencias en las que se le investiga ante la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal solo figura como imputado. Carlos Fabra será considerado procesado cuando concluyan las diligencias, que llevan más de cuatro años instruyéndose. www.elpais.es 17.01.08
UN JUEZ SUBRAYA LA "RELEVANCIA PÚBLICA" DEL INCREMENTO PATRIMONIAL DE FABRA
Un juez considera "cierto" y de "relevancia pública" el incremento patrimonial de Carlos Fabra y añade que resulta "sintomático" que el presidente de la Diputación de Castellón no recuerde que, pese a tener un millón de euros en sus cuentas, le salió a devolver la declaración de la renta. Estas afirmaciones forman parte de una sentencia que desestima una demanda contra los socialistas presentada por el jefe del PP de Castellón en respuesta a una publicidad electoral contra la corrupción que citaba a Fabra y al vicepresidente primero de la Diputación castellonense y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.
Fabra y Martínez presentaron una demanda contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, y el PSPV-PSOE por vulnerar su derecho al honor y su imagen. El motivo eran unos anuncios publicados en periódicos locales, durante la campaña de las pasadas elecciones municipales, bajo el encabezamiento "Contra la corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo".
En ellos se preguntaba a los lectores si alguna vez les habían regalado fincas como al vicepresidente de la Diputación, si habían tenido un millón de euros repartidos en 94 cuentas [según la sentencia, 39 según la publicidad] como Fabra, a quien, además, le salía la declaración de la renta a devolver, y si en su casa había votado más de una familia, en referencia a la supuesta manipulación de censos electorales en varios municipios de la provincia.
Carlos Fabra y Francisco Martínez entendían en su demanda que se les estaba "tildando de corruptos" sobre la base de "unos hechos o supuestas irregularidades que son falsas", y reclamaban una indemnización de 240.000 euros.
El titular del Juzgado número 1 de Castellón rechaza en su sentencia, emitida el pasado 7 de enero, las pretensiones de ambos cargos del PP y absuelve a los socialistas. El juez Rafael Giménez dice que los hechos denunciados en la campaña publicitaria "están dotados de relevancia pública". El magistrado añade que "contribuye a ese interés la anormalidad" de los hechos denunciados y concluye que las informaciones ofrecidas sobre Fabra y Martínez "son ciertas", porque el propio vicepresidente primero "reconoció" en su declaración ante el juzgado que "recibió en donación bastantes fincas", además de lo expuesto en "las notas registrales" presentadas por los demandados referidas a sus propiedades.
Respecto al millón de euros en 94 cuentas de Fabra, el titular del Juzgado número 1 de Castellón sostiene que "debe llegarse al mismo resultado", es decir, a la veracidad de las afirmaciones, "porque es sintomático que", en su declaración judicial, Carlos Fabra "no recuerde si le salió a devolver la declaración de la renta y que no niegue la titularidad de las cuentas o el importe referido en las mismas". Respecto a la supuesta trama de los censos electorales, el juez dice que "el interés general" de esta información "está fuera de toda duda", y admite "la existencia y notoriedad" de varios casos.
El juez concluye que se trata de "hechos veraces y de relevancia pública", y condena a Carlos Fabra y a Francisco Martínez a las costas del proceso, que ascienden a unos 10.000 euros más IVA, según fuentes del caso.
(www.elpais.com, 15/01/08)
La curiosa buena estrella del imputado Carlos Fabra
Ésta es la tercera vez que resulta agraciado con un premio de lotería
No hay mucha gente que pueda decir que le ha tocado la lotería hasta en tres ocasiones. Uno de los que puede afirmarlo con rotundidad es el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que el sorteo de El Niño le ha reportado un premio de 2 millones de euros.
Pero hace unos años, entre los meses de septiembre y noviembre de 2004, Fabra tuvo la suerte de llevarse 16.261 euros gracias a su buena estrella. Así consta en su declaración correspondiente al ejercicio fiscal de ese año, que recoge la documentación procedente de Loterías y Apuestas del Estado.
En Castellón, ayer, no se hablaba de otra cosa aunque, en la mayoría de los casos, de forma irónica o sarcástica. Imputado por la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, Fabra recibió ayer la enhorabuena de un sinfín de dirigentes del PP con los que coincidió en la presentación de un proyecto educativo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
"Suena a broma de mal gusto", decían ayer algunos internautas, mientras que en los bares se comentaba el hecho conocido de que Carlos Fabra suele comprar grandes cantidades de lotería para los sorteos más importantes. "Dicen que llevaba más de sesenta décimos", apostaban en las barras de diferentes establecimientos.
