CASO LEZO

  

Caso Lezo. Boletin nº 06. Las noticias.31.07.17
Caso Lezo. Boletin n 05. Las noticias.05.06.17
Caso Lezo. Boletin 04. Las noticias.12.05.17
Caso Lezo. Boletin 04. Las noticias.12.05.17
Caso Lezo. Boletin 03. Las noticias.27.04.17
Caso Lezo. Boletin 02. Las noticias.24.04.17
Caso Lezo. Boletin 01. Las noticias.21.04.17

LAS NOTICIAS

EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'

GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD

PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS

LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE 100.000 EUROS

EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ

EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA AMIGA"

CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE “FRAUDULENTA”

VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA OHL"

LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”

EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO

LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL

EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA ERA GALLARDÓN

HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO

ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR FUNDESCAM

GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE CRISTINITA"

ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"

LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN

GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN

IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN MAL RATO"

INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS DE LA PÚNICA

UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE VILLALOBOS

LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO

ESTOS SON LOS 52 INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO

LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL

LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS INVESTIGADORES

LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'

INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ

NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON

OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA FUGARSE

"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA CIFUENTES

LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA, POLICÍA Y MEDIOS

GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A FISCALES AFINES

LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES

LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN LEZO

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER

EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE COLOCARA A SU MUJER

ESPERANZA AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS

EL PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA

EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'

GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”

IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"

CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"

EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”

LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO

LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO

LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA GALLARDÓN

EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA

"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"

EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES

¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?

LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN

EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP

IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”

VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO

ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"

BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA QUE ARRANCÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ

LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL SE PERSONA CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ

CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN TORNO AL CANAL DE ISABEL II

LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES POR EL DETERIORO EN ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX

LAS CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN

LO QUE SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN LEZO

LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES

EL PSOE SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO

ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO LEZO' DESAUTORIZA A MOIX

MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE DIMITE

CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS

DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

LÓPEZ MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA


UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL TRANVÍA DE NAVALCARNERO

DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"

INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO

LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO

MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO DESESPERADO"

IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN UN PINCHAZO CON ZAPLANA

EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL

REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO GONZÁLEZ

LA HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA

LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO

CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL

IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A CIFUENTES

CIFUENTES PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ

CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ


EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ

Rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional –comunicada y sin fianza- a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.

"Un papel decisivo y necesario"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).

Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.

Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".

Riesgo de acceso a las fuentes de pruebas

El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de pruebas. En este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba.

Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla, pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó la misma "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170731/235476651_0.html

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'

Edmundo Rodríguez Sobrino ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior

Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití

Instituciones Penitenciarias ha separado de prisión a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino por decisión del juez instructor del caso Lezo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han informado a Europa Press fuentes de este Departamento dependiente del Ministerio del Interior.

Edmundo Rodríguez Sobrino, el "hombre fuerte" de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la comunicación diaria entre ambos internos.

El juez García Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes. Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco.

El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, la empresa de aguas situada en el centro de la operación Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer ante García-Castellón.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para poder "defenderse desde la libertad".

Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado viernes a última hora. Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él está en prisión provisional sin fianza.

Sobornos en el extranjero

Según el auto de prisión redactado por el juez Velasco el pasado 21 de abril, Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

En el auto se explicaba también que los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

Durante la investigación del caso Lezo, el expresidente de Inassa fue consciente de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/12/instituciones_penitenciarias_separa_ignacio_gonzalez_edmundo_rodriguez_sobrino_por_decision_del_juez_del_caso_lezo_67510_1012.html

GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD

Durante más de 3 horas, el expresidente madrileño ha declarado por decisión propia ante el juez Manuel García Castellón. Ha defendido su inocencia, ha dicho que no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y tampoco reiteración delictiva.

Tres líneas de investigación le señalan como responsable penal de numerosos delitos: el inconcluso tren a Navalcarnero, la posible financiación irregular del PP a través de la empresa pública madrileña de informática y el Canal de Isabel II.

Una parte de esa investigación ya no tiene carácter secreto por lo que González puede defenderse porque conoce las acusaciones sobre él. Y ha hablado tal y como quería para negar su participación en los hechos intentando no implicar a terceros, especialmente a su hermano Pablo González.

Un Pablo González que también se ha sometido a interrogatorio pero por el caso Mercasa, otro sumario de presunta corrupción que se centra en averiguar que sucedió con 50 millones de euros para un proyecto de mercado de abastos en la capital angoleña, Luanda.

En todo caso, Ignacio González ha intentado con esta declaración voluntaria mostrar su voluntad de colaborar con la Justicia, aunque no ha solicitado expresamente su libertad bajo fianza.

Esta posibilidad la va solicitar su defensa en las próximas horas mediante un escrito ante el juez, pero pidiendo medidas cautelares para que el detenido pueda regresar a casa con su familia.

Fuentes de la investigación han señalado a Radio Madrid que el juez García Castellón no va a modificar por ahora la situación penitenciaria de Ignacio González. La Fiscalía tiene la misma opinión.

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/19/radio_madrid/1500476043_962477.html

PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS

El juez Manuel García Castejón ha rebajado la fianza de 4 millones de euros a 200.000 euros después de tener en cuenta los motivos de salud acreditados, el tiempo transcurrido en prisión y el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El exdirectivo de Mercasa, Pablo González, el día de su detención el pasado 21 de abril de 2017.

Pablo González ha salido de prisión tras haber abonado los 200.000 euros que el juez, Manuel García Castejón, ha acordado rebajar de la fianza de 4 millones de euros que le impuso cuando ingresó en prisión el pasado 21 de abril. Según fuentes judiciales, la fianza ha sido abonada en efectivo por cuatro fiadores, entre ellos familiares y amigos, que han aportado distintas cantidades.

Según el auto, el juez ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido en la cárcel, los motivos de salud acreditados en informes médicos y el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para rebajar la fianza.

La pieza que motivó fundamentalmente el ingreso en prisión de González fue la denominada "Mercasa", la investigación de la trama de sobornos desde la empresa pública a través de adjudicaciones en el extranjero. El juez asegura que "durante este tiempo se han realizado diferentes actuaciones tendentes a la comprobación de los hechos, así como la recogida de elementos de prueba". Estos tres motivos, continúa, "y en concreto la inhibición de Mercasa, fundamentan, por una parte el mantenimiento de la medida cautelar adoptada, pero por otra, la rebaja de la fianza, en 200.000 euros".

