AGRESIÓN GENOVESA A BONO
En la sentencia notificada hoy, después de anunciarse el fallo el pasado 29 de junio, el alto tribunal estima los recursos interpuestos por el fiscal, los policías y el abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2006 condenó a los tres agentes a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por detención ilegal, falsedad documental y coacciones.
La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo -que cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena y otro concurrente de Enrique Bacigalupo- explica que la detención de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz "estaba justificada" porque "eran sospechosos de haber tomado parte en un delito de atentado".
Los hechos tuvieron lugar el 22 de enero de 2005 durante una manifestación que organizó la Asociación Víctimas del Terrorismo, a la que se incorporó Bono y en la que se produjeron "reacciones diversas" que originaron un "tumulto" y un "desplazamiento de la multitud".
El TS critica al Tribunal que juzgó a los policías Rodolfo Ruiz, Javier Fernández y José Luis González, quienes son absueltos, al estimar que su presidente, Miguel Hidalgo, "una vez terminado el interrogatorio realizado por las partes (...) iniciaba un nuevo interrogatorio que excedía del contenido del artículo 708 de la ley procesal para convertirlo en un interrogatorio de un juez de instrucción".
Además, cree que "la introducción ex oficcio de hechos por el tribunal supone una afectación de la imparcialidad del tribunal", lo que daría lugar a la repetición del juicio, aunque, sin embargo, el Alto Tribunal indica que "ha de valorarse también la posibilidad de otras soluciones menos lesivas".
La resolución añade que "la detención se adoptó en el curso de una causa por delito, ante la existencia, en principio, de un delito de atentado o de lesiones". Al respecto, hace hincapié en que la sentencia de la Audiencia incide en un error al entender que el delito de atentado sólo sería punible si se consuma la agresión física a una autoridad.
La Audiencia condenó por coacciones al comisario jefe Rodolfo Ruiz al considerar que en su actuación, «dio inmediatamente muestras de parcialidad» al apartar a un funcionario policial de la instrucción, lo que anula el TS, ya que cree que ello es ajustado a Derecho.
Sobre la falsedad, la Audiencia concluyó que los acusados hicieron desaparecer informáticamente el atestado original, destruyeron la primera comparecencia de los agentes que estuvieron presentes en los hechos. Al respecto el TS señala que "hubiera sido preferible proceder a una documentación de la sustitución, pero su no realización no afecta al contenido esencial del documento".
Por su parte, el magistrado Manuel Marchena sostiene que los hechos son constitutivos de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. A su juicio, "para proclamar la legalidad de una detención no basta con indagar la objetiva existencia de un hecho delictivo".
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070719/53377369205.htmlEl Supremo anula la sentencia que condenó a tres policías por el 'caso Bono'
La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó ayer la libre absolución, por inexistencia de delito, de los tres policías del caso Bono, condenados en mayo del pasado año a severas penas de prisión por la detención de dos militantes del PP envueltos en un intento de agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, cuando participaba en una manifestación de la AVT, en enero de 2005.
- El PP pide "prudencia" hasta conocer toda la sentencia, y Bono celebra que se haya "cazado y anulado" la condena
- El Tribunal Supremo estima que no hubo delito en la actuación policial y que las detenciones fueron justificadas
- El fallo fue acordado por cuatro magistrados frente al voto del conservador Marchena
- El Ejecutivo exige que el PP pida perdón a los tres agentes y retire la "catarata de insultos" por la detención de sus militantes
El fallo judicial pone fin a dos años de acoso político del PP, que convirtió la detención de sus dos militantes en la pieza angular de sus descalificaciones al Gobierno y de sus sospechas sobre una actuación policial supuestamente ilegal y dirigida contra un partido democrático.
Nada más conocerse el fallo, el Gobierno ensalzó la sentencia y exigió al PP que pida disculpas a los policías absueltos y que retire la "catarata de insultos y descalificaciones" vertidos contra el Ejecutivo y contra el fiscal general del Estado durante los dos últimos años.
El PP, que ha utilizado sañudamente la detención de sus militantes y la condena en primera instancia a los policías, reaccionó ayer muy tarde -siete horas después de divulgarse el fallo- y a través de un portavoz de segunda categoría, el adjunto en la comisión de Interior, Alejandro Ballestero. Éste dijo que el Gobierno y el PSOE deberían ser "más prudentes" y no tratar de "manipular" a los españoles al "reinterpretar" una sentencia que todavía no se conoce. Ballestero cargó contra el ex ministro Bono: "Mientras nosotros somos respetuosos, José Bono debería explicar qué quiere decir". El portavoz se refería a una declaración de Bono en la que éste se quejó de que "el PP propiciase que tres jueces de la Audiencia Provincial le dieran la razón y condenaran a tres honrados policías".