Según fuentes cercanas al dirigente, el presidente de la Diputación adquirió los décimos en la misma administración número 3 de la capital de La Plana de la que salieron los 550 billetes premiados con el primer premio. Según otras fuentes, Fabra no ha sido el único agraciado sino que sus guardaespaldas y su chófer también podrían haber conseguido "un pellizco", aunque no de las dimensiones de su jefe.
"Es lo que pasa con las loterías, le pueden tocar a cualquiera", comentaban en la red algunos críticos con el presidente provincial del PP castellonense.
Claro que Fabra no es cualquiera. A cualquiera no le sonríe la fortuna en tantas ocasiones ni cualquiera logra sumas tan cuantiosas como las que alcanza con su buena estrella el presidente de la Diputación de Castellón y del PP, tan afortunado él. www.elpais.es 08.01.08
El traslado de la séptima juez en 4 años eterniza el 'caso Fabra'
La magistrada ocupará otro despacho a unos metros del anterior
El caso Fabra amenaza con eternizarse. La séptima juez que ha investigado los hechos en los últimos cuatro años ha logrado un traslado a otro juzgado. Lo insólito es que su nuevo destino se encuentra escasos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Lourdes Noverques, hasta la fecha titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hará cargo el viernes del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación que le ha asignado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Noverques ha sido la juez que ha permanecido más tiempo al frente de este juzgado, al que llegó en septiembre de 2005, aunque es la única que ha protagonizado un traslado a petición propia y no por ascenso a plaza de magistrado. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juzgado número 4 de Nules fue uno de los destinos solicitados por la juez. Sin embargo, no pudieron precisar si fue su primera opción.
La investigación del caso Fabra será cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto hasta que sea nombrado el próximo titular, lo que elevará a nueve el número de jueces por cuyas manos hayan pasado las diligencias previas. Será uno de estos dos el que, probablemente, reciba el informe de los peritos inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, las cuentas y los ingresos de la familia Fabra. Tras este dictamen, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En cualquier caso, aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo el propio Fabra, para interrogarle sobre ingresos en efectivo de hasta 600.000 euros en sus cuentas efectuados en pequeñas cantidades.
El proceso de designación de un nuevo titular demorará la instrucción. Lourdes Noverques se ha convertido de esta manera en la séptima juez que abandona el llamado caso Fabra, en el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y provincial del PP por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
La causa se inició con la querella de un empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de gestiones políticas para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios. Cuando se cumplen cuatro años desde que se abrieran las diligencias, la causa ha sido instruida por siete jueces y cuatro fiscales. www.elpais.es 20.12.07
CONTRADICCIÓN ENTRE EX CARGOS DEL PP SOBRE EL 'CASO FABRA'
El ex secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad Rubén Moreno afirmó ayer "no ser cierto" que fue él quien encargó a la ex directora general de Sanidad del Gobierno de Aznar Dolores Flores la redacción de un documento sobre el estado de la tramitación de los productos fitosanitarios vinculados al caso Fabra. Flores declaró, en calidad de imputada, el pasado lunes ante la titular del juzgado número 1 de Nules, donde verificó la autenticidad del documento, que, afirmó, respondía a una solicitud de Moreno, según fuentes del caso. En declaraciones a la Cadena SER, Moreno negó ayer que reclamara el escrito en el que se informaba de la autorización de los fitosanitarios, cuya licencia había sido solicitada por Artemis 2000, empresa que de la que eran socias la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra, y la esposa del empresario Vicente Vilar. Éste denunció a Fabra, al que acusó de cobrarle dinero a cambio de tratar de agilizar las licencias de fitosanitarios con gestiones ante los ministerios de Agricultura y Sanidad, que debían autorizarlas.
(www.elpais.com, 12/12/07)
UNA EX ALTO CARGO ADMITE MANIOBRAS DE FABRA PARA LA FIRMA DE SU ESPOSA
La ex directora general de Sanidad durante el gobierno de Aznar, Dolores Flores, admitió en un juzgado de Nules haber informado de la tramitación de autorizaciones para los productos fitosanitarios vinculados al llamado caso Fabra, así como de que esos productos iban a tener salida "en unos días". Flores reconoció su firma en uno de los faxes que forman parte de las diligencias, en el que ella misma informa textualmente de "los nombres de las sustancias y productos que he firmado para dar salida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". El documento respondía, tal como admitió, a una solicitud formulada por el entonces secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, el valenciano Rubén Moreno, quien reclamó que le informara del estado de la tramitación de dichos fitosanitarios. La petición de autorización de la mayoría de esos productos había sido formulada por la empresa Artemis 2000, de la que era socia la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra.