Por tanto, "el tiempo transcurrido, las medidas adoptadas y las piezas en las que ahora se le investiga (Tecnoconcret y blanqueo de capitales) han disminuido considerablemente su capacidad de destrucción o alteración de fuentes de pruebas" concluye.

Una vez acreditado también el arraigo familiar y la menor capacidad para destruir pruebas, Pablo González podrá que en libertad tras el pago de la fianza con la obligación de comparecencias quincenales y la entrega del pasaporte con la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado.

Pablo González esta en prisión desde el pasado abril, comparte celda con su hermano Ignacio González por el 'caso Lezo' y está investigado, entre otras tramas, por el pago de sobornos desde Mercasa donde su papel, subraya el escrito, es especialmente relevante.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/27/tribunales/1501157509_824876.html

LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE 100.000 EUROS

María Fernanda Richmond quiere aportar nueva información que precisa que su posición en la empresa no le permitía conocer los desvíos de fondos de Lezo

Se le rebajó la fianza inicial de cuatro millones de euros tras tomarle declaración en las dependencias judiciales

La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond quedó en libertad a última hora de este viernes tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le rebajó la cuantía inicial de cuatro millones de euros acordada por el anterior instructor del caso Lezo, el juez Eloy Velasco.

Según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, Richmond abandonó la madrileña cárcel de Soto del Real donde permanecía desde el pasado 20 de abril por su implicación en la trama investigada ante presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública de agua.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza impuesta a la acusada un día después de tomarle declaración en las dependencias judiciales. Richmond solicitó una la imposición de otras medidas cautelares que le permitieran "defenderse desde la libertad".

La ex directora financiera del Canal quería aportar nueva información que precisa que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Precisamente la defensa de González solicitó ayer al mismo magistrado declarar voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecen en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril cuando se les decretó prisión incondicional sin fianza por su implicación en la trama Lezo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/08/la_directora_financiera_del_canal_sale_prision_tras_abonar_una_fianza_100_000_euros_67369_1012.html

EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ

El expresidente de la filial sudamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, intenta justificar sus acciones durante cerca de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional, y rehúsa responsabilizar al expresidente autonómico y supuesto líder de la organización criminal

El expresidente de la filial sudamericana del Canal Isabel II, Inassa, y mano derecha de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, ha declarado este jueves durante cerca de cinco horas ante el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en las que ha intentado justificar sus acciones, proteger a su hija y no ha derivado la responsabilidad de los hechos en el expresidente autonómico, según fuentes jurídicas. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han obtenido pruebas contundentes de la implicación y actividad delictiva de Ignacio González.

En prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el caso Lezo, Edmundo Rodríguez había solicitado comparecer de forma voluntaria después de cambiar de abogado, y de que el magistrado rebajara de 4 millones a 100.000 euros, la fianza para otra imputada: María Fernanda Richmond.

Hay numerosas evidencias que implican a Edmundo Rodríguez en el caso. Guardaba más de 400.000 euros en Suiza y le fueron incautados 262.000 en metálico en el registro a su piso en Colombia. Además, a nombre de su hija han sido localizadas varias propiedades producto de comisiones ilegales en Colombia, Panamá y Reino Unido, según los investigadores.

Supuestamente, y por orden de González, el expresidente de Inassa ejecutó la polémica adquisición de la brasileña Emissao, que supuso un perjuicio para las arcas públicas de 25 millones de euros, que acabaron en cuentas suizas y de los que las autoridades judiciales han conseguido bloquear 18.

Al finalizar su declaración, Edmundo Rodríguez ha regresado a la cárcel de Estremera.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/13/tribunales/1499975203_326819.html

EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La investigación por las presuntas irregularidades de Mercasa han sido asumidas exclusivamente por el juzgado que dirige José de la Mata después de que el titular del Central de Instrucción 6 haya enviado esta pieza separada del caso Lezo a su compañero. Se da la circunstancia de que ahora Pablo González está siendo investigado en Mercasa y en Lezo por dos jueces distintos.

La investigación del caso Lezo pierde una de sus piezas separadas -el juez Eloy Velasco troceó el caso en seis ramificaciones- después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional se haya inhibido a favor del magistrado José de la Mata, en lo referente a las irregularidades de Mercasa.

Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, De la Mata ya ha dictado un auto donde ha decidido asumir dicha investigación en la que se encuentra imputado el hermano de Ignacio González, Pablo González.

El pasado 16 de mayo, el juez Velasco dividió la macrocausa Lezo en las siguientes piezas separadas: la número 1, que englobaba la causa principal sobre la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica; la pieza 2, que versaba sobre las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf; la pieza 3, sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero; la pieza 4, destinada a la supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra; la 5, donde se investiga el blanqueo de capitales de la familia González; y, la 6, las irregularidades en Mercasa, donde se encontraba imputado Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin embargo, en el caso de las presuntas irregulares de la empresa pública Mercasa se dio la circunstancia de que, cuanto estalló la operación Lezo, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya tenía abierta una investigación -a raíz del caso Defex- por estos hechos. De ahí, que finalmente el Juzgado 6 se inhibiese a favor de José de la Mata.

La principal consecuencia jurídica de estos movimientos entre togados de la Audiencia Nacional es que Pablo González a falta de estar ahora imputado por corrupción en un juzgado de dicho órgano judicial lo está en dos.

El acusado, en prisión

En el Juzgado de José de la Mata por su implicación en el caso Mercasa, donde se investigan operaciones de la empresa pública en países como República Dominicana, Angola, Argentina y Panamá, ciertos pagos y el supuesto desvío de fondos; y en el Juzgado que ahora capitanea Manuel García Castellón por las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf de Isabel II.

El investigado se encuentra desde el pasado mes de abril en prisión preventiva después de que el instructor de Lezo ordenara su ingreso en la cárcel eludible previo pago de una fianza de cuatro millones de euros.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a declarar el próximo día 17 a varios exdirectivos y exmiembros del consejo de administración investigados en el caso Mercamadrid, entre los que figura el hermano de Ignacio González.

http://www.vozpopuli.com/espana/Gonzalez-imputado-corrupcion-juzgados-AN_0_1041496881.html

UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA AMIGA"

Un juzgado de Plaza Castilla apremia a la UCO de la Guardia Civil a que entregue las transcripciones de las comunicaciones interceptadas en la 'operación Lezo' a los jefes de la presunta trama donde hablan de una "magistrada amiga de la casa"

El presunto chivatazo que alguien dio a los cabecillas de la trama Lezo es uno de los asuntos más urgentes que queda por resolver en esta operación en la que los líderes de la presunta trama, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, continúan en prisión. Este fleco que queda por investigar es clave porque el aviso permitió, según las diligencias elaboradas, que siete meses antes de que se produjesen las detenciones González y Rodríguez supiesen incluso que la justicia había cursado comisiones rogatorias internacionales a diferentes países.

