www.losgenoveses.net : Medidas anti crisis PP. Junio 2010

Los datos de las comunidades en manos de la derecha ponen en tela de juicio las recetas económicas de Rajoy

En todos sus actos públicos, el líder del PP repite machaconamente que su partido está preparado para gobernar y, lo que es más importante, para sacar a España de la crisis. Primero, porque pondría en marcha un "importante" paquete de medidas y de reformas estructurales que, en su opinión, revertiría la situación. Y segundo, porque les avala la gestión de los Gobiernos de José María Aznar, cuando se crearon 4.600.000 puestos de trabajo.

Esta tesis chirría con lo que ocurre en comunidades autónomas en las que el PP lleva años gobernando y a las que Rajoy recurre como ejemplo de lo que quiere para España. En 2008, momento inicial de la crisis, Madrid, País Valencià, Murcia, Castilla y León y La Rioja tenían, al igual que ahora, gobiernos conservadores. A ellos se sumaría Galicia tras los comicios de marzo de 2009. Basta un simple repaso a datos económicos clave de estas autonomías para comprobar que las regiones gobernadas por el PP, con la excepción de Madrid, no han respondido mejor a la crisis que el resto.

El País Valencià lleva desde 2008 siendo la región española con mayor deuda pública en comparación con su Productor Interior Bruto. En ese año ya alcanzaba un 11,3% del PIB, cuando la media del país era del 5,7%. Los últimos datos de 2011 han disparado la cifra de esta comunidad, gobernada por el PP desde 1995, hasta el 17,4%, seis puntos por encima de la media de las 17 autonomías. Traducido a deuda per capita, resulta que cada valenciano debe 3.500 euros, frente a los 2.575 que debe cada ciudadano español.

La comunidad gobernada por el PP que peor evolución ha registrado en estos años ha sido Murcia. En 2008, la deuda pública se ubicaba en el 2,5% del PIB y era la segunda más baja de todas las autonomías (sólo en Euskadi era menor). Ahora se ha disparado al 8,5%, un aumento del 240% en tres años, cuando la media de todas las autonomías ha sido del 100%. Sólo Euskadi ha evolucionado peor.

Castilla y León también lo ha hecho peor que la media, al pasar su deuda del 3,1% al 7,7% del PIB, un incremento del 148%. En este apartado, quien presenta mejores cifras es Madrid. En los tres años de crisis, su endeudamiento ha pasado del 5,3 al 7,4%, un aumento ligeramente inferior al 40%.

En 2008, el País Valencià y la Región de Murcia, con una tasa de paro del 11,59% y del 11,33% de la población activa, respectivamente, eran las únicas comunidades del PP con tasas de desempleo por encima de la media (10,44%). El panorama en ambas, lejos de mejorar, ha empeorado. La tasa de paro valenciana es ahora del 23,14% y la murciana llega al 24,49%. Es decir, ha crecido a mayor velocidad que la media española, que está en el 20,89%.

También La Rioja ha tenido un comportamiento peor que la media, con una subida del desempleo del 142% en tres años, aunque su tasa (16,5) sigue por debajo de la española. Galicia ha duplicado en este periodo su nivel de paro, igual que el Estado.

Madrid y Castilla y León son las únicas autonomías del PP que han tenido mejor comportamiento que la media. En el primer caso, el desempleó creció un 82% desde 2008, y en el segundo, un 75%.

De las seis comunidades que hoy gobierna el PP, sólo Madrid (129,9%) y La Rioja (108,5%) superan la media de España (100) en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. Y esa es la misma fotografía que había en 2008.

También en esta variable Murcia y el País Valencià, dos de los principales graneros de votos de la derecha, han visto cómo sus datos han empeorado en los últimos años. Así, la Comunitat pasó del 89,6% de 2008 al 88,7% de 2010. Y Murcia, del 82,5% al 80,9%, en el mismo periodo. Por su parte, Castilla y León logra que su PIB per capita se acerque a la media nacional, al situarse en el 99,6%

Mecida por el efecto capitalidad, Madrid es la comunidad gobernada por el PP que mejor se ha comportado en estos años de crisis. No obstante, está lejos de ofrecer los mejores números de todas las autonomías, tal y como predican desde el equipo de Esperanza Aguirre, en el que aseguran que Madrid es la región "locomotora" de España.

La evolución de los indicadores económicos de Madrid desde 2008 ponen de manifiesto que la locomotora ha perdido velocidad, lastrada principalmente por el desempleo. Las cifras son contundentes. En julio de 2008 había inscritos en las oficinas de empleo madrileñas 268.135 demandantes. Hoy, la cifra ha crecido en más de 200.000 parados hasta los 469.957. Es decir, que la Comunidad no se ha comportado como una isla. Eso sí, mientras la tasa de paro en España ha crecido un 100,1%, en el caso de Madrid ese incremento es del 81,9%. En estos tres años, las comunidades donde menos se ha incrementado el paro son Extremadura (un 67%) y Castilla y León (75,8%).

En cuanto a otros indicadores, Madrid es la tercera región española con menor índice de deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto: 7,4%. Asturias y Euskadi presentan una cifra más baja.

El PIB per cápita es del 129,9% de la media española, prácticamente idéntico al que tenía hace tres años (129,6%). Y Madrid no ha recuperado el primer puesto en el ranking, ese que ocupó en 2005 y 2006. Ahora le superan el País Vasco (135,8%) y Navarra (130).

Es la última de la fila. La comunidad autónoma gobernada por el PP que peor ha sabido moverse en tiempos de crisis. Tras la marcha de Francisco Camps, imputado por corrupción en el caso de los trajes, de la presidencia de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra heredó hace un mes una región con multitud de agujeros. Todos enormes.
Camps cerró 2007 con una deuda del 11,3% del PIB. Logró mantener el dato en 2008. Pero en 2009 comenzó el ascenso: 12,7% ese año, 15,2% en 2010 y 17,4%, según las últimas cifras de 2011. Siempre por encima de la media española y, lo que es peor, ostentando el título de comunidad autónoma más endeudada de España en relación con el PIB.

Su PIB per cápita en 2010, último año disponible, también está lejos del índice nacional: era del 88,7%. Y había empeorado, ya que dos años antes se situaba en el 89,6%.
Tampoco son mejores los datos laborales. Desde 2007, el porcentaje de desempleados en el País Valencià siempre ha sido mayor que la media nacional. La actual tasa de paro valenciana (23,65%) sólo la superan Murcia, Canarias y Andalucía.

A este contexto de deuda y paro, hay que sumar la pésima gestión de las cajas de la comunidad, cuyos gestores han estado estrechamente vinculados a Camps. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue intervenida por el Banco de España, el 22 de julio, y tiene un agujero de más de 3.000 millones. Y Bancaja tuvo que fusionarse con Caja Madrid para salvarse.

Con toda probabilidad, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hoy se arrepiente de haber llegado al Gobierno con un paquete de promesas entre las que estaba la de acabar con el paro en 45 días.

El dirigente conservador se hizo con la riendas de su comunidad en marzo de 2009, tras arrebatar el Gobierno al bipartito. Ese año culminó con una tasa de desempleo del 12,9%, cinco puntos por encima de la tasa del año anterior.

Pero un año después, en 2010, ya gestionado íntegramente por los conservadores, las cifras fueron mucho peores. Lejos de su promesa electoral de acabar con el paro y la crisis en Galicia, Feijóo culminó 2010 con un 15,6% de paro, uno de los mayores aumento porcentuales de España. Los últimos datos de este año apuntan al 16,7%.

Acorralado por las críticas de la oposición, el presidente de la Xunta llegó a excusar estos datos el pasado febrero asegurando que no tenía "casi competencias para luchar contra el desempleo". También el pasado febrero Feijóo regaló otra frase para la hemeroteca: "El paro juvenil es intolerable". Galicia cerró 2008 con una tasa de paro juvenil del 19,6%, ahora se sitúa en el 37,8%. El presidente de la Xunta ha intentado justificar estos datos asegurando que es algo que también ocurre a nivel nacional.