Dolores Flores declaró en calidad de imputada, ante la titular del juzgado número 1 de Nules donde se instruye la causa por la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por supuestos delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal. La causa está abierta desde que el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las solicitudes para dichos productos habían de obtener, primero, la aprobación del Ministerio de Sanidad para, posteriormente, ser autorizados por el de Agricultura.
La vinculación admitida por Flores ratifica que el "interés" mostrado por varios dirigentes del PP sobre los productos del empresario Vicente Vilar no se limitaba al Ministerio de Agricultura sino que también se extendió al de Sanidad. En el fax remitido por la directora general de Sanidad, ésta "detalla" en una lista las sustancias y productos para los que ya ha firmado la autorización y añade, de su puño y letra: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Pese a que Dolores Flores dijo ayer ante el juez no haber enviado el documento directamente a Fabra sino a Rubén Moreno, el hecho es que el escrito llegó finalmente a manos de Vilar y, según éste, fue el propio presidente de la Diputación quien se lo hizo llegar para presentárselo como "prueba" de las gestiones que estaba llevando a cabo en favor de sus productos. Rubén Moreno ya fue interrogado ante la juez y, en aquella ocasión, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, no le formuló ninguna pregunta. Por ello, sólo respondió a preguntas de su abogado ante el que desmintió cualquier vinculación con el caso.
En cualquier caso, la mayoría de los nombres que incluyó Flores en su escrito se refiere a productos de la empresa Artemis 2000, creada por las entonces esposas de Vilar y Fabra, Monserrat Vives y Amparo Fernández, respectivamente. Ambas están igualmente imputadas en la causa.
El juzgado número 1 de Nules acogió también ayer la declaración de otra imputada, la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana Pilar Máñez. Según la denuncia de Vilar, fue ella la responsable de la concesión de una "rápida" autorización para obtener la licencia de gestor de residuos no peligrosos tras una entrevista concertada por Carlos Fabra. Ayer, ante el juez, Máñez admitió la celebración de aquella reunión, con asistencia de Fabra y Vilar.
(www.elpais.com, 11/12/07)
Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción
No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta - y las que no - en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.
Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.
Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.
Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.
Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.
Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.
Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.www.elplural.com 07.12.07
LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA
La senadora por Castelló Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tendrá que someterse a la misma investigación fiscal y patrimonial que su padre después de que el Juzgado de Nules haya enmendado un error judicial que la había dejado oficialmente al margen de la causa durante casi cinco meses.
De esta manera se abre la puerta a que los inspectores de Hacienda puedan referirse también a ella y a sus actividades económicas en el informe que están ultimando.
La investigación de los peritos contra Andrea Fabra se vio privada de cobertura legal, desde enero hasta junio, porque a la juez de Nules se le pasó incluir a la senadora en la lista de los familiares del presidente que debían ser investigados por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Castelló. Este tribunal advirtió en marzo de 2006 que en asuntos como el caso Fabra «no suele ser infrecuente que el lucro obtenido se oculte en la esfera familiar».
El error judicial se consumó el pasado 23 de enero, cuando la juez de Nules, Lourdes Noverques, concedió «habilitación general» a los peritos de la Fiscalía Anticorrupción para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria y recabar información fiscal y patrimonial de Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, y de los hijos del matrimonio: Borja Fabra, Claudia Fabra y Carlos Fabra Fernández. En aquella providencia, la juez incurrió en un lapsus y se olvidó de la senadora. Han tenido que pasar casi cinco meses, hasta el pasado 7 de junio, para que la titular del juzgado se diera cuenta del olvido y acordara que «procede conceder a los peritos habilitación general para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria en las que conste información de trascendencia tributaria correspondiente a Andrea Fabra».
El mandato se extiende también a todas las declaraciones que la hija del presidente haya presentado «por todos los conceptos tributarios» en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.
La decisión de Noverques provocó la inmediata respuesta de Carlos Fabra, quien en el enésimo recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial de Castelló alegó que tal decisión supone «una lesión de su derecho fundamental a la intimidad» y de otras personas investigadas, «incluso no imputadas», refiriéndose a su hija Andrea Fabra y al resto de familiares.
