EL ALCALDE DE BADALONA SERÁ JUZGADO POR VINCULAR INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA

El alcalde de Badalona repartió un folleto que relacionaba a los rumanos con inseguridad

El fiscal pide un año de cárcel para el alcalde de Badalona

El alcalde de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, con 220.000 habitantes, se sentará en el banquillo de los acusados por haber vinculado inmigración y delincuencia con fines electoralistas. El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha decretado la apertura del juicio oral contra Xavier García-Albiol (PP), por repartir en 2010, junto a la líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad. La juez considera “sólidas y consistentes las acusaciones” de la fiscalía y la acusación particular —SOS Racisme—, que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, la discriminación o la violencia, por el que piden para el alcalde un año de cárcel. En el auto, la juez indica que contra la decisión de apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha, no cabe recurso alguno.

SOS Racisme se felicitó por la apertura del juicio y por ser “la primera vez en Cataluña y España que un político es juzgado por este motivo”. Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Badalona el 24 de abril de 2010 contenían fotografías de gitanos rumanos acompañadas de lemas como inseguridad, delincuencia y vandalismo, y la imagen de una pintada: “No queremos rumanos”.

En las semanas posteriores, Albiol continuó con el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y en actos como una butifarrada en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre. En ese acto, al que asistieron unas 800 personas, Albiol dijo: “Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios, haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas”, recoge el escrito de SOS Racisme remitido al juez.

El fiscal pide un año de prisión para García-Albiol. En su escrito, pide además una multa de 8.100 euros y su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El ministerio público atribuye a García-Albiol un delito de provocación a la discriminación, el odio y la violencia y, de forma alternativa, otro de injuria colectiva provocadora, aunque para ambos solicita la misma pena. García-Albiol aseguró no entender la petición de la fiscalía. “Me parece el mundo al revés. Aquellos que defendemos y luchamos contra los que delinquen somos los culpables por dar nuestra opinión”, indicó al conocer la petición del fiscal.

La fiscalía entiende que García-Albiol, que en el momento de los hechos era aspirante a la alcaldía, autorizó la confección del folleto, en cuya distribución masiva participó, “sabiendo y aceptando el menoscabo que suponía para la dignidad, el honor y la fama del colectivo gitano de origen rumano”.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, también participó en el acto en el que se repartieron los trípticos en cuestión. El partido siempre ha defendido a García-Albiol, el principal alcalde del PP en Cataluña. En su declaración como imputado, Albiol admitió que había cometido “algún exceso verbal”.

La juez de instrucción archivó el caso en dos ocasiones, las mismas que la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrirlo. En su último escrito, los magistrados razonaron que Albiol sobrepasó los límites de la libertad de expresión e hizo comentarios que supusieron “un ataque a la dignidad personal y al honor” de los gitanos rumanos. Sus manifestaciones, además, tuvieron una “potencialidad sobrada” para incitar a los vecinos al odio hacia el colectivo.

La oposición de Badalona, formada por CiU, PSC e Iniciativa, estuvo negociando hace semanas presentar una moción de censura contra Albiol, que gobierna la ciudad en minoría. La negociación se inició después de que CiU se decidiera a dar el paso. Tras cinco reuniones, el plan fracasó al negarse los ecosocialistas a que el convergente Ferran Falcó entrara en el Gobierno municipal, al estar imputado en el caso Adigsa. Los socialistas lamentaron la decisión al alegar que, al fracasar la moción, Badalona tendrá un alcalde que se va a sentar en el banquillo de los acusados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/catalunya/1365780352_787367.html

EL PORTAVOZ DEL PP DICE QUE LA SANIDAD NO PUEDE SER UN “COLADERO” DE INMIGRANTES

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que el sistema sanitario español "no puede ser un coladero" y tacha de "fraude" el uso que hacen de él los inmigrantes irregulares. "Cuando decimos que la Sanidad es universal en España no es para el universo mundo sino para los españoles y los residentes", ha apostillado.

En una entrevista en TVE, Alonso ha dicho que se trata de una circunstancia "errónea" que no deba acreditarse la situación de residencia para recibir la asistencia sanitaria plena. En este sentido, ha señalado que el turismo sanitario, que según el portavoz del PP no es diferente al de los inmigrantes sin papeles, es "uno de los puntos débiles del sistema".

"Que una persona sin tener la situación regularizada, sin situación legal, sin permiso de residencia y sin pagar impuestos, pueda disfrutar del sistema que todos los demás estamos pagando, es una situación de fraude", ha sentenciado. Por ello, Alonso ha instado a "evitar el fraude sanitario" y ha defendido que el Gobierno tenía que buscar la eficiencia porque "se venía generando una deuda y no estaba garantizado que pudiésemos seguir manteniendo el sistema".

En cualquier caso, ha apuntado que España "es un país civilizado" y, por lo tanto, "todas las personas tienen garantizada la asistencia sanitaria". En concreto, explica que "se atenderán las urgencias, el parto, los accidentes o a los menores que se encuentren en el país".

Con esta medida, el portavoz del PP en el Congreso ha señalado que España "se asemeja al resto de países europeos" y "sirve para que no haya copago". "Nuestro sistema nos gusta como es. Que vayamos a urgencias no nos cobren un dinero a parte del que ya estamos pagando de los impuestos. Pero para mantener este sistema hay que ser serios y eficientes", ha concluido.

Por otra parte, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, que además es portavoz de Sanidad del PP, ha asegurado que España está pagando la sanidad de los rumanos que han regresado a su país. "En este momento estamos soportando la kafkiana situación de que rumanos que estuvieron trabajando en España en el ámbito de la construcción y que se volvieron a su país cuando se quedaron sin trabajo, utilizan la tarjeta europea que se sacaron gracias a la española que tenían y cuando utilizan los servicios médicos rumanos lo hacen utilizando esa tarjeta, en vez de la de su país. Luego Rumanía reenvía a España las facturas de sus compatriotas porque el asegurador de esa tarjeta europea es España. Esto es muy fuerte, pero está pasando", ha señalado.

Según el consejero autonómico, "son miles y miles de casos. Y no lo digo yo, lo especifica el Tribunal de Cuentas. Estamos pagando las facturas de los hospitales rumanos que dan asistencia a los rumanos como consecuencia de la no trasposición de la directiva número 7 de la Unión Europea", directiva no vigente en España.

En opinión de Echániz, "no se trata de restringir derechos, sino de reciprocidad en las relaciones exteriores. Lo que no puede ser es que a mí me cobren en Francia y en España no se cobre a nadie. En un momento especialmente crítico como el que vivimos esta situación es insostenible". "En materia de urgencia nadie va a tener ninguna dificultad, ni los europeos ni los sin papeles. Se atenderá a todo el mundo. No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada", ha considerado Echániz.

La presidenta del PP de Catalunya (PPC), Alicia Sanchez-Camacho, arropó este miércoles ante los juzgados de Badalona al alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, también del PPC, acusado de incitación al odio racial por su famoso tríptico y sus siempre polémicas declaraciones.

Camacho se desplazó a Badalona para dar su apoyo al alcalde de la ciudad, que declara ante el Juzgado número 2 de la ciudad por la denuncia presentada por Sos Racisme por la distribución de unos panfletos en los que esta entidad asegura que se vinculaba a los inmigrantes rumanos con la delincuencia. No es la primera vez que la dirigente conservadora arropa a Albiol.

La presidenta del PP catalán indicó que "se trata de una denuncia política" y que el PP "no callará" en su lucha contra la inmigración irregular: aseguró que su partido seguirá siendo "valiente buscando una inmigración legal y ordenada".

Tras afirmar que Garcia Albiol ha hecho más en dos meses que el anterior alcalde socialista de Badalona en cuatro años, Sánchez-Camacho señlaó que el "el contrato para la inmigración" por el que aboga su formación "debe ser un referente y una prioridad para que los inmigrantes tengan el conocimiento de sus derechos pero también de sus deberes".

En este sentido, la dirigente de PPC reiteró que "se tiene que ser contundente contra la inmigración ilegal".

Antes de dirigirse a Madrid para participar en el Senado en el debate de la reforma constitucional, la presidenta del PPC destacó el hecho de que actualmente haya, a su juicio, miembros del Govern y del Gobierno central que han reconocido muchas de las cosas que en el campo de la inmigración el PP y Albiol siembre han defendido.

CIU Y PP SE DAN AIRE MUTUAMENTE EN BARCELONA Y BADALONA

Los nacionalistas entregan la tercera ciudad catalana a los populares

El PP de Cataluña ha logrado dejar atrás su imagen de partido residual en el ámbito municipal. Y lo ha hecho con la ayuda de Convergència i Unió. Los conservadores se confirman como el gran puntal del nacionalista Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, que precisamente no se podrá constituir hoy por un recurso presentado por el PP, que busca recontar los votos para intentar alcanzar su noveno concejal. De obtenerlo, se lo arrebataría a CiU, que se quedaría con 14 ediles.

Trias ya ha señalado quiénes formarán parte de su equipo. El primer alcalde barcelonés de Convergència i Unió desde la recuperación de la democracia se rodeará de los colaboradores que han compartido con él tarea de oposición. Por ahora no ha incorporado a ningún independiente. El Ayuntamiento de Barcelona se constituirá el día 1 de julio debido al recurso del PP. Lo mismo sucederá en Girona, en este caso por un recurso de Esquerra Republicana.

La gran novedad radica en Badalona, tercera ciudad de Cataluña. Los socialistas pierden también este Ayuntamiento que, gracias a la abstención de Convergència i Unió, quedará en manos de Xavier García Albiol (PP), algo que ha generado discordia en las filas nacionalistas por el "peligro" que, a juicio de muchos, entraña el discurso xenófobo del futuro alcalde conservador. Este ya ha comenzado a templar su discurso y CiU justifica su abstención de hoy por su intención de respetar el principio de la lista más votada en cada municipio.

El acuerdo en Badalona entre CiU y el PP permitió a los nacionalistas desbloquear con el PP los pactos que más ansiaba: los votos en el Parlamento para encarrilar los presupuestos de la Generalitat y, sobre todo, el apoyo del partido de Alicia Sánchez -Camacho para aupar a CIU a la presidencia de la Diputación de Barcelona.

El principio de la lista más votada hará que CiU permita gobernar al PSC en Tarragona y en El Vendrell. En esta ciudad de Tarragona, el candidato convergente, Benet Jané, flirteó con la xenófoba Plataforma per Catalunya para, tras imponerse la opinión de la dirección de CiU, acabar pactando con todas las formaciones y excluyendo al partido racista.

En Tarragona también tuvo que intervenir la cúpula de Convergència, que impuso el respeto a la lista ganadora. La dirección de Convergència tuvo que enfrentarse a la federación local para evitar un pacto con el PP que tenía como objetivo desbancar a Josep Fèlix Ballesteros, actual alcalde y candidato del Partit dels Socialistes (PSC).

Pero el principio de respetar la lista más votada se aplicará solamente donde más le convenga a CIU. Ese criterio se ha mantenido en los grandes municipios, donde los pactos se miraban con lupa. Sin embargo, hoy, cuando la práctica totalidad de los Ayuntamientos catalanes se constituya, los nacionalistas de CiU se harán con una veintena de alcaldías en localidades donde no ganó en las urnas.

La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa contra García Albiol por difundir panfletos racistas y tachar a los gitanos rumanos de delincuentes

La justicia puede arrebatar a Xavier García Albiol la alegría que le han dado las urnas. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer que se reabra la investigación sobre los panfletos xenófobos que el líder del PP de Badalona distribuyó en la ciudad que, tras los resultados electorales del domingo, aspira a gobernar. En los pasquines, los conservadores vinculan a los gitanos rumanos con la delincuencia. El propio García Albiol declaró públicamente que el colectivo se había instalado en España con el fin de delinquir.

Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia consideran que las afirmaciones de García Albiol "atentan contra la fama y el honor de los gitanos rumanos", y ordenan a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona que rectifique y reabra la causa. Así pues, la querella, presentada por SOS Racismo y la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, deberá admitirse a trámite, lo que supone un contratiempo para las aspiraciones de García Albiol de hacerse con la vara de mando en la tercera ciudad de Cataluña en número de habitantes.

El domingo, el PP desbancó al PSC y se convirtió, por primera vez en la historia, en la primera fuerza política de Badalona. García Albiol ha basado su éxito en los barrios periféricos de esa ciudad en un discurso de mano dura contra la inmigración. El mensaje del candidato del PP es tan radical que ha cerrado el paso al partido ultra de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya, que no ha obtenido ni un solo concejal en Badalona pese a su explosión en otros municipios del llamado cinturón rojo de Barcelona.

La oposición de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento (PSC, CiU e ICV) a la forma de hacer política de García Albiol puede no ser suficiente para evitar que este se convierta en alcalde merced a un cambio de cromos entre el PP y CiU. Gracias a ese pacto, aún por concretar, el convergente Xavier Trias tendría las manos libres para gobernar en Barcelona y CiU, en la Diputación y, en contrapartida, los nacionalistas permitirían al PP hacerse con el mando en Badalona con el argumento de que es la lista más votada.

El PP local restó trascendencia a la decisión judicial y confía en que la querella acabe archivada de nuevo. El juez debe investigar si García Albiol cometió un delito de provocación a la discriminación y al odio. Además de las afirmaciones de García Albiol, en los dípticos aparece la fotografía de un balcón de Badalona en el que cuelga una pancarta con la frase "no queremos rumanos".

El líder popular tiene antecedentes en el campo de la xenofobia. En 2007 elaboró un vídeo en el que vinculaba la inmigración musulmana a la inseguridad y se oponía a la supuesta construcción (jamás concretada) de una mezquita en suelo público. A lo largo de 2010, fecha en la que distribuyó sus panfletos, fue dejando perlas en los medios de comunicación; por ejemplo, que "los rumanos son una plaga y suponen una lacra para la ciudad", y que "han venido exclusivamente para ser delincuentes".

Los populares catalanes quieren que los inmigrantes adopten los valores españoles, trabajen y estén controlados. Para permanecer en España deben hablar español o catalán, para acceder a determinadas ayudas tienen que llevar mucho tiempo en el país y los datos del padrón los tendrá la policía. El programa del PP está plagado de exigencias para los extranjeros. Este su decálogo de propuestas:

- "No aceptar a los que se niegan a aprender catalán o castellano. Reformar la ley de acogida para incluir el castellano".

- "Venir con contrato de trabajo y comprometiéndose a integrarse en nuestra sociedad".

- "No aumentar el número de inmigrantes cuando se reducen oportunidades y empleo".

- "Establecer la residencia de larga duración como requisito para acceder a determinadas ayudas sociales".

- "Prohibir el burka, nikab o cualquier velo integral en las calles y espacios públicos".

- "Apoyar a los Ayuntamientos para que atiendan denuncias de los vecinos por molestias por los hacinamientos en pisos".

- "Crear una unidad policial especializada para controlar a la inmigración desordenada".

- "Cumplir con el deber de dar desde los Ayuntamientos los datos del padrón a la policía".

A dos días del inicio de la campaña electoral, el PP catalán subió un peldaño más en su escalada en favor de una inmigración "legal y ordenada". En Santa Coloma de Gramenet, histórico feudo socialista del cinturón de Barcelona, la candidata Alicia Sánchez-Camacho presentó un contrato de inmigración que se vincularía al permiso de trabajo y residencia. El documento tiene pinta draconiana porque obligaría a los trabajadores extranjeros a comprometerse a cumplir las leyes; respetar los valores y costumbres del país; pagar impuestos y cotizaciones; aprender los dos idiomas oficiales de Cataluña; trabajar activamente por integrarse y... "a volver a su país si por un espacio de tiempo se ha quedado sin trabajo y oportunidades de ganarse la vida", señaló la candidata.

"Tendríamos que consensuar entre todos los partidos cuánto tiempo tendríamos que dar a los inmigrantes para el retorno voluntario a su país", defendió la también senadora en un capítulo más de su polémica cruzada contra la inmigración que ha llevado incluso al edil de Badalona Xavier García Albiol a ser investigado por la fiscalía por un delito provocación a la descriminación por motivos racistas.

El PP catalán ha explotado el asunto desde que hace más de un año anunció que quería introducirse electoralmente en el área metropolitana. A primeros de año, Sánchez-Camacho distribuyó en Badalona unos folletos con las fotos de una pancarta que pendía de un balcón en la que se leía "fuera rumanos" y en octubre se paseó en Badalona con una diputada del partido de Sarkozy interesada por saber si en esa ciudad había campamentos de rumanos. Pese a las críticas que ha recibido, Sánchez-Camacho sigue la línea del edil del Ayuntamiento de Barcelona Alberto Fernández Diaz, que ya presentó en Girona un certificado de buena conducta de los inmigrantes. "Ese certificado lo propuse hace años ya en el consistorio", se vanagloria.

EL PP CATALÁN CONMINA A LOS INMIGRANTES SIN TRABAJO A QUE SE MARCHEN DE ESPAÑA

El Partido Popular de Cataluña ha dado hoy un nuevo paso en su campaña electoral basada en la crítica a la inmigración irregular. La candidata del PP a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, ha presentado esta mañana en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), localidad con alto índice de inmigración, una propuesta de contrato de convivencia por el que los inmigrantes se comprometerían a abandonar España si se quedasen sin trabajo.

Sánchez Camacho ha explicado que la gestión del fenómeno migratorio se complica por los altos índices de paro de la actualidad y que no es lo mismo afrontar este reto con una tasa de paro del 7% que con un 20%. "Quien quiera trabajar en Cataluña deberá comprometerse a cumplir las leyes de nuestro país", ha dicho la candidata, que ha añadido los otros requisitos que a su juicio deberían cumplir los inmigrantes: respetar los "valores y costumbres" de España, aprender los idiomas oficiales en Cataluña, trabajar activamente por integrarse y volver a su país de origen si no pueden sostenerse por sí mismos por haberse quedado sin trabajo. La candidata no ha explicado en qué plazo de tiempo debería marcharse el inmigrante sin trabajo.

La candidata del PP recupera así una de las grandes promesas de su líder de partido en 2008. Mariano Rajoy propuso durante la campaña de las últimas elecciones generales que los inmigrantes se comprometieran en un contrato "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo".

Rajoy, sin embargo, sí concretó entonces el plazo de tiempo que podrían estar los inmigrantes en paro buscando trabajo, un año, aunque el reglamento de la Ley de Extranjería ya especifica que los extranjeros que quieren renovar los papeles deben acreditar que han cotizado a la Seguridad Social un mínimo de seis meses por año y que tienen una oferta de empleo firme. Si no, deben abandonar el país.

Dicho reglamento está en proceso de reforma después de que la Ley de Extranjería sufriera algunas modificaciones en 2009. Ahora, sin embargo, Sánchez Camacho no ha concretado qué plazo daría a los 1,1 millones de inmigrantes en paro para irse.

El PP catalán lleva meses haciendo propuestas sobre inmigración que, pese a contar con el aval de la dirección nacional del partido, por ahora no se aplican ni se proponen en ninguna de las comunidades donde gobiernan. Entre estas medidas está el contrato de inmigración y el contrato de convivencia, que vincularía la renovación del permiso de residencia a que no haya quejas por parte de los vecinos.