La formación política Contrapoder presentó un denuncia por revelación de secretos en un juzgado de Plaza Castilla en la que se indicaba que según las diligencias "fue una magistrada amiga de la casa" la que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y de otros investigados estaban intervenidos.

Solicita que se entreguen las transcripciones de las intervenciones telefónicas

Ahora el Juzgado de Instrucción número 6 de Plaza Castilla apremia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a que entregue la copia de las transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas a lo largo de estas diligencias referidas al presunto chivatazo que alguien dio a Edmundo Rodríguez, en aquel momento consejero delegado del diario La Razón. "El Juzgado Central de Instrucción número 6 no se puede negar a la autoridad judicial que resuelve que la UCO entregue a este Juzgado la copia requerida de las transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas", señala este auto del pasado 23 de junio al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Es decir, Plaza Castilla va a investigar la supuesta revelación de secretos que hubo a lo largo de esta investigación tal y como recogen las conversaciones telefónicas interceptadas judicialmente en este caso concreto a Edmundo Rodríguez quien según la investigación también actuó de presunto testaferro de Ignacio González. El juez que está investigando este fleco es el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que ha tramitado la denuncia presentada por la formación política Contrapoder.

Además el partido político Contrapoder solicita al Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid que cite como testigo de la causa a Edmundo Rodríguez Sobrino que sigue en prisión incondicional porque "fue Edmundo el que alertó a Ignacio González de que una magistrada amiga de la casa le había chivado la existencia de pinchazos telefónicos".

http://cadenaser.com/ser/2017/06/29/tribunales/1498758577_763799.html

CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE “FRAUDULENTA”

El juez Manuel García Castellón considera que la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II a través de Panamá fue una operación “fraudulenta”. Así lo asegura en un auto fechado el 21 de julio al que ha tenido acceso OKDIARIO.

García Castellón rebate de esta forma los argumentos aportados por varios socios involucrados en la compra de Inassa que pedían el archivo de la causa. Entre ellos Francisco Olmos Fernández-Corugedo, gerente general de la sociedad Triple A de Barranquilla, una de las filiales de Inassa, presidente de Inassa, director general de Tecvasa -la sociedad que reunía al grupo de empresarios españoles que dio el pelotazo– y consejero de Canal Extensia de la que también era socio.

El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares, unos 83 millones de euros entonces y 67 al cambio actual, en el año 2001 al paraíso fiscal de Panamá para la compra de Inassa. Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, fue el gerente de la empresa pública de aguas de Madrid, entre septiembre de 2001 y 2003, periodo en el que el Canal consumó la operación de compra de Inassa, la sociedad de aguas de Barranquilla, en Colombia.

El magistrado que sustituyó a Eloy Velasco en la instrucción del ‘caso Lezo’ asegura que se utilizó la Sociedad de Aguas de América (SAA) radicada en Panamá como “sociedad interpuesta que permitió indiciariamente el desvío de una ingente cantidad de dinero público de la CAM”.

Esta sociedad offshore fue liquidada el mismo día de la venta, por la que se pagó una cantidad 10 veces mayor de su valor real, según las investigaciones de la Audiencia Nacional.

Canalda y Olmos son señalados en la causa como dos de los actores que intervinieron en la operación de ingeniería financiera por la que una entidad pública como el Canal de Isabel II pagó con dinero de los contribuyentes una operación de compra de una sociedad colombiana a través de un paraíso fiscal.

Vanos intentos por callar a OKDIARIO

Arturo Canalda ha intentado por todos los medios evitar que este periódico continúe publicando informaciones sobre la adquisición de Inassa cuando él era gerente del Canal de Isabel II. Canalda accede al cargo el 25 de septiembre de 2001 y la compraventa por el Canal de la sociedad extranjera de aguas se produce el 13-12-2001. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid ha dictado un auto tirando por tierra las intenciones de Canalda ya que suponen una “censura previa” a un medio de comunicación.

Una pieza importante del puzzle societario en el que estaba involucrado Canalda, y que tuvo en cuenta el magistrado, son los informes del despacho de abogados Cuatrecasas, contratado por el Canal en 2004 y 2009 para auditar y fiscalizar todo ese proceso mercantil. En estos informes de auditoría se constata que la utilización de la sociedad instrumental en Panamá fue ocultada por los gestores del Canal a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Consejo de Administración de la empresa de aguas.

https://okdiario.com/investigacion/2017/07/29/canal-isabel-ii-juez-dice-compra-inassa-traves-panama-fue-fraudulenta-1199774

VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA OHL"

El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión al cerebro de la trama

Juan Miguel Villar Mir ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le desimpute en el caso Lezo, la investigación sobre la trama de comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El empresario no sólo asegura que no participó en ninguna de las transacciones que están bajo sospecha, sino que la supuesta adjudicación por la que su constructora OHL habría abonado una comisión de 1,4 millones de euros al exdirigente del PP, la concesión de las obras del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, se saldó con un resultado ruinoso para su compañía.

El recurso de reforma que ha presentado la defensa de Villar Mir contra su imputación recuerda en primer lugar que, en el auto que dictó el juez Eloy Velasco para citarlo a declarar el próximo 12 de septiembre, su nombre sólo aparece en dos ocasiones: “Para ubicarlo como investigación en la pieza separada número 3 y para fijar su declaración. Ni una sola referencia más al señor Villar Mir en toda la resolución judicial”. En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”, que llevan al juez a concluir su participación en los hechos. “El auto ahora recurrido no cumple en absoluto las exigencias expuestas”.

En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”

El empresario insiste en que el auto en el que se acuerda su citación como investigado únicamente menciona “diferentes tramas delictivas, no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas, que tienen como denominador común al investigado D. Ignacio González y que afectan a diferentes órganos de contratación e, incluso a diferentes contratos”. Pero, sostiene Villar Mir, el auto “no dice absolutamente nada de los que tendría que decir para justificar la imputación”.

No es el único argumento al que se agarra el presidente del hólding Villar Mir para tratar de quedarse al margen de esta causa, en la que también está imputado su yerno Javier López Madrid, consejero delegado del grupo familiar y consejero igualmente de OHL. El industrial alega que los hechos que se investigan en la pieza separada número 3 del caso Lezo, el pago por parte de su empresa “de una comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de Navalcarnero”, fue “tan ruinoso para OHL que llegó a provocar una ampliación de capital en la compañía, dadas las enormes pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos en las que la compañía incurrió”.