El abogado de Fabra, Javier Boix, insiste además en el escrito en que la investigación de los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción sobre los hijos de la familia Fabra supone un riesgo ante la posibilidad de que se filtren a la prensa «un buen número de datos personales e íntimos», que a su juicio no tienen nada que ver con la investigación judicial. Además, considera que la titular de Nules no ha controlado suficientemente a los dos peritos en su labor de obtención de unos datos «sumamente protegidos» por la Agencia Tributaria. El recurso está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial y tanto el abogado del Estado (que representa los intereses del Ministerio de Hacienda) como el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, se opusieron al mismo. El representante del Ministerio Público llega a decir en su escrito que el recurso del líder provincial del PP contra la labor de los peritos «sólo puede entenderse desde la ignorancia y el desconocimiento de las garantías, sistemas y procedimientos que regulan la obtención de datos de la Agencia Tributaria». En una providencia fechada el 26 de septiembre, Noverques hace constar que ha recibido ya la información «de trascendencia tributaria» sobre Andrea Fabra que los peritos han obtenido en los ficheros oficiales.
Ahora los inspectores están a la espera de recibir la información que los bancos deben remitir sobre el presidente de la diputación, su mujer y sus descendientes para poder realizar su informe final. El presidente de la diputación, su esposa y 6 ex altos cargos del PP figuran como imputados en supuestas mediaciones en favor de Naranjax. Andrea Fabra está casada con el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes. El líder del PP la colocó en el Senado el pasado mes de julio.
(www.levante-emv.com, 14/11/07)
Celia Villalobos admite ante la juez que Fabra se interesaba por la lentitud de los permisos
La ex ministra de Sanidad Celia Villalobos también ha reconocido ante la juez de Nules que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, se interesaba por la lentitud con la que el Ministerio de Agricultura aprobaba los permisos de los productos fitosanitarios, entre ellos los de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar.
La versión como testigo que Villalobos ha dado a la juez que instruye el caso Fabra es similar a la que han aportado sus ex compañeros de gabinete, los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Arias Cañete, quienes reconocieron que Fabra les preguntaba por las autorizaciones del sector fitosanitario.
La ex ministra de Sanidad declaró por escrito acogiéndose a su derecho como aforada. Cuando el abogado de Vilar le preguntó sobre el supuesto interés que Fabra demostraba en los fitosanitarios, Villalobos contestó que «el señor Fabra planteó la lentitud con que los aprobaba Agricultura, según los técnicos de Sanidad Vegetal de dicho ministerio» . Respecto a cuál fue su reacción tras la mediación de Fabra, Villalobos zanjó la cuestión con contundencia: «Mi costumbre era que una vez transmitido el motivo de la reunión y no habiendo más asuntos que tratar, daba por finalizada la misma». La líder del PP andaluz reconoció que tras los contactos con Fabra pidió a la Dirección General de Salud Pública un informe sobre la situación de los productos fitosanitarios. Sobre futuros contactos en beneficio de Naranjax, dijo que no hizo ninguna otra gestión más en este asunto y negó que su marido, Pedro Arriola, asesor de José María Aznar, tuviera algo que ver: «Mi marido era asesor del presidente del PP no del presidente del Gobierno» .
A preguntas de los abogados de la Unión de Consumidores de España, la ex ministra admitió que de Vicente Vilar sabía «su nombre y que era un empresario de su provincia que tenía problemas con la Dirección General de Salud» . Apostilló que «el señor Fabra, como otros políticos de cualquier partido, se interesaba por los problemas de su provincia» . Villalobos aclaró que nunca dio instrucciones sobre Naranjax a Dolores Flores, ex directora general de Salud Pública y Consumo, y que no llegó a recibir a otros políticos de Castelló para tratar sobre la empresa Naranjax.
Según la versión de Vicente Vilar, Villalobos les echó a él y a Fabra de su despacho cuando le pidieron que agilizara el trámite.www.levante-emv.com 10.11.07
Posada, ex ministro de Agricultura con el PP, admite reuniones con Fabra
Posada ha reconocido que se reunió en 1999 en el Ministerio con Carlos Fabra, con el entonces senador, Miguel Prim, y con los diputados del PP por Castellón Juan José Ortiz y Juan Costa
El ex ministro de Agricultura del PP, Jesús Posada, ha admitido ante la justicia que se reunió con Carlos Fabra y otros cargos de su partido para abordar el retraso de los fitosanitarios de Naranjax. Posada dice que no recuerda ningún caso más de políticos que se interesaran ante el Ministerio por el retraso en los fitosanitarios
El juzgado número 1 de Nules, que investiga el 'caso Fabra', ha recibido ya las declaraciones por escrito de los ex ministros de Agricultura con Aznar, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete. El primero ha reconocido que se reunió a mediados del mes de julio de 1999 en el Ministerio con el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, con el entonces senador, Miguel Prim, y con los diputados del PP por Castellón por aquella época, Juan José Ortiz, y Juan Costa.