Dicho contrato de convivencia, que presentó la propia Sánchez Camacho hace unos días en Salt (Girona), implicaría que los Ayuntamientos deberían expedir un certificado de buena convivencia del buen inmigrante, que será aquel que no tenga sanciones por incivismo, que lleve a sus hijos al colegio, que respete la ciudad y que no tenga quejas de sus vecinos.

En el mismo acto, Sánchez Camacho reveló que en su programa pedirá que los consistorios delaten a los sin papeles empadronados a la policía.

Los 326.697 musulmanes que viven en Catalunya siguen obsesionando al PP, que ayer volvió a cargar contra el colectivo, en plena campaña de las elecciones autonómicas del 28 de noviembre. Su presidenta en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, acusó a Convergència i Unió (CiU) de haber promovido durante los 23 años que estuvo al frente de la Generalitat la llegada de inmigrantes de países islámicos, en lugar de latinos, "para que no perjudicase su proyecto de construcción nacionalista".

Que el 29,8% de la población magrebí que hay en España haya elegido Catalunya para residir es, por lo tanto, un activo para la secesión catalana de España, según el PP. "Si alguien dice esto, es que no sabe lo que se dice", aseguró el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Josep Maria Pelegrí, quien opinó que los conservadores mienten por interés electoral.

Pelegrí recordó que, cuando CiU gobernaba, abrió oficinas de contratación de trabajadores extranjeros en Marruecos, en países de América Latina y de la Europa del Este.

La mayoría de sociólogos y expertos aluden a otros motivos para explicar la concentración de musulmanes. Por ejemplo: el asentamiento de los primeros hace décadas, que atrajo a familiares, del mismo modo que miles de españoles emigraron a Alemania hace décadas al abrigo de algún familiar o amigo asentado en el estado germano.

También es frecuente apelar a la cercanía a Francia: Catalunya ha sido durante décadas lugar de tránsito de cientos de miles de marroquíes y argelinos que acudían a sus países en vacaciones. La teoría de que los bereberes (población con reivindicaciones secesionistas en Marruecos) encuentre más simpatías por Catalunya que por Madrid es, quizá, la más parecida al discurso que Sánzhez-Camacho presentó ayer.

No obstante, la líder conservadora reconoció que la voluntad de adaptarse al país de acogida no depende exclusivamente del colectivo del que proviene cada inmigrante, sino de cada persona, y aseguró que casos de falta de integración "se dan en todas las comunidades".

A pesar de que en Catalunya no hay constancia de que vivan mujeres con burka, Sánchez-Camacho también intentó reavivar el debate que surgió hace cuatro meses, al asegurar que conflictos como el que genera el uso de esta prenda solo se producen con un tipo de inmigración. El 95% de la inmigración musulmana que vive en Catalunya proviene de Marruecos, un país en el que no se utiliza el polémico burka, más frecuente en Afganistán y varios países de Oriente Medio.

Las encuestas de estimación de voto de los partidos señalan que la colonia musulmana muestra más rechazo a la marca PP que, por ejemplo, a la del PSOE. Por otra parte, los latinoamericanos son más cercanos a los conservadores porque encuentran "más nexos" con la Iglesia católica, reconocen fuentes socialistas.

La propuesta electoral del PP apuesta por un contrato de integración obligatorio para los inmigrantes que recoja sus derechos pero también sus obligaciones, recordó la líder conservadora. Las asociaciones de inmigrantes tachan la iniciativa de "humillante" pues "las obligaciones para un ciudadano extranjero son, por ley, las mismas que para un español".

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, acusó ayer a CiU de haber primado, cuando gobernaba en Catalunya, la llegada de inmigrantes de origen musulmán frente a los latinos porque la federación, denunció, consideraba que los segundos perjudicaban su «proyecto de construcción nacionalista» por ser castellanohablantes. Camacho aseguró que esa apuesta «clarísima» es la razón de que hoy en día en Catalunya el 40% de la población extracomunitaria sea musulmana.

Este colectivo, agregó, «en algunos casos está presentando problemas de integración». Después precisó que esos problemas no están relacionados con el origen de los foráneos, sino con la actitud personal de cada inmigrante. De esa forma, la presidenta del PPC volvió a abordar el fenómeno migratorio, eje de la precampaña y es más que probable que también de la campaña que se acerca, si es que ambas pueden distinguirse, con los partidos ya lanzados hacia las autonómicas del 28-N.

El secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, exconseller de CiU, se indignó al conocer la acusación. Pelegrí negó «con rotundidad» que los gobiernos que dirigió Jordi Pujol vetaran o pusieran trabas a los inmigrantes latinoamericanos: «No es cierto en ningún caso que hubiese una selección discriminatoria de los inmigrantes por su origen». El democristiano recordó que la Generalitat abrió, en tiempos de Pujol, oficinas de contratación en origen en Marruecos, pero también en Suramérica y en Europa Oriental.

Pelegrí acusó al PPC de «mentir» y juzgó «lamentable» que fundamente sus planteamientos en hechos que consideró inciertos. «No sabe lo que dice», añadió sobre Camacho. El número dos de Unió también dijo que los populares actúan en «clave española» sin pensar en los intereses de Catalunya.

El fiscal ha citado al presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, para que declare por los folletos xenófobos repartidos en la ciudad barcelonesa, según han confirmado fuentes conservadoras. Albiol declarará ante el fiscal especializado en delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, quien decidirá si presenta finalmente una querella contra él o si archiva el caso.

La Fiscalía de Catalunya, ya anunció en abril que abría una investigación por los dípticos, en los que se vinculaba a rumanos gitanos con delincuentes, tras una denuncia presentada por ICV. Dicha denuncia se completa con un informe de la Generalitat, en el que se señala que los que provoquen discriminación u odio por motivos racistas podrán ser condenados a penas de entre uno y tres años de prisión, según informa Catalunya Ràdio.

Albiol, acompañado de la presidenta del PP de Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, repartió el 24 de abril pasado por las calles de la población panfletos en los que vinculaba a los gitanos rumanos con la delincuencia y la inseguridad en Badalona. En los panfletos xenófobos aparecía una fotografía con la leyenda "No queremos rumanos".

Sin embargo, Albiol no se quedó ahí y llegó a afirmar que todos los rumanos de etnia gitana que hay en Badalona "han venido a delinquir", lo que le valió una posterior desautorización por parte de la dirección del PP.

Tras conocerse que Albiol está citado para declarar ante el fiscal, el PP catalán ha asegurado que su presidenta, Sánchez-Camacho, y el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, acudirán a arroparle este miércoles en su cita ante la justicia.

Ambos dirigentes escenificarán de este modo el apoyo de todo el partido al edil de Badalona.

La intención del PP de Catalunya (PPC) de exigir a los inmigrantes el pasaporte para poder empadronarse en los ayuntamientos y de facilitar a la policía los datos de los sin papeles ha encontrado la desaprobación del Gobierno. Tras la propuesta de la formación presidida por Alicia Sánchez-Camacho el Ejecutivo ve un uso de la inmigración "para hacer política". Pero los conservadores redoblaron su apuesta y denunciaron el "abuso" de la sanidad pública por parte de este colectivo. Se ocupó de ello Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calificó de "censurable" el hecho de que los conservadores pongan sobre la mesa iniciativas de este tipo a las puertas de la campaña, a la vez que recordó que es imposible negar el empadronamiento. En este contexto, consideró que Sánchez-Camacho"demuestra saber muy poco de inmigración".

El borrador del programa electoral del PP catalán apuesta por "establecer un mayor control en la inscripción en el padrón exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia) a los inmigrantes que quieren empadronarse con la finalidad de realizar el empadronamiento de extranjeros con las mayores garantías de legalidad y seguridad jurídica". Al respecto, el ministro recordó que "no se puede negar el empadronamiento", ya que se trata de una herramienta para saber cuánta gente vive en cada municipio, "independientemente de su situación". El hecho de estar empadronados permite a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad.

En una nueva vuelta de tuerca a esta estrategia de hacer de la política migratoria una de las piedras angulares del discurso del partido, Fernández Díaz acusó a "importantes sectores de la población inmigrada" de abusar de la sanidad pública, según informó la Ser. "Es cada vez más frecuente dijo que conviertan en un verdadero abuso el acceso y derecho al uso de la sanidad".

A su juicio, "son cuestiones que habrá que regular de la misma manera que para nosotros, los nacionales, se nos ha limitado el acceso a una serie de prestaciones sanitarias".

Corbacho retó al partido presidido por Mariano Rajoy a llevar un proyecto de ley al Congreso en el que aclaren "qué leyes quieren modificar" en materia de extranjería.

La norma que establece la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos sus habitantes independientemente de su situación jurídica data de 1997. Concretamente, de la época en la que el líder del PP, Mariano Rajoy, ocupaba el Ministerio de Administraciones Públicas.

Otro ministro, el de Fomento, José Blanco, salió ayer a evaluar los planes del PP. Tras participar en el acto de inicio de las obras de ampliación de la terminal de Peinador, en Vigo, tildó de "pamplinas" las propuestas de Sánchez-Camacho. Y recordó que la ley actual "deriva de una resolución de Rajoy", por lo que consideró que "al PP le vendría muy bien abandonar el oportunismo y lo políticamente incorrecto".

La reacción del PP llegó a través de Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local. Sin entrar en el fondo de la polémica, el dirigente conservador respaldó la actitud de Sánchez-Camacho al entender que defiende "con todas las consecuencias que se apoye la inmigración legal", informa Efe.

Según dijo Arenas, su formación es partidaria de que "se termine con la demagogia del pasado de papeles para todos". Y consideró que los responsables de esa "demagogia", en alusión a los socialistas, "son los que tienen que responder ahora".

Tras insistir en que su partido defiende la inmigración legal, la que tiene que compartir con los españoles "los valores constitucionales", lamentó que en estos momentos "muchos [inmigrantes] se están yendo" y "muchos de aquí no tienen empleo".

Mientras, la consellera catalana de Acció Social, Carme Capdevila, advirtió al Partido Popular de Catalunya de que su propuesta de ceder los datos del padrón a la policía vulnera la Ley de Protección de Datos. Y la portavoz de inmigración del PSOE, Esperança Esteve, recordó a Sánchez-Camacho que la policía ya accede al padrón si investiga delitos.

Difama, que algo queda. El dicho es práctica habitual en los discursos políticos dirigidos al adversario. Una manera de hacer política que el concejal del Partido Popular en Badalona, Xavier García Albiol, ha explotado con su discurso sobre los gitanos rumanos, con la participación de la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y la connivencia de la dirección. "Los gitanos rumanos han venido a robar", se desmarcó en verano Albiol. "Debemos garantizar que los españoles tengan los mismos derechos que los inmigrantes", añadió Camacho la semana pasada. Son tópicos que carecen de validez si se comparan con los datos.

En Cataluña, según estimaciones de la Fundación Secretariado Gitano, viven entre 2.500 y 3.000 gitanos rumanos, de un total de 96.488 inmigrantes de Rumania; se concentran en Badalona, Barcelona, y Santa Coloma de Gramenet. Según Teresa Sordé, experta en inmigración gitana del Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas, son menos los que sufren el tópico: "Hay un sector que lleva una vida normalizada". Sordé ha dirigido un estudio sobre la población gitana extranjera en España. "Cuando hablamos de la inmigración gitana en Cataluña, distinguimos tres perfiles: los músicos; los que no se pueden distinguir, de otros inmigrantes rumanos, y los que sí. Los de este grupo visten distinto, mantienen una fuerte estructura colectiva y se dedican a trabajos percibidos como de gitanos, como la venta ambulante en semáforos", abunda el estudio Gitanos rumanos: derribando muros.

Los romaníes huyen de Rumania por su situación. "Con la caída del comunismo y el auge de la economía de mercado ha habido un incremento brutal de las desigualdades y el racismo en Rumania hacia los rom", ilustra Luis Vila, mediador de la Fundación Secretariado Gitano. José Luis Ramírez Heredia, miembro del Consejo de Europa y presidente de la Unión Romaní, abunda: "Huyen de una situación infrahumana".

La llegada a Cataluña, que tuvo un auge en 2007, viene motivada por razones económicas. "Es una población que se ha ido moviendo por otras ciudades europeas; de base familiar, trabajan mucho en red y su objetivo es mejorar", apunta Sordé. El Proyecto Lungo Drom (Largo camino), para la integración de gitanos procedentes del Este, realizó en 2009 un trabajo sobre el colectivo. Basándose en entrevistas con 296 personas del arco mediterráneo español -de los 7.000 gitanos rumanos que viven en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía-, el 88% intentó afincarse en España por motivos económicos. El estudio desmiente el tópico de que los inmigrantes tienen más ayudas que los españoles. Solo el 18% de hombres y el 30% de mujeres preguntados tuvieron ayudas al llegar. En el caso de Badalona, de las ayudas sociales municipales, entre el 12% y el 15% van destinadas a población foránea, porcentaje que coincide con el 14% de extranjeros que viven en el municipio.

Las Administraciones intentan que las familias se empadronen al llegar: sirve de control y da derecho a educación y sanidad. Pero es tarea pendiente: "La mayoría están en situación irregular", lamenta Ramírez Heredia. El desamparo hace que vivan donde puedan. El chabolismo casi no existe en Cataluña, pero la mayoría vive en pisos sobreocupados. "Las familias llegan y no tienen acceso al mercado de trabajo ni de la vivienda. Suelen alquilar mediante contratos dudosos con ciudadanos paquistaníes", apunta Luis Vila. En Badalona, quedan 45 pisos sobreocupados (en 2006 había 175). Todos en renta: "Los gitanos rumanos no ocupan pisos; siempre pagan", asegura Joaquim Ortilles, director del área de Gobierno del Ayuntamiento de Badalona.

Ortilles describe la situación en la ciudad, señalada con el dedo por el PP: "Es cierto que hay tensión, relacionada con pautas de conducta y utilización intensiva del espacio público, fruto de las condiciones de los pisos. Hay problemas, pero siempre los ha habido". El municipio, en el que según estimaciones de la Fundación Secretariado Gitano viven unos 300 gitanos rumanos (la población total es de 220.000, 1.053 rumanos) actúa sumando integración social e intervención policial para evitar conflictos. El principal problema es la convivencia: la ocupación del espacio público y la falta de hábitos de higiene, que disgusta a los vecinos. Rafael Crespo, antropólogo y coordinador de los proyectos del Consistorio relacionados con el colectivo, explica que se trabaja para cambiar hábitos. "Pero es lento", advierte. Santa Coloma tiene una política similar: conocerles y trabajar con los vecinos, cuenta Nico Villena, directora adjunta de Bienestar Social.

Los romaníes del Este tienen difícil trabajar. Recoger chatarra y la mendicidad son una salida habitual, lo que agudiza las molestias de los vecinos. El estudio de Lungo Drom indica que solo el 9,2% de los gitanos rumanos preguntados tenía permiso de trabajo. De estos, un tercio, empleo regular, en la construcción, el campo o como empleadas del hogar.

El pequeño hurto, coinciden las fuentes consultadas, es una salida para las situaciones desesperadas. Aunque, añaden, ni es mayoritario ni alarmante. "El nivel de delitos no es mayor que en otros momentos y lugares. Ocurre que le damos más relevancia", plantea Ortilles; Sordé apostilla: "No hay ninguna evidencia de que los gitanos rumanos vengan a robar. Forma parte del racismo, del tópico que liga delincuencia e inmigración". La Fiscalía de Barcelona, en su informe de 2009, apunta la presencia de gitanos rumanos menores en pequeños hurtos. Pero la situación mejora. Los delitos cometidos por rumanos -no hay datos por etnias- han bajado del 18,72% de 2005 al 8,64 en 2008. El mismo informe apunta que "a principios de 2009 se detecta una disminución más que notable de hechos delictivos cometidos por menores rumanos de origen gitano".

¿Por qué son los gitanos rumanos foco de todas las miradas? Ramírez Heredia, toda una institución para el pueblo gitano, observa un triple estigma: son inmigrantes del Este, gitanos y muy pobres. "Los gitanos rumanos son los más pobres de entre los pobres", dice, y remacha: "En tiempos de crisis los racistas hacen su agosto. A río revuelto... los culpables son los más débiles".

El PP ha decidido convertir la inmigración en uno de los pilares de su campaña para las elecciones catalanas. Y sus dirigentes están dispuestos a asumir el riesgo de que los tachen de racistas.

Propuestas para usar el padrón municipal para denunciar a los inmigrantes irregulares. Difusión de dípticos con el lema "No queremos rumanos". El paseo de la líder del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, en compañía de una eurodiputada del partido de Nicolás Sarkozy por barrios humildes con altos índices de inmigración, después de las expulsiones en Francia. Los conservadores catalanes van elevando el tono de sus mensajes con la autorización de la dirección nacional.

"El PP tiene una política de inmigración basada en el respeto y la defensa de la legalidad", señaló ayer María Dolores de Cospedal. Así respondió cuando se le preguntó si respaldaba al presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, que dijo que la situación de los gitanos en su localidad es "peor" que en el país vecino porque no están "localizados en campamentos" sino "desperdigados por la ciudad" y que "generan problemas".

La dirección nacional se lavó las manos. El sábado pasado, en su visita a Barcelona, Mariano Rajoy no quiso entrar en el debate. Habrá que ver si hoy, en Lloret del Mar (Girona), se pronuncia al respecto. Lo único que el líder del PP ha dicho hasta ahora es que apoya la política de Sarkozy. Fue el jueves. Ese mismo día, lo hizo también José Luis Rodríguez Zapatero. A eso se aferran ahora los conservadores para defenderse. "En lo que respecta a Francia estamos de acuerdo con las declaraciones del Gobierno", dijo ayer Cospedal con una media sonrisa.

La derecha no oculta que gracias a eso tienen "argumentario" para sobrellevar los ataques que les hagan por sus iniciativas en este sentido.

El primero que utilizó ayer ese argumento para contrarrestar las acusaciones de racismo fue el coordinador de presidencia y relaciones internacionales del PP, Jorge Moragas, que recalcó en Los desayunos de TVE que la inmigración es ya "una prioridad nacional, casi una cuestión de Estado".

Moragas apoyó "totalmente" a García Albiol. Según dijo, hay que ponerse en la piel de los vecinos y escuchar lo que estos les trasladan: "Si no se miran los problemas de frente, entonces pueden cobrar una dimensión mayor". Por eso, en su opinión, el PSOE "se equivoca al dar la espalda a la realidad", lo que puede provocar fenómenos como el del ex dirigente del Frente Nacional francés Jean-Marie Le Pen.

Además, aseguró que le parecía "una hipocresía total" que Zapatero respaldara las medidas francesas y los socialistas les acusaran "de xenófobos". A su juicio, esta contradicción les iba a terminar pasando una importante factura electoral.

Fue la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, quien le contestó: "Cínico e hipócrita es el PP, que fabrica problemas donde no los hay, que habla de realidades que no existen, no para buscar soluciones, sino para hacer un discurso populista y que enfrente a unos ciudadanos con otros". Pajín también recriminó a Rajoy que "calle", que no frene, la deriva xenófoba de los conservadores catalanes.