En efecto, las obras del tren no llegaron a terminarse y OHL mantiene un litigio con la Comunidad por la resolución del contrato. Sin embargo, las pesquisas se centran en el periodo previo a la adjudicación del proyecto. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han aportado al sumario un aluvión de pruebas de que el yerno de Villar Mir realizó una transferencia en septiembre de 2007 de 1,4 millones de euros desde una filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del Cercanías. Sólo un mes después del pago, OHL logró el contrato.

Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer el destino de hasta su último euro.

El juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza

La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es que, en el año 2007 -cuando se produce la adjudicación del contrato administrativo en cuestión- ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha participado”.

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento ya se han opuesto a la petición del empresario recordando la implicación de su grupo en el principal soborno atribuido a González y justificando la necesidad de que el industrial comparezca ante el juzgado para aclarar su responsabilidad en ese capítulo del caso Lezo. González se encuentra en prisión provisional desde el 21 de abril.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/villar-mir-niega-soborno-a-gonzalez-tren-navalcarnero_1406135/

LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA

Arrancó como una investigación al expresidente Ignacio González y la gestión que ha hecho del caso el Gobierno derivó en la reprobación en el Congreso de un ministro, un fiscal general y un secretario de Estado

La operación contra las corruptelas del Canal ha jubilado políticamente a Esperanza Aguirre y puesto en entredicho al director de La Razón y a un importante ejecutivo de Atresmedia

Las escuchas en las que los principales imputados conspiraban para situar a Manuel Moix como responsable de Anticorrupción y sus primeras decisiones arruinaron el prestigio del anterior fiscal jefe de Madrid

Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del "cinturón rojo" al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.

Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000 millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza, estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.

Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.

De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.

El entierro del aguirrismo

El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.

Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.

Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco. La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo contener las lágrimas.

Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la carrera de Aguirre no volvería a resucitar.

Campañas bajo sospecha

Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, proclamó que " el tiempo de los corruptos se ha terminado". Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales han pedido su imputación y ella repite que está limpia.

La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de euror por una filial del Canal "que no valía ni 30".

Conspiraciones en la Justicia

Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo, también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama "organización criminal", conspiraba con compañeros de partido y directivos de comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, "un tipo cojonudo", según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase. Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.

Un ministro en el alambre

En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño " que se acaben los líos". Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente, Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.

El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González, hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de la compra de funcionarios en terceros países.

Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar. Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de los financiadores del PP.

Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la Administración o sus subcontratas.

Periodistas y directivos de medios, en la picota

El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas quitasen hierro a las llamadas que recibieron.

El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De momento, todos los implicados son presuntos.

http://m.eldiario.es/politica/Lezo-madrilena-PP-directivos-comunicacion_0_657584483.html

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”

La sospechosa inversión de la esposa del expresidente de Madrid en guarderías de la mano del grupo empresarial 'Mis Pollitos'

"Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...". Pablo González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, no vio con buenos ojos que su cuñada, Lourdes Cavero, constituyera una sociedad para gestionar guarderías en Salamanca y otras ciudades españolas con lo que él denomina "dinero B liberado". Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, la inversión de Lourdes Cavero en guarderías escolares, 500.000 euros, procedía realmente de inversores estrechamente ligados a su marido, un Ignacio González que en las grabaciones del caso Lezo se le ve desesperado por aflorar dinero

A Pablo González no le gusta "la exposición mediática y/o judicial" que puede acarrear a su cuñada estar presente en una empresa dedicada a guarderías. En las grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Pablo comenta su padre, el histórico militante del PP Pablo González Liberal, otro de los 51 implicados por el juez Velasco en la Operación Lezo, los pormenores de la operación.

Mientras hablan, se pone al teléfono la madre de Pablo y este también le muestra a ella su contrariedad por cómo se va a realizar la inversión: "Muy mal hecho, dile que ya se lo diré yo...", se enfada Pablo González. La madre concede: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor". De nuevo se pone al teléfono el padre y su hijo reitera: "Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor... (...). Les he estudiado yo el negocio entero, pero lo veo regulín, pero bueno, si se quieren meter ahí, pues que se metan". Los hermanos aún no sabían que tenían los teléfonos pinchados. Lo supieron semanas después, lo que llevó al juez a introducir micrófonos en el despacho de Ignacio González.

La madre del expresidente de la Comunidad también recela de la entrada de Lourdes Cavero en la guardería: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor"

Pablo González asesoró sobre esta inversión en guarderías tanto a Lourdes como a su hermano Ignacio, quien desde un primer momento tiene claro quiénes aportarán el dinero, en torno a 500.000 euros. Se trata de personas que figurarán como inversores solo durante un año y luego se marcharán dejando todo en manos de Lourdes Cavero, que figura también como investigada en la trama Lezo. Para esta operación, la esposa de Ignacio González se alía con el grupo empresarial Mis Pollitos, cuya administradora y socia será Carmen Pazos. La firma Mis pollitos se dedica a prestar servicios de restauración y enseñanza no obligatoria en diferentes colegios de España.

La gestión de esta operación se inicia en septiembre de 2016. Poco antes, Ignacio González había dejado la presidencia de Madrid. Lourdes Cavero indica a su marido que ha estado comiendo con Carmen Pazos y que en ese momento está visitando locales para abrir guarderías. Y encuentra dos que le gustan, pero que requieren obras de acondicionamiento por importe de 180.000 euros. "Es un local que alquilas y que tienes que meter un pastón", cuenta Lourdes a su marido.

Ignacio González se sirvió de su padre y su hermano para realizar falsas facturaciones cruzadas y aflorar dinero negro

A la UCO de la Guardia Civil le llama la atención que el matrimonio planee una inversión de este tipo "teniendo en cuenta las operativas a las que tiene que recurrir Ignacio González para lavar 13.000 euros porque", dice, "no tiene dinero en sus cuentas". Los agentes, merced a las grabaciones, saben que Ignacio González controla "dinerillo B", según lo define su testaferro Edmundo Rodríguez, y que se sirve tanto de su padre como de falsas facturaciones para aflorarlo mediante alambicadas transferencias que buscan ocultar el rastro sobre la procedencia del dinero.