La escasa reacción de los populares, que habían pedido penas de cárcel para los policías y exigido múltiples dimisiones por los hechos, contrastó ayer con la salida en tromba del Ejecutivo, que se sacudió dos años de críticas incendiarias por lo que el PP consideraba "detenciones políticas" de sus dos militantes, pese a que ambos aparecían en las fotografías en actitud violenta tras el ex ministro Bono.
En este tiempo, el PP ha exigido la dimisión de los ministros de Interior y Defensa, reclamado una comisión de investigación y acosado al Gobierno en el Parlamento durante meses con baterías de preguntas y propuestas de reprobaciones. Tras conocerse la sentencia condenatoria de la Audiencia de Madrid, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, se vio forzado a presentar su dimisión.
El ex ministro de Defensa, José Bono, valoró ayer la sentencia del alto tribunal como "una esperanza para aquellos que se ponen la justicia por montera" y afirmó: "En aquella manifestación me insultaron, me llamaron asesino, traidor y me golpearon. No hay más que ver las imágenes a pesar de que han querido negar hasta la evidencia".
Bono celebró que el Supremo haya "cazado y anulado" la sentencia de la Audiencia de Madrid
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió ayer al PP que pida disculpas públicamente a los tres policías declarados inocentes "porque durante estos últimos meses han manchado gravemente su trayectoria profesional"
La sentencia del Supremo anula en su integridad la sentencia dictada en mayo de 2006 por la Audiencia de Madrid, cuyo ponente fue el presidente de la Sección 16, Miguel Hidalgo Abia. La estimación de los recursos del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado deja sin efecto las condenas de cinco años de prisión y 10 años de inhabilitación por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público impuestas al comisario jefe de la Brigada de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, y al inspector Javier Fernández Gómez.
Anula también el delito de coacciones, por el que fue impuesta una multa de 1.080 euros al comisario Ruiz, así como las penas de tres años de prisión y dos de inhabilitación al inspector José Luis González Salgueiro por delito de falsedad documental. También queda anulada la indemnización de 12.000 euros que debían percibir los militantes del PP detenidos, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y que debía ser satisfecha a la AVT.
Según fuentes del Supremo, la sentencia, cuya ponencia tiene encomendada el magistrado Andrés Martínez Arrieta, se conocerá en los primeros días de la próxima semana y seguirá principalmente las tesis del Ministerio Fiscal. El ministerio público postuló que los dos militantes del PP fueron detenidos justificadamente porque se había producido un delito de atentado contra el entonces ministro de Defensa, José Bono. La duración de la detención fue proporcionada al incidente, según el fiscal.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado combatieron también el delito de coacciones atribuido al comisario Ruiz, principalmente porque nadie le acusó de tal delito. La Fiscalía criticó duramente este aspecto de la sentencia por considerarlo una infracción del principio acusatorio del que deriva una pérdida de imparcialidad del juez, que con su actuación vino a suplementar la acusación del Partido Popular.
Respecto al delito de falsedad en documento público, que según la sentencia de instancia se cometió para ocultar la detención ilegal de los militantes del PP, éste carece de relevancia penal, puesto que ante la inexistencia de los delitos de detención ilegal y de las coacciones, la supuesta falsedad documental carecería de sentido.
Según fuentes consultadas por este periódico, los razonamientos sobre el delito de falsedad documental son esperados con expectación, por cuanto pueden afectar al caso del ácido bórico, en el que la Audiencia se apresta a juzgar a la cúpula de la Policía Científica por acusaciones de falsedad documental muy similares a las del caso Bono.
Por su parte, el magistrado conservador Manuel Marchena, que era fiscal del Tribunal Supremo cuando la Fiscalía impugnó la sentencia -y que por eso mismo, según fuentes judiciales y fiscales, debiera haberse abstenido de formar parte del tribunal-, formulará un voto particular discrepante por estar de acuerdo con las tesis de la sentencia anulada.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que fue blanco de todo tipo de descalificaciones del PP por este asunto, felicitó al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que tanto en la fase de instrucción como durante el juicio a los policías sostuvo que no había delito. A su vez, el Ministerio de Justicia se congratuló del fallo del Supremo, en cuanto a que también se aceptan la tesis de la Abogacía del Estado, que defendió a uno de los inspectores. Justicia se felicitó de que la actuación de los policías fuera "ajustada a la legalidad", lo que "descalifica así la acusación que formuló el PP contra los funcionarios".