Los partidos catalanes criticaron al PP de forma unánime. CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA firmaron en 2008 el Pacte Nacional per la Immigració, que fijaba una postura común y pedía no usar el tema en campaña. CiU se niega a hacerlo y ERC lo reivindicó ayer de nuevo.

José Montilla criticó al PP por su postura y aseguró que la formación de Rajoy "se equivoca tratando de mezclar el perseguir a los delincuentes con perseguir a los diferentes". El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se unió a los reproches: "No quieren resolver el problema, sino aprovecharse de él".

Desde CiU, Duran Lleida lamentó que el PP "está haciendo una utilización del fenómeno", mientras culpaba al PSOE y al PP de no haber gestionado bien la cuestión. ICV, que ya denunció la actitud "carroñera" del PP, presentó en el Congreso una pregunta que obligará al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a posicionarse sobre las expulsiones de gitanos.

Desde la cúpula de su partido admitieron ayer que Albiol había avisado con antelación de los pasos que iba a dar. La dirección nacional sólo le pidió que no se sobrepasara. A diez semanas del 28N todo apunta a que el PP explotará lo que considera un filón electoral.

El pasado viernes la líder y candidata del Partido Popular (PP) a la presidencia la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, ejerció de anfitriona de la eurodiputada francesa Maria Thérèse Sánchez-Schmid en un paseo por las calles de Badalona. La política conservadora del partido de Nicolas Sarkozy quería averiguar si en los barrios de esta ciudad se viven los mismos conflictos que en su país generan "los gitanos rumanos".

Sánchez-Camacho regresó a Badalona para asistir a una botifarrada popular organizada por su equipo de precampaña electoral y volvió a aprovechar la polémica levantada por la deportación de gitanos en Francia para convertir la inmigración en la punta de lanza de su discurso.

La líder de los populares catalanes explicó que el objetivo de su partido es "erradicar la inmigración ilegal" y conseguir que "ningún inmigrante tenga más derechos que un español". Sánchez-Camacho calificó de "hipócritas" a "los que criticaron" su visita del viernes a Badalona y les acusó de "querer negar la realidad de la inmigración".

Asimismo advirtió de que durante estos meses de campaña electoral visitará los municipios que tengan problemas con la inmigración. "Visitaré Salt, Vic y El Vendrell", anunció, "y volveré a Badalona las veces que haga falta".

Pero entre butifarras y sevillanas, la guinda de la fiesta la puso el edil del PP de Badalona Xavier García-Albiol, sobre el que más de una vez han caído acusaciones de fomentar la xenofobia, quien volvió a lanzar piedras sobre el tejado de los inmigrantes gitanos y aseguró que en su ciudad existen problemas de convivencia con ese colectivo.

"Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor", aseguró. "Están repartidos por varios barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas".

García-Albiol, que el viernes organizó la comitiva de Sánchez-Camacho con la eurodiputada francesa por las calles de Badalona, ya estuvo en el ojo del huracán hace meses por la campaña que organizó al incluir en un díptico del PP sobre seguridad ciudadana la foto de una pancarta en un balcón en la que se leía: "No queremos rumanos".

Al acto de ayer, celebrado en la plaza de Trafalgar de Badalona, asistieron unas 1.200 personas, la mayoría de avanzada edad, que aplaudían sin parar las palabras de Sánchez-Camacho. Para finalizar su discurso, la líder del PP en Cataluña se refirió a la asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la Fiesta de la Rosa, que celebró ayer el PSC en Gavà (Baix Llobregat). "Zapatero", dijo, "tiene que ir a una fiesta y rodearse de sus amigos socialistas porque no puede pisar las calles de Cataluña solo. No puede pasear por la calle porque sabe que ha engañado a los catalanes".

El PP se exhibe por Badalona con una eurodiputada de Sarkozy

Sánchez-Camacho y la política francesa callejearon por barrios de inmigrantes

Al Partido Popular (PP) le ha venido como anillo al dedo el conflicto desatado por Nicolas Sarkozy por las expulsiones de gitanos rumanos. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, tuvo que pedir en abril disculpas por haber repartido en Badalona un díptico que asociaba inseguridad a ciudadanos rumanos. Pero ayer volvió a lo grande a esa ciudad del cinturón de Barcelona haciendo de cicerone a la eurodiputada francesa, Maria Thérèse Sánchez-Schmid, del partido de Sarkozy. En un paseo de dos horas, la parlamentaria francesa vio colmada su curiosidad de saber si los barrios de Badalona sufrían los mismos conflictos que en su país generados "por los gitanos rumanos". Y su conclusión fue que sí.

"Los problemas que causan los gitanos son los mismos", dijo Sánchez-Schmid

"La situación es comparable. Son los mismos problemas de convivencia e inseguridad que en mi país", afirmó la eurodiputada de Perpiñán (Francia) de origen español y en un perfecto castellano junto al mercado del barrio de La Salut. Rodeada de un enjambre de cámaras y micrófonos, Sánchez-Schmid sostuvo que los gitanos "no viven con dignidad". "Nadie quiere expulsarlos. No es lo ideal, pero si no se integran, hay que buscar una solución. Hay que hablar con Rumania", dijo.

"¡Que los echen! ¡No hay trabajo para todos!", exclamó repetidas veces una vecina que ahogaba con sus gritos las declaraciones de las dos políticas. "¿Los gitanos rumanos? Es que son de otro planeta: ¡Roban, pegan y ensucian!", añadió un joven. Sánchez-Camacho apeló a la valentía del PP para abordar la situación y enojada, respondió con un seco "¿por qué?" cuando un periodista le planteó si estas visitas fomentan la xenofobia. "A alguien le parecerá electoralista pero mi obligación es hablar con la gente y no negar la realidad. El PP está por una inmigración legal y ordenada. Queremos un mayor control de las fronteras y evitar un efecto llamada", dijo.

Después, siguió la visita fraguada a primeros de mes cuando Sánchez pidió al diputado Santi Fisas visitar Badalona para comprobar si era verdad lo que decían los socialistas en Bruselas: que el presidente Zapatero no tiene en España los problemas de Sarkozy en Francia. En principio, el paseo debía de hacerse sin cámaras pero el jueves el PP anunció la convocatoria. Y la ruta se convirtió en una interminable sucesión de episodios relatados por vecinos que salieron al paso de la comitiva. Desde el caso de Antonia Cretu, rumana que lleva cuatro años en Badalona y que cargó contra sus compatriotas porque le han robado dos veces; al de un joven que salió a la calle a explicar que se censaron en su domicilio sin él saberlo siete ciudadanos rumanos, o el de una gitana catalana que explicó que los otros "romaníes" habían pegado a su hijo. Xavier García-Albiol, el edil del PP de Badalona acusado por otros partidos de fomentar la xenofobia, fue ayer el rey. Y Sánchez-Camacho cerró el paseo con esta frase: "Maite, ha sido un éxito".

www.elpais.es 18.09.10

En enero fue la polémica sobre el derecho a empadronarse de los sin papeles en Vic. El Gobierno la zanjó alertando de que negarlo era ilegal y los partidos, todos, entendieron que no les convenía meterse en ese jardín. En abril fueron los folletos xenófobos que el Partido Popular distribuyó en Badalona. La dirección de Madrid presionó y acabó pidiendo disculpas. Los conflictos derivados de la inmigración llevaban desde entonces fuera de la agenda de la eterna precampaña de las elecciones autonómicas, pero han vuelto, de la mano del Partido Popular, a raíz de la expulsión de gitanos rumanos que ha emprendido Francia. La líder y candidata de los populares, Alicia Sánchez-Camacho, ejercerá hoy de cicerone en el barrio de La Salut de Badalona con la eurodiputada Marie Thérèse Sánchez-Schmid, de la UMP, el partido del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Les acompañarán el concejal de Badalona Xavier García Albiol -impulsor del folleto de la discordia y conocido por relacionar delincuencia con inmigración- y el eurodiputado

No estará el líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que el martes visitó un asentamiento gitano en el Poblenou y reclamó su desalojo y que se actúe "contra las furgopateras". Hace ya un par de semanas, Fernández Díaz expresó su temor a que la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros provoque un "efecto llamada" que acabe con su presencia en Cataluña, concretamente Barcelona.

- El Ayuntamiento de Badalona replica que "no encontrará ninguno en la ciudad". De hecho, la cúpula del Partido Popular previó la posibilidad de que la comitiva de hoy visitara también Barcelona. Se descartó al entender que "no habría tiempo de hacer un buen recorrido y hablar bien con los vecinos si se visitaran dos barrios", según fuentes del partido. Además, el jefe de filas de los populares en el Ayuntamiento tiene esta mañana una agenda apretada: primero una entrevista y a continuación la comisión municipal de investigación del caso Palau.

A última hora de ayer, el Ayuntamiento de Badalona (PSC y CiU) emitió un comunicado en el que afirma que la eurodiputada francesa "se equivoca de lugar y de interlocutor". El texto alerta de que la web de Sánchez-Schmid informa de que visitará "un campamento de gitanos". "Debe saber que no encontrará ninguno en esta ciudad", advierte el Gobierno municipal, que también cuestiona que el concejal García Albiol sea la persona más indicada para conocer la problemática del colectivo.

En un tono mucho más duro, el portavoz y viceprimer secretario del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, avisó ayer que "el PP está jugando con fuego y debe de tener miedo de los planteamientos xenófobos de alguna otra formación política" por su forma de plantear el debate sobre la inmigración. Iceta, durante una entrevista en la cadena SER, ironizó sobre la eventualidad de que los populares llegaran a expulsar gitanos de origen rumano: "Un partido que no es capaz de expulsar a los 20 chorizos que tiene [en referencia a los imputados por casos de corrupción] no expulsará a nadie", soltó.

La líder y candidata del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, describió la visita a Badalona como "un encuentro dentro de la más absoluta normalidad, en el marco de la campaña electoral, con miembros de otros partidos de Europa" y defendió su atención a "las preocupaciones de los catalanes". "Uno de los temas que más preocupan a los catalanes es la inmigración", apuntó, y advirtió de que el PP "hablará muy claro y sin complejos" de la cuestión.

Sánchez-Camacho se mostró partidaria de una política de control fronterizo "para que lo que se está produciendo en Francia no cree un efecto llamada", aunque apuntó que la situación francesa "no tiene nada que ver con la de Cataluña".

Los populares españoles forman parte en el Parlamento europeo del Grupo del Partido Popular Europeo, en el que también figura el partido de Nicolas Sarkozy, Unión por un Movimiento Popular. Esta pertenencia explica que la idea conjunta de los eurodiputados Fisas y Sanchez-Schmid de que esta visite barrios con presencia de gitanos de origen rumano para conocer su realidad "de primera mano".

El presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó ayer: "No he atacado a nadie por su nacionalidad y por lo tanto, no creo que sea prioritario pedir disculpas". El edil repartió personalmente un folleto en el que se relaciona a los gitanos rumanos con la delincuencia.

En una entrevista en Televisión de Badalona, aseguró que le preocupa "la hipocresía de una parte de la sociedad que discute si el díptico es acertado o no", cuando para él lo más importante es "que no se hable del motivo por el que unos vecinos se vieron obligados a colgar un cartel con el lema No queremos rumanos".

Añadió que "este folleto no es la Biblia ni la Constitución; podríamos haber puesto otras fotografías, lo podemos discutir". Lo que no es discutible, precisó, es que "unos individuos que representan el 0,5% de la población de Badalona son responsables del 25% de los delitos que se producen en la ciudad".

EL PSC PREGUNTA A ALBIOL SI ESTÁ EMPADRONADO EN BADALONA DE FORMA IRREGULAR

La polémica sobre el padrón municipal se ha girado contra uno de los partidarios de delatar a los sin papeles a la policía: el líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol. El PSC le exigió ayer que aclare "si está o no empadronado irregularmente" en la ciudad. El edil conservador vive en un barrio acomodado de Barcelona desde hace años -lo admitió él mismo- y, sin embargo, ejerce el derecho al voto en un colegio electoral de Badalona, según los socialistas.

Albiol distribuyó, la semana pasada, un díptico que vinculaba el colectivo de gitanos rumanos con la delincuencia. "Han venido a delinquir", llegó a decir. El panfleto propició críticas de todos los partidos, incluido el suyo. En medio de la polémica, el jefe de la oposición tuvo que admitir que, en realidad, no vive en Badalona, sino en un piso propiedad de su esposa en el distrito barcelonés de Les Corts.

En las últimas elecciones europeas (junio de 2009), Albiol votó en un colegio de La Morera (Badalona), según el PSC, que se pregunta "cómo es que continua ejerciendo su voto en la ciudad, tal como los interventores del PSC y los medios de comunicación han constatado".

Albiol dijo que las acusaciones del PSC eran de "baja categoría moral" y acusó al partido: "está dispuesto a todo con su obsesión de matarme políticamente".

EL PSC DE BADALONA QUIERE SABER SI GARCÍA ALBIOL ESTÁ EMPADRONADO IRREGULARMENTE

El secretario de Organización del PSC de Badalona, Justo Alarcón, ha pedido en un comunicado que el presidente del grupo municipal del PP de Badalona, Xavier García Albiol, explique si está empadronado irregularmente en la ciudad.

Tras unas declaraciones en Catalunya Ràdio en las que García Albiol explicaba que actualmente no reside en Badalona, el grupo socialista de la ciudad considera que esto es algo "que un máximo responsable político que aspira a ser alcalde de Badalona no se puede permitir".

El PSC de Badalona también se pregunta en el comunicado por qué el presidente del PP de Badalona "continúa ejerciendo su voto en la ciudad tal y como los interventores del PSC y los medios de comunicación han podido constatar". "En las últimas elecciones europeas del día 7 de junio de 2009, sin ir más lejos, el señor García Albiol votó en el colegio electoral del barrio de La Morera", asegura el PSC en el comunicado.

En declaraciones, Xavier García Albiol asegura que vive en Barcelona de forma temporal y califica de "baja categoría moral" las acusaciones de un PSC "dispuesto a todo con su obsesión de matarme políticamente". Según García Albiol, el alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), está informado de que el mes de setiembre volverá a residir en la ciudad y considera "de poca talla política y humana utilizar las circunstancias familiares con finalidades electorales".

La fiscalía de Barcelona abrió ayer diligencias para investigar si es delictivo el panfleto repartido por el dirigente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, y la líder catalana del partido, Alicia Sánchez Camacho, en el que se relacionaba a los inmigrantes rumanos con la inseguridad ciudadana. El caso lo tramitará el fiscal especial contra la discriminación, Miguel Ángel Aguilar, quien en los próximos días decidirá las actuaciones que realizar.

Las diligencias se han abierto tras la denuncia presentada el martes por Iniciativa per Catalunya Verds, a la que ayer se añadió un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat con el que se ponen los hechos en conocimiento de la fiscalía por si fueran delictivos. En ambos documentos se consideran que García Albiol podría haber cometido un delito, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por incitación al odio racial, el mismo por el que ha sido condenado ya en dos ocasiones el neonazi Pedro Varela, propietario de la librería Europa de Barcelona.

Ese artículo castiga con penas de uno a tres años de cárcel a "los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas o antisemitas" referidos, entre otros supuestos, a su etnia u origen nacional

Por otra parte, unos 200 vecinos del barrio de La Salut de Badalona se manifestaron ayer por las calles del sur de la ciudad "contra el paro y a favor de un trabajo digno". A la ruidosa protesta se sumaron cuatro asociaciones vecinales y asistieron en señal de apoyo dos concejales del PP.

Este populoso barrio ha estado en el centro de la polémica esta semana, después de que el PP repartiera en la zona los panfletos racistas que ponían en duda la seguridad de sus calles. A pesar de todo, la protesta no entró en la polémica y transcurrió sin incidentes.

Los manifestantes que encabezaban la marcha incluso animaban a los inmigrantes que les observaban a sumarse a ella. "Uníos, que esto nos afecta a todos: españoles, marroquíes, subsaharianos", decía un joven, trompeta en mano, mientras cogía de la mano a un paquistaní. Las consignas no tenían un blanco claro: ni el Ayuntamiento ni el Gobierno, pero el malestar era evidente, en una zona duramente afectada por el paro.

"Si esto sigue así, no voy a poder pagar mi casa. En Badalona hay ya 23.000 parados", proclamaba uno de los líderes de la manifestación (la ciudad tiene 220.000 habitantes).

La dirección nacional del PP cree que la campaña que vincula inmigración y delincuencia impulsada por el edil de Badalona Xavier García Albiol le perjudica, y ayer pidió veladamente a los responsables del partido en Cataluña que le apliquen una sanción. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, delegó la decisión en el PP catalán y añadió que estaban hablando con el edil y que al cabo de unas horas habría un pronunciamiento. "Ha estado muy poco afortunado", dijo De Cospedal a Catalunya Ràdio.

Sin embargo, Jordi Cornet, secretario general del PP en Cataluña, dio el caso por cerrado y descartó la sanción. Casi es lógico porque Alicia Sánchez-Camacho repartió el díptico con el edil que es la gran esperanza del PP para arrebatar al PSC la alcaldía de la tercera ciudad de Cataluña. Francesc Vendrell, diputado del PP, se mostró a favor de la dimisión del edil: "Los políticos que hacen populismo y demagogia en temas serios deberían dedicarse a otras cosas".Mientras el Gobierno catalán sigue estudiando si denuncia al concejal, Iniciativa per Catalunya ya ha dado un paso adelante. La diputada Laia Ortiz presentó ayer en los juzgados de Badalona una denuncia contra el folleto racista repartido por García Albiol y Sánchez-Camacho. En una conferencia, Joan Puigcercós pidió "no criminalizar" a los vecinos de Badalona y criticó a Albiol por "exagerar y ofrecer falsas soluciones". En el pleno de ayer en el consistorio, apenas se habló de la polémica y el dirigente popular se limitó a pedir al alcalde que admita que en Badalona "hay problemas de convivencia".

El dirigente popular también ha sido repudiado por entidades como SOS Racismo, por sindicatos y por asociaciones culturales y de vecinos. Hay, sin embargo, un espacio que el dirigente popular no ha perdido del todo: las calles de Badalona. Los folletos (y las declaraciones) de García Albiol han sido recibidos de forma desigual entre los ciudadanos.

"Lo que dice este hombre es justo, exacto y lo que muchos queremos oír. Es una lástima que lo diga alguien por quien nunca votaría". El testimonio de Carmen, responsable de una joyería en la calle de Floridablanca, ilustra los sentimientos encontrados que el líder popular genera en no pocos ciudadanos.

El tirón de García Albiol, sin embargo, es limitado. En las últimas elecciones municipales, en 2007, obtuvo siete concejales y se quedó a sólo dos del PSC, que gobierna la ciudad junto con CiU. Los resultados no fueron tan espectaculares como parecen: la elevada abstención propició que, con apenas 500 votos más que en los anteriores comicios, el PP se erigiera como segunda fuerza política en el tercer municipio más poblado de Cataluña.