Las grabaciones revelan que detrás de toda la operación está realmente Ignacio González. "Ella será la consejera delegada y tú la directora general, ¡qué cojones, con un contrato de alta dirección y a tomar por culo!". González se encargaría de buscarle los supuestos socios capitalistas. Al final concluye que estos aportan 500.000 euros.

Ignacio y su hermano Pablo hablan sobre esta inversión el 24 de noviembre de 2016 en el despacho del expresidente. Ignacio le comenta que la socia será Carmen Pazos, que gestiona numerosas concesiones públicas de guarderías en Salamanca "y le han prometido que le van a dar otras cuatro guarderías nuevas en Salamanca, de concesión municipal", señala el expresidente.

Pablo González a su hermano: "Es decir, B liberao, ¿no?, vale, joder...".

Pablo González relata que conoce a un concejal de Salamanca, Enrique Sánchez, que les puede "introducir". Ignacio le comenta inicialmente que ha conseguido ("levantado", dice) financiación "de 400.000 o 500.000 euros" para la guardería. Es decir, Lourdes Cavero pondría 500.000 euros provenientes de cuatro accionistas, un 21 % del capital, y que Carmen Pazos aportaría otras guarderías que ya tenía en funcionamiento.

"Ese negocio no vale", esgrime Pablo González, si ella se queda el 21 % quiere decir que estás valorando la empresa en dos millones, es de guasa...". Ignacio le matiza que "No, no, no, ella se queda liberado...en realidad se queda el 60 % puesto que se valora la empresa en 1 millón de euros". Eso a Pablo si le parece bien. Pero antes se cerciora: "Es decir, B liberado, ¿no?, vale, joder...". Ignacio asiente y añade: "Esos se van el primer año, que no sé si lo dijiste tú", en alusión a que los supuestos accionistas que ha buscado el expresidente dejaran la compañía a su esposa pasado el primer año. La UCO deduce que el matrimonio pretende con esta operación aflorar dinero de procedencia ilícita.

Ignacio González. [Carmen Pazos] ella aporta guarderías en funcionamiento y el cáterin, libre de todas las historias. Se hace una nueva sociedad, y ella dice que le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, por concesión municipal.

Pablo González. Yo me entero de eso en Salamanca.

I.G. Sí, ella con el alcalde... Me dice ella: ¿Tú conoces al alcalde? Le digo sí (risas), yo conozco bastante a, a Alfonso (...) con este no se debe de llevar [Pazos] muy bien; pese a eso tiene el monopolio de todas las guarderías de Salamanca.

P.G. Dame el nombre de ella, porque yo se lo pregunto a Enrique Sánchez, que es el concejal, este... ciego... de Deportes o de no sé qué, y no sé si de él dependerá esto también, quizás de Cultura...

IG. Pero vamos, ella me ha dicho que estuvo el otro día con... este le ha dicho que le va a dar las cuatro guarderías, o sea... Pero ella [su esposa Lourdes] ha levantao ya el dinero, 500.000 euros, que no está mal. Para montar una guardería aquí... Ella [Carmen Pazos] se queda el 40 % y 500.000 Lourdes.

PG. Es decir, B liberado, vale, joder y tal. Y los otros son financieros. ¿Y Lourdes qué papel va a tener ahí?

IG. Pues estos se van el primer año, o sea, que debe ponerse un sueldo fijo para tener 4.000 euros al mes para eh, gastos, por ejemplo, va a pagar de aquí a la secretaria [la del expresidente], o sea, va a pagar una parte del despacho [se refiere al despacho que el expresidente posee en la madrileña calle de Alcalá, donde se dedica a la intermediación y corretaje, utilizando sus influencias, según la UCO.

En diciembre de 2016, la UCO interceptó otro diálogo entre Lourdes Cavero y su cuñado Pablo González. La gestión de las guarderías estaba aún en ciernes. Su marido le había dicho que antes de constituir la sociedad de las guarderías lo consultase con su hermano. "Quería hablar contigo, porque estoy ya aquí a punto de constituir mi empresa, y Nacho [Ignacio González] me ha dicho que no haga nada sin hablar contigo. No para de decirme: ya has hablo con Pablo, has hablao ya... Así todos los días... Ay, que pesao, te juro que hoy hablo". Lourdes y Pablo quedan en hablar en el despacho del segundo.

El 16 de diciembre de 2016, Ignacio González llamó a su notario habitual, un amigo de la universidad, y quien, según él, le informa de todo lo relacionado con el polémico ático que el matrimonio posee en Marbella y que es objeto de una investigación judicial en la creencia de que el dinero de su compra, en 2008, casi un millón de euros, le fue regalado por un constructor a cambio de una recalificación de terrenos en Arganda del Rey (Madrid).

Ignacio comenta con su notario de confianza, Javier Lasso de la Vega, a quien Ignacio llama Chevi, la visita que le ha hecho su esposa para firmar la constitución de la sociedad de las guarderías. "Ya hemos firmado, gordito (...) he traído una botella de champan", le dice Lourdes al otro lado del teléfono. Le acompañan amigas suyas y acaba de firmar ante Chevi,

Al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernandez, implicado en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Recientemente, Fernández declaró ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente "protocolaria". Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: "Lo de Salamanca, fenomenal... ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital".

La UCO ha comprobado que ciertamente se llegó a constituir la citada sociedad. Como socios figuran Lourdes Cavero y el grupo Mis Pollitos, de Carmen Pazos. La Sociedad queda radicada en la sede del despacho de Ignacio González. Llama la atención la UCO sobre el hecho de que inicialmente solo figuren como socios en la empresa Lourdes Cavero y Carmen Pazos y que los otros inversores no entren desde el principio y hagan una ampliación de capital solo unos días después. La sociedad se constituye con un capital de 800.000 euros, de los que 500.000 euros "los ha levantado", en palabras del expresidente, su esposa Lourdes Cavero.

Inversionistas efímeros

Entre los inversionistas que se van al año se halla Rocío Bonet Cavero y su pareja sentimental. La UCO identifica a Bonet Cavero como sobrina de Lourdes Cavero. La sobrina también ha participado en otros negocios del matrimonio. La pareja sentimental de la sobrina fue consejero delegado de una empresa presidida por Jaime Antonio Antoñanzas, quien, según los investigadores, estaría involucrado, junto con Ignacio González y José Manuel Serra Peris, otro hombre de confianza del expresidente y exalto cargo del Canal de Isabel II, en "facturaciones cruzadas ficticias" encaminadas supuestamente a aflorar dinero negro.