En cuanto a la deuda, Galicia se sitúa en el 11% en relación con su PIB, una cifra prácticamente igual que la media de las comunidades autónomas, que está en el 11,4%.

Junto con Madrid, la comunidad gobernada por Juan Vicente Herrera es de las gobernadas por el PP la que mejores indicadores económicos presenta. De hecho, Castilla y León es la región conservadora en la que mejor evolución ha presentado el PIB per cápita entre los años 2008 y 2010. No obstante, no ha conseguido todavía -en 2010 la cifra fue del 99,6%- alcanzar la media de España (100).

También junto a Madrid, es la comunidad autónoma gobernada por un barón del PP que tiene las cuentas más saneadas. Su deuda es del 7,7% del PIB, frente al 11,4% de la media nacional. Pero si se tiene en cuenta lo ocurrido entre 2008 y 2011 el panorama es más sombrío.

Durante este periodo de tiempo, la deuda pública castellanoleonesa se incrementó en 148,4%. Se trata de un dato bastante por encima de la media de las autonomías (100%). Y que sólo es superado por Murcia si se compara con las demás comunidades gobernadas por el partido de Rajoy.

Aunque el desempleo lógicamente ha crecido, la comunidad tampoco sale mal parada en términos comparativos. En los últimos cuatro años, la tasa de paro de
Castilla y León siempre ha estado por debajo de la media nacional. Y si se observa la evolución de ese periodo, el incremento es del 75,8%, casi 25 puntos menos que la media nacional (100,1%). Es la comunidad gobernada por el PP que menor incremento presenta en la tasa de desempleo entre 2008 y 2011.

Mariano Rajoy lo repite hasta la saciedad. Murcia es la comunidad autónoma que más contribuye a los buenos resultados electorales del PP. También es la región gobernada por los conservadores que peor ha manejado la crisis, junto al País Valencià.

Con una tasa de desempleo del 24,49% -frente al 20,89% de la media española, según los últimos datos de este año- la Región de Murcia ostenta el título de ser la tercera comunidad española en tasa de desempleo. Pero no sólo eso. Entre 2008 y 2011, el paro ha crecido a mayor velocidad que en la media de España.

Significativos son también los datos de desempleo juvenil. Murcia, presidida por Ramón Luis Valcárcel, cerró los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 con unos números por debajo de la media nacional. Pero en lo que va de año, las cifras se han desbordado: el 47,04%, frente al 46,12% del conjunto del país.

El dato del PIB per cápita es aún más gráfico. Desde 2005, Murcia se ha mantenido siempre por debajo de la media española. Los peores datos se concentran en los últimos tres años, llegando en 2010 al 80,9%. Esta cifra es la peor de todas las comunidades gobernadas por el PP. Y de las peores de España. Sólo Andalucía (75,5%), Castilla-La Mancha (76,4% ) y Extremadura (73%) están por debajo.

Los datos de endeudamiento también son pésimos. En los tres últimos años, la deuda murciana se ha incrementado un 240%, pasando del 2,5% al 8,5%. Sólo en Euskadi ha crecido porcentualmente más.

Sólo hay dos comunidades del PP en las que el PIB per cápita está por encima del índice de España (100). Una es Madrid. La otra es La Rioja. Gobernada por Pedro Sanz, cerró 2010 con un PIB per cápita del 108,5%, con la peculiaridad, además, de haber mejorado la cifra en los últimos tres años, algo que no ha logrado Esperanza Aguirre.

En el resto de variables, la evolución de La Rioja, tradicionalmente una de las regiones más prósperas de España, ha sido francamente negativa durante la crisis. La tasa de paro, por ejemplo, se ha incrementado un 142% en los últimos tres años. Sólo Aragón muestra una evolución peor. Es cierto que aún sigue por debajo de la media española, pero La Rioja pasó de una situación de casi pleno empleo en 2008 (el paro era del 6,81%) a una tasa de desempleo del 16,5%.

Los datos son especialmente sangrantes si nos centramos en el paro juvenil. El 49,69% de los jóvenes riojanos no tienen trabajo, frente al 46,12% del conjunto del país. La promesa de mejorar el empleo juvenil va a ser, precisamente, una de las principales apuestas de la campaña electoral de Rajoy.

Empatada con Galicia, y muy cerca de la media nacional (11,4% del PIB), La Rioja es la segunda comunidad autónoma gobernada por el PP más endeudada. Y la evolución también ha sido peor que la media, al pasar de un 5,1% del PIB en 2008 a un 11% actual. Un incremento del 115,7%.

GENERALITAD VALENCIANA : CIEGSA CUESTA 3.000 MILLONES, PERO SOLO INVIERTE ALGO MÁS DE 1.700

La empresa que ejecuta las construcciones escolares de la Generalitat ha costado más de 3.000 millones de euros desde su creación, pero sólo ha destinado 1.776 millones a inversiones y arrastra una deuda que supera los 2.000 millones de euros. Así lo revela la cuenta general de la Generalitat. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), constituida el año 2000 y operativa desde 2001, es uno de los mayores agujeros en las finanzas del Consell que preside Francisco Camps, que a 31 de diciembre de 2009 había suscrito avales por más de 1.396 millones para sostener la empresa pública, a la que debía además casi mil millones de euros.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Noguera prepara varias iniciativas para preguntar al Consell por el balance económico de Ciegsa e interesarse por conocer los datos de una gestión cuya opacidad ha denunciado reiteradamente. La parlamentaria asegura que "Ciegsa cuesta más de lo que invierte", lo que en una empresa cuya única función es la construcción de infraestructuras educativas resulta escandaloso. La oposición del Consell para dar a conocer las cuentas de esta empresa pública viene desde prácticamente su puesta en marcha.

Según la cuenta general, Ciegsa, que en 2008 acumulaba un coste de 2.120 millones de euros, pasó en 2009 a 2.992 millones.Tanto las deudas de la empresa a largo plazo, que pasaron de 1.258 millones a 1.486, como a corto plazo, que pasaron de 437 a 587,9 millones, aumentaron y situaron la cifra de endeudamiento de la sociedad pública en 2.074 millones de euros (frente a 1.731 millones del año 2008).

En el balance llama la atención la deuda que la Generalitat, único cliente de Ciegsa, tiene con la empresa, que pasó de 794 millones en 2008 a 995 millones en 2009. Esa deuda impide que pasen a titularidad del Consell los centros docentes que se han ido construyendo porque, formalmente, no los ha pagado. El cambio de titularidad, según el convenio de Ciegsa con la Generalitat, debía producirse antes de 2015, pero una cláusula del documento hace prorrogable el plazo durante 75 años. Además, la Sindicatura de Comptes ha venido indicando reiteradamente que esa deuda del Consell con una empresa participada al cien por cien por la Administración autonómica debe contabilizarse como endeudamiento de la Generalitat, cosa que no se produce.

Noguera resume lo que considera una gestión difícil de entender: "Desde que se creó, Ciegsa ha costado casi 3.000 millones de euros a los valencianos; en cambio, su inversión ha sido de 1.776 millones, es decir, que entre el coste y la inversión hay una diferencia de casi 1.300 millones, de los que no se dan explicaciones.

Entre 2008 y 2009 las deudas aumentaron en 343 millones pero sólo se invirtieron 242 millones en la construcción de centros educativos". La diputada socialista asegura que el procedimiento por el que Ciegsa se endeuda cada vez más mientras la Generalitat, su único accionista y cliente, por una parte le avala los préstamos y por otra le debe cada año más dinero, hace que el pago de intereses lastre el funcionamiento de la empresa de forma importante, aunque no explica la enorme distancia entre el coste y la capacidad inversora.

Las tensiones entre los responsables de la empresa pública, apoyados por la consejería de Educación, con la oposición han sido constantes. Las respuestas a las preguntas de los diputados han sido generalmente vagas y de escaso contenido. El obstruccionismo informativo de Ciegsa impide conocer las cuentas reales de la empresa.