Al margen de criticar su manera de actuar y sus formas, a menudo agresivas, los adversarios políticos de García Albiol le reconocen una virtud: haberse hecho con parte del voto de barrios degradados, tradicionalmente feudos de la izquierda. En los últimos años, García Albiol ha recorrido con asiduidad las calles de estos barrios azuzando el fantasma de la inmigración. En paralelo, ha incorporado a su equipo a antiguos dirigentes vecinales. La última, la todavía presidenta de la asociación de vecinos La Salut Alta, Julia Sánchez.

Sánchez, que como cargo de confianza del PP cobra un sueldo del Ayuntamiento, ha organizado para mañana una marcha "contra el paro y por el empleo", que amenaza con convertirse en una protesta contra la inmigración, como la que reunió, hace meses, a dirigentes del PP y la xenófoba Plataforma per Catalunya.

La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, descartó este miércoles abrir un expediente al edil de Badalona Xavier García Albiol después de que editara unos folletos en los que podía leerse la frase 'No queremos rumanos', aunque señaló que se "analizará en el ámbito interno" esta cuestión.

En declaraciones a Antena3, Sánchez Camacho aseguró que "ese tipo de discursos" asociando inmigración y delincuencia "se cortaron absolutamente de raíz en todo momento" y se dejaron de repartir los dípticos en los que aparecían imágenes de ciudadanos roma de origen rumano junto a proclamas en pro de la seguridad ciudadana y el civismo.

"Es una decisión y son unas consecuencias que en el ámbito interno nosotros analizaremos y que yo desde luego soy la responsable de las mismas, por tanto, esa es una cuestión que compete al PP y que sin duda, ha sido en todo momento cortado, se han dejado de repartir esos dípticos y es una cuestión que nosoros internamente analizaremos", aseguró.

No obstante, preguntada por la posibilidad de que se abriera un expediente al concejal, Sánchez-Camacho respondió "no". "Nosotros ya hemos hablado con él y seguiremos hablando con él", apostilló la presidenta del PP catalán.

Casi 48 horas, unas disculpas públicas de Alicia Sánchez-Camacho y una reprimenda igual de pública del visecretario de Comunicación del PP en Madrid, Esteban González Pons, es lo que necesitó el líder popular en Badalona, Xavier García Albiol, para retirar de la circulación el folleto electoral xenófobo en el que carga contra el colectivo de gitanos rumanos. Más allá de esta marcha atrás, a García Albiol el folleto –en el que se incluye una fotografía con el lema «no queremos rumanos» y se vincula inmigración y delincuencia– y sus afirmaciones de que los gitanos rumanos «vienen a delinquir» no le han supuesto ninguna medida disciplinaria.

La polémica se inició el sábado cuando Garcia Albiol, junto a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, repartieron los folletos en una visita electoral al mercado de La Salut, el barrio donde explotaron las protestas por los problemas de incivismo ocasionados por algunas familias gitanas rumanas. Ese mismo sábado, el líder local del PP ya manifestó públicamente su rechazo a los rumanos gitanos.

Pese a que ya el domingo la vicesecretaria de organizacióndel PP, Ana Mató, se desmarcó de esa iniciativa, Garcia Albiol siguió expresando públicamente su rechazo a este colectivo. Incluso ayer por la mañana mantenía sus opiniones cuando la tormenta política ya descargaba.

Lo hizo primero en Barcelona, donde Sánchez-Camacho pidió disculpas en una rueda de prensa por los dípticos y se desmarcó de las tesis de su líder en Badalona. Y es que, según pudo saber este diario, Sánchez-Camacho recibió una llamada de la cúpula del PP en Madrid en la que la dirección del partido expresó su preocupación por la polémica. En esta línea, González Pons calificó de «extremadamente desafortunadas» las declaraciones de Garcia Albiol tras el consejo de dirección del PP.

Como consecuencia, el PP de Badalona frenó en seco su nueva campaña contra los gitanos rumanos en los barrios con más problemas de convivencia de Badalona, lo cual implica dejar de repartir los folletos en los que aparecen fotografías de este colectivo de inmigrantes junto a palabras como inseguridad, delincuencia e incivismo. El PP de Badalona esperaba distribuir 25.000 folletos, pero finalmente solo entregó unos 2.000.

La dirección del partido en Madrid dejó en manos de la cúpula de Catalunya las decisiones internas a tomar, para no dar la imagen de una respuesta teledirigida. Falta por saber cómo se gestiona la visita que realizará el presidente del partido, Mariano Rajoy, el próximo jueves a la Feria de Abril de Barcelona. El caso es que el PPC optó por desautorizar a su dirigente local sin tomar medidas disciplinarias contra Garcia Albiol, quien tampoco pidió excusas públicamente por su iniciativa al refugiarse en un silencio ordenado por Sánchez-Camacho.

Un silencio que no basta a la catarata de críticos de García Albiol, que empieza por el propio Govern, que anunció que estudia emprender acciones legales por «incitación al odio racial». La consellera d’Acció Social, Carme Capdevila, llevará hoy la polémica a la reunión del Consell Executiu. Capdevila explicó ayer que los servicios jurídicos calibran la viabilidad de iniciar un proceso legal por parte de la Generalitat. Iniciativa per Catalunya-Verds sí tiene decidido ya llevar el folleto ante la fiscalía porque, a su juicio, puede ser delictivo.

Batallas jurídicas al margen, la posición política de Garcia Albiol es nítida desde hace años. Fuentes de su entorno explican que adopta la versión más restrictiva sobre los derechos de los extranjeros para evitar que partidos xenófobos como Plataforma per Catalunya capitalicen el descontento de parte de la sociedad. Ya el 26 de febrero, en declaraciones a EL PERIÓDICO, Albiol afirmó: «Los rumanos gitanos han venido a Badalona exclusivamente a robar y a delinquir». Y el sábado repartió los folletos en el barrio de La Salut.

La cortina de humo de disculpas que ha corrido el PP para atajar la crisis abierta en Badalona por un folleto xenófobo, editado por el líder del partido en la ciudad, Xavier García Albiol, que empezó a repartirse el domingo, apenas puede velar la realidad: los conservadores se han dejado arrastrar hasta el resbaladizo terreno del racismo descarnado.

Se mire por donde se mire, vincular inmigración con inseguridad puede ser tan rentable electoralmente, como deleznable en el seno de una sociedad democrática avanzada. Proceder de idéntica forma con la comunidad gitana de origen rumano, convertida en referencia genérica de comportamientos incívicos, no es más defendible.

Justamente porque se trata de comportamientos opuestos al respeto a las personas –inmigrantes o no– y que dañan la cohesión social, resulta incomprensible que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se entregara alegremente a repartir los folletos de García Albiol.

Sus disculpas posteriores carecen de credibilidad. Y se antoja fuera de registro que el portavoz del PP, Esteban González Pons, invoque «problemas de convivencia extremadamente graves» para poner sordina a la campaña xenófoba. Simplemente, con haber atado corto al concejal de Badalona, conocido por su extremismo gesticulante, se hubiese podido evitar la cadena de despropósitos y el partido se habría ahorrado excusas de mal pagador.

¿Acaso el daño causado se desvanecerá como por ensalmo gracias a las disculpas ofrecidas por el PP? Cabe dudar de ello. En el seno de una sociedad que recurre con frecuencia al principio de difama que algo queda, no es en absoluto descartable que el folleto pergeñado por García Albiol, la presencia en la calle de este y el apoyo de Sánchez Camacho hayan convencido a algunos ciudadanos de Badalona de que la ciudad vive una situación límite. Lo cual significa que el autor del disparate habrá cubierto su primer objetivo: cimentar su programa político en la tensión social.

No se trata de negar los problemas derivados de la diversidad –Badalona los tiene como tantas otras ciudades–, sino de afrontarlos sin exclusiones ni estridencias. El Ayuntamiento de El Vendrell, con el apoyo del PP, sometido a la presión de Plataforma per Catalunya, tan racista como el folleto de García Albiol, ha demostrado que es posible aplicar recetas conservadoras a los problemas sin alentar el odio al extranjero.

Impotencia, irritación y una profunda preocupación. Asociaciones de gitanos, organizaciones de ciudadanos rumanos y otras entidades vinculadas a la inmigración expresaron ayer su condena al folleto del PP de Badalona. Todos denunciaron el daño que un díptico como ese –que no es más que un arma electoralista, dijeron– causa en el trabajo de inserción que realizan desde años. El propio cónsul de Rumanía en Barcelona, Florin Angelo Florian, tomó cartas en el asunto y, en una reunión con el secretario de Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós, expresó su malestar por lo sucedido y advirtió de la imagen que Catalunya ha proyectado estos días en Rumanía.

La Fundación Secretariado Gitano, que trabaja con rumanos de etnia gitana de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, tuvo el domingo, cuando supo de la existencia del folleto, la impresión vivir un dejà vu. El documento repartido por los barrios de La Salut, Llefià, Sant Roc y Artigues aborda, en su opinión, «un tema recurrente, propio de esa táctica electoral que consiste en achacar todos los males de la sociedad a los extranjeros», afirmó ayer Lluís Vila, que trabaja desde el 2004 con los gitanos del Besòs.

«Es lamentable, entre otras razones, porque lo que dice ese folleto ya no es cierto», agregó Diana Duni, presidenta de la Asociación de Mediadores Interculturales Rumanos Quorum. Según Duni, la comunidad de gitanos de su país en Badalona se ha reducido los últimos años «y no da problemas, como muestra el hecho de que no haya allí ningún mediador rumano». «Sencillamente: no hace falta», dijo.

«Hablamos de un grupo de 700 personas, por las que nadie ha hecho en los últimos años el más mínimo esfuerzo de inclusión», lamentó Lluís Vila, que citó como única excepción a Educació, que ha logrado escolarizar a 140 menores.

También José Cortés, tesorero de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, considera que los rumanos de su etnia son más víctimas que culpables. «Sufren los mismos problemas que los gitanos españoles hace 50 años. El tiempo ha demostrado que somos tan trabajadores como cualquiera», dijo. Por ello, pidió al PP «que se retracte».

El Partido Popular (PP) intentó ayer cerrar por la vía rápida el conflicto suscitado después de que Alicia Sánchez-Camacho, la presidenta del PP en Cataluña, repartiera el sábado en Badalona, junto al concejal Xavier García Albiol, unos dípticos con un contenido xenófobo hacia los ciudadanos rumanos de etnia gitana. El panfleto vinculaba sin tapujos inseguridad e inmigración e incluía, entre otras, la foto de una pancarta con esta frase: "No queremos rumanos". Desautorizada el domingo por la vicesecretaria del PP Ana Mato, Sánchez-Camacho pidió disculpas media docena de veces por si alguien se ofendió con la foto.

La polémica está lejos de apagarse porque la imagen ha indignado a numerosos colectivos, que amenazaron con llevar el caso a los tribunales. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) acudirá a la Fiscalía y denunciará al PP por incitar al odio racial. El Gobierno de José Montilla estudia recurrir a la Justicia y ayer el cónsul rumano en Barcelona se reunió con el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós. SOS Racismo y la asociación gitana Unión Romaní cargaron contra el panfleto.

Enfrascada en la campaña preelectoral en el área metropolitana, donde quiere plantar batalla a los socialistas, Sánchez-Camacho se negó a abrir un expediente sancionador al edil de Badalona, uno de los valores del partido, y mucho menos pedirle que dimita. La presidenta de los populares catalanes participó en el reparto de los dípticos.

Conocido por sus incendiarias declaraciones, Xavier García Albiol elogió ayer a la mayoría de rumanos que viven en Badalona pero insistió en asociar delincuencia y rumanos gitanos. "En eso no le doy mi apoyo. La delincuencia no tiene nacionalidades", se desmarcó la líder catalana del PP. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, tildó las palabras del edil de "extremadamente desafortunadas". No fue tan contundente Sánchez-Camacho, que eludió calificar de error el díptico -dijo que ya se están editando otros diferentes- aunque subrayó que con las disculpas ya había dejado clara su postura.

¿Qué impresión tuvo al tener el díptico en las manos?, le preguntaron periodistas. "Fue rápido. La foto no es lo importante porque ya se había publicado con anterioridad [en un diario]", dijo como si el díptico reflejara la realidad sin prejuicios ideológicos. El vicepresidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, no lo vio así y pidió la dimisión del edil. "Él no ha visto el díptico. La foto no responde al lema del partido", se defendió Sánchez-Camacho.

El PP nacional se desmarca ahora del folleto "No queremos rumanos"

El pasquín fue distribuido ayer en Badalona por Alicia Sánchez-Camacho y el líder de los populares de la ciudad, Xavier García Albiol

El PP reparte en Badalona folletos con el lema "no queremos rumanos"

El alcalde socialista de la ciudad, "avergonzado" por los pasquines de los populares.- Alicia Sánchez-Camacho han participado en el reparto

Xavier García Albiol (PP) vuelve a la carga con la receta que le ha convertido en líder de la oposición en Badalona (Barcelona) y aspirante a arrebatar la alcaldía al PSC: vincular inmigración e inseguridad. Albiol ha acudido hoy al mercadillo semanal de La Salut (un barrio de la periferia de la ciudad) para repartir, junto a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, un panfleto en el que aparece una foto de rumanos de etnia gitana impresa sobre la pregunta "¿Tu barrio es seguro?"

Sonriente, Albiol ha prometido que, si es alcalde, "podremos salir por el barrio con la seguridad de no ser acosados o atracados". Usa la primera persona del plural (nosotros) en alusión a los vecinos de barrios que sufren una fuerte presión migratoria y un deterioro de los servicios públicos. Pero lo cierto es que desde hace más de cinco años no vive en Badalona, sino en Pedralbes, un barrio acomodado de la parte alta de Barcelona.

El díptico combina cuatro palabras clave (inseguridad, suciedad, delincuencia, incivismo) con imágenes de gitanos y una fotografía que expresa el rechazo de algún ciudadano hacia el colectivo: "No queremos rumanos". Un portavoz matiza que el partido no defiende esa idea (en la imagen se ve una pancarta colgada en un balcón) pero admite que el PP ha seleccionado las imágenes que ilustran el folleto.

"Quien viva en Badalona debe adaptarse a nuestras costumbres", insiste en el folleto Albiol, que hace días llamó "plaga" al colectivo de gitanos rumanos. "Han venido exclusivamente a ser delincuentes".

La nueva campaña de agitprop de Albiol ha irritado al alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC). "Me daría vergüenza hacer política avivando las bajas pasiones de la gente. Compite para ver quién es más racista", ha dicho. "Albiol quiere ser alcalde estigmatizando Badalona, pero la ciudad no es así", sentenció. Fuentes municipales vincularon la iniciativa del PP a la 'competencia' de la xenófoba Plataforma per Catalunya, que se ha desplegado por Badalona con vistas a las elecciones autonómicas.

www.elpais.es 25.04.10

El presidente del PP de Badalona vuelve a la carga con su discurso xenófobo: “No queremos rumanos”

El lunes pasado, Esperanza Aguirre, se hacía la foto junto al patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, Daniel Ciobotea, en un acto en Madrid, en el que se colocó la primera piedra de la construcción de la Catedral rumana que se construirá en España. Casi a la par, su compañero de partido, el presidente del PP en Badalona, Xavi García Albiol, iniciaba una campaña precisamente contra los inmigrantes rumanos. Albiol ha distribuido por toda la ciudad folletos en los que aparece la fotografía de una pancarta en la que puede leerse: "No queremos rumanos”. ¡Vaya homogeneidad de criterios en el PP!

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El presidente de los populares de Badalona, Xavi García Albiol, es el mismo que en enero de este año, a raíz de la polémica sobre la negativa del Ayuntamiento de Vic de empadronar a inmigrantes sin papeles, en una entrevista en la Cope defendió su postura xenófoba alegando “una cuestión de supervivencia”. Albiol afirmó que existe un “peligro” de colapso en los servicios sociales y que se están dando ayudas a extranjeros en detrimento de los españoles.

Agredió a un manifestante
No era esa la primera vez que García Albiol hacía gala de sus ideas xenófobas. En 2007, durante los pasados comicios municipales, provocó una gran polémica cuando colgó un vídeo en Youtube en el que relacionaba inseguridad e inmigración. Y en 2006, agredió, de un manotazo en la cara, a uno de los manifestantes que protestaba contra el PP a la entrada de un acto electoral, al que asistían Ángel Acebes y Josep Piqué. Un vídeo de Tele 5 recogió el incidente.

Más seguridad, menos inmigrantes
En los folletos distribuidos ahora por el PP de Badalona retoma el mensaje: ''+ Seguridad'' al lado del logotipo del partido, con varias fotografías en las que se ve la fotografía de un balcón donde se asoman seis inmigrantes, otra imagen en la que aparecen dos mujeres con pañuelo descansando en un banco de la vía pública, la calle sucia y un accidente de coche, según ha podido constatar la Ser.

"A dos concejales de ganar"
El dirigente popular ha sabido sacar partido de un tema al que son sensibles los ciudadanos, la seguridad, para hacer su discurso populista. En la contraportada de los panfletos aparece un texto: "Estoy a sólo dos concejales de ganar las elecciones municipales. Si en 2011 soy el alcalde, os aseguro que podremos salir por el barrio con la seguridad de no ser acosados o atracados. Quien viva en Badalona tendrá que adaptarse a nuestras normas y costumbres”. Viendo el vídeo en el que agrede al joven manifestante da miedo pensar que pueda conseguirlo.

www.elplural.com 25.04.10

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva), gobernado por Manuel Ándrés González (PP), reconoció ayer que el padrón municipal de la localidad no inscribe a los inmigrantes que viven en asentamientos ilegales, chabolas o cualquier tipo de infravivienda. Tras el conflicto originado en Vic (Barcelona) o Torrejón (Madrid) por la reticencia a censar extranjeros, el consistorio onubense reabre el debate.

¿Qué pasa con los más de 600 inmigrantes de la localidad que no disponen de una vivienda y pasan más de seis meses, a veces años, en campamentos al aire libre? ¿Qué se hace con los que no pueden rellenar el formulario de empadronamiento al carecer de domicilio?

Inmaculada Fernández, responsable del Padrón municipal en Lepe desde hace 15 años, responde: "No los empadronamos". La normativa vigente, sin embargo, dice lo contrario. La Abogacía General del Estado envió en enero al Ayuntamiento de Vic un documento en el que citaba una resolución de 1997 que aprobó el Gobierno del PP en la que se explicita que los ayuntamientos también tienen que empadronar a las personas que vivan en "chabolas, caravanas" o "cuevas".

En dicha resolución se recoge, textualmente: "Las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así". La normativa estaba, subrayada, sobre la mesa de trabajo de la encargada del padrón en Lepe. "Está claro que se debería hacer pero ¿cómo se hace?", pregunta Fernández. Para que una persona pueda empadronarse, es necesario completar una solicitud en la que, en primer lugar, debe rellenar los siguientes apartados: calle/plaza, número, letra, portal, puerta. Evidentemente, las personas que habitan los alrededores rurales de Lepe o las chabolas que ellos mismos se construyen con cartón y plástico no disponen de un domicilio "normal". En total, son unos 600 los inmigrantes que viven en estas infraviviendas.

Los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) redactaron el pasado 19 de enero un informe en relación con el empadronamiento en el que se recogía cómo proceder. Volvía a la Resolución de 1997: "Su obligación es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos".