Otro de los inversores de la guardería es la sociedad Marmara Patrimonial, de Alberto Pérez de la Sal, amigo personal de Ignacio González y con actividades societarias comunes. Pérez de la Sal es consejero delegado de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.

La obsesión de González (para lavar el dinero que la UCO sospecha esconde y que solo en España calcula en unos tres millones de euros) es intercalar sociedades aparentemente activas en las que camuflarse.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/23/actualidad/1498223454_752672.html

EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO

El titular del Central 6 de la Audiencia Nacional tomará posesión el lunes y reclama un juez de apoyo y más funcionarios para sacar adelante las macrocausas

El Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo se encuentra al borde del colapso. Su nuevo titular, Manuel García-Castellón, aterrizará la próxima semana y tendrá que hacer frente a un calendario de infarto que le exige afrontar, en un plazo de poco más de dos meses, un centenar de interrogatorios de estos dos procedimientos. La insostenible situación ha conducido al veterano juez a pedir ayuda y a reclamar apoyo para el Central 6, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El magistrado ha lanzado un doble grito de auxilio. Ve no sólo necesario sino imprescindible contar con un juez de refuerzo, figura esencial para sacar adelante el ingente trabajo que se avecina para el próximo curso. También solicitará que se apuntale el Juzgado con dos nuevos funcionarios. El objetivo primordial es conseguir controlar en algo más de 60 días los dos monstruosos procedimientos que hereda de Eloy Velasco y continuar tramitando otras causas menos mediáticas pero que serán también su responsabilidad. El 6 se ocupa de instruir el sumario sobre la empresa pública de gestión de agua Acuamed y, en breve, recibirá desde Valencia la instrucción sobre otro caso de corrupción, el que investiga en la 'trama del fuego' el amaño de contratos para la extinción de incendios.

Y es que el riesgo de no atender sus reclamaciones es evidente. El avance de Púnica y Lezo podría quedar congelado en puntos muy sensibles para ambas investigaciones. Las pesquisas sobre la red dirigida por Francisco Granados se encuentran a medio camino, con decenas de flecos pendientes de rematar en muchas de sus 16 piezas. Las fuentes consultadas apuntan que debe citarse de forma inminente a medio centenar de personas. A esto se suma la revisión de la documentación incautada. A modo de ejemplo, hace sólo unas semanas se intervinieron más de 100 cajas en los registros de la sociedad Arpegio

No sólo se trata de un deseo del nuevo titular que ha resultado ser el antiguo ya que García-Castellón recupera una plaza que es de su propiedad y dejó por otras funciones hace 17 años. Según apuntan distintas personas a este diario tanto las unidades policiales que trabajan con el Juzgado como las Fiscalías de la Audiencia Nacional y de Anticorrupción aconsejan el refuerzo inmediato.

El magistrado ha recibido una oferta por parte del juez Eloy Velasco designado para un nuevo puesto en la Sala de Apelaciones. A última hora ha solicitado que se prorrogue su presencia en el Juzgado hasta el 31 de julio para auxiliarle, aunque sólo durante el próximo mes. Se da el caso de que durante agosto ambos disfrutarán de sus vacaciones y que la avalancha de diligencias explotará a partir de septiembre. Velasco declinó permanecer en el Juzgado cuando fue nombrado hace unas semanas.

El calendario

Las dos macrocausas requerirán a partir de septiembre un sobreesfuerzo evidente. La Púnica suma, además de las declaraciones mencionadas y que aún no han sido fijadas, otras diligencias urgentes que quedaron reflejadas en un auto por el que se prorrogó la instrucción para los próximos 18 meses. El magistrado deberá pronunciarse sobre si propone la imputación de varios aforados. Más allá del caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que la UCO vincula con un contrato concedido al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, la lista incluye a su número tres, Jaime González Taboada, y al diputado Bartolomé González.

Otra pincelada que dan pistas sobre lo que Velasco dejó en el apartamento de 'cosas por hacer' es la petición de informes sobre los pelotazos inmobiliarios del Valdemoro de Granados. En este apartado es necesario reclamar al Ayuntamiento información sobre siete proyectos: el planteamiento inmobiliario completo del municipio, el de El Majuelo, Las Zanjas Norte, el Pozo de San Pedro, el sector UDE Oeste Norte, Canto Negro y el paraje Merino Restón. También sobre otros ayuntamientos 'púnicos' como el de Serranillos del Valle.

La pieza relativa a la actividad de Waiter Music requiere, además de varios interrogatorios, indagaciones relativas a empresas y ayuntamientos. En concreto el auto detallaba que hay que recabar "los expedientes de contratación de los 47 Ayuntamientos de Madrid que contrataron sus servicios durante los años 2004 a 2014 por importe de 28 millones" y los contratos de "FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO y Urbaser a los que también dirigió su facturación Waiter Music por 1.341.423 euros".

Un detalle más que significativo del trabajo acumulado que aguarda al nuevo titular es el que afecta a las peticiones de sobreseimiento que plantearon las defensas de Lucía Figar y otros seis investigados. A pesar de que se formularon hace más de un año, aún no han sido contestadas por el 6.

A la Púnica se suma la Lezo, recién iniciada y en la que Velasco citó a declarar como imputadas a 51 personas, entre ellas el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la empresa Licuas, Joaquín Molpeceres. La causa ya suma seis piezas separadas y 68 investigados y una maratón de declaraciones a celebrar entre los próximos 18 de septiembre y 31 de octubre.

Según informan las fuentes consultadas, la intención de García-Castellón es tomar posesión el próximo lunes y solicitar esta ayuda, que debe ser avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional con la intención de que pueda ponerse en marcha lo antes posible.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-23/lezo-punica-garcia-castellon-eloy-velasco-audiencia-nacional-pp_1402536/

LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL

La Fiscalía sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron "un pacto de silencio" sobre el saqueo del Canal de Isabel II

Rivales políticos irreconciliables, ambos se vieron en el despacho de Ignacio González el 19 de mayo de 2016 en compañía de Enrique Cerezo

En una conversación intervenida, González se jacta de haber tapado el pelotazo cometido con la empresa pública en tiempos de Gallardón

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas durante el mandato del segundo.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la visita de Ruiz-Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho profesional de Ignacio González ese 19 de mayo. Los investigadores aún no habían colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González con autorización del juez, por lo que no consta grabación del encuentro. Como muñidor del encuentro, el presidente del Atlético de Madrid, íntimo de González, y una y otra vez en los pinchazos telefónicos al tanto de las maniobras del expresidente para influir en la justicia.