Una resolución del Síndic de Greuges, José Cholbi, del pasado mes de abril, pone el dedo en la llaga de uno de los aspectos de la gestión de Ciegsa que más ha denunciado la oposición en las Cortes: la falta de transparencia. La resolución atendía la queja de un ciudadano contra la adjudicación de una contratación a una persona que trabajaba para la empresa de infraestructuras educativas como "arquitecta del departamento de obras". El recurrente denunciaba la incorrecta valoración de las ofertas económicas y se quejaba de que Ciegsa no le había facilitado la resolución del consejero delegado que resolvía el expediente, pese a que la había solicitado.

El Síndic, tras analizar la naturaleza jurídica de la empresa, señalaba que, pese a que los contratos que firma se rigen por el derecho privado, "Ciegsa tiene la consideración de sector público, que no siendo Administración Pública sí que es poder adjudicador".

Cholbi añadía que, debido a su condición de sector público, Ciegsa debe regular unas instrucciones sobre los procedimientos de contratación "de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación" y recomendaba a la empresa que dictara "resolución motivada en contestación a todas y cada una de las cuestiones planteadas por el promotor de la queja, facilitándose, asimismo, en el supuesto de que no se hubiera llevado a cabo, la documentación por el mismo requerida".

SEIS ALCALDES POPULARES DE MADRID COBRAN MÁS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Los alcaldes de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ambos del PP, son los que más cobran de la Comunidad de Madrid junto al primer edil de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (101.196 euros brutos anuales), según un sondeo realizado por ELMUNDO.es entre los municipios de más de 20.000 habitantes.

Muchas de las localidades, que son autónomas para fijar las retribuciones de sus cargos, han aplicado ya la rebaja recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de entre un 15 y un 5%, aunque hay otras que están esperando a los plenos de las próximas semanas para rebajárselo.

Ese es el caso de Las Rozas, donde el alcalde De Santiago cobra todavía 99.878 euros brutos anuales, un sueldo equiparable al de un consejero de la Comunidad de Madrid (antes de la rebaja aplicada), pero que se verá reducido en los próximos días entre un 10 y un 12% con efecto retroactivo al 1 de junio.

Desde el Ayuntamiento de Las Rozas, donde viven más de 80.000 personas, subrayan que el sueldo del alcalde se congeló en 2008 y 2009 y ya se bajó un 2% este año.

El primer edil de Alcobendas, por su parte, cobra 95.265 euros brutos anuales, un 9,26% menos de lo que cobraba su predecesor, José Caballero, del PSOE.

Según fuentes municipales, no se le volverá a rebajar (Alcobendas no forma parte de la Federación de Municipios desde que su presidente, Pedro Castro, llamara "tontos de los cojones" a los votantes del PP).

Vinuesa será, cuando se haga efectiva la bajada de De Santiago, el primer edil de la Comunidad que más cobra tras Gallardón. Ganará incluso más que su líder del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha bajado su salario hasta 89.643 euros brutos anuales.

A continuación de Vinuesa y De Santiago se encuentran en el 'ránking' los alcaldes de los ayuntamientos populares de Alcalá de Henares, Bartolomé González (87.440 euros brutos anuales), y Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado (85.420 euros) -ambos han reducido ya su salario siguiendo la recomendación de la FEMP-.

Los alcaldes de estos cuatro municipios más el de la capital y el de Boadilla del Monte (Juan Siguero, 79.000) cobran más que el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que percibe 78.810 euros brutos anuales.

De las localidades socialistas los primeros ediles que más cobran son los de Getafe, Pedro Castro (74.209 euros -rebajado un 15%-), y Leganés, Rafael Gómez Montoya (80.697 euros), al que se le aplicará una recorte del 10%. Curiosamente, el concejal del PSOE de Alcobendas, Rafaél Sánchez Acera, en la oposición, cobra mucho más que estos dos alcaldes de su partido (76.044 euros).

Sueldos

Alcalá 87.440 euros brutos anuales (ya aplicada una rebaja del 15%)

Algete: No facilita la información

Alcobendas 95.265 (rebajado un 9% el salario desde 2008)

Arganda: No facilita la información

Boadilla del Monte 79.000 (se ha reducido un 13% desde 2007).

Colmenar Viejo 70.000 (se rebajará un 5% próximamente)

El Escorial. 72.000 (todavía no se ha aplicado la rebaja)

Majadahonda. De 84.478 pasará a 71.817

Móstoles 74.268 (rebajado ya un 10%)

Navalcarnero72.504 (se acortará un 15%)

Pinto 75.905 (se reducirá entre un 10% y un 15%).

Pozuelo de Alarcón85.420 (aplicada ya la rebaja del 15%)

El Escorial. 72.000 (todavía no se ha aplicado la rebaja)

San Sebastián de los Reyes. 71.700 euros, congelado desde 2008, que bajará según determine el pleno

Tres Cantos 33.786 (el alcalde cobra el 40% al ser consejero de Red Eléctrica)

Torrejón 64.674 (ha sufrido una rebaja del 10%)

Torrelodones 62.321 (se ha reducido el sueldo un 9%).

Valdemoro 78.176 (será rebajado un 10%)

Las Rozas. 99.878 (se le aplicará una rebaja de entre el 10 y el 12%)

Villaviciosa. 71.600 (bajará en breve un 10%)

PSOE

Alcorcón. 64.457 (se le aplicará una rebaja del 15%)

Aranjuez. 55.620 (se reducirá un 15%)

Collado Villalba 76.000 (se bajará un 10%)

Coslada 55.400 (tras la bajada recomendada por la FEMP)

Fuenlabrada 59.000 (se bajará un 8%)

Getafe 74.209 (aplicada ya la rebaja del 15%)

Leganés. 80.697 (se le aplicará una rebaja del 10%)

Parla. 50.275 (Tras una rebaja del 7%)

Mejorada del Campo. 42.833 (recudido un 7%)

San Fernando de Henares 42.000

Rivas-Vaciamadrid. 61.842 (se rebajará según la FEMP

Cuando ayer, durante su primera intervención en el debate de política general de las Cortes de Castilla y León, el presidente de la Junta sostuvo que la crisis obliga a hacer "sacrificios", seguramente no se refería a los gastronómicos. O eso es, al menos, lo que se deduce del menú que el conservador Juan Vicente Herrera y sus colaboradores degustaron a mediodía en su despacho de la Cámara regional.

Empezando por el pulpo a la gallega y pasando a platos más sofisticados como los chipirones angulados con gambas, la tosta de foie con reducción de verdejo, las lascas de rape con piquillos caramelizados o el carpaccio de solomillo de ternera relleno de foie, Herrera y su equipo perfilaron la jornada de tarde de un debate que concluye hoy. En total, nueve variedades más postre a un precio más común que lo que sugiere el menú: 18,50 euros por comensal, según confirmaron en el entorno del presidente.

Como testigo, quedó la impresión del menú que acompaña a estas líneas y que fue puesto a disposición de los comensales. Fuentes de la Junta de Castilla y León destacaron ayer lo "nada extraordinario" del almuerzo, pese a lo poco común de algunas de las variedades.

"Fue servido a modo de pinchos, se tomó de pie, no contó con personal de servicio y no se trajo ninguna comida especial por el hecho de que se tratara del presidente". Sobre el precio, fueron muy insistentes en que, por persona aproximadamente una decena, se pagó lo mismo que pagaron los procuradores que comieron ayer en las Cortes. Menos de 20 euros, pese a que entre las viandas se incluían ibéricos, cocochas o foie.

También circunscribieron en la "normalidad" el hecho de que los asistentes contaran con el menú impreso y las variedades servidas. "No fue más que un almuerzo de trabajo", destacaron.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, el conservador José Manuel Fernández Santiago, no acompañó a Herrera y a su gabinete en esta cita. Según aseguraron en la Cámara autonómica, salió fuera a comer.

El almuerzo fue el colofón a una mañana en la que uno de los barones con más peso electoral de Mariano Rajoy había anunciado un recorte del 10% en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2011. Para lo que resta de este año, Herrera anunció 11 medidas para ahorrar 80 millones.