Fernández asegura que "ya le gustaría" dar de alta "a todo el mundo", pero "es imposible". El número de inmigrantes a los que se denegó el empadronamiento, explica Fernández, es difícil de calcular. "Son muchos, sí, pero no sabría decir una cifra". Y se agarra a la interpretación de un punto de la resolución del Gobierno que establece que la decisión de empadronar también debe tener en cuenta si es posible enviar comunicaciones a la persona que se quiera inscribir. "¿Cómo sé yo que el inmigrante reside habitualmente en ese punto geográfico y no cambia de sitio?", plantea Fernández.

Mustapha El Kaddouri , coordinador de los Servicios Sociales de Lepe, reconoce que tienen demasiado trabajo para ir buscando por los campos dónde pasan más de seis meses los inmigrantes. El desconocimiento entre el colectivo inmigrante es significativo. "Si no tienen casa, ¿cómo vas a empadronarte?", se preguntaba ayer, André Boissy, presidente de la asociación de senegalés en el municipio.

Manuel Andrés González, alcalde de Lepe y presidente provincial del PP, declaró el martes a EL PAÍS que conocía la normativa y que "todos, sin excepción tienen derecho a empadronarse". Sobre cómo se estaba procediendo, González reconoció que no sabe "cómo se lleva a la práctica".

El insulto "hijo de puta" se repite entre los populares madrileños. Tras la frase que captaron el viernes los micrófonos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la última víctima del improperio fue ayer el portavoz de IU de Torrejón de Ardoz, José Fernández Benito. Se lo lanzó un concejal desde la bancada del PP en el pleno extraordinario que se celebró para exigir explicaciones al gobierno local sobre las ilegales normas de empadronamiento que aplicaba el Consistorio desde 2008 y que perjudicaban a los inmigrantes particularmente.

Durante el pleno, el edil de IU levantó una hoja con un artículo de EL PAÍS de ayer. Éste decía que en algunos locales de Torrejón vinculados a familiares del vicealcalde y el concejal de Vías y Obras y Medio Ambiente (PP) se denegaba el acceso a personas de raza negra.

Como reacción a la acción de Fernández surgieron gritos de los vecinos: "Sinvergüenza, ladrón, impresentable y eres un impresentable". Los torrejoneros aplaudían y vitoreaban obedientemente las intervenciones del alcalde, Pedro Rollán. Pero estos improperios fueron minimizados por una exclamación, procedente de la bancada popular: "Hijo de puta", lanzó un concejal del PP, a semejanza de lo que hiciera la semana pasada su presidenta regional, Esperanza Aguirre, pero en esa ocasión se dirigía a un compañero de partido.

Tanto el concejal de IU insultado como el socialista José Vicente Espino acusan del improperio al edil popular Valeriano Díaz, uno de los concejales relacionados con los locales del reportaje, y que pudo sentirse aludido. Otras fuentes de la oposición avalan esta autoría. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Díaz a través de un portavoz del equipo de Gobierno.

Los insultos y los gritos fueron los protagonistas del pleno. La polémica se inició durante el debate de sendas enmiendas presentadas por el PSOE e IU en las que pedían la retirada de las normas que impedían empadronar a un inmigrante con pasaporte de turista y a aquellos que vivieran en pisos donde no se cumpliera el ratio de 20 metros cuadrados por residente.

La escalada de insultos de vecinos y ediles populares, que encontraron contestación en los bancos del PSM, fue cortada por el alcalde. Rollán se dirigió a los vecinos: "Les ruego que no entren al trapo del señor Gómez [Valentín, concejal del PSOE], que no hace otra cosa que provocar". Y prosiguió: "Señor Gómez, no sea maleducado. Usted es un faltón. Es un faltón".Toda esta batalla dialéctica dio paso a una tensa calma, que impuso el único concejal de IU, que tuvo que pedir un poco de educación a los presentes: "Pediría que se tenga hacia mí el mismo respeto que he demostrado".

El tenso debate sobre la política de empadronamiento dio paso a la votación de la propuesta del PP. Con su mayoría absoluta de 14 concejales sobre 27, aprobó una enmienda en la que insta al Gobierno central a que modifique las leyes que regulan el empadronamiento de inmigrantes con la intención de "garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitando los hacinamientos".

Los populares del municipio, que consideran que el Gobierno central les ha dado la razón por restringir los empadronamientos, respaldaron un documento que enmendaba sendas mociones en las que los grupos de la oposición exigían la retirada de todas las normas adoptadas en octubre de 2008 que limitaban la inscripción de extranjeros en el padrón municipal. "Ante el anuncio del Gobierno de España de cambiar la normativa sobre el padrón, dándole la razón al alcalde de Torrejón, me gustaría preguntar si también Rodríguez Zapatero es un xenófobo, un racista, un ultraderechista o un radical como acusan al alcalde y al Gobierno de Torrejón", preguntó el vicealcalde, José Luis Navarro, a los ediles del PSOE y de IU. Una discoteca situada en una nave propiedad de la familia del vicealcalde es una de las que no permite la entrada a extranjeros negros. El número dos del equipo de gobierno fue administrador de la sociedad y regente de la discoteca hasta seis meses después de su nombramiento, cuando cambió su nombre.

El pasado 25 de enero, el equipo de gobierno municipal, del PP, retiraba una normativa que instauraba numerosas trabas al empadronamiento de extranjeros en el municipio: entre otras, no permitía que se inscribieran en viviendas que dispusieran de al menos 20 metros cuadrados por persona y tampoco empadronaba a los inmigrantes con visado de turista. El motivo de esta decisión de Pedro Rollán, según explicó, fue la elaboración de un informe de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, en la que recordaba la obligatoriedad que tenían los ayuntamientos de inscribir a los inmigrantes, incluidos los irregulares.

Dos días después, el 27 de enero, los grupos de la oposición, PSOE e IU, se retiraban del pleno tras negarse el PP a debatir la política inmigratoria municipal. En esa jornada, y sólo con la presencia de los concejales del PP, el Ayuntamiento aprobó la baja de casi un centenar de extranjeros del padrón municipal y la anulación de al menos 25 ayudas familiares concedidas a este colectivo en el municipio. Posteriormente, el PP aceptó la celebración del pleno extraordinario de ayer, en el que se incluía la retirada de la normativa de empadronamiento.

El vicealcalde asegura que ni él ni nadie de su familia es propietario de ningún centro de ocio en Torrejón. Según el Registro Mercantil, su hermano es el administrador único de la nave donde se encuentra la discoteca Remember, de la cual él mismo también fue administrador hasta seis meses después de ser elegido vicealcalde. Argumenta su defensa en que él y su hermano ya no son los regentes de la discoteca, como lo eran antes, sino que ahora arrendan el negocio a otros empresarios y cobran por ello un alquiler. El segundo edil dice desconocer los nombres de los arrendatarios. Este periódico también intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el concejal de Vías y Obras y Medio Ambiente, que según el mismo registro es ex administrador del local de la discoteca Nará. Actualmente figura como administradora su esposa.

La portavoz socialista, Trinidad Rollán, secretaria de Organización del PSOE madrileño, propuso en el pleno que el PP dejara de utilizar "de manera irresponsable y electoral un tema tan sensible como la inmigración, que está colocando a nuestra ciudad en el primer plano de una polémica vergonzosa". El concejal de IU, José Fernández, recordó que pese a que el PP había retirado la exigencia de que los empadronados tuvieran un mínimo de metros por persona en cada vivienda y que ya comenzaran a inscribir a los extranjeros con visado de turista, todavía persiste un requisito: "Los aspirantes a empadronarse tienen que acudir al Consistorio acompañados del propietario de la vivienda, y eso hay que modificarlo".

En su enmienda a las mociones de la oposición, el PP volvía a dirigirse al Gobierno de Zapatero para solicitarle que se pronuncie acerca de la conveniencia de si se debe empadronar a los extranjeros que están en España como turistas, como no se hace en la mayoría de los países. También instaban a que el Ejecutivo aumente la ayuda económica a los municipios con mayor porcentaje de extranjeros, al mismo tiempo que demandaban que aclare lo que consideran una contradicción: "El Gobierno aprobó una Ley de Extranjería que obliga a expulsar a los inmigrantes sin papeles, pero al mismo tiempo pide a los ayuntamientos que los inscriba en el padrón. Si el Estado les condena a la marginalidad, ¿por qué nos obliga a los ayuntamientos a empadronarlos?".

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) da marcha atrás en su normativa de empadronamiento de los sin papeles que impedía registrarse a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o con pasaporte en el que figurara el visado de turista. "Desde el Ayuntamiento se acata el informe de la Abogacía del Estado pero sí queremos dejar claro que Torrejón de Ardoz no es un municipio xenófobo", ha asegurado el alcalde, Pedro Rollán.

Tras conocerse la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los irregulares saltó a la luz el caso de Torrejón, gobernado por los populares, que desde octubre de 2008 aplica su propia normativa al margen de la ley, que exige registrar a todos los inmigrantes, lo que les permite acceder a los servicios sociales aunque no residan legalmente en España.

"El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, acata el dictamen del Gobierno de España de empadronar a todos los inmigrantes al margen del número de personas que puedan estar hacinadas en una vivienda", ha señalado el regidor. Torrejón seguirá trabajando para evitar los hacinamientos y los pisos patera en la ciudad, pero exige que se respete la normalidad y la convivencia en la ciudad sin dañar su imagen, según el comunicado que ha leído el regidor, quien ha subrayado que en sólo siete años la inmigración "se desbordó" en el municipio hasta ascender al 20% de su población.

Pese a rectificar la norma vigente, el Gobierno municipal de Torrejón ha pedido al Ejecutivo central que cambie las leyes para regular las "situaciones de hacinamiento" y aumente las ayudas económicas a los Ayuntamientos para integrar a los inmigrantes.

En las últimas semanas varios dirigentes del PP han entrado en una escalada de declaraciones en las que sugerían un endurecimiento de la legislación para evitar la entrada de sin papeles y justificaban, de forma más o menos clara, la actitud del Ayuntamiento de Vic y Torrejón. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha avalado en todo momento la normativa de Torrejón, mientras que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, propuso cambios en la ley porque, según aseguró, "no cabemos todos".

Consciente de que el discurso duro en inmigración no fue rentable en las pasadas elecciones, Rajoy se ha encargado de suavizarlo en los últimos días. Así, la semana pasada desautorizó al Ayuntamiento de Torrejón al afirmar que este municipio también tiene que cumplir la ley como todos los demás. La norma que obliga al empadronamiento de todos los irregulares está vigente desde 1997 y fue aprobada por el Gobierno del PP cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.

Rajoy resbala con la inmigración

El líder del PP trata de aplacar el mensaje del sector más duro - Los populares defienden el modelo de Sarkozy y temen discursos tipo Berlusconi

Sólo una semana ha tardado Mariano Rajoy en cambiar el rumbo de su discurso sobre inmigración. El sábado pasado, en Mallorca, pidió endurecer la ley de inmigración. Este viernes, en Barcelona, sentenció que todos los inmigrantes, regulares e irregulares, empadronados o no, deben recibir educación y atención sanitaria "por el mero hecho de ser seres humanos". El líder del PP, según su entorno, se ha visto obligado a suavizar su discurso ante la constatación de una evidencia: los discursos extremos de algunos de sus dirigentes, espoleados por el mensaje confuso que lanzó él mismo la semana pasada, amenazaban con devolver al PP al lugar que más teme su líder: el de la soledad parlamentaria y la imagen extremista de la pasada legislatura. Fue eso lo que, según un análisis extendido en el marianismo, les llevó a perder las elecciones de 2008. La imagen del PP en el Congreso el jueves, de nuevo solo, frente a las acusaciones de xenófobo y oportunista de todos los grupos hizo saltar todas las alarmas.

El Gobierno cree descabellada la posición de los populares

Rajoy, según explican los suyos, no tiene intenciones de abandonar el discurso duro contra la inmigración irregular. Eso, creen los estrategas, le dará muchos votos especialmente en barrios de tradición obrera, donde hay más conflictos. Los populares consideran que el PSOE se equivoca si les deja a ellos todo este espacio. Pero el líder del PP también quiere evitar los extremos y la posibilidad de que alcaldes del PP de toda España, espoleados por el ejemplo de Torrejón de Ardoz, se dediquen a promover medidas antiinmigrantes. De hecho, los primeros choques de dirigentes ya se han producido esta semana. Mientras Esperanza Aguirre y José María Aznar defendían la decisión de Torrejón, Alberto Ruiz-Gallardón la calificaba abiertamente de ilegal. Y mientras Alicia Sánchez-Camacho se apuntaba al discurso más duro del "no cabemos todos", Cristóbal Montoro defendía la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico. Rajoy ha optado, como casi siempre, por dar una de cal y una de arena tratando de cuidar su imagen de dirigente moderado.

"Nuestro modelo es el de Sarkozy, el del contrato de integración, el de la dureza con la inmigración ilegal y la defensa de la inmigración legal. Pero tenemos algunos en el partido que apuestan más por mensajes tipo Berlusconi. Y eso es lo que Rajoy ha tratado de parar", señala un marianista. Mientras, la propuesta del líder del PP para dar asistencia sanitaria y social a los inmigrantes en situación irregular al margen del padrón ha hecho que el Gobierno levante las cejas con perplejidad. Un alto cargo del Ministerio de Trabajo e Inmigración considera "descabellada" la iniciativa. "Es grotesco", dice. "¿Qué estábamos poniendo en cuestión en toda esta polémica? ¿La existencia del padrón? ¿El padrón como instrumento para que los sin papeles accedan a determinados servicios? ¿La posibilidad de inscribirse en el padrón? ¿Lo que propone Rajoy es que les demos asistencia sanitaria sin saber cuántos son?". Para el Ejecutivo, Rajoy pretende convertir a los irregulares en invisibles. "El Estado y las comunidades autónomas deben saber cuántos inmigrantes sin papeles hay y dónde están", insiste la misma fuente.

Una fuente del PSOE analiza así la situación: "El PP trata de introducir la inmigración en la campaña. Parte de un argumento simplón: que dando duro en este asunto, puede obtener un buen eco en la calle. Pero tiene un problema: cuanto más duro es su discurso, más moviliza a nuestro electorado. En esta ocasión, a algunas personas de ese partido se les ha ido la mano. Por ejemplo, a Sánchez-Camacho con su "no cabemos todos". Mientras tanto, en el PSOE nadie ha chirriado. Tengo la impresión de que se les ha ido la mano, y Rajoy está intentando dar marcha atrás".

Un alto cargo del Ministerio de Sanidad asegura que "lo que pide Rajoy para los irregulares ya lo quisieran para sí todos los españoles, porque podrían tener asistencia primaria en las 17 comunidades. Les permitirían ser usuarios directos de los 17 sistemas actuales de sanidad". Mientras, CiU, la formación a la que pertenece el alcalde de Vic, actúa en la polémica como Jano el bifronte. La postura de su portavoz en inmigración en el Congreso, Carles Campuzano, que pactó con el Gobierno la reforma de la Ley de Extranjería aprobada hace poco más de un mes, no concuerda con el pensamiento de los líderes de la coalición, sobre todo con el del líder de Unió, Duran i Lleida. En Convergència, Artur Mas está en un discurso mucho más duro que su portavoz en Madrid. Es decir, CiU tiene dos discursos: uno en Barcelona y otro en Madrid.

La relación con CiU, ahora más estrecha porque sus posiciones duras sobre inmigración les han unido, es básica para el PP. Las catalanas son las primeras elecciones en el horizonte, pero además hay una cuestión de fondo. Los estrategas del entorno de Rajoy sostienen que una de las claves de la derrota de 2008 fue el voto anti-PP especialmente en Cataluña. Para evitar ese efecto de rechazo, que ahora según las encuestas es menor, el PP necesita normalizar su imagen en Cataluña. Y nada tendría más fuerza para lograrlo que gobernar, o al menos dar su apoyo a CiU para que gobierne. Es lo que está sucediendo en el País Vasco -donde también hubo mucho voto anti-PP en 2008- con el apoyo al PSE, que está teniendo muy buen efecto para la imagen de Antonio Basagoiti. Si el PP logra normalizar su imagen en Cataluña y los resultados en Andalucía mejoran, como indican también las encuestas, será muy difícil que Rajoy no gane en 2012, siempre según su entorno, cada vez más optimista

www.elpais.es 24.01.10

Rajoy propone el acceso a la sanidad y la educación al margen del padrón

El presidente del PP insiste en Barcelona en la polémica sobre inmigración

Cualquier persona debe tener garantizado el derecho a la educación y a la sanidad. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, lo proclamó ayer en Barcelona tras los conflictos en Vic y Torrejón y la tormenta política por la inmigración irregular. Pero añadió: "Esos derechos no los garantiza el padrón, sino el mero hecho de ser seres humanos. Sin ningún documento, ya nos podríamos ahorrar muchos problemas", defendió. Rajoy no contempló que esa medida supone convertir a los inmigrantes irregulares en invisibles. Pero su comentario intentó ser casi un gesto de buena voluntad ante las criticas del resto de los partidos, que le acusan de utilizar la inmigración como arma electoral.

"El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley"

Durante su discurso de clausura en la Escuela de Invierno del PP, Rajoy, en tono conciliador, se ofreció a poner "orden y control" en la política de inmigración del Gobierno de Zapatero, que considera errática. "Estamos pagando la demagogia de los papeles para todos. La regularización masiva fue un disparate", afirmó en el acto celebrado en La Pedrera y ante los cuadros del PP. Tras recordar, como hace siempre, que por su origen gallego tiene que estar por razones obvias a favor de la inmigración, Rajoy anunció que presentará en el Congreso una serie de iniciativas para poner coto a la entrada de extranjeros.

"El padrón tiene su importancia, pero lo importante es la política de inmigración", insistió Rajoy, que mezcló extranjeros comunitarios y extracomunitarios al recordar que si en 2004 las tarjetas de residencia eran 1,6 millones, en 2009 ya sumaban 4,7 millones. Y cifró en 5,5 millones los extranjeros en el censo en 2009. A tenor de esos datos, Rajoy afirmó que el verdadero debate es saber cuál es la capacidad de acogida de España, tanto desde el punto de vista de la oferta de trabajo como de la capacidad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para dar servicios con los problemas financieros que sufren. "Esto necesita orden y control", afirmó.

La propuesta del líder del PP pasa por modificar la legislación vigente que considera, en la misma línea de CiU, contradictoria porque, por un lado, obliga a expulsar y, por otro, a empadronar a los sin papeles. "La ley dirá que hay que censar, y se debe cumplir, aunque quizá habrá que cambiarla", abundó Rajoy, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, dijo que el acatamiento de la ley vale tanto para Vic, que se planteó no censar, como para Torrejón, gobernado por el PP, y que ponía condicionantes. "El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley", dijo.