La reunión se produjo cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes había empezado ya a revolver los documentos sobre la gestión de sus antecesores en la Comunidad de Madrid. Un par de meses después de la cita en el despacho de González, el actual Gobierno autonómico presentó una denuncia ante Fiscalía. Para entonces, la Guardia Civil llevaba ya diez meses con la Operación Lezo.

El Canal de Isabel II dependió del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón durante el mandato de éste como presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003, año en el que Ignacio González tomó el control de la empresa pública como vicepresidente de Esperanza Aguirre, la gran rival en el PP de su antecesor.

Esta investigación periodística es posible gracias a más de 20.000 socios

González se encuentra en prisión desde el pasado 19 de abril como cabecilla de una organización criminal dedicada a saquear las arcas públicas, entre otros hechos delictivos. Gallardón no está imputado formalmente, pero la Audiencia Nacional investiga sus ingresos por si se hubiera enriquecido con fondos del Canal de Isabel II.

Tres días antes de la cita entre los expresidentes autonómicos, el Ejecutivo regional había destituido al hombre de González en Latinoamérica, Rodríguez Sobrino. Su nombre aparece vinculado a tres empresas en los Papeles de Panamá, la investigación sobre paraísos fiscales difundida en España por La Sexta y El Confidencial.

Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión provisional, está acusado de inflar la compra de la brasileña Emissao para repartir las plusvalías entre distintos protagonistas de la operación. Esa compra se produjo en 2013, en época de Ignacio González, y doce años después de que el Canal de Isabel II arrancara su aventura hispanoamericana del mismo modo, comprando una sociedad por un precio muy superior a su valor real y, en ese caso, a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.

"Pacto de silencio y cooperación"

La compra de Inassa fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, a pesar de no contar con el marco legal para ello. Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman en uno de sus escritos que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta (de Inassa en 2001) y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".

El 11 de noviembre de 2016, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban escondidos en el despacho de Ignacio González, éste se reunió con Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. En un momento de la conversación, Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana.

El expresidente González apostilla: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

Y añade el que representa otro de los indicios del “pacto de silencio” entre Gallardón y González. "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar", comenta Ignacio González.

La expansión por Latinoamérica que nadie fiscalizaba

Los investigadores han incluido en el sumario de la Operación Lezo cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.

“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”. La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón y continuó González crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.

El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.

Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.

http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Gallardon-Gonzalez-Cerezo_0_656184711.html

EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA ERA GALLARDÓN

Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa en 2001 fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y si "se gestó en el consejo de gobierno"

El primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la compra de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66 millones de euros. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que sigue avanzando en su investigación sobre esta operación que se fraguó bajo la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en la presidencia del Gobierno regional. Fuentes cercanas al caso señalan que hay indicios de que la compra de Inassa fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el consejo de gobierno".
Como ya adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Sudamérica. La Comunidad de Madrid, presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

La UCO investiga a todo el Gobierno de Gallardón de 2001: Cortés, Cobo, Calvo...

La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la compra de la filial colombiana del Canal

La Fiscalía habla de "falta de control y opacidad". No hay que olvidar que los investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de los cabecillas de la trama Lezo, el ex presidente regional Ignacio González y el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, que señalaron en conversaciones grabadas por la UCO que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron en 2002 para financiar la adquisición de Inassa.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016, tras escuchar estas conversaciones, una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre las irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Este se quejó de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios, y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué, me tuve que comer todos los marrones", entre los que figuraba la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

Los investigadores están tratando ahora de delimitar quiénes fueron los responsables de la compra. Lo que está claro para la Fiscalía es que hubo una "situación de impunidad" que solo fue posible "con la connivencia a un máximo nivel dentro de la comunidad autónoma". Aparte del presidente Ruiz-Gallardón, había otros 11 consejeros, tres mujeres y ocho hombres, en el consejo de gobierno que autorizó la compra. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En diciembre de 2001, el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Los investigadores también tienen sobre la mesa el nombre de Francisco Olmos, un hombre clave en la operación, que durante todo el proceso estuvo en la parte vendedora y luego en la compradora. En lo que se refiere al consejo de gobierno presidido por Gallardón, fuentes cercanas al caso creen que "adoptó un acuerdo indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".

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Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según valoraciones de la Fiscalía.

La UCO ya sabe que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".

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La Fiscalía también incluye en esta operación de 2001 a Ignacio González (que llegó a la comunidad en 2003) y a Edmundo Rodríguez (que llegó a la presidencia de Inassa en 2006) "mediante el conocimiento total de la operación fraudulenta que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012. Presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Está claro que este último conocía los pormenores de la operación iniciada por Gallardón, ya que "ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido".

Fuentes cercanas al caso se preguntan por qué González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público, es decir, proceder a la denuncia de los hechos, lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó" para comprar Inassa. Los investigadores están tratando de dilucidar ahora si González actuó así por "la connivencia que tenía con los responsables públicos que decidieron la compra de Inassa". El propio González sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a "su gente". También si esa connivencia pudo reportar a González "beneficios económicos o políticos" y si la oportunidad de negocio que el propio González apreció en la compra de Inassa la repitió años después, en 2013, con la compra de la sociedad brasileña Emissâo, que también se investiga.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-06-20/canal-inassa-pelotazo-gallardon-fiscalia-investigacion_1400069/

HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO

La agencia tributaria apunta a que el clan González se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones por el Canal Golf La IGAE revela múltiples irregularidades en la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II en la etapa de Edmundo Rodríguez

El Ministerio de Hacienda, a través de la agencia tributaria y la IGAE, se acaba de sumar a la tesis que han defendido desde el verano de 2015 la UCO, la fiscalía anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Dos informes corroboran indicios de delito en la adjudicación y explotación de las instalaciones de Canal Golf en Madrid y en la compra de Emissao. Dos de las siete líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal que dirigían Ignacio González y el exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez.

La agencia tributaria apunta al presunto cobro de comisiones por parte de la familia González en la construcción y gestión de las instalaciones del canal golf en el centro de Madrid. El fisco sostiene que los más de 3,8 millones de euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de comisiones.

La investigación considera que cuando Pablo González, hermano del presunto cabecilla de la operación Lezo, y su cuñado, José Juan Caballero, entraron en el accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia Civil, de un "ardid" para obtener un beneficio económico del contrato. En conclusión, dicen los informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER, una sociedad del entorno de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II.
Negocios con Venezuela

La Audiencia Nacional mantiene abierta en este apartado una investigación internacional sobre las actividades de Tecnoconcret al haber detectado exportaciones a Venezuela por importe de 3,6 millones de euros y la entrada de fondos entre los años 2005 y 2015 por valor de 1,5 millones de euros: 300.000 euros desde Venezuela, 800.000 euros desde Estados Unidos y 400.000 euros procedentes de Austria.