Posada dice que la reunión se realizó a instancias de Ortiz, y que además de interesarse por la instalación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón, se habló de los retrasos que sufrían los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, y de su producto estrella, el ABAC, que poco después sería autorizado y comercializado con notable éxito por las entonces esposas de Vilar y Fabra a través de la empresa Artemis 2000.
El ex ministro de Agricultura afirma también en su declaración judicial que no recuerda que Carlos Fabra o el resto de sus interlocutores se interesasen por otra empresa de Castellón en aquella reunión, y que era inhabitual que los políticos se interesasen ante el ministerio por los retrasos en los fitosanitarios. De hecho, Posada dice que no recuerda ningún otro caso como este.
Jesús Posada también dice que fue el senador Prim quien introdujo en la reunión el tema de los fitosanitarios, y admite que el senador por Castellón le envió una carta pidiendo celeridad en los trámites que no contestó por su carácter poco pertinente.
El detalle de los miembros de la reunión por parte de Posada deja en evidencia a Juan Costa, quien en su declaración judicial dijo que no recordaba que hubiera participado en reunión alguna.
Por su parte, el sucesor de Posada en el ministerio de Agricultura, Miguel Arias Cañete, reconoce que Miguel Prim le abordó alguna vez por los pasillos del Congreso de los Diputados para preguntarle por los fitosanitarios de Naranjax, pero dice que este tipo de situaciones eran normales.
El juzgado de Nules todavía no ha recibido las respuestas de la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que también tiene que declarar como testigo en el proceso.
www.elpais.06.11.07Los inspectores piden a los bancos más datos sobre Fabra
La juez ha admitido una nueva prueba solicitada por los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que investigan las cuentas de Fabra y su familia. En un auto fechado el pasado 18 de octubre, la juez acuerda ordenar a los bancos de Castelló que faciliten información sobre contratos de apertura de las cuentas de la familia y las empresas ligadas al presidente de la diputación durante el periodo 1999-2004. La titular del juzgado de Nules accede también a la petición de los inspectores de que los bancos informen de los extractos de los movimientos de las cuentas y depósitos; de las tarjetas de crédito o débito y de cualquier operación en la que figuren, al menos, fecha, lugar, concepto e importe de la misma. Los bancos deberán remitir además toda la información de que dispongan sobre préstamos bancarios o créditos a nombre de Fabra, su mujer, sus hijos y Carmacas y Artemis, las firmas vinculadas a la familia del líder popular. Por último, el auto de la juez acuerda que los bancos aporten toda la documentación que tengan en su poder respecto al alquiler de las cajas de seguridad de las personas investigadas, en concreto contratos de apertura, relación de autorizados y registros de utilización. Fabra se ha vuelto a oponer a que los peritos de Hacienda indaguen en su patrimonio y en el de sus hijos, alegando que supone una intromisión en su derecho al honor. Además, considera que ampliar la indagación fiscal contra su familia supone una extralimitación de la competencia judicial. La juez de Nules ha desestimado su recurso bajo el argumento de que fue la Audiencia Provincial de Castelló la que en su día delimitó concretamente las personas que deben ser investigadas, entre las que se encuentran la mujer y los hijos del presidente de Castelló. Por su parte, el diputado autonómico socialista, Antonio Such, criticó ayer «el uso y abuso» del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ante «el beneplácito del presidente de la Generalitat, Francisco Camps» , apuntó. Such hizo estas declaraciones tras conocer que el presidente de la Diputación «ha nombrado a los hijos del alcalde de Montán y del ex primer edil de Vinaròs como asesores de los cargos de gobierno» , según publicaron varios medios de comunicación. Con estos ya son más de 20 los familiares de cargos del PP que Fabra ha «colocado» en la institución, criticó. «Es evidente que Fabra hace un uso partidista y familiar de los recursos económicos de Castellón que exceden de lo prudente» , afirmó Such. En este sentido, cuestionó la actitud « despótica» del presidente de la diputación con respecto a los bienes de los ciudadanos de la provincia. www.levante-emv.com 10.11.07
La séptima juez del 'caso Fabra' pide el traslado
La investigación está pendiente del informe pericial sobre el incremento patrimonial del jefe del PP en Castellón
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la que han pasado también cuatro fiscales- en la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y jefe del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.