Y a partir de ahí rescató el plan de medidas que ya presentó en 2008 y que pasan, de entrada, por su polémico contrato de integración, rechazado en el Parlamento, en el que los inmigrantes deberían aceptar derechos y deberes. "Tenemos una historia, una cultura, una tradición plasmada en la Constitución que tenemos que cumplirla nosotros y los que vengan de fuera", defendió. Luego apuntó que no se pueda dar un permiso de trabajo a un extranjero con un expediente de expulsión y que sean deportados los inmigrantes con condenas mayores a seis meses. "Eso pasa en muchos lugares", justificó. Lo que no dijo Rajoy es que desde 2003 y a instancias suyas se reformó el Código Penal para expulsar a extranjeros con esas penas. El Supremo, sin embargo, no aplica el artículo por estimarlo inconstitucional.

Satisfecha por haber iniciado un debate "sin complejos", Alicia Sánchez-Camacho, anfitriona de Rajoy y presidenta del PP en Cataluña, se mostró feliz por haber tenido "el valor, el coraje y la valentía" de encarar el tema de la inmigración. "Hablamos de lo que nos pide la gente: una inmigración ordenada y legal. En Cataluña, España o cualquier parte del mundo no cabemos todos", insistió. El ex presidente de Gobierno, José María Aznar, intervino en la polémica y en TVE se distanció del análisis de Rajoy al considerar que el caso de Vic y Torrejón no tienen nada que ver. Aznar consideró un "error gravísimo" el caso de Vic. "Los culpables son los mismos (el gobierno de Vic formado por CiU, PSC y ERC) que anduvieron por toda España diciendo 'papeles para todos'. En Torrejón se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar"

www.elpais.es 23.01.10

Torrejón de Ardoz no da un paso atrás en la aplicación de sus normas ilegales de empadronamiento. Pese a las advertencias del Gobierno central, que exige a los municipios que censen a todos los inmigrantes, el Ayuntamiento de Torrejón se aferra a su ordenanza. Niega el censo a los inmigrantes con visado de turista; también a quienes no tengan en su vivienda 20 metros cuadrados por inquilino, sean extranjeros o españoles.

La condición de la superficie por habitante, que según la ordenanza es universal, se venía cebando con los inmigrantes, no con los españoles. Hasta ayer no se conocían casos de vecinos autóctonos afectados por la norma. Pero, en medio de la polémica, todos son iguales ante el padrón, como comprobó ayer un redactor español de EL PAÍS.

El grupo municipal de IU, que ha intentado revocar la polémica norma, asegura que hasta ahora los españoles vivían libres de la regla de los metros. Y acusa al Gobierno municipal, del PP, de "aplicarla a todos sobre la marcha", para ahuyentar los fantasmas de las acusaciones de xenofobia.Al menos desde ayer, Torrejón de Ardoz niega el censo por igual a españoles y extranjeros si no se inscriben en pisos con la amplitud suficiente. Esto respalda el argumento igualitario utilizado esta semana por su alcalde, Pedro Rollán, que precisó que la norma no era específica contra inmigrantes. Ahora bien, arroja dudas sobre el propósito real de la ordenanza.

El Ayuntamiento ha reiterado que la regla de la ratio por inquilino trata de erradicar casos de hacinamiento de "20 y 30" inmigrantes por piso, según palabras de Rollán. Sorprende que luego pueda afectar a cuatro españoles que vivan en un piso de 75 metros (como ocurría con la prueba realizada ayer por este periódico), pues esta superficie es común a un sinfín de españoles sin rentas altas, ajenos al problema de los pisos patera.

La responsable de IU en Torrejón, Concha Vidales, aseguró ayer a este diario que las restricciones de censo nunca se han aplicado a los españoles desde que se puso en marcha, en octubre de 2008: "En cuanto se aprobó la ordenanza, empezamos una campaña contra ella en la ciudad. En este año y medio hemos conocido muchos casos de inmigrantes a los que se les ha vetado el censo, pero ninguno de un español al que le pidiesen los 20 metros".

Esta semana, el Ayuntamiento de Torrejón ha reiterado que los españoles no están libres de la norma, pero se sigue sin conocer un sólo caso que lo demuestre entre los muchos vecinos del municipio que no cumplen las proporciones de espacio por habitante. A excepción, claro, de la prueba realizada ayer por EL PAÍS. Abundan, sin embargo, los casos de inmigrantes afectados por la norma.

Ayer por la tarde, la oficina del padrón de Torrejón era una torre de Babel de chascos burocráticos. El colombiano Martín Fernando Céspedes, 42 años, 11 en España, vive con un matrimonio de compatriotas con dos hijos. En 80 metros cuadrados. No puede censarse por falta de espacio. "El permiso de residencia se me acaba en dos meses. ¿Qué voy a hacer? Sin empadronamiento no podré renovarlo...", se preguntaba Céspedes, muy ansioso.

Víctor Pereira Tecanha, 28 años, de Guinea-Bissau, se pensaba a las puertas del padrón quién de su piso se va a quedar sin registrar. Viven cuatro personas en 60 metros. Sobra una para cumplir con los criterios de dignidad objetiva de la alcaldía.

Los inmigrantes siguen pagando los efectos de una norma ilegal, mientras el Gobierno central presiona para que ningún municipio haga las reglas por su cuenta y deje a los extranjeros fuera del censo. La Abogacía del Estado ha frenado el intento de Vic, un Ayuntamiento catalán, por no registrar a los sin papeles. Exige, como exigió hace dos días el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que se inscriba a todos los vecinos, sin condiciones. Como hizo ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El Gobierno amenaza con tomar medidas, pero no se ha dirigido aún a Rollán. Torrejón, mientras tanto, aplica su ley.

Madrid no es Torrejón de Ardoz. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, quiso desmarcarse ayer de la postura de la Comunidad de Madrid con respecto a la negativa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (116.000 habitantes) a empadronar a inmigrantes con visado de turista o a los que no dispongan de unos 20 metros cuadrados por persona en su domicilio.

"No estamos de acuerdo en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse porque la legislación española vigente no las establece", advirtió ayer Ruiz-Gallardón.

El pasado miércoles, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, calificaba de "legal" la actuación de Torrejón y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la misma línea, declaraba que el requisito de la ratio de los 20 metros no era "sólo para los que vienen de Guatemala, sino para todo el mundo", porque, dijo, se trata de "un problema urbanístico" y no de "una cuestión de extranjería". Gallardón rebatió ayer esta tesis y dijo que no está de acuerdo "en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse". EL PAÍS ha comprobado que el padrón en Madrid no entiende de metros cuadrados.Gallardón se preguntó qué "ganan" los ayuntamientos al tomar este tipo de medidas, y aseguró que "todo lo que se salga de la actuación que marca la ley de extranjería y de la ley de bases es ilegal".

Uno de los requisitos a los que se refiere el alcalde, y que no aparece en la Ley de Extranjería, es la exigencia de un mínimo de 20 metros cuadrados por cada inquilino de un domicilio. Una limitación que el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán (PP), justifica con el cumplimiento del artículo 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación, de rango estatal, una norma que, en ningún momento, hace referencia a dimensiones o requisitos de empadronamiento, según confirmó un portavoz del Ministerio de Vivienda.

Una visita a dos Juntas municipales de distrito en Madrid sirvió ayer para comprobar si el Ayuntamiento de la capital discrimina a las personas que quieran empadronarse basándose en los metros cuadrados de su vivienda. Una redactora quiso apuntarse en el padrón asegurando que en la casa en la que iba a residir, un bajo situado en la avenida de Pablo Iglesias, de 85 metros cuadrados, ya vivían cinco personas.

La primera parada para pedir información fue la Junta Municipal del distrito Centro. "A ver. No nos confundamos. El que otros ayuntamientos incumplan la ley no significa que sea así", advirtió enseguida la funcionaria. "Nosotros no medimos metros. Nos da igual quién esté empadronado", explicó. Pero la empleada hizo una advertencia: "Si se comprueba que en la casa constan ya 15 personas empadronadas, lo consideramos un piso patera".

La siguiente comprobación fue en la Junta Municipal de Tetuán. La solicitud de empadronamiento se presentó acompañada de un certificado en el que figuraban las cinco personas que se hallaban inscritas en la casa.

La respuesta de la funcionaria fue la misma: "No hay ningún problema. El empadronamiento es, simplemente, una estadística". Como su compañera, la trabajadora del Ayuntamiento informó de que los avisos saltan en su ordenador si se encuentra ante un domicilio con 15 personas empadronadas. "Pero porque lo que se pretende con el padrón es que refleje la realidad lo máximo posible", explicó. "Lo que no significa que, aun así, no te puedas empadronar".

El PP quiso aprovechar ayer el conflicto de Vic para alargar el debate sobre la inmigración y llevarlo al Congreso como arma política contra el Gobierno. Y se quedó completamente solo. Además, tuvo que escuchar duros reproches de todos los demás grupos, que le acusaron de querer utilizarlo electoralmente.

"Demagogia desbocada", "uso mezquino y tendencioso", "echar leña al fuego", "fomentar la confrontación y la xenofobia" e "intento de pescar en río revuelto" fueron algunas de las muchas expresiones que dirigieron al PP el resto de los portavoces en la Diputación Permanente del Congreso.

El PP se quedó solo pidiendo la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Su portavoz, Rafael Hernando, hizo un discurso en el que aseguró que "el sistema de protección social español no es un pozo sin fondo, tiene unos límites que en estos momentos son las condiciones económicas".

Utilizó el caso de Vic para arremeter contra la política de inmigración del Gobierno de Zapatero. Según dijo, es "un sistema que hace más fácil entrar ilegalmente en nuestro país que hacerlo legalmente; un sistema endiablado según el cual si uno viene ilegal y consigue estar tres años en la clandestinidad, se le dan los papeles". Es decir, la tesis del principal partido de la oposición es contraponer la capacidad económica de España con la obligación legal de empadronar y dar servicios a los inmigrantes, legales o irregulares; y confrontar sus propuestas con la supuesta permisividad del Gobierno con la inmigración ilegal.

Todos los grupos, incluido el PP, aseguraron que los ayuntamientos tienen obligación de empadronar a todos los inmigrantes, incluso a los sin papeles. Todos rechazaron la actuación del Ayuntamiento de Vic, con la única excepción del portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, que utilizó un tono comprensivo para asegurar que ese municipio es ejemplo de convivencia. "El alcalde y el consistorio han consultado porque quieren cumplir la legalidad, y una vez emanada esta consulta, el alcalde va a cumplir con la legalidad vigente, pero en ningún momento se ha retractado ni ha dado marcha atrás", aseguró el portavoz de CiU.

El PP marcó distancias con todos para elevar el tiro y arremeter contra el Gobierno: "El problema no es el empadronamiento, sino un sistema que favorece la ilegalidad".

Y por eso le cayó el chaparrón de reproches: Francisco Jorquera (BNG) le alertó "sobre el peligro que puede suponer hablar del impacto de la inmigración irregular en el coste de los servicios"; Ana Oramas (CC) le pidió que "no eche leña al fuego en este momento"; Gaspar Llamazares (IU) lamentó que el PP abra un debate peligroso pensando en las municipales de 2011; Joan Ridao (ERC) le imputó "uso mezquino y tendencioso", en vísperas de las autonómicas catalanas; Emilio Olabarria (PNV) lamentó el "conflicto manifiestamente absurdo" y Esperanza Esteve (PSOE) criticó que se fomente "la confrontación y la xenofobia".

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se congratuló de la decisión del Ayuntamiento de Vic de levantar al veto al empadronamiento de inmigrantes. "Me congratulo del paso atrás del alcalde y de que se adopte una posición de respeto escrupuloso a la ley, y confío en que esta polémica pase pronto", aseguró, para después subrayar que Vic, antes de esta polémica, fue "un ejemplo de cómo se debe gobernar la inmigración".

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, alertó ayer en Toledo contra "las apuestas oportunistas" en materia migratoria con objetivos electorales. A vueltas con el veto ya levantado del Ayuntamiento de Vic a empadronar inmigrantes, Rumí aseguró que aquellos partidos que utilizan la inmigración "en momentos de dificultad, por motivos oportunistas para sacar réditos electorales, verán cómo acaba volviéndoseles en contra".

DIVISIÓN INTERNA EN EL PP POR EL BOICOT AL EMPADRONAMIENTO DE IRREGULARES EN TORREJÓN

Nuevas divisiones internas en el seno del PP, esta vez en relación a la medida adoptada en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) para no empadronar a los inmigrantes irregulares que tengan un visado de turista o que no puedan acreditar que disponen de un espacio de al menos 20 metros cuadrados habitables para vivir. Todos los ediles de los grandes municipios madrileños, seaN del partido que sean, han rechazado la iniciativa del popular Pedro Rollán.

Igual que se pretende hacer en el municipio catalán de Vic, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz pone trabas desde 2008 al empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular que residen en la localidad. El asunto se ha convertido en noticia en los últimos días y, según informa El País, ha generado una intensa discusión interna en el seno del PP madrileño, que debatió este miércoles durante más de una HORA en el Comité de Dirección del partido la postura que debe adoptar la formación.

Las conclusiones de esta reunión fueron claras: aunque arroparán al regidor de Torrejón, Pedro Rollán, el partido no parece compartir sus ideas, y todos los alcaldes populares de los grandes municipios madrileños se oponen a seguir su ejemplo y abogan por cumplir la ley. En realidad, la decisión de los conservadores madrileños pasa por poner la pelota en el tejado del PSOE, y criticar la reciente reforma del Gobierno de la Ley de Extranjería que, según el PP, no soluciona el problema de los empadronamientos de los irregulares.

Uno de los dirigentes que más combativo se mostró con la decisión de Pedro Rollán fue el consejero regional del Inmigración y responsable de Planes y Estudios Del PP, Javier Fernández-Lasquetty, que insistió en que hay que empadronar a todos los inmigrantes, sea cual sea su condición. También se habría manifestado en la misma línea la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, que abogó por el cumplimiento de la ley, aprobada durante el gobierno de su marido, José María Aznar.

El propio Fernández-Lasquetty se habría reunido ya en varias ocasiones con Rollán para pedirle que registre en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio y para dejarle clara la postura del partido. Para convencerle, puede tomar como ejemplo las posturas de los numerosos alcaldes del PP en pueblos de la región: el edil de Móstoles, Esteban Parro, por ejemplo, empadrona a todos los ciudadanos sin poner ningún tipo de restricción.

Según entrevistas realizadas por El País, otros ediles del PP madrileño han mostrado la misma actitud. Así, por ejemplo, el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, insistió en que “el empadronamiento ha de hacerse como establece la ley”, lo mismo que opina su colega de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, o el de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, que asegura que en su municipio se empadrona a todos los ciudadanos sin excepción.

EL PP DE BADALONA APROVECHA EL CASO DE VIC PARA RECUPERAR SUS DISCURSOS RACISTAS

El melón de la xenofobia ya está abierto, y en el PP no han perdido el tiempo en sacar su tajada. Sobre todo en Cataluña, donde su presencia es meramente testimonial. Es el caso de Xavier García Albiol, presidente del PP de Badalona, que se ha aprestado a realizar una entrevista en la Cadena COPE para aclarar que “no es xenofobia, sino una cuestión de supervivencia”. Pero García Albiol no acaba de llegar al mundo de la xenofobia. Ya en 2007, su candidatura difundió un vídeo en el que culpaba a los inmigrantes de la delincuencia.

Además, el candidato popular ha protagonizado otros escándalos, más allá de su discurso racista. Es el caso de la agresión que propinó a un joven en 2006 que se manifestaba en contra del PP durante un mitin de Ángel Acebes y Josep Piqué. “No me arrepiento, lo volvería a hacer”, aseguró Albiol, tras defender que el agredido quería atacarle con un objeto que portaba. Concretamente, una cuchara de madera con la que golpeaba una cacerola.

"Supervivencia"

Según el presidente del PP de Badalona, lo que está ocurriendo “no es xenofobia, sino una cuestión de supervivencia”, ya que “en un momento de dificultad, cuando hay muchas familias que no pueden llegar a final de mes, se ven determinadas situaciones en las que aparecen los agravios comparativos”.

García Albiol aseguró que él respeta la aclaración de la Abogacía del Estado que señala que casos como el de Vic están fuera de la ley. Pero insiste: "Detrás de la medida de Vic hay un debate que algunos intentan pasar de largo y que no salga a la superficie, pero que está ahí".

Demagogia

Según García Albiol, existe un “peligro” de colapso en los servicios sociales. Para ello, utilizó un ejemplo demagógico, “para que lo entienda quien nos está escuchado”. Habló de una pareja joven “mileurista” que le había parado por la calle para decirle que a su hija le habían denegado una beca de comedor mientras que sí se la conceden a una vecina marroquí en situación irregular.

García Albiol lo tiene “muy claro” si tiene que elegir "entre seguir manteniendo un nivel de servicios a inmigrantes en situación irregular o prestar estos servicios a los vecinos de Badalona, entre los que están los inmigrantes en situación regular, claro”. Lo que parece olvidar el popular es que los irregulares también son vecinos de su ciudad, siempre y cuando, claro está, se les empadrone.

El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) avala la discriminación ilegal que Torrejón de Ardoz inflige a los inmigrantes. El vicepresidente regional, Ignacio González, dio ayer su apoyo a un Ayuntamiento que no permite empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivan en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas. El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.

"En Torrejón están empadronando conforme a la ley", dijo ayer González. Sin embargo, la nueva norma de Extranjería sólo contempla castigar a los propietarios de pisos patera y no habla de ratios. Y es más, el Ministerio del Interior, en una nota aclaratoria enviada en 2008 a municipios con dudas sobre el empadronamiento de sus inmigrantes, destaca que sólo se puede pedir como requisito un pasaporte en vigor.

El vicepresidente respaldó las normas de Torrejón escudándose en que el propósito es que los extranjeros vivan en condiciones dignas, y no en "pisos patera".

El Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PP, mantiene estas reglas desde 2008, cuando decidió endurecer el acceso al padrón para lograr una "inmigración regulada", como dice en su publicidad institucional.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) acusó a González de "justificar un acto de lesión de derechos fundamentales", en palabras de su portavoz de inmigración en la Asamblea de Madrid, María Antonia García. La diputada ha tachado de "hipocresía" el amparo del PP a Torrejón de Ardoz: "No duda en utilizar la inmigración como un arma arrojadiza contra el Gobierno, mientras justifica la actitud xenófoba y peligrosa de un Ayuntamiento gobernado por ellos".Las acusaciones de los socialistas madrileños resaltan la falta de sintonía entre el apoyo de la Comunidad de Madrid a la normativa de Torrejón de Ardoz y el rechazo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a las intenciones de emularlo de Vic.

El jueves pasado, Gallardón dejó clara su postura sobre la cuestión del padrón: "De acuerdo a la normativa, el padrón no se fija según la legalidad o ilegalidad de la estancia de un extranjero en España, sino que sólo se le exige la acreditación de residencia, y, como único requisito adicional, que la documentación acreditativa, pasaporte o tarjeta de residencia, esté en vigor al hacer el trámite".

El alcalde de Madrid consideró entonces que el proyecto de Vic, similar al que Torrejón ha llevado a término desde octubre de 2008, es "ilegal".

La visión de Gallardón no coincide con la de sus compañeros de filas al mando de la Comunidad de Madrid, pero sí con la del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que el pasado lunes pidió responsabilidades al Gobierno de Esperanza Aguirre con respecto al proceder del Ayuntamiento de Torrejón: "Exigimos que la Comunidad de Madrid obligue al Gobierno municipal de Torrejón y a su alcalde a cumplir la ley".