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, se ha convertido en todo un ejemplo dentro de su partido, el PP. Primero, por haber hecho posible el cambio en su comunidad en las gallegas de marzo de 2009. Y, también, por erigirse en adalid de la austeridad.

Su propio jefe de filas, Mariano Rajoy, se lo ha reconocido. "Galicia funciona, el cambio es bueno, Alberto Núñez ha sabido demostrar que es posible gobernar de otra manera [...] Me gusta por su labor, su austeridad", aseguraba el pasado 11 de abril en un acto en Santiago. Pero hay gestos que ponen en evidencia estas afirmaciones.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que Feijóo hizo precisamente de otras sillas, en este caso las del despacho de Emilio Pérez Touriño, su antecesor en el cargo valoradas en 2.000 euros uno de los ejes de su campaña electoral.

No había mitin en el que no pusiese sobre la mesa el despilfarro del entonces presidente de la Xunta. También sirvió de munición para el líder del PP: "¿Hay alguien aquí que se haya sentado en una silla que vale 2.300 euros, como la de Touriño?", llegó a preguntar Rajoy a los asistentes a un acto en plena campaña.

El del mobiliario para la Cidade da Cultura no es el único ejemplo con el que la oposición denuncia el "despilfarro" de Feijóo. Hay otros casos, como el del decreto del gallego y cómo ha afectado a los libros de texto, el de los gastos en viajes de integrantes de su Gobierno o el de los coches oficiales.

La Xunta busca proveedor que dote a la biblioteca de la Cidade da Cultura de sillas. En concreto, 376 con un presupuesto de 191.600 euros. El concurso de licitación, según la web de este complejo de edificios ubicados en el monte Gaiás, está todavía abierto. ¿Es posible que en tiempos de crisis un gobierno autonómico se muestre dispuesto a pagar más de 500 euros por una silla? Para el PP de Galicia, parece que sí.

La primera reacción de los conservadores fue la de defender el gasto. Roberto Varela, conselleiro de Cultura, lo justificó con el argumento de que el mobiliario debe estar a la altura del proyecto de la Cidade da Cultura, obra del arquitecto Peter Eisenman.

Su compañero Pedro Puy, portavoz de Economía del PP en la Cámara gallega, aporta más argumentos. Primero, parte de la base de que, a diferencia de la sillas de Touriño, las de la citada biblioteca no son para uso de los políticos. Y después, asegura que en el cálculo proyectado se ha tenido en cuenta que estos muebles sean "ergonómicos y perdurables". Se trata, a su juicio, de que "tengan bajo coste de mantenimiento y tarden más en ser sustituidas".

Además, destaca que, pese al precio de la licitación, el concurso está todavía sin resolver. "Se cree que la cuantía bajará de un 15 a un 20%", dice. En el mercado existe una amplia gama de sillas de oficina a partir de los 120 euros.

Para el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Ayme-rich, las razones que el PP esgrime son "peregrinas". Máxime cuando denuncia "la improvisación permanente de Feijóo" en sus actuaciones relacionadas con este complejo de edificios, todavía en obras, que el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga pretendía haber inaugurado en 2004. Ahora, los conservadores pretenden abrir al público la biblioteca y el archivo antes de fin de año.

También los socialistas califican de "curiosa" la explicación del PP a este derroche en plena crisis. "Es un poco obsceno que se diga que son sillas para el público y no para los políticos. No se trata de fustigar a los políticos, sino de hacer las cosas bien", sostiene el portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, Xaquín Fernández Leiceaga.

La plataforma Queremos Galego cifra en cinco millones de euros el coste que va a suponer a las arcas públicas gallegas la puesta en marcha del nuevo decreto sobre la lengua. La asociación llega a esta cifra después de sumar el coste de la consulta a los padres (160.000 euros), el cambio de cartelería de las galescolas (40.000), la próxima campaña de publicidad del nuevo decreto (1.000.000) y los 3.800.000 que, según la Asociación Galega de Editores, supondrá prescindir de 190.000 libros de texto escritos en gallego que aún están en vigor. Precisamente, en esta última cuestión ponen el énfasis los partidos.

Fernández Leiceaga sostiene que este es "un ejemplo más de que en la Xunta no hay un trabajo serio en pro de la austeridad". Mientras, Anxo Lorenzo, secretario general de Política Lingüística, ha justificado el gasto con el argumento de que es necesario poner el "contador a cero" para adaptar el idioma de los libros al nuevo decreto. Y Puy matiza que la campaña de promoción del decreto "está relacionada con un servicio de información al ciudadano".

Es la cantidad que ha costado a la Xunta estar presente en la Expo de Shanghai, una cifra que PSOE y BNG ven escandalosa y ante la que el PP se defiende argumentando que el bipartito tenía previsto un gasto de tres millones de euros. De este capítulo, lo más llamativo han sido los más de 14.000 euros que el conselleiro Varela y dos miembros de su equipo gastaron en billetes de avión, según denunciaron los socialistas. El propio Feijóo ha reconocido que "pudo ser excesivo", pero no admite "lecciones" de los socialistas.

Además de las sillas, el Audi A-8 de Touriño, "más caro que el coche de Obama", según decía Feijóo, fue otra de las denuncias de campaña. Una denuncia que también se le ha vuelto en contra. Aymerich recuerda que Feijóo nunca ha explicado por qué ha disfrutado de un coche cedido por Citroën. Mientras, el PSdeG denuncia que "después de malvender los Audi del anterior gobierno, desde marzo de 2009 lleva ya gastados más de 10 millones de euros en adquirir por leasing o renting unos 500 vehículos. Puy defiende, sin embargo, que los gastos que generaban los desplazamientos de los altos cargos se han reducido a la mitad.

El PP avala que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya convocado un concurso, en plena crisis económica, para dotar a la biblioteca de la Cidade da Cultura de 376 sillas por un precio total de 191.600 euros. E, igualmente, no ve con malos ojos que en la Comunidad de Madrid, feudo de Esperanza Aguirre, haya un total de 91 altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno. Así lo puso ayer de manifiesto el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección.

"No cambia en absoluto la opinión que tenemos de Aguirre y de Feijóo en cuanto a políticas de austeridad", defendió el dirigente conservador al ser preguntado sobre la opinión que le merecía que ambos barones regionales se permitan esos gastos en tiempos de crisis. Y continuó: "Tenemos al Gobierno de la Xunta de Galicia y de Madrid como dos de los más austeros de España (...) No sabría decirle si son los presidentes más austeros, o parte de los más austeros, pero son presidentes muy austeros", insistió el vicesecretario de comunicación del PP sobre sus compañeros de formación.

Para basar sus declaraciones, Pons recurrió a ejemplos. Pero sin aportar datos ni cifras concretas. En este sentido, destacó que el presupuesto de la Comunidad de Madrid "es el más austero" y que Feijóo "ha hecho los primeros recortes desde el principio". Por ello, consideró que tanto el presidente de la Xunta de Galicia como la presidenta de la Comunidad de Madrid "son ejemplo para otras comunidades autónomas".

Precisamente, Esperanza Aguirre anunció ayer en Los Desayunos de TVE que rebajará un 10% el presupuesto de la Comunidad para 2011. Lo hizo, después de sostener, acerca de sus 91 altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno (78.185 euros anuales), que ella misma pudo comprobar cuando fue ministra que los sueldos del Ejecutivo nacional "no son exactamente muy altos". No obstante, achacó la diferencia salarial al hecho de que "el presidente del Gobierno tiene pagado todo, la casa, el servicio, la comida, la luz..."

A juicio de Aguirre, "no se puede hablar del salario sin contar el salario en especie y en la Presidencia del Gobierno hay un enorme salario en especie".

Sobre el proyecto de la Xunta de gastar más de 500 euros por 376 sillas de la biblioteca de la Cidade da Cultura, macroproyecto ideado por Manuel Fraga, la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo ha esgrimido razones de calidad, diseño y servicio público a la hora de justificar el gasto previsto.