La AVT rehusó pronunciarse sobre el fallo y dijo que no opinará hasta conocer el contenido de la sentencia.
El PP agitó a sus afiliados contra el Gobierno en la marcha en la que se intentó agredir a Bono
El Partido Popular puso mucho empeño en que la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 22 de enero de 2005 contra la excarcelación de etarras como De Juana Chaos, se convirtiera en una marcha contra el Gobierno socialista.
Al ministro de Defensa le gritaron: "Asesino, apóstata, defensor de los maricones"
El secretario de área de distritos del PP-Madrid, Ángel Garrido, difundió una circular por todas las agrupaciones en la que deslizaba mentiras para agitar a la militancia popular contra el Gobierno. "El motivo [de la manifestación] no es otro que expresar la protesta de la ciudadanía por las excarcelaciones de asesinos etarras, gracias al Código Penal que el Gobierno socialista aprobó y a su incapacidad actual para evitar su salida de las cárceles".
La excarcelación de etarras se estaba produciendo en aquellas fechas como consecuencia de la aplicación del Código Penal de 1973, en el que se establecían una serie de beneficios penitenciarios en forma de redención de penas que el PSOE eliminó en la reforma legal que aprobó en 1995.
Garrido, que hoy sigue siendo concejal de Madrid y al que se considera hombre de confianza de Esperanza Aguirre, expresaba en la circular difundida en las agrupaciones del PP la necesidad de movilizar al "mayor número de personas para que acudan y contribuyan con su presencia a evitar que las actitudes complacientes del Gobierno socialista se sigan produciendo".
Pese a que aquella manifestación de la AVT no estaba planteada para protestar contra el Gobierno y, de hecho, fueron algunos ministros y secretarios de Estado a la misma, el PP la convirtió en una censura a los socialistas. En la marcha, los populares impusieron sus gritos:
- "¡El 20 de febrero, no a Zapatero!".
- "¡Fuera Gobierno asesino, asesino, fuera!".
Al ministro José Bono, que marchaba por allí, le gritaron:
"¡Asesino, apóstata, defensor de maricones!".
Las cámaras de televisión y los fotógrafos recogieron el intento de agresión a Bono por parte de un grupo de personas que marchaba tras él. En las fotografías aparecían tres militantes del PP en actitud violenta: Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, dirigentes populares en Las Rozas (Madrid), y Carlos María Ruiz, vocal del PP en Carabanchel.
Tres días después de los incidentes, la policía detuvo a Barrios y De La Cruz, los trasladó a comisaría y los interrogó.
A partir de este momento, el PP convirtió el intento de agresión a Bono, tras su agitación previa entre la militancia, en el "episodio más oscuro de la democracia". Pidió la dimisión del ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso, y la del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez (que acabó dejando el puesto); y logró penas de cárcel para los policías que ordenaron la detención y el interrogatorio a los dos militantes populares. La sentencia del Supremo desbarata ahora un año y medio de maniobras del PP.
"He vivido un calvario por la maldad de esta gente"
Rodolfo Ruiz, de 56 años, casado y con dos hijos, estaba ayer "en una nube". El ex comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid ha vivido "una pesadilla de dos años y pico" tras haber sido condenado a cinco años de prisión por detención ilegal y falsedad documental por el caso Bono. La anulación de su condena por el Supremo le ha sacado de "un pozo" que le ha llevado a él y su familia a tener tratamiento psicológico. "Y todo por hacer mi trabajo, sin hacer nada malo... Pero al final se ha hecho justicia", confesaba ayer sin disimular sus lágrimas de alegría. Cuando le condenaron se le vino el mundo abajo. No sólo tuvo que pagar de su bolsillo al abogado, sino que incluso llegó a sentir "vergüenza de salir a la calle".
Pregunta. ¿Cómo ha pasado estos dos años y medio con un pie en la cárcel?
Respuesta. Fatal, ha sido una pesadilla que no puedo definir. Me han causado un daño moral irreparable, a mí, a mi familia, a mis compañeros. Me han llamado delincuente y cosas peores. Sin hacer nada malo.
P. ¿Qué consecuencias tuvo el fallo para su vida?
R. Mi familia y yo hemos sufrido daño psicológico. Yo no tenía libertad para salir de mi casa a comprar el periódico, porque me habían hecho tener sentimiento de culpabilidad. Fíjese, mi pasión es la montaña. Siempre que tenía un rato, los domingos, me iba a escalar. Pues dejé de hacerlo porque no estaba psicológicamente bien y para la montaña hay que estarlo.