Las reglas especiales de Torrejón de Ardoz para decidir incluir en el censo a los inmigrantes también han provocado la reacción del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Este ha requerido al consistorio, dirigido por el popular Pedro Rollán, toda la documentación relativa a las normas de empadronamiento, según afirmó ayer un portavoz del Gobierno municipal de Torrejón de Ardoz.

La investigación del Defensor del Pueblo empezó en 2009 por una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Torrejón, pero no se activó hasta que esta semana se hizo pública la situación.

TORREJÓN SE SALTA LAS DIRECTRICES ESTATALES FIJADAS EN 2008 PARA EL EMPADRONAMIENTO

Normas de empadronamiento para una mejor convivencia entre todos, por una inmigración regular en Torrejón de Ardoz. Es el título de un tríptico de información de este Ayuntamiento madrileño. Dentro del folleto se precisan los requisitos: si usted es extranjero y tiene pasaporte con visado de turista, no podrá empadronarse; tampoco si en su piso hay más de un habitante por cada 20 metros cuadrados.

El reglamento ha logrado reducir un 50% la inscripción de vecinos extranjeros en Torrejón en 2009 con respecto a 2008. No hay datos sobre mejoras de la convivencia. Pero hay pruebas de su efecto: extranjeros que viven en la ciudad sin estar en el padrón municipal, vecinos fantasmas que se inscriben en otros términos municipales menos exigentes en sus requisitos, para tener derecho a que los reciba un médico o para que sus hijos tengan plaza escolar.

El padrón de Torrejón de Ardoz, un municipio de 116.000 habitantes con 26.000 vecinos extranjeros, funciona con criterio propio. La resolución estatal sobre empadronamiento de 1997, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas cuando Mariano Rajoy era ministro, todavía vigente, obliga a los municipios a registrar a todos los vecinos extranjeros, aunque estén en España en situación irregular. Torrejón no sigue la regla desde el 1 de octubre de 2008.

Las excepciones legales de este municipio tampoco casan con las directrices más recientes del Ministerio de Interior, que precisó en 2008 a distintos ayuntamientos catalanes las reglas de juego. Según este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los municipios deben aceptar los pasaportes extranjeros con visado de turista. No se menciona nada relacionado con el espacio disponible en la vivienda donde se registran los inmigrantes.Los funcionarios de Torrejón de Ardoz cumplen órdenes. "Lo siento, aquí no puede, va a tener que buscarse otro Ayuntamiento", responde una oficinista del padrón a Mary, una dominicana de 35 años. La inmigrante mostró su pasaporte, pero no hubo suerte. Tenía visado de turista, insuficiente para satisfacer las normas especiales del Ayuntamiento. Mary contraataca: "O sea que aquí no puedo ir al médico ni nada...". Y se da de nuevo con el frontón burocrático: "Respecto a lo de ir al médico, tendrá que dirigirse a la autoridad competente", replica la funcionaria.

"Burocracia, burocracia, burocracia", protesta en la salita de su casa un ghanés que no quiere dar su nombre. Su lamento tiene la misma raíz que las penas de Mary. Torrejón de Ardoz le ha negado el empadronamiento a una familia de compatriotas suyos, un matrimonio con dos niños, de tres años y 10 meses. Por cuestiones de espacio, la otra cláusula principal del plan de mejora de la convivencia de Torrejón.

Newton Korang, ghanés de 30 años, padre de esta familia rechazada por el censo torrejonero, explica los inconvenientes de esta normativa discriminatoria: "Estamos empadronados en Coslada, y tenemos que llevar a los niños allí cuando se ponen mal. Como no tenemos coche, vamos en tren a San Fernando y luego en bus a Coslada, a nuestro médico".

El obstáculo de estos inmigrantes está en la base de datos de Torrejón. Allí aparecen registrados otros tres habitantes, que sumados al huésped y a la familia de cuatro que aspira a censarse suman ocho inquilinos en unos 70 metros cuadrados. El Ayuntamiento no transige. Ellos aseguran que esa gente ya no vive en el apartamento.

Pero el espacio no debería influir en su empadronamiento. Eso indica un documento de 2008 del Ministerio de Interior al que ha accedido EL PAÍS. Una nota enviada a distintos ayuntamientos catalanes precisa las normas del padrón y no hace referencia al espacio disponible en la vivienda. Lo que sí resalta es que el pasaporte es un documento válido para empadronarse, "independientemente de si tiene un visado de turista". Una directriz ignorada por Torrejón.

El Ayuntamiento se ha negado a ofrecer su versión sobre la contradicción entre las normas de Interior y sus estrategias para buscar una "inmigración regulada" (como se lee en la revista municipal). Remite a las declaraciones del alcalde, Pedro Rollán, a este diario. El regidor afirmaba que estas reglas defendían la dignidad de los extranjeros: "No podemos permitir que por pisos de menos de 100 metros se lleguen a cobrar 1.200 o 1.500 euros. Esto les obliga a vivir hacinados... Luchamos contra la esclavitud del siglo XXI". Una "esclavitud" común según este argumento a muchas familias españolas, cuya vivienda no tiene 20 metros cuadrados por habitante.

Esta supuesta lucha por favorecer a los inmigrantes ofrece otros logros a la localidad, según su revista: "Se ha conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes en Torrejón". En otro folleto se explica que las reglas del padrón responden a un "clamor popular". En la plaza del Ayuntamiento, a unos metros de un grupo de subsaharianos, José, de 49 años, al igual que otros vecinos, no recordaba problemas con los inmigrantes: "No sé si hay tensión en el interior de la gente, pero en el exterior no se ve nada". Tal vez ha bajado el "clamor". O quizá los vecinos no lo habían notado.

El Partido Popular (PP) ha encontrado un inesperado filón electoral en la polémica sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes irregulares. El partido se ha tomado la precampaña de las elecciones catalanas de este año como un ensayo de las generales y la inmigración se adivina como un potencial espantajo para atraer votos. Su candidata, Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán, presentó ayer sus carteles de propaganda afirmando que los ejes de su campaña serán la lucha contra la crisis y la delincuencia y el fin de la inmigración irregular. "El padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal. Es la punta del iceberg. En Cataluña y España no cabemos todos", avisó la dirigente popular.

El Gobierno municipal de Vic, una coalición entre CiU, ERC y PSC, aún no ha puesto en marcha su anunciada medida restrictiva, que podría dejar a los inmigrantes irregulares sin acceso a servicios básicos como educación o sanidad. Vic espera instrucciones del Ministerio del Interior sobre qué conducta debe tomar con los inmigrantes irregulares.

Camacho acusó al Gobierno de pasividad y se ofreció a cubrir ese vacío. Por ello, avanzó que el PP catalán propondrá a la dirección nacional una reforma de la Ley de Extranjería. Y algo más: que se "solvente" y "clarifique" la financiación de los Ayuntamientos para que puedan ofrecer "prestaciones sociales en condiciones de igualdad y de calidad". "Muchos municipios están casi en quiebra", añadió.

Camacho, que apuntó que hay guetos y marginalidad en Cataluña y España, se resistió a dar detalles sobre cómo debería ser la reforma, al alegar que está pendiente de perfilarse esta semana. ¿Usted le negaría a un inmigrante sin papeles el acceso a la sanidad o a la educación?, se le preguntó. "¡Pues claro que no! ¿Cómo voy a hacer algo ilegal? La legalidad es la que es y se debe cumplir siempre. Éste es un debate serio que tienen que afrontar sin complejos los políticos". La popular, que centrará su campaña en el área metropolitana, bastión de los socialistas, aseguró que "en ningún caso" se trata de restringir servicios a los inmigrantes.

Las fisuras empiezan a aparecer en el PP en este terreno. Cristóbal Montoro, su coordinador económico, recordó los efectos "enormemente positivos" generados por la inmigración. "Hay que reconocerles sus derechos", aseveró. En este sentido, denunció que la postura de Vic responde a conductas "xenófobas" provocadas por los socialistas y los partidos nacionalistas. Lejos de la postura de Montoro, Camacho ha sido más suave con Vic. El PP carece de representación en esa población barcelonesa desde 2003, cuando perdió su edil en beneficio de la Plataforma per Cataluña, que ataca a la inmigración sin tapujos y que en 2007 pasó de un escaño a cuatro. El PP siguió con cero. Camacho rivaliza con CiU en el discurso de más mano dura con la inmigración, y de hecho la federación nacionalista ha sido la única que ha defendido a Vic. El Gobierno catalán también evitó, sin embargo, hacer reproche alguno a esa localidad y garantizó que los Ayuntamientos están empadronando a los inmigrantes. El consejero de Política Territorial, el socialista Joaquim Nadal, pidió que no se esgrima el miedo a la inmigración como arma electoral. "La convivencia y cohesión social son los valores a defender", avisó tras la reunión del Tripartito. "La no incorporación en el padrón de estas personas no las hace desaparecer", avisó la consejera de Justicia, Montserrat Tura.

EL PP RECUPERA EL "CONTRATO DE INTEGRACIÓN" EN PLENA POLÉMICA POR EL EMPADRONAMIENTO

La polémica suscitada por las trabas de algunos municipios a empadronar a los inmigrantes ilegales sirve al Partido Popular para ensayar la que será su principal baza electoral de cara a los comicios venideros. Si la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, presentaba ayer su precampaña centrada en la lucha contra la crisis, la delincuencia y el fin de la inmigración irregular, hoy la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recuperado una de las grandes bazas que esgrimió Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008 que perdió: el contrato de integración.

Según Sáenz de Santamaría, el PP defiende la misma posición desde hace mucho tiempo. Una posición que ha resumido en declaraciones a Onda Cero en la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal y en dejar claro que "a nuestro país se llega con papeles", es decir, con un contrato de trabajo.

La portavoz popular, además, ha recuperado una idea que ya esgrimió en las pasadas elecciones generales Mariano Rajoy: el llamado "contrato de integración" que obligaría a los inmigrantes a comprometerse a "respetar nuestros valores constitucionales", según ha recordado Sáenz de Santamaría.

La recuperada idea entronca con la precampaña lanzada ayer por su partido en Cataluña, donde su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, aseguró que "el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal" y avisó: "En Cataluña y en España no cabemos todos".

Camacho avanzó que el PP catalán pedirá a su dirección nacional una reforma de la Ley de Extranjería. Precisamente, a finales de 2009 el Congreso aprobó cambios en dicha normativa y el grupo que dirige Sáenz de Santamaría no presentó ninguna moción referente al empadronamiento de inmigrantes sin papeles.

La presidenta del PP catalán, que no quiso concretar qué cambios exigiría, sí negó que su partido vaya a negar asistencia social a los inmigrantes sin papeles. Sin embargo, para ello el padrón es imprescindible, algo que recordó ayer la Federación Española de Municipios y Provincias, organismo que además indicó que el padrón es "un registro de situaciones de hecho y no de derecho".

En total sintonía con el argumentario del PP nacional, los populares valencianos introdujeron ayer la inmigración en el debate político. Eso sí, con una particular vuelta de tuerca. Y es que además del caladero de votos que, en general, puede suponer esta cuestión para el partido conservador, en el territorio valenciano tiene un valor añadido si se disfraza de reivindicación valenciana y se suma a la lista de los agravios con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "castiga" a los valencianos.

El PP parece haber recuperado su línea más dura en la política de inmigración. Ayer, el principal gobierno popular, el de la Comunidad de Madrid, avaló la discriminación ilegal que Torrejón de Ardoz inflige a los inmigrantes.

Su vicepresidente, Ignacio González, defendió ayer que el municipio, dirigido por su partido, ponga trabas al empadronamiento de inmigrantes ya que, dijo, su objetivo es "evitar los pisos patera".

A los sin papeles se les exige que vivan en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas. El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.

EL GOBIERNO DE AGUIRRE JUSTIFICA EL TRATO A LA INMIGRACIÓN QUE HACE TORREJÓN

El Gobierno de Esperanza Aguirre se alinea con las políticas de inmigración del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, justificó hoy que lo que pretende el consistorio al exigir ciudadanos que se quieran empadronar en el municipio una serie de requisitos es evitar los "domicilios patera".

Sin embargo, el objetivo del Gobierno popular de Torrejón parece ser que es disuadir a la población inmigrante de vivir en la localidad, ya que evalúa la eficacia de la medida en relación a la bajada de inmigrantes que ha conseguido con ella.

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, González apuntó, como solución a la inmigración ilegal, una doble vertiente: eliminar el doble lenguaje, tener claro lo que se quiere hacer con la inmigración y hacerlo "ordenadamente y con unas condicones legales claras para todos y estables". "Lo que no puede ser es que en un periodo de tres o cuatro años hayamos tenido tres o cuatro leyes de inmigración", manifestó.

El vicepresidente regional reconoció que ha hablado con el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, e indicó que el procedimiento de empadronamiento de este municipio madrileño es distinto al que plantea Vic. "Lo que ha hecho Torrejón, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento es que, para empadronar, a efectos de defender los derechos de los inmigrantes, exige que acredite las condiciones de ese domicilio para evitar una cosa que ha sido largamente denunciada como son los domicilios patera", agregó.

En este sentido, González indicó que estos fraudes se cometen cuando en un sólo domicilio se empadronan a 50 personas. "Ese tipo de situaciones son las que se han tratado de evitar, pero precisamente aplicando las condiciones que establece la propia Ley. Creo que en el empadronamiento, al final lo que tienen que hacer los ayuntamientos, como en todo, es aplicar la ley. Si la ley exige unas determinadas condiciones, son las que hay que aplicar.

Por ello, el vicepresidente regional manifestó que si la legislación no es clara a este respectó, habrá que cambiarla, "pero la ley tiene que ser igual para todos".

Respecto a la inmigración en general, González apostó por eliminar el "doble lenguaje" y regularla "de una manera ordenada y legal" como principio básico y no decir "que aquí o en cualquier país pueda entrar quien quiera, porque eso no es posible". "Hay que hacerlo ordenadamente y además hay que hacerlo con unas condiciones legales que sean claras para todos", añadió.

Para el 'número dos' del Gobierno regional, las leyes sobre inmigración tienen que ser "estables". "No puede ser que aquí, en un periodo prácticamente de cuatro años hayamos tenido tres o cuatro leyes de inmigración, dos o tres procesos de regulación.

Eso no es razonable. La inmigración tiene que ser ordenada, siempre va ligada a las posibilidades de oferta de desarrollo, fundamentalmente profesional y económico", apuntó.

En ese sentido, señaló que cuando los países tienen un desarrollo económico alto y ofrece posibilidades de empleo y, por lo tanto, de promoción personal, evidentemente se convierten en un reclamo para la inmigración y, por ello, "lo que tienen que hacer las autoridades es tratar de ordenar ese movimiento migratorio de la mejor manera posible. Siempre habrá gente que se cuele, peor hay que tener claro eso y dar prioridad a esa organización".

No obstante, González aseguró que actualmente no existe la misma presión migratoria que anteriormente porque "desgraciadamente España es el país con más paro del mundo". "Es evidente que nadie quiere venir aquí porque aquí no hay posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y una oportunidad de desarrollo regional.

Torrejón de Ardoz no empadrona a inmigrantes con visado de turista o que vivan en pisos que no tengan 20 metros cuadrados por persona. El alcalde de este municipio de 116.000 habitantes de los que 26.000 son extranjeros, Pedro Rollán (PP), afirmaba ayer, en una entrevista publicada por este diario, que la denegación del "empadronamiento no restringe ningún derecho", como la sanidad o la educación, pero ese mismo día pudo comprobarse que no es cierto.

Gilbert, de 22 años, es dominicano y de camino al centro de salud de la Veredilla cuenta su última experiencia en Torrejón, donde vive desde hace nueve meses. "Me entró una infección de garganta, tenía fiebre. Fui para pedir un médico, pero no me atendieron porque no estaba empadronado aquí", explica. Gilbert tuvo, entonces, que irse a Usera, donde reside su madre y él se empadronó cuando se lo impidieron en Torrejón, lugar en el que vive con su tía. Es el caso de otros inmigrantes que, viviendo en la población, tienen que inscribirse en otros lugares para poder acceder al médico, según relataban a EL PAÍS.

Gilbert se ha prestado a acudir al ambulatorio para comprobar si tiene derecho a un médico. Se acerca al mostrador y detalla un malestar. La recepcionista le interroga hasta descubrir que no está empadronado. "Vas a tener que pagar", le informa mientras teclea buscando sus datos. El pago, según explica la recepcionista, es un mínimo de 60 euros que da derecho a una consulta con el médico de cabecera. La necesidad de enfermera aumenta la tarifa 30 euros. El joven no tiene intención de pagar.La recepcionista sigue tecleando hasta que da con el nombre de Gilbert en el área sanitaria de Usera. "Vale, vale. Te encontré. No tendrás que pagar nada", le resuelve la empleada. Muy amable le explica que para que le vea un médico en Torrejón va a tramitarle un desplazamiento temporal, de un máximo de seis meses. Gilbert ya tiene una cita médica para hoy y podrá seguir acudiendo a ese centro hasta el 18 de junio.

La cuestión es que si en lugar de Gilbert, que al menos está empadronado en Usera, hubiese acudido otra persona sin padrón la recepcionista explica que "no tendría derecho a la asignación de un médico" y que en ese caso "debe pagar el importe correspondiente al tipo de consulta".

Las contradicciones surgen también en materia de educación. El alcalde afirmó, en la entrevista a EL PAÍS, que tanto en sanidad como en cuestión académica, el empadronamiento "no restringe ningún derecho", pero un portavoz de la Consejería de Educación confirmó que la inscripción en el padrón sí es necesaria para la matriculación de alumnos en los colegios públicos. Y que, aunque no fuese así, los cuatro puntos que el candidato obtiene al demostrar que vive en la misma zona del centro escolar los perdería, haciendo mucho más difícil su admisión: "Sobre todo si se trata de un colegio en el que no sobren plazas".

Magnolia, dominicana como Gilbert, sufrió la denegación del padrón de su hija Lizzet, de cuatro años. La razón fue, según cuenta, que la pequeña, que llegó a España en noviembre, lo hizo con un visado de turista -uno de los dos motivos por los que el alcalde impide el empadronamiento-. A pesar de todo, el colegio Seis de Diciembre inscribió a la niña y, ante la desesperación de la madre por registrar a su hija, la remitió a un asistente social que, a través de un abogado, le consiguió en dos meses la inscripción en el padrón.

La comunidad dominicana, en concreto, se está convirtiendo en una fuerza muy activa contra el Ayuntamiento. Con motivo de la polémica, inmigrantes del país caribeño quieren crear una asociación que, hasta ahora, no consideraban que les hiciese falta. "Para que nos escuchen. Porque hemos visto el rechazo del Ayuntamiento, el acoso en los bares... Ya que no nos escuchan como personas que nos escuchen como asociación", rezaba Annie Rosario, la responsable de la inicitiva, ante una decena de compatriotas.