El presidente de la Xunta dedicó gran parte de su campaña electoral de las gallegas de 2009 en denunciar que su antecesor en el cargo, Emilio Pérez Touriño (PSOE) había gastado más de 2.000 euros para las sillas de su despacho.

LA GENERALITAT LLEVA GASTADOS MÁS DE 211 MILLONES EN LA CARRERA DE FÓRMULA 1

"Coste neutro". El espectáculo automovilístico no iba a costarle nada al erario público. Así lo prometió el presidente del Consell, Francisco Camps, al principio, pero en seguida se vio que no sería así. Tras las dos primeras ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, la pregunta es cuánto cuesta el evento.

El pasado día 3, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aseguró, ante una comisión parlamentaria, que la Generalitat sólo ha asumido 85 millones por la construcción del circuito urbano en Valencia y el pago del canon de la prueba hasta 2015. También aseguró que Valmor Sport, la empresa privada que organiza la carrera, ha renunciado a tener "ni un euro de beneficio".

A la semana siguiente, el día 9, en el pleno de las Cortes, el socialista Francesc Signes defendía una proposición no de ley para "recuperar la inversión realizada". Los populares tumbaron la propuesta pero Signes dejó sobre la mesa una cifra del coste de las obras del denominado Valencia Street Circuit, de 110,4 millones de euros. Esa cifra engloba la construcción del circuito por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat en 2008, más los trabajos posteriores de repavimentación y reforma en 2009 y este mismo año 2010.

Qué ha costado la fórmula 1 a las arcas públicas es una pregunta difícil de responder porque la Generalitat ha negado reiteradamente a la oposición el acceso a los contratos de Valmor Sport con Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición, así como a cualquier otro documento relacionado con el acontecimiento automovilístico. Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, ya puede afirmarse que supera los 211 millones de euros.

A los 110,4 millones de coste del circuito hay que añadir 90 millones que la Generalitat ha asumido pagar como canon de la competición hasta 2015, pero además, pese a las afirmaciones del consejero de Economía y Hacienda, hay otras aportaciones realizadas desde la Administración autonómica para la fórmula 1.Una de las aportaciones es un préstamo de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió a Valmor Sport en diciembre de 2008.

El crédito, por siete años, fue concedido pese a un informe técnico del área de inversiones que advertía de la situación de quiebra de la sociedad, formada por el empresario Fernando Roig, Bancaja y una empresa en la que son socios Jorge Martínez Aspar y el presidente de Sedesa, Vicente Cotino. También señalaba las previsiones de pérdidas y la falta de garantías adicionales. "Los ingresos futuros de la sociedad se estima que son del todo inciertos y no hacen previsible el retorno del préstamo solicitado", concluía el informe.

Por otra parte, la Generalitat ha destinado a la fórmula 1 un millón de euros de la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 y se ha hecho cargo de trabajos de montaje y desmontaje de la prueba. A través de la empresa pública que gestiona el Circuito de Motociclismo de Cheste, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, adjudicó el material de señales permanentes, los altavoces y las pantallas gigantes, tanto en 2009 como para la prueba de este año, que se celebra el próximo 27 de junio. En conjunto, esas adjudicaciones alcanzaron el millón de euros en 2009 y una cantidad próxima al millón en 2010.

La diputada socialista Maisa Lloret, a quien Gerardo Camps aseguró en las Cortes que "Circuito del Motor adelanta los pagos que le son reembolsados por Valmor" ha solicitado por escrito información sobre este extremo. Señala Lloret: "Hemos pedido explicaciones y esperamos que la Generalitat no deje otra vez de lado la información".

Según la diputada, el Consell, con un sistema de adjudicaciones opaco, "está manipulando la libre competencia". "¿Cómo es posible que no sea abierto?", se pregunta Lloret, que arremete contra el préstamo de 8 millones a Valmor: "El Instituto Valenciano de Finanzas no está para pagar guateques y circos del PP sino para impulsar a las empresas productivas de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha dejado de hacer estos años".

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, pues, está subvencionando también la fórmula 1 desde el Circuito de Cheste. Se trata de una empresa pública que el Consell ha utilizado para subvencionar diferentes acontecimientos y actividades deportivas y que, según la información recopilada por Maisa Lloret, ha recibido de la Generalitat, en cinco ampliaciones de capital desde el año 2005, cerca de 42 millones de euros.

Esperanza Aguirre tiene a gala ser la presidenta de una comunidad en la que los recortes salariales de los cargos públicos van a ser superiores a los del Gobierno central. También, el hecho de haber abanderado una campaña de "rebelión pacífica" contra la subida del IVA. Ella misma suele ponerse como ejemplo de la austeridad elevada a la máxima expresión cuando presume de haberse bajado el sueldo un 15 % pese a que su salario, que está homologado al de un secretario de Estado, deba reducirse en un 10% según contemplan las medidas de recorte del Ejecutivo.

Pese a ello, la líder madrileña seguirá cobrando más que el presidente del Gobierno. En concreto, 89.967 euros anuales frente a los 78.184 euros de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no sólo ella. También otros 91 altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre los que se cuentan el vicepresidente, Ignacio González, los consejeros, los viceconsejeros, los secretarios generales técnicos y los directores generales.

El Consejo del Gobierno del 10 de junio aprobó remitir a la Asamblea el proyecto de ley por el que se adapta el real decreto para reducir los salarios de altos cargos y funcionarios. Con base en esta iniciativa, el sueldo del vicepresidente y de los consejeros se reduce un 10% respecto a la cantidad que figura en los Presupuestos de la Comunidad para 2010; el de los viceconsejeros, en un 9% y el de los directores generales y secretarios generales técnicos en un 8%.

De toda esta galería de altos cargos son los directores generales y los secretarios generales técnicos los que perciben el menor salario anual: 89.824 euros. Una cantidad que se quedará en 82.638 euros en cuanto se aplique el recorte previsto a partir de julio. Se trata de una cifra que, no obstante, sigue siendo superior a los 78.185 euros que percibirá Zapatero. En más de 4.000 euros anuales.

Respecto al casi centenar de altos cargos que cobran más que el presidente, el Ejecutivo regional justifica que estas retribuciones han sido aprobadas en los presupuestos generales de la comunidad. "No existe correlación salarial entre los cargos autonómicos y los estatales. No hay comparativa posible más allá que la del presidente autonómico, que equivale a un secretario de Estado", sostienen.

No obstante, explican que estos salarios cumplen la legislación, concretamente la Ley 8/2000 del 20 de junio por la que se homologan las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad con los de la Administración General del Estado.

Así, las retribuciones de los altos cargos se establecen disminuyendo en un determinado porcentaje la cantidad percibida por Aguirre, que está homologada a la de un secretario de Estado. Concretamente, el vicepresidente percibe un 4% menos que la presidenta; un consejero, el 8% ; un viceconsejero, un 12% y un secretario general técnico o director general un 16% menos.

Cuando se trata de justificar por qué Aguirre tiene una retribución más alta que la del jefe del Ejecutivo, en la Comunidad vuelven a tirar de la misma ley. "La presidenta de la Comunidad, según la Ley 8/2000 de Homologación de Retribuciones, cobra lo mismo que un secretario de Estado. Pese a eso, Aguirre se ha aplicado una rebaja superior a la establecida", insisten. Además, recuerdan que ya el pasado año la Comunidad aplicó un 2% de rebaja salarial a sus altos cargos en una medida que califican de "pionera". Por ello, sostienen que la rebaja total del sueldo de la presidenta es del 17%. "Un porcentaje superior al 15% que se aplicará el presidente del Gobierno", destacan.

Este mismo argumento, el del 2% de rebaja de los salarios acordado en 2009, es el que esgrimen en la comunidad para sostener que Madrid se aprieta antes y más el cinturón que el Gobierno. De hecho, David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha asegurado recientemente que Aguirre fue "pionera en políticas de austeridad y marcó camino a las demás administraciones con las medidas de ahorro, cuando el presidente del Gobierno aún estaba negando la crisis". Del mismo modo, consideró que comparar el sueldo de Zapatero con el de su jefa de filas es "una falacia" porque Zapatero tiene "todos los gastos pagados en el palacio".