P. ¿Qué ha sido lo peor?
R. Que te quiten el honor es casi peor que te quiten la vida. No soy un delincuente, no he hecho más que trabajar durante 35 años en la policía y, al final, he salido del cuerpo casi por la puerta de atrás. Me he jubilado con 56 años por incapacidad, por este calvario, que ha agravado patologías que ya tenía.
P. ¿Hay forma de reparar lo que le ha pasado?
R. La reparación, mi recuperación física es lo de menos. Lo peor es quedarte sin honor. No sé cómo se puede reparar, no sé, me iré de vacaciones, disfrutaré de tener honor y libertad de nuevo. He oído las cintas de mi juicio, las mentiras que se dijeron. No sabe lo que es oír barbaridades de ti.
P. ¿Ha pensado ejercer acciones penales contra quienes le han acusado?
R. No sé, ni lo he pensado. Ahora estoy en una nube, recibiendo el cariño de la familia y los amigos, que han estado ahí.
P. Aprovechando que estuvo en la comisaría de Puente de Vallecas, incluso se ha sugerido que usted tuvo algo que ver en el hallazgo de la única mochila desactivada en el 11-M
R. Se han dicho tantas cosas. Yo he vivido un calvario por... He reflexionado mucho sobre con qué adjetivos calificar a estas personas que han dicho estas monstruosidades de mí. La palabra maldad define lo que han hecho, la inconcebible maldad con que han actuado. Pero también tengo que decir que hay muchas personas que me han apoyado.
CONSTANTINO MÉNDEZ Ex delegado del Gobierno
"Esto fue una infamia conducida por Esperanza Aguirre"
Constantino Méndez fue víctima política del caso Bono. Tras conocerse la condena de la Audiencia de Madrid a los tres policías, el 8 de mayo de 2006, dimitió como delegado del Gobierno en Madrid, pese a que el fallo sentaba que no hubo órdenes políticas para detener a nadie. Méndez, hoy presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), cree que otros deben responder ahora. "No creo que el PP o el Gobierno de la Comunidad de Madrid se disculpen por esta persecución política, por esta infamia conducida por Esperanza Aguirre y sus corifeos".
Pregunta. ¿Se arrepiente de su dimisión?
Respuesta. En absoluto. Aquel gesto fue importante y lo hice por ser responsable ante estos policías y sus familias que no había hecho nada en absoluto. Dimití para distanciarme de la sentencia inicial y poder criticarla. Entendí que mi dimisión tenía carácter ético. Ahora, con la sentencia del Supremo en la mano, se ve que esto ha sido la historia de una gran infamia. Estoy orgulloso de lo que hice. Fue una forma de decirle a los policías que no se puede hacer política a su costa.
P. Pero, a la vista del fallo, quizás...
R. Recuerde que yo nunca estuve ni imputado ni procesado, pese a que hubo mil intentos. Cuando dimití dije que la sentencia era un disparate jurídico y que era injusta. El tiempo nos ha dado la razón de que había un linchamiento. Y habría que decirle al juez que elaboró la condena que no son posibles sentencias tan disparatadas, que hay que tener más cuidado judicial.
P. ¿Responsabiliza a alguien de ello?
R. Esto fue una persecución política, una infamia conducida por el aparato del PP en Madrid y Esperanza Aguirre, secundada por sus corifeos Mariano Rajoy y Ángel Acebes... ¿Cómo podían decir dos ex ministros del Interior que se dieron instrucciones políticas a la policía? Fue una burda operación de acoso y derribo contra el Gobierno de la nación y contra mí.
P. Cree que las personas que cita tendrían que hacer algún gesto...
R. Cuando un responsable político se equivoca, debe pedir disculpas. Yo pido a Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, Ignacio González y Juan José Güemes que se disculpen por haber estado todo el día lanzando injurias e insultos. No creo que lo hagan. Han demostrado que son unos manipuladores, que crearon una grave infamia, que es gente dispuesta a usar la justicia en su interés y hace política sin escrúpulos.
P. ¿Usted va emprender algún tipo de acción legal?
R. No creo. La sentencia es contundente. Hay que difundirla para que los ciudadanos vean cómo Esperanza Aguirre y su Gobierno manipularon los hechos y la verdad para garantizarse una sentencia ridícula a su medida. Pero me gustaría escuchar una voz del Gobierno de Esperanza Aguirre o del PP pidiendo perdón por su comportamiento, que ha sido ignominioso.
www.elpais.es 30.06.07
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