Noverques es la juez que ha permanecido más tiempo en el puesto. Cuando se hizo cargo del juzgado, en septiembre de 2005, aún había pendientes de realizar muchas diligencias que durante estos dos años se han ido practicando, sobre todo porque, tras el rechazo inicial del juzgado, finalmente han sido admitidas por la Audiencia provincial. Poco antes de la llegada de Noverques a Nules, las acusaciones a Fabra de presuntos delitos contra la administración pública se ampliaron a un posible fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria respecto del ejercicio de 1999. En estos dos años, ha tomado declaración a diputados, senadores y ex ministros, y ha empezado a recibir la documentación de los inspectores fiscales después de que se autorizara investigar el patrimonio de Fabra y de su familia.
La investigación está en un momento crucial ya que el juzgado recibirá en breve el informe de los peritos de Hacienda sobre los ingresos declarados por Fabra y su familia y su incremento patrimonial. El juzgado aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al dirigente del PP para interrogarle sobre el ingreso en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en pequeñas sumas.Al contrario que las dos titulares que la precedieron (las otras cuatro jueces han sido sustitutas), Noverques no se traslada por un ascenso sino que ha solicitado el traslado voluntario a otro juzgado valenciano, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Este traslado puede ser aprobado la próxima semana.
La primera titular del juzgado de Nules que se hizo cargo del caso, Isabel Belinchón, rechazó las querellas del empresario Vicente Vilar, en las que acusaba a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Sin embargo, Belinchón abrió una investigación de oficio ante la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública y protagonizó el primer interrogatorio judicial a Fabra. Poco después, fue ascendida a magistrada y trasladada a Teruel.
Una juez sustituta, Carmen Albert, asumió la investigación de forma interina hasta la incorporación de María Fernanda Lorite, que procedía de Gernika. La juez vasca también ascendió a magistrada y dejó la sede de Nules para ser sustituida por Reyes Gavara, que apenas estuvo un mes. Tras ella llegó Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), quien apenas estuvo dos. Como sustituta, hasta la llegada de Noverques, ocupó la plaza María del Mar Julve.
www.elpais.es 10.11.07
Fabra nombra asesores de la Diputación de Castellón a los hijos de un alcalde y un ex alcalde del PP
Cada uno de ellos cobrará 32.000 euros al año. En total, veinticinco de los 32 asesores de Fabra en la Diputación son familiares, alcaldes o ex concejales del PP
El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, es el encargado de completar la lista de asesores y cargos eventuales en la institución provincial de Castellón. El pasado mes de julio decidió ampliar a 32 el número de estos cargos, pero le faltaban por cubrir algunas plazas. Lo ha hecho con los hijos de un alcalde y un ex alcalde, ambos del PP.
Hoy, el Boletín Oficial de la Provincia publica el nombramiento de Inmaculada Moliner como asesora del vicepresidente segundo de la institución provincial, Vicente Aparici. La nueva asesora es hija del ex alcalde popular en Vinaroz, Jacinto Moliner, ha sido contratada como grupo D o graduado escolar, y percibirá un sueldo de 32.000 euros al año.
El segundo nombramiento es el de Sergio Fornás, que es hijo del alcalde de Montán y diputado provincial hasta las pasadas elecciones, Antonio Fornás, como asesor del vicepresidente primero, Francisco Martínez. El hijo del alcalde de Montán, calificado como grupo E, sin titulación alguna, percibirá un sueldo anual de 32.000 euros.
"Iba a ser yo"
El alcalde de Montán, Antonio Fornás, ha revelado en declaraciones a la Cadena SER que "en realidad iba a ser yo [el asesor], pero al tener 70 años no puedes ser contratado por las administraciones". Fornás ha insistido en que "en principio yo iba a ser el asesor y el alcalde, pero al encontrar con eso [el impedimento legal], como mi hijo me ha ayudado en la comarca pues le han nombrado a él".