Pero, pese a enarbolar la bandera de la austeridad, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea madrileña ha bloqueado la posibilidad de que los ocho viceconsejeros de la comunidad que disponen de escaño en la Asamblea dejen de percibir dos ingresos, el que les otorga el Gobierno regional (84.760 euros anuales), y el que reciben por sus tareas parlamentarias (más de 1.000 euros mensuales). Los diputados de la Cámara regional, independientemente de que perciban otras cantidades, verán reducido su sueldo en la misma cuantía que los del Congreso de los Diputados: un 10%.

Hace casi un mes, cuando el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de que quienes ganen rentas más altas paguen nuevos impuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, reaccionó con ironía: "Lo pagará Bono, me imagino, yo soy pobre de pedir". Unas palabras que generaron polémica y por las que días después pidió perdón.

"Las palabras que dije fuera de micrófono fueron desafortunadas y si a alguien le han molestado, pido disculpas", aclaró el 26 de mayo en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de los conservadores madrileños, formación que preside.

Fue este mismo día en el que presumió de que su bajada de sueldo iba a ser superior a la de un secretario de Estado. "A los secretarios de Estado solamente les baja el 10%. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá una bajada de sueldo del 15% por entender que los administradores públicos somos los primeros que tenemos que apretarnos el cinturón".

AGUIRRE: ¿POR QUÉ NO PREGUNTA POR LOS SUELDOS DEL AYUNTAMINETO DE MADRID? ALLÍ SON MÁS ALTOS

"Parece que el diario Público está obsesionado conmigo. ¿Por qué no investigan los sueldos de la Generalitat de Catalunya o del Ayuntamiento de Madrid, que allí son más altos?". De esta forma reaccionó la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando le preguntaron en Los Desayunos de TVE por la información que publica el diario sobre el sueldo de sus altos cargos.

Aguirre intentó justificar que 91 de sus altos cargos cobren más sueldo que Zapatero afirmando que, sí, que el presidente cobra menos, pero "tiene pagada la casa, el servicio, la comida, la luz... Es decir, que hay que tener en cuenta el sueldo en especie". La presidenta también recordó que en Madrid los gastos de representación han sido suprimidos y apostó por la austeridas y la ortodoxia en el gasto público.

Precisamente sobre la situación económica se centró la entrevista. El diagnóstico de Aguire es claro y sencillo: "Aquí se acabó la fiesta. Las administraciones públicas no podemos gastar más de lo que ingresamos. Las Comunidades Autónomas tenemos que afrontar servicios que son gratis total como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que el caso de Madrid se lleva el 89% de nuestro presupuesto".

Al hablar de la sanidad y la educación como "servicios gratis total" a Aguirre se le preguntó si eso implicaba el fin del Estado de Bienestar tal como ahora lo conocemos. "Lo que no se puede hacer es dilapidar el dinero público", dijo y puso como ejemplo de mal uso el Plan E, "una solución keynesiana de abrir zanjas para luego cerrarlas. Si hay carteles que han costado más que las obras y encima hay órdenes para dejarlos expuestos hasta las elecciones autonómicas", afirmó Aguirre.

Aguirre insistió mucho en la ortodoxia económica, en no gastar más de lo que se ingresa: "Con lo ingresos de lo contribuyentes no podemos pagarlo todo, así que hay que decirles a los españoles que ya no somos un país rico, que o nos apretamos el cinturón o vamos por muy mal camino". Para Aguire hay que recortar y dijo lo que haría: eliminar la subvención a las energías renovables, o eliminar la subida del IVA: "No son buenas medidas", aseveró.

Por eso, la presidenta dijo que apoyará todas las decisiones del Gobierno que vayan por el buen camino. Entre esas medidas destaca el bajar el sueldo a los funcionarios. "Los funcioanrios y los pensionistas tienen garantizado su sueldo a fin de mes. Los 4,6 millones de parados, no y tenemos que pensar en ellos".

Una de las herramientas para combatir el paro es la reforma laboral, la cual es para Aguirre "una reforma light pero va en la buena dirección". ¿Contradictorio? No para Aguirre, par quien esta reforma se ha quedado corta: "No liberaliza la contratación, que es lo que hay que facilitar y no el despido como hace ahora. Con el despido que teníamos se han ido al paro 800.000 personas".

A Aguirre también le preguntaron sobre dos asuntos que publica este lunes el diario El País: la posible implicación en el caso Gürtel del nuevo alcalde de Boadilla y las nuevas revelaciones sobre el asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid. Aguirre se refirió a los dos en un tono displicente, visiblemente incómoda cuando le preguntaban por algo que no le gustaba.

Sobre Gürtel fue clara: "No tomaré medidas por lo que diga un periódico. Otra cosa es que lo diga un juez. En el PP de madrid el que hace algo incorrecto sabe que está fuera".

Aguirre no perdió la ocasión para insistir en una de las estrategias del PP e insinuar que la policías sigue órdenes del Gobierno: "hay muchos casos. hemos visto cómo laPolicía Judicial se reunía con el señor Garzón; el señoa Álvarez Cascos tiene demostradas otras muchas cuestones...", dijo enun tono un tanto enigmático.

Sobre el espionaje, redujo a una cuestión personal la información de El País en la que la ex secretaria de Esperanza Aguirre y ex mujer de Sergio Gamón, presunto jefe de los espías de Madrid, afirma que su ex marido ya espiaba a Alfredo Prada desde 2006 por órdenes de Ignacio Gonzálezm, número dos de la presidenta. "Esta señora ha tenido un divorcio muy conflictivo y ya sabemos cómo son las declaraciones de los divorcios. Yo me he desayunado con esto, pero el señor González no ha ordenado espiar a nadie".

LA COMUNIDAD DE MADRID GASTA CASI 700.000 EUROS PARA UNA EXPOSICIÓN SOBRE JUSTICIA

La Cadena SER ya les desveló hace dos semanas que sólo en el acto de colocación de la primera piedra se dilapidó casi millón y medio de euros, que en publicitar lo que sigue siendo un solar se fueron otros cinco millones y medio, etc. Ahora les podemos contar lo que se gastó el Gobierno de Esperanza Aguirre en una exposición sobre la justicia en la que, como no bastaba con los 400.000 euros que había dado el Campus de la Justicia, la Comunidad le concedió una subvención especial de un cuarto de millón de euros.

Fue en noviembre de 2007 cuando el vicepresidente del Gobierno regional Alfredo Prada y la Fundación Arte Viva firman un convenio por el que Campus de la Justicia pagaba 250 mil euros por la organización de la exposición, que se celebró durante los meses de febrero y marzo de 2008.

Tan sólo 20 días antes de cerrarse la muestra, Prada paga 150.000 euros más. En el nuevo acuerdo firmado por el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid se señala que el dinero inicial del patrocinio era insuficiente (y esto es textual) por la repercusión originada entre la población de la Comunidad.

400.000 euros que seguían siendo insuficientes, porque diez días después la Comunidad de Madrid decide conceder una subvención nominativa a la Fundación Arte Viva Europa por valor de 250.000 euros. La Comunidad de Madrid llega a justificar esos 250.000 euros extra de subvención porque es sensible y realiza un esfuerzo constante para la construcción del Campus.

Hasta aquí, la Comunidad de Madrid había pagado 650.000 euros en una exposición de la que se retiraron algunos patrocinadores privados y para la que se dice que se editaron 6.000 catálogos, cantidad desorbitada para el tamaño de la muestra.

Además de pagar esos 650.000 euros a la fundación que organizó la muestra, en 2008, Campus de la Justicia, empresa del Gobierno regional, pagó casi 68.000 euros más en publicitar la exposición. Se llamaba 'Campus, Imágenes de la Justicia', y junto a obras variopintas -Juan de Siloé, Sorolla-, se presentaban las maquetas de los edificios que se habían proyectado.