Cada uno de ellos tiene una razón para estar allí. Por un lado está Miguel Ángel Reinoso, un treintañero habitual de las ETT que, ahora mismo, no pertenece a ninguna parte. "Me dieron de baja en el Ayuntamiento de Málaga y aquí, aunque vivo con mi hermana desde hace meses, me piden tantas cosas que aún no he conseguido empadronarme". A su lado observa silenciosa Virginia Antonia. Vive en Torrejón desde hace tres años, pero su padrón dice que habita en Vallecas. Su historia es un lío, no se da de baja en Vallecas por miedo a quedarse sin coberturas porque en Torrejón le ponen pegas, pero a la vez, el Ayuntamiento, según cuenta, alega que mientras esté empadronada en otro municipio se olvide de Torrejón. Virginia va al médico en Vallecas.

Y, por último, el caso de Annie, la que en una semana se ha convertido en la cara visible de los inmigrantes ante los medios, la dueña de un teléfono que no deja de sonar pidiéndole unos minutos ante las cámaras, la tía de Gilbert.

Annie lleva nueve meses peleando por empadronar a su sobrino en su casa, donde vive con su hijo Abel de 15 años y su marido (español). El problema -y es común a varios asistentes a la reunión- es que en su domicilio aparecen inscritas cuatro personas que no viven ahí y el Ayuntamiento, según su versión, requiere que sean esos supuestos inquilinos los que vayan a darse de baja personalmente. Como no lo hacen, el sobrino de Annie cae irremediablemente en el segundo motivo de denegación del padrón: no tener un ratio de 20 metros cuadrados por persona en la vivienda.

"Esta gente ni siquiera vivió conmigo. Están inscritos ahí desde antes de que yo fuese a esa casa. Algunos ni siquiera están en España", se queja Annie, que regenta un bar dominicano cerca de su casa. Para intentar solucionarlo (y para no dejar de pelear) el 9 de junio de 2009 remitió un escrito al Ayuntamiento en el que expone que las personas que aparecen como residentes en su domicilio no viven ahí y solicita que se les de de baja tanto en el municipio como en su casa. Siete meses después, sigue esperando una respuesta.

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, ha anunciado que la inmigración será uno de los ejes principales de su campaña electoral a las autonómicas conjuntamente con la lucha contra la crisis y la delincuencia. "Queremos afrontar este tema sin complejos. No puede ser que el padrón sea la entrada por detrás de la inmigración ilegal", ha afirmado durante la presentación de la propaganda de la precampaña.

La dirigente popular ha afirmado que elevará a la dirección de su partido una propuesta para reformar la actual Ley de Extranjería así como la Ley de Bases de Régimen Local destinadas a mejorar la financiación de los Ayuntamientos de los que dijo que tienen dificultades para hacer frente a los gastos sociales derivados de la inmigración. Camacho ha insistido en asegurar que no pretende limitar el acceso de los inmigrantes ilegales a servicios como la sanidad o la educación. "¿Cómo quieren que yo haga una ilegalidad?", ha dicho a los periodistas sin entrar a detallar su propuesta para reformar la ley.

El PP apoya que los ayuntamientos puedan controlar los empadronamientos de sin papeles con el objetivo de evitar fraudes y abusos, según su portavoz de inmigración, Rafael Hernando. Asegura que, en todo caso, los municipios tienen obligación de empadronar a todos los inmigrantes y, por tanto, rechazan la actuación del Ayuntamiento de Vic. El PP, sin embargo, sí respalda la actuación de su alcalde en Torrejón (Madrid) que ha establecido controles para comprobar que los empadronados son realmente residentes en el municipio. Para ello impide empadronamientos masivos en una sola vivienda y de los extranjeros que tengan visados temporales de turismo.

El PP hace una lectura particular del artículo 6 de la ley de extranjería, que obliga a empadronar a todos los extranjeros "que tengan su domicilio habitual en el municipio". Para el PP, este artículo obliga a comprobar que, efectivamente, existe esa condición de residencia y que la inscripción no es un simple trámite.

Para los populares, una muestra de residencia fraudulenta puede ser el empadronamiento masivo en una misma vivienda o la condición de turista, incompatible con la de residente. El Ayuntamiento de Torrejón, que viene aplicando restricciones desde 2008, presumía recientemente en una publicidad pagada por el consistorio de su éxito al lograr reducir "por primera vez" la inmigración del municipio aplicando limitaciones en el empadronamiento.

Estos días diversos dirigentes del PP, encabezados por Mariano Rajoy, han hablado de modificar la ley de extranjería, pero Hernando aclara que en ningún caso barajan modificar las condiciones para el empadronamiento. Sus propuestas sí irían en la línea de las 64 enmiendas que el PP presentó en el trámite parlamentario de la ley de extranjería y que fueron todas rechazadas. Por ejemplo, en esas enmiendas se pedían controles biométricos para los inmigrantes que llegaban a España, como el control del iris, que ya existe en otros países europeos; limitaciones en el arraigo; registro de salida; cambios en el sistema de entrada para restringirlo; visados de búsqueda de empleo por seis meses y medidas de expulsiones efectivas, entre otras.

No se incluía la reforma del empadronamiento porque, según dicen, la norma actual es suficiente para que los ayuntamientos controlen los fraudes e impidan que se puedan empadronar los que no son residentes. La dirección del PP rechaza la actuación del Ayuntamiento de Vic y recuerda que entre los partidos que gobiernan ese consistorio se encuentra el PSC. Dirigentes del PP como Cristóbal Montoro han hablado estos días expresamente de xenofobia en Vic.

No obstante, la inmigración siempre provoca que afloren entre los populares distintas posiciones. En todo caso, Hernando asegura que el PP defiende que los inmigrantes irregulares tengan derecho a sanidad y educación y que los ayuntamientos tengan obligación de empadronarlos a todos. La crítica del PP se dirige, especialmente, a lo que considera política permisiva del actual Gobierno con la entrada de inmigrantes irregulares.

La norma que obliga a que los ayuntamientos empadronen a todos los residentes en su municipio, independientemente de la situación legal de las personas a inscribir o incluso de las condiciones de salubridad de la vivienda que ocupan, fue aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas en julio de 1997, cuando lo dirigía Mariano Rajoy. La norma es clara: "En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior". Anteayer, el propio Rajoy insinuó que la norma que obliga a la inscripción universal en el padrón hay que modificarla.

La norma de empadronamiento de 4 de julio de 1997 fue aprobada ante "la conveniencia de unificar los criterios de aplicación de estas normas y de ofrecer a los más de 8.000 ayuntamientos pautas que les permitan resolver de manera uniforme las cuestiones que les plantean sus vecinos en materia de empadronamiento", según se lee en la exposición de motivos.

Las disposiciones son claras en cuanto a los extranjeros: "El control de la permanencia en España de ciudadanos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, que se sirve para ello del registro de permisos de residencia (...) El ayuntamiento ni interviene en la concesión de permisos de residencia ni es competente para controlarlos". La obligación es reflejar en el padrón "el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos".

Esto último es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Vic a partir del mes que viene y lo que, en la práctica, está haciendo el de Torrejón de Ardoz (Madrid). La norma que aprobó Rajoy insiste en que la misión municipal no es controlar la situación legal de la inmigración: "Una vez más debe reiterarse que la misión del padrón es constatar el hecho de la residencia y no controlar los derechos de los residentes". La resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial señala que los inmigrantes deben presentar para empadronarse su tarjeta de extranjero (el NIE) o el pasaporte. La normativa subraya que el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. "En consecuencia", añade, "las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etcétera, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así". Es decir que, como ocurre en el caso de Torrejón, tampoco se puede reclamar que el solicitante de inscripción deba disponer de un espacio útil y habitable de la vivienda.

Rajoy propone endurecer la Ley de Extranjería en plena polémica de Vic

Tras unos días de dudas, en los que contrastó la firmeza en contra de la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a inmigrantes sin papeles de Alberto Ruiz-Gallardón con el mensaje más tibio de otros dirigentes populares, Mariano Rajoy decidió ayer entrar de lleno en el asunto desde Palma de Mallorca. Y lo hizo para colocarse del lado del discurso más duro sobre la inmigración.

"No aceptaré ni aquí ni en ningún lugar" los malos comportamientos
Pide a los populares de Baleares que, pese a todo, vayan "con la cabeza levantada"
"Hay que cambiar la ley para no generar más problemas a los ciudadanos"
El líder del PP critica que el PSC de Vic apoye el veto al empadronamiento

Rajoy, quien durante la campaña electoral de 2008 se concentró en esta línea -"aquí no cabemos todos", dijo en un mitin en Canarias que marcó un punto de inflexión en la campaña-, trató de mantener ayer la cautela pero lanzando un claro mensaje de dureza. "Del papeles para todos, de las regularizaciones masivas, de una política suicida, hemos pasado ahora a que los compañeros del PSOE y los socios hacen lo contrario", dijo en referencia a la propuesta del Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC.

"Cuando las cosas se hacen mal, acaba notándose. La ley está para cumplirse, y hay que cumplirla. Pero de la misma manera digo que hay que modificarla. En este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, tienen que modificar la ley, avenirse a razones y cambiar su política para no generar más problemas a los ciudadanos", sentenció. Mariano Rajoy no explicó en qué sentido hay que cambiar la ley, pero en su discurso, y en las propuestas del PP sobre este asunto, queda muy claro que lo que proponen es endurecerla.

El discurso duro sobre inmigración, eje de la estrategia de prácticamente toda la derecha europea, le llevó al PP a votar en contra de la última reforma de la ley de inmigración, que se aprobó en octubre del año pasado con el apoyo de PNV y CiU, y en la que se endurecían algunas cuestiones. Por ejemplo, se pasaba de 40 a 60 días el límite de estancia en los centros de internamiento para extranjeros.

Los populares detectan en las encuestas que este discurso, aunque tiene el riesgo de movilizar a la izquierda en su contra, es muy bien acogido entre sus votantes y especialmente en las zonas que más sufren la crisis económica, de tradicional dominio socialista. Los populares, inspirados por el modelo del presidente francés, Nicolás Sarkozy, proponen un contrato de integración y, aunque aún no quieren marcar criterio sobre qué hacer con los empadronamientos, insisten en que los municipios están ahogados y no pueden soportar la carga de todos los servicios sociales.

Pero además de la inmigración, Rajoy había venido a Palma de Mallorca a tratar de rescatar al PP balear del caos de corrupción y división interna en el que se instaló en 2009. El líder del PP, que tuvo una relación muy estrecha con Jaume Matas, el ex presidente balear, investigado por posible corrupción y acosado por los escándalos sobre su nivel de vida, evitó ayer defender expresamente la figura del referente del partido durante una decena de años.

No lo citó expresamente, pero tampoco lo defendió, cuando pronunció su frase más significativa sobre la corrupción: "En el PP balear habéis pasado momentos difíciles, todo el mundo lo sabe. Hay compañeros que se han comportado como no debían, y máxime cuando se ejerce una responsabilidad política. Lo sabemos todos, no hay que ocultarlo. No aceptaré ni aquí ni en ningún lugar de España esos comportamientos".

Después, Mariano Rajoy lanzó sus habituales mensajes de defensa de la presunción de inocencia, siempre mucho más aplaudidos por los militantes que su reconocimiento de los problemas, y les pidió a sus compañeros en Baleares que caminen "con la cabeza levantada".

Rajoy organizó una reunión interparlamentaria de dos días en esta comunidad, donde el PP sufre el goteo de casos de corrupción con más de 20 imputados, para reforzar al nuevo líder, José Ramón Bauzá, elegido entre otras cosas porque no tuvo vinculación con el Gobierno de Matas. La mayoría de los dirigentes dan por hecho que Bauzá no se someterá antes de las elecciones de 2011 a un congreso interno -en el último fue elegida Rosa Estarás, pero ella cedió el puesto a Bauzá, agotada y con la imagen deteriorada, puesto que fue vicepresidenta de Matas-, con lo que la dirección intentará que la crisis interna se acabe disipando.

Los miembros de la cúpula consultados no niegan la existencia de graves problemas, y temen el goteo de decisiones judiciales, pero también confían en que si Génova consigue imponer una cierta paz interna -para eso se vino toda la cúpula hasta Mallorca durante dos días y Rajoy insistió una y otra vez en su apoyo total a Bauza, a quien abrazó- el éxito es posible en 2011 porque sólo un escaño les separa de la mayoría absoluta y sobre todo porque enfrente también tienen problemas, con los casos de corrupción de Unió Mallorquina y las diversas crisis del pacto de gobierno.

La norma la aprobó el PP

El empadronamiento de extranjeros en situación irregular ya era polémico en 1997, un año después de que José María Aznar llegara al Gobierno. Mariano Rajoy era entonces ministro de Administraciones Públicas. Ante las dudas generadas en los Ayuntamientos, el Gobierno dictó el 4 de junio de 1997 una "resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal". El texto, que sigue vigente y que supuestamente ayer Rajoy pidió modificar al reclamar un cambio en la legislación tras la polémica de Vic, es tajante.

La resolución ordena a todos los Ayuntamientos que empadronen a todos los extranjeros sin preocuparse de si situación legal, puesto que el objetivo del padrón es tener un registro de todos los que viven en el pueblo, incluidos los indigentes sin hogar, y el análisis de las situaciones irregulares corresponde al Ministerio del Interior, no a las autoridades municipales. La redacción es especialmente contradictoria con el mensaje sobre inmigración que se traslada ahora desde el PP.

El texto señala: "En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior".

www.elpais.es 17.01.10

Torrejón publicó anuncios para presumir de su veto a 'sin papeles'

"Se ha bajado el número de inmigrantes", se jacta la publicidad municipal

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) no sólo veta el padrón a los sin papeles, sino que además presume de ello en páginas de publicidad que inserta en revistas corporativas y medios locales. En una de esas páginas, bajo el título de Principales Novedades del Nuevo Sistema de Empadronamiento, enumera las restricciones que deben afrontar los inmigrantes, y añade: "Desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 2008 se ha conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes en Torrejón de Ardoz. Las normas no se van a retirar, como piden PSOE e IU, porque supondría la vuelta al descontrol anterior".

El ayuntamiento, del PP, aplica restricciones en el padrón desde 2008

En la publicidad, el ayuntamiento, gobernado por el PP, detalla, entre otras cosas, que "los extranjeros no comunitarios no podrán empadronarse si en su pasaporte aparece el visado de turista". También exige a los solicitantes que demuestren la capacidad de su vivienda: "Hasta 40 metros cuadrados útiles un máximo de 2 personas y 20 metros cuadrados más útiles por cada persona a empadronar".

A pesar de estas evidencias, el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, negó ayer "tajantemente" que Torrejón no empadrone a irregulares. "Torrejón está cumpliendo la ley que obliga a todos los ayuntamientos españoles a empadronar a todo aquél que resida, con independencia de su situación administrativa".

El colegio de Abogados de Madrid considera "ilegales" todos los vetos impuestos por el Ayuntamiento de Torrejón. La Ley exige que todas las personas que vivan en España estén empadronadas en el ayuntamiento o municipio donde vivan, sin tener en cuenta su situación administrativa. Al darse de alta en el padrón pueden solicitar su regularización o permisos de residencia y trabajo y, entre otros asuntos, tienen derecho a asistencia sanitaria o a la escolarización de sus hijos.

Las medidas del PP han provocado que muchos inmigrantes de Torrejón se trasladen a Madrid y a otros municipios vecinos, como Coslada, San Fernando y Alcalá de Henares. La localidad, gobernada por el popular Pedro Rollán, con 117.000 habitantes y un 20% de inmigración, desatiende así a sus vecinos y recarga de trabajo a los centros sanitarios y educativos del resto de los municipios.

Ángela María tiene 50 años y reside en Torrejón desde hace 10. Posee la nacionalidad española, aunque nació en República Dominicana, y vivía hasta hace poco con su marido y otros tres familiares en un piso alquilado de 80 metros cuadrados. Los tres familiares se fueron y en la casa sólo quedaron ella y su marido. Trató entonces de empadronar a su hermano, pero el ayuntamiento se lo ha prohibido porque en su base de datos siguen constando los antiguos inquilinos. "Me dijeron que no podría empadronar a nadie más hasta que mis otros familiares se desempadronasen. Eso y que no eran ninguna ONG".

Al igual que Ángela María, Ani, otra dominicana también con nacionalidad española, se ha visto obligada a empadronar a su sobrino en Madrid, al no poder hacerlo en Torrejón. Su caso es todavía más grave, ya que le negaron el padrón porque, según el ayuntamiento, en su casa reside un español. La verdad es que ya hace años que no vive allí. "El alcalde no quiere que nos integremos. ¿Te puedes creer que me dijeron que no podían sustituir a un español por un inmigrante?", clama entre la furia y la incomprensión.

Un trabajador del ayuntamiento afirma que "lo que hace Torrejón con el padrón no lo hace nadie más" y define como "ofensivos" los anuncios que utiliza el PP para justificar su política "ilegal". "Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y la mejora de convivencia resultante ha sido muy relativa".

www.elpais.es 16.01.10

TORREJÓN TAMBIÉN VETA EL PADRÓN A LOS IRREGULARES

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, también prohíbe el empadronamiento a los irregulares como pretende hacer el de Vic. Su negativa es aún más sangrante que la del municipio barcelonés, ya que impide el empadronamiento a aquellos inmigrantes en cuyo pasaporte figure el visado de turista.

También, para evitar los llamados pisos patera, les exige que acrediten que disponen de un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona para compartir piso, siempre que no sean parientes cercanos del inquilino principal.

Una de las promesas de Pedro Rollán, alcalde de Torrejón (117.000 habitantes), fue la de limitar la inmigración en el municipio, que roza el 20%. Para ello modificó en octubre de 2008 las normas de empadronamiento, y las endureció con todos estos requisitos. El colegio de Abogados de Madrid los considera "ilegales".

Izquierda Unida lleva denunciando el caso más de un año, ha presentado contra él dos mociones e incluso lo ha llevado al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor por todos los problemas de escolarización que generan estas limitaciones, tanto a inmigrantes como a españoles.

José Fernández Benito, portavoz municipal de IU, califica los vetos de "medidas xenófobas" y opina que la situación en Torrejón es peor que la de Vic "porque es imposible cuantificar cuántos inmigrantes viven en la ciudad". "Tampoco se ha conseguido reducir los pisos patera", dice, "justo lo que pretendían los populares". Valentín Gómez, concejal del PSOE en Torrejón, afirma que estas medidas "vulneran los derechos del inmigrante".

El Ayuntamiento de Torrejón negó ayer que sus normas de empadronamiento tengan alguna similitud con las de Vic, e insistió en que "son casos absolutamente diferentes", además de ser aplicables no sólo a los extranjeros, "sino a todas las personas que quieran empadronarse en el municipio".

Según un comunicado distribuido ayer por la corporación de Torrejón, la normativa se basa en "un informe jurídico" y "está encaminada a lograr una mejor convivencia" y "una inmigración regulada en la ciudad". Dulce García, dominicana de 37 años y vecina de la localidad desde hace 11, cree todo lo contrario. "No quieren que nos integremos [los inmigrantes]. Mi hermana intentó empadronarse, pero no nos dejaron porque su visado era de turista. Esto no había pasado hasta que llegó el PP".

(www.elpais.com, 15/01/10)

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