De los 32 asesores y cargos eventuales nombrados por Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, un total de 25 son familiares de cargos del PP, alcaldes de municipios pequeños, o ex concejales y portavoces de este mismo partido, que desempeñan diversas tareas a cargo del erario público. Entre ellos el hijo del ex alcalde de Almassora, una sobrina del vicepresidente primero, la cuñada de Carlos Fabra, y hasta un familiar de la ex ministra de Medio Ambiente con el PP, Elvira Rodríguez
www.cadenaser.com 08.11.07
LA DIPUTACIÓN PAGARÁ 21.000 EUROS POR UN JUICIO QUE PERDIÓ FABRA
La Diputación de Castellón pagará los 21.000 euros que, en concepto de costas, le ha obligado a pagar un juzgado tras una querella contra la Cadena Ser. El presidente de la institución provincial, Carlos Fabra, interpuso la denuncia después de que la emisora informara de que durante las fiestas de la Magdalena de 2004, en el palco de la plaza de toros reservado por la Diputación, se sirvieron champán francés y puros Cohíba, además de la tradicional merienda. Por aquel palco pasaron dirigentes del PP provincial, empresarios y personajes de la prensa rosa. Durante el año anterior, Carlos Fabra gastó 26.000 euros en entradas de toros, 1.500 en cáterin y 165.000 en comidas. Fabra presentó la denuncia como presidente de la Diputación, ya que entendió que se había atentado contra la institución. Al archivarse la causa, es el denunciante el que ha de pagar el coste del procedimiento en lo que se refiere a los profesionales que intervinieron. Así, la Diputación desembolsará esos 21.000 euros, de los que 19.500 son para pagar la minuta del abogado, mientras que el resto se abonará al procurador. El pago ha sido aprobado a través de dos decretos que ha firmado el propio Carlos Fabra, con lo que el gasto no pasará por el pleno. Según el portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, el hecho de que sean las arcas públicas las que costeen las costas del juicio supone una demostración más de que Fabra "confunde la privado con lo público y lo particular con lo general". Además, a través de este sistema se ha aprobado también un gasto de casi 7.000 euros para la renovación del mobiliario de una diputada. www.elpais.com, 30/10/07
Cuatro años en el cargo con la corrupción en los talones
Las imputaciones por distintos delitos contra el jefe del PP en Castellón, presidente de la Diputación, se eternizan en el juzgado
La justicia no es rápida. Y el sistema jurídico español dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garantías se convierten en el arma más apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del líder del Partido Popular en Castellón y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, según han reconocido algunos de sus compañeros. Incluso, los que comparten defensa o acusación con él.
Desde que empezó a tramitarse el caso han pasado siete jueces por el Juzgado de Nules
Un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos
En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, presentó una querella contra el presidente de la Diputación castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La mediación que supuestamente ejercía Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios del propio Vilar.
En medio de esta trama se desenvolvían dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente político y el empresario de los fitosanitarios.
Un año después de la creación de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declaró a Hacienda que había cobrado 73.000 y consiguió 3.000 euros de devolución en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria le abrió un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora está también imputado.
Casi cuatro años después de que se destapara el escándalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos aún por celebrar, al margen de la práctica de múltiples pruebas que, con meses de dilación, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigación derivada de la imputación a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Además de la ralentización que ha supuesto la resolución de los recursos presentados, sobre todo por el líder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.
El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es más que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empezó a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervención durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra a quien preguntó: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias máxime estando tan próximas las próximas elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?".
Tras esas elecciones, la Fiscalía Anticorrupción apartó del caso a Arias y asumió la investigación en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez más abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a reconocer en un momento que éstos podían "perturbar la marcha del proceso".
En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Unión de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses después de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se aceptó que lo hicieran como acción popular y no como acusación particular. Esta fórmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusación a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protección de la legalidad, el servicio público y el respecto a la ley.
Así, argumentaron su legitimización para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, también en el ámbito de las Administraciones públicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorización de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto podía suponer para el consumidor. Además, arguyeron que, de probarse la alteración en el normal funcionamiento de la Administración se estaría alterando también el sistema al que son sometidos los usuarios. La Unión de Consumidores señaló que la "única intención y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucción e investigación".
El caso es que la UCE ha sido durante estos años la parte más activa en la investigación del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicitó los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclamó la intervención de peritos que estudiarán las cuentas de Carlos Fabra y logró que en una sola causa se acumulara la acusación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar íntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.
Los representantes de la UCE son reacios a aparecer públicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acción de la organización debe limitarse únicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ésta se haya alterado con prácticas contrarias al derecho. Su intención es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios públicos.
En una cosa coinciden con Fabra, en su deseo de que el caso no se eternice más. Porque, después de casi cuatro años de investigación, sigue habiendo un cargo público, que revalidó su puesto en las últimas elecciones municipales del 27 de mayo y sigue cobrando del erario público, al que la sospecha de corrupción le pisa los talones. Siete jueces le han investigado tras comprobar que existían múltiples indicios de que Fabra hubiera cometido varios delitos mientras. El procedimiento judicial al que está sometido no tiene plazos, fechas ni visos de pronta resolución. Sea en el sentido que sea. www.elpais.es 20.10.07
LA SECRETARIA DE VILAR DICE QUE EL CHÓFER DE FABRA RECOGÍA "SOBRES"
La secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que el chófer del dirigente del PP acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas". La empleada de Vilar hubo de declarar ante el juzgado de instrucción número 2 de Nules donde se instruyen unas diligencias en la que Fabra figura como imputado por un presunto delito de falsificación. En su declaración como testigo manifestó que tanto Carlos Fabra como su esposa, Amparo Fernández, habían acudido a la fábrica en varias ocasiones ya que, de hecho, ambos mantenían entonces una relación de amistad con Vicente Vilar.