Precisamente, la presentación oficial de las de Foster, en la Puerta del Sol, con la presidenta Aguirre y el arquitecto, costó más de 100.00 euros, 96.000 de los cuales se pagaron a OVER MCW, empresa relacionada con Palma Arena.

AGUIRRE GASTÓ CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS EN LA PRIMERA PIEDRA DEL FALLIDO CAMPUS DE LA JUSTICIA

El Gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 1.388.000 euros en poner la primera piedra del Campus de la Justicia, otrora proyecto estrella del Ejecutivo regional paralizado desde hace un año por la crisis. El acto inaugural referido tuvo lugar el 31 de enero de 2007 y estuvo protagonizado por la propia Aguirre y su entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, recuerda la Cadena SER. La lideresa no escatimó en gastos para dar visibilidad a un proyecto inacabado: la entidad encargada de prestar los servicios audiovisuales pasó una minuta de 902.049 euros. Esa factura la pagó Begar, constructora del imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. Dicha entidad se hizo con los contratos para urbanizar el Campus a cambio de destinar el 1,5% a gastos institucionales y de publicidad.

Begar pagó 902.049 euros a la empresa que prestó los servicios audiovisuales en la inauguración del Campus de la Justicia. Ese dinero, sin embargo, finalmente salió de las arcas del Gobierno de Aguirre.

El contrato que la Comunidad adjudicó a Begar y a otra constructora ascendía a 55 millones de euros de los cuales 1,5% debían destinarse a actos institucionales y de publicidad, según el acuerdo suscrito entre las partes. El Campus, no obstante, no se terminó y Begar presentó un concurso de acreedores y un ERE de 203 empleos en julio del año pasado.

El dueño de esta constructora, José Luis Ulibarri, tiene 54 años y es uno de los imputados en la Gürtel. Como ha venido informando El Plural, el imperio de Ulibarri se fraguó a la sombra de concesiones de administraciones públicas, bien de construcción, bien de comunicación. Begar Construcciones y Contratas, SA, es una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre.

También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (Hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.

El PP exige al Ejecutivo lo que no cumple allí donde gobierna. La última de estas peticiones lleva unos meses en boca de los principales líderes conservadores y ayer fue recuperada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto en Segurilla (Toledo). Se trata de la supresión de las denominadas embajadas autonómicas, uno de los recortes que los conservadores sugieren para evitar la congelación de las pensiones. "No se pueden tener miles y miles de millones de euros en algunas medio embajadas de comunidades autónomas a lo largo y ancho de todo el mundo", se lamentó.

Lo que obvió Cospedal en su discurso es que 64 de estas oficinas representan a comunidades autónomas en las que gobierna su partido. Y que la formación en la que ejerce como secretaria general no tiene previsto suprimirlas. Sólo la oficina de la que dispone la Comunitat Valenciana desde 1989 en Bruselas cuesta a la Generalitat de Francisco Camps más de un millón de euros al año.

El propio Rajoy ya insinuó al Ejecutivo socialista en septiembre del pasado año que la eliminación de las embajadas debía ser una de las medidas para recortar el gasto público. "Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia, se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores del Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes innecesarios o falsos", afirmó entonces el líder del PP.

El asunto llegó hace unas semanas hasta el Congreso de la mano de Eugenio Nasarre, diputado conservador por Jaén que pidió por escrito al Ministerio de Política Territorial la relación de las oficinas autonómicas en el extranjero, cuya existencia tildó de "despilfarro". Según el documento que le remitió el departamento que dirige el también vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, existen 188 oficinas, de las cuales 184 corresponden a las distintas autonomías y cuatro a entidades provinciales o locales.

"Ha habido una creación desbocada de este tipo de organismos y no podemos permitirnos ese lujo", explicó el propio Nasarre a Público esta semana. "En los países en los que existan oficinas diplomáticas del Estado, las comunidades autónomas deben defender sus intereses a través de esos cauces. Y se debe priorizar la marca España", sugirió el diputado del PP. Él mismo dio traslado de la lista de embajadas al propio Rajoy, que según explicó el parlamentario, "propuso la necesidad de reformar los planteamientos" de las autonomías sobre el tema.

Esa iniciativa del líder del PP sigue sin ponerse negro sobre blanco. Fuentes del partido especificaron que la supresión de los organismos territoriales no se ha establecido como una doctrina a seguir en las comunidades lideradas por los conservadores, y afirmaron desconocer si se lo han planteado los gobiernos autonómicos de sus comunidades.

Los datos facilitados por el Ejecutivo ponen de manifiesto esa doble vara de medir del PP en este asunto. Por ejemplo, la Comunitat Valenciana de Camps es la autonomía liderada por los conservadores que más embajadas mantiene desplegadas por el mundo 23 y la segunda de todo el Estado. Únicamente le supera Catalunya, que tiene 47.

De todas esas oficinas valencianas, 21 son institutos de exportación cuya finalidad es facilitar las transacciones comerciales. Se ubican en países europeos, principalmente, pero también en África, EEUU o Latinoamérica. Llama la atención la existencia de una de estas embajadas en Cuba, cuyo régimen es duramente criticado desde las filas del PP. Fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron en su día que ninguna de estas representaciones va a desaparecer por el momento.

La mayor parte del presupuesto de las embajadas de las comunidades autónomas se la llevan las oficinas ubicadas en Bruselas. Todas las autonomías del PP tienen delegaciones en la ciudad belga, para asegurarse unas buenas relaciones con los demás países de la UE, al margen de las que mantiene el Gobierno central.

La promoción del turismo es otro de los objetivos primordiales que persiguen este tipo de organismos oficiales. Es el caso de muchas de las oficinas que Murcia, gobernada también por el PP, mantiene y financia en el extranjero. Son un total de 12 que se reparten entre Europa, América y Asia. Al igual que en el caso de la Comunitat Valenciana, no hay noticias de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel vaya a proceder a suprimir esas delegaciones.

"Madrid abre hospitales, otros abren embajadas", afirmó en tono crítico la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en julio de 2009. La dirigente olvidó que la comunidad que ella preside es una de las que más embajadas territoriales tiene repartidas por el mundo. Hay once, en total. En 2008, Aguirre anunció la creación de una red de "oficinas comerciales" en el exterior. "Las primeras abrirán en México, Miami, Shanghai y Sao Paulo, y les seguirán las de Nueva York y Tokio", apuntó entonces una nota oficial. Han sido inauguradas todas menos las dos últimas, según el documento del Gobierno, y el Ejecutivo de Aguirre no se ha planteado suprimirlas.

Otro tanto ocurre en Galicia, cuyo Gobierno está en manos del conservador Alberto Núñez Feijóo desde hace un año. La comunidad dispone de institutos para la promoción económica en países como China, Japón o México. También tiene repartidas por el mundo varias oficinas dedicadas a promocionar el turismo en Galicia y otras encargadas de gestionar los trámites de los numerosos emigrantes gallegos desplazados por los cinco continentes.

En menor medida, La Rioja y Castilla y León también han diseñado una red de embajadas. La primera dispone de delegaciones en Bélgica y México y la comunidad presidida por el Juan Vicente Herrera (PP) tiene oficinas en Brasil, Chile o Hungría, entre otros lugares.

El pasado día 19, el PP volvió a dar muestras de la ambigüedad con la que está afrontando la reducción de las embajadas autonómicas. UPN solicitó en el Congreso poner fecha a dicha supresión de oficinas territoriales. Pero los conservadores se negaron alegando que previamente es necesario "un informe sobre la situación de las oficinas y un diálogo para definir claramente las necesidades de las comunidades en cuanto a su representación".

Además de proponer esta iniciativa, Cospedal se preguntó ayer en su acto con pensionistas en Toledo para qué sirven los ministerios de Vivienda, Igualdad y las tres vicepresidencias. Y se lamentó de que el Gobierno, que se ha gastado, según dijo, 13.500 millones en las obras del Plan E, quiera "castigar" ahora a los pensionistas

Las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE tienen en total 105 ‘embajadas' autonómicas en el exterior. Catalunya, en el punto de mira de los conservadores por impulsar la existencia de estas oficinas, tiene 47 delegaciones repartidas por el mundo, según el informe del Ministerio de Política Territorial al que tuvo acceso este diario. Le sigue Andalucía, con veinte ‘embajadas' desplegadas por los cinco continentes; Asturias, con trece, y Euskadi, con 12. Con un número inferior figuran Aragón, que tiene cinco oficinas, y Extremadura, que dispone de cuatro.

Por último, Balears y Castilla -La Mancha cuentan con dos delegaciones territoriales en el extranjero. Canarias, presidida por CC, ha consolidado una red de ocho delegaciones, Navarra (UPN) tiene cinco y Cantabria (PRC) dispone de dos. Además de las comunidades autónomas, las provincias andaluzas de Huelva y Almería y la Diputación de Barcelona están representadas en Bruselas con oficinas propias.

Gallardón tiene más coches oficiales que la Comunidad, la Asamblea y los demás municipios de Madrid juntos

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprovechado el clima político-económico para presumir de austeridad aprobando una medida efectista con letra pequeña: su Consistorio rebajará la cantidad y gama de los vehículos oficiales de los altos cargos. Como hiciera en su momento Alberto Núñez Feijóo con el famoso Audi de Touriño, Gallardón quiso sacar pecho renunciando a 33 vehículos municipales y bajando la gama al resto. El Ayuntamiento se quedará con un total de 134 coches: los 57 de todos los concejales y 77 más para incidencias o servicios que tengan los miembros del Gobierno municipal, recoge El Mundo. Lo cierto, y ahí está la letra pequeña, es que, incluso con la rebaja, Gallardón tiene una decena más de coches que la propia Esperanza Aguirre y todos los consistorios de la Comunidad juntos (la suma asciende a 126). Así las cosas, la comparación no deja al regidor capitalino por austero ni nada parecido: el suyo es el único municipio de España que tiene vehículos para todos y cada uno de los ediles.

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La medida anunciada ayer por Gallardón entrará en vigor a medida que se vayan cumpliendo los contratos de leasing. La mayoría de estos finalizan en el último trimestre de este año.

77 coches para incidencias
Antes de la reforma, Madrid contaba con 167 automóviles divididos entre los de concejales y los de directores generales. Serán estos últimos los que se queden sin automoción con cargo a las arcas públicas, aunque la cifra de vehículos conservados para incidencias sigue siendo considerable: nada más ni nada menos que 77. Los mismos que tiene, en total, la Comunidad de Madrid.

10 más que Comunidad y consistorios
Así las cosas, las cifras no dejan a Gallardón por austero ni nada que se le parezca: los 134 vehículos que conservará siguen superando en 10 a los de la citada Comunidad (77), la Asamblea de Madrid (8 y una furgoneta del 94) y todos los demás ayuntamientos de la región juntos (40). Si todas estas instituciones decidieran juntar sus vehículos un día, reunirían 126.

Único ayuntamiento con un vehículo por concejal
Tal y como recuerda El Mundo, el de Madrid es el único Consistorio de toda España en el que todos los concejales (PP, PSOE e IU) disponen de coche oficial y escolta en todos sus movimientos. La medida se adoptó como prevención contra el terrorismo etarra, y nadie la ha modificado nunca. De ahí que, de golpe, Gallardón tenga 57 vehículos para los ediles. El regidor ha esgrimido la seguridad como argumento para conservar este parqué, y se ha comprometido a rebajar su gama. Él mismo ha avanzado que cambiará su Audi por un Toyota Prius.

Otros casos
En la Comunidad de Madrid destacan en número de coches poblaciones como Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, ambas gobernadas por el PP y con 4 vehículos. Sorprende además que localidades como Algete, de sólo 20.000 habitantes, tengan dos coches oficiales –el Ayuntamiento ha avanzado que prescindirá de uno-. En el extremo opuesto se hayan municipios como Alcorcón (PSOE), con un solo automóvil para el alcalde (un Peugeot 607) o Rivas Vaciamadrid (IU), que tiene 70.000 habitantes y ningún automóvil oficial.

Coches oficiales por municipios

PP
Alcalá: 3 (uno del alcalde y dos de incidencias)
Alcobendas: 4 (uno del alcalde -A6- y tres Lexus para incidencias
Algete: 2 (uno el alcalde y otro de incidencias)
Arganda del Rey: 1
Boadilla del Monte: 2 (un Audi A-6 el alcalde y otro de servicio)
Colmenar Viejo: 0
El Escorial: 1
Madrid: 134
Majadahonda: 1
Móstoles: 2
Navalcarnero: 1 (usado por toda la corporación)
Pinto: 2
Pozuelo de Alarcón: 4 (uno del alcalde y tres de incidencias)
San Sebastián de los Reyes: 1
Torrejón: 1
Torrelodones: 1
Valdemoro: 1
Las Rozas: 2 del alcalde (uno reserva) y varios de incidencias
Villaviciosa: 1 (Un Peugeot 607 para todo el Ayuntamiento)

PSOE
Alcorcón: 1 (un Peugeot 607)
Aranjuez: 1
Collado Villalba: 1
Coslada: 2
Fuenlabrada: 1 (un Peugeot 607)
Getafe: 1
Leganés: 1 (Citröen C6)
Parla: 1
Mejorada del Campo: 0

IU
San Fernando de Henares: 1
Rivas: 0

www.elplural.com 27.05.10

La Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, del PP, pagó 7.922 euros por la actuación de 14 bailarines y bailarinas, además de su vestuario, en la presentación del concurso de pinchadiscos que patrocina, el pasado 4 de marzo en la plaza de toros de Valencia. Este pago contempla también el salario de seis azafatas que trabajaron en la velada. Según una empleada de la empresa que contrató con la Diputación, Grupo Altereven, SL, las azafatas estuvieron en la zona vip y en las puertas. Lo curioso es que la Diputación encargó también a otra empresa, Unión Prestataria de Servicios Varios, SL, que contratase azafatas para el evento siendo sus ocupaciones prácticamente las mismas: zona vip, accesos, palco y camerinos. Así, la corporación provincial desembolsó un total de 13.982 euros, más de dos millones de las antiguas pesetas, en bailarines y su vestimenta y en azafatas.

Para sorpresa de diputados y funcionarios, Rafael Rubio, portavoz de los socialistas, desveló en la sesión plenaria celebrada ayer la cantidad que la Diputación abonó por la actuación de los bailarines. Rubio, que mostró una serie de instantáneas de la fiesta del 4 de marzo, ironizó sobre los gastos de la corporación: "Claro, si pagamos 8.000 euros para contratar un espectáculo como este, nos sobra el dinero para pagar otras cosas".

Rus, por su parte, explicó que la fiesta de presentación del concurso de pinchadiscos y sus gogós era algo así como una muestra del espectáculo que muchos pueblos de la provincia ofrecerán a sus vecinos este verano. Rus, encendido, contestó a Rubio: "Los [alcaldes] del PP queremos que vengan las gogós y los que quieran men, pues men". Más de 80 pueblos de Valencia han pedido a la Diputación que el certamen de pinchadiscos pase por sus plazas. Rubio advirtió de que se trata de la típica discomóvil y Rus respondió que no, que es un concurso y que "las gogós y las gogás" van incluidas.

Sea como sea, la polémica envuelve el presupuesto que la Diputación ha destinado al concurso. Hace unas semanas, el PSPV reveló que la barra libre de la zona vip de la fiesta salió por casi 7.000 euros, que en decoración, luces, mesas y ceniceros del espacio reservado se gastaron 3.000 más y que se destinaron otros 2.700 a repartir vigilantes de seguridad por el recinto. Todo para unas seis o siete horas. Los socialistas criticaron, además, que centrar la fiesta de presentación de un concurso para jóvenes talentos en la actuación de dos pinchadiscos famosos supone una contradicción. Los pinchadiscos Roger Sánchez y Todd Terry, cobraron 58.000 euros por tres horas y media de música.

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