La acusación que originó esta investigación se refiere al supuesto encargo y elaboración de cuños falsificados para tratar de autentificar documentos que posteriormente se presentaban ante la administración para tramitar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Según Vilar, Fabra no sólo sabía de la existencia de estos cuños falsos sino que colaboró en su elaboración. Tras esta acusación, el juzgado abrió la causa al margen de la iniciada por otro juzgado de Nules, que investiga al presidente de la Diputación de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal en el llamado caso Fabra.
La diputada autonómica de Compromís, Marina Albiol, señaló ayer que la afirmación de la empleada "apunta de nuevo a un uso fraudulento de recursos públicos". Albiol indicó que este nuevo testimonio "demuestra que, entre otras actividades ilícitas, también se puede tratar, sin ninguna duda, de un uso fraudulento de los recursos públicos", ya que "sólo con el testimonio de esta administrativa se demuestra cómo el presidente de la Diputación ha empleado el coche oficial para sus asuntos personales, sean éstos legales o no". Así, manifestó su confianza en que los cambios en la Fiscalía de Castellón "ayuden a dar el impulso necesario" para avanzar y concluir el caso Fabra ya que, a su juicio, "el anterior fiscal y los propios y continuos obstáculos de Fabra han hecho que la instrucción de este caso se eternice".
Sin embargo, la testigo dijo que no puede saber cuál es el contenido de las cajas y sobres que transportaba Del Campo, ya que nunca llegó a verlos. Lo que sí confirmó la empleada de Naranjax es que tanto Carlos Fabra como su esposa, María Amparo Fernández, visitaban la fábrica porque tenían una "estrecha relación de amistad" con Vilar y su mujer, Montserrat Vives.
www.elpais.com, 06/09/07
El líder en Castellón de las juventudes del PP arremete contra Fabra y dimite
El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) en Castellón, Mariano Sardina, ha presentado su dimisión por desavenencias con el presidente provincial, Carlos Fabra, según confirmaron ayer fuentes del PP. La presidenta regional del colectivo juvenil del PP en la Comunidad Valenciana, Verónica Marcos, aseguró no tener constancia de la dimisión, después de que se conociera que Sardina había criticado duramente las formas empleadas por Carlos Fabra desde la dirección del Partido Popular en Castellón, que calificó de "dictadura".
"Se ha convertido en un partido de pensamiento único, aunque por detrás, nunca a la cara, hay mucha gente descontenta", declaró Sardina a Levante-EMV. "Todo está demasiado jerarquizado y no hay libertad de expresión", añadió. Sin embargo, ayer estuvo todo el día "desaparecido" y no atendió llamadas.
Han tenido que ser los jóvenes del PP, y su cabeza más visible, el presidente de NNGG, quienes se hayan atrevido a desafiar el férreo "poder" que Carlos Fabra ostenta sobre el partido en la provincia. A desafiar y a reconocer que en la ciudad de Castellón "los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaban, aunque nadie se atreve a decir que el caso Fabra ha perjudicado", indicó. Las fuentes consultadas aseguran que el desencuentro entre Sardina y Fabra viene de lejos y que, entre otras cosas, la postura de Carlos Fabra en relación con la Universidad Jaume I y sus dirigentes fue uno de los temas que enfrentó a ambos. "La mala relación se agudizó con la confección de las listas", indicaron las mismas fuentes.
Así, la crítica de Sardina, quien además estuvo vinculado al sector zaplanista, llega en un momento en el que su postura es achacable a una "rabieta" al haber sido excluido de las listas autonómicas en las que sí aparecía en 2003. De hecho ésta fue la argumentación de algunos miembros del PP castellonense que, sin conocer la dimisión, sí admitieron estar al tanto del descontento en NNGG tras la publicación de los nombres que ocupaban las candidaturas.
Según el citado diario, Mariano Sardina decidió dejar su cargo "harto" de la "dictadura" de Carlos Fabra a quien ya remitió un escrito antes de que se celebraran las pasadas elecciones del 27 de mayo en la que le hacía saber su disconformidad con el proceso de elaboración de las candidaturas en las que no se respetaban los cauces para incluir a integrantes de Nuevas Generaciones. Al parecer, el líder del PP le respondió mostrando su desacuerdo con lo que Sardina formalizó su dimisión como presidente de NNGG tras las elecciones. www.elpais.es 27.07.07
Manifestante contra Blanco