El informe de la IGAE

No solo ha sido la agencia tributaria quien ha puesto la operación Lezo bajo la lupa, también lo ha hecho la Intervención General del Estado que ya ha remitido a la Audiencia Nacional un primer informe sobre la compra de Emissao. El documento es demoledor y detalla una a una decenas de irregularidades en una operación en la que tuvo un papel central Edmundo Rodríguez. Señala que la compra se hizo sin las preceptivas autorizaciones legales. No consta autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni se comunicó a la Asamblea de Madrid con lo que "se desconocen los motivos jurídicos y económicos" que sustentan la operación.

Además, se desconocen los informes que sirvieron de base para fijar el precio de compra en 31 millones de dólares y los peritos subrayan que con el dictamen en contra de KPMG, el Canal debió "paralizar la inversión y profundizar en el análisis". Por último, dice la IGAE, los pagos por esta operación estaban sujetos a distintas condiciones que no se cumplieron y que no impidieron el desembolso de dinero público. Entre ellas, una fianza del vendedor para hacer frente a "cualquier contingencia oculta".

http://cadenaser.com/ser/2017/06/18/tribunales/1497792985_720307.html

ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR FUNDESCAM

En ese pinchazo telefónico, que forma parte del sumario de la operación Lezo, cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Arturo Fernández por Fundescam y las donaciones que se hacían a esta fundación, González evadía responder de forma clara al donante del PP. El expresidente madrileño ya sabía que tenía las comunicaciones intervenidas.

El empresario Arturo Fernández, imputado por la presunta financiación irregular del Partido Popular (PP) de Madrid, declaró el pasado 8 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el caso Púnica. Ese mismo día, tras quedar en libertad sin medidas cautelares, el dueño del grupo Cantoblanco realizó una llamada telefónica que ha sido muy reveladora a los ojos de los investigadores de la operación Lezo.

Tras abandonar a mediodía el tribunal por su propio pie, Fernández llamó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablarle de la Fundación Fundescam, a través de la que distintos empresarios habrían alimentado la Caja B del PP de Madrid para sufragar comicios electorales.

Según informan fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli, en el citado 'pinchazo' telefónico entre Arturo Fernández e Ignacio González queda perfectamente reflejado cómo el ex presidente madrileño hablaba con extremada cautela con el empresario al que apenas respondía de forma monosilábica con 'síes' y 'noes'. Cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Fundescam, y las donaciones que se hacían a esta fundación, éste evadía responder de forma clara al donante del PP.

Este dato hizo que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), como la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Velasco no tuvieran ninguna duda de que el presunto cabecilla de la operación Lezo era consciente de que tenía el teléfono intervenido. Si bien es cierto que a lo largo de toda la investigación secreta de esta causa, los investigadores tuvieron esa sensación hubo un par de datos de que fueron claves para tener la certeza de que González sabía que estaba siendo investigado. Uno de estos datos fue las escuetas respuestas que dio el pasado 8 de marzo a un preocupado Arturo Fernández.

El hecho de que el principal acusado de la operación Lezo supiese de antemano que estaba siendo investigado hizo que las pesquisas secretas de esta causa de corrupción no se pudieran prolongar más en el tiempo, puesto que en la Audiencia Nacional se era muy consciente de que este hecho podría perjudicar la investigación y, sobre todo, la posterior recuperación de activos presuntamente evadidos, apuntan fuentes del caso.

La tapadera de Fundescam
Tal y como consta en la contabilidad de Fundescam, Arturo Fernández era uno de los empresarios que donaba con cierta frecuencia fondos a las arcas de los 'populares'. En concreto, consta una trasferencia a dicha fundación por valor de 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otra por valor de 60.000 euros realizada el 7 de marzo de 2007.

Según queda reflejado el sumario de la operación Púnica, tanto el juez Velasco, como Anticorrupción y la UCO sostienen que "se ha podido acreditar como importantes gastos electorales en las elecciones de los años 2007 y 2008 (e indiciariamente en el año 2011) del Partido Popular que se habrían sufragado a través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid".

Además, en uno de sus informes, la UCO sostiene que Ignacio González era "conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas (…) y por lo tanto directo partícipe privilegiado en los hechos citados, no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (CAM), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)", subraya la UCO en uno de los informes del caso Púnica.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Arturo-Fernandez-Ignacio-Gonzalez-Fundescam_0_1033997260.html

GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE CRISTINITA"

El expresidente madrileño acusó a su sucesora de parte del acoso mediático que sufría. La llama "hija de puta" por quitarle los abogados de la comunidad en el caso del espionaje en Colombia

Ignacio González intentó descubrir quién estaba detrás del acoso mediático que sufría a finales de noviembre del año pasado, cuando varios medios de comunicación retomaron el espinoso tema del espionaje que el expresidente madrileño sufrió en un viaje a Colombia en el verano de 2008. Las conversaciones grabadas a González, incluidas en el sumario del caso Lezo, desvelan una llamada que le hizo Esperanza Aguirre el mismo día que 'El Mundo' publicaba una información titulada "Los detectives que espiaron a González se jactaron de tener pruebas de sus comisiones". Aguirre le preguntó "quién estaba moviendo todo esto", y el que fuera su mano derecha en el Gobierno regional, que ya veía fantasmas por todos lados, dio dos nombres: Villarejo (el polémico comisario) "o puede que llegue de la mano de Cristinita", en clara alusión a su rival política dentro del PP y actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.

Según precisan a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, la conversación entre Aguirre y González tuvo lugar el 21 de noviembre de 2016 al final de la mañana, cuando ambos analizaron la información con la que se habían desayunado, unas grabaciones de los dos detectives imputados entonces en un juzgado de Madrid por realizar el ya famoso seguimiento de González a Cartagena de Indias (Colombia). Uno de ellos le comentaba al otro que aún guardaba, ocho años después, documentación que incriminaba a González en el cobro de comisiones.

González también habló con Zoido: "Le dije 'limpia como Paquirri' y cambió a todo Dios"

El expresidente madrileño contó a Cerezo que se llevaba muy bien con el ministro del Interior y que este le propuso reunirse porque quería hablar con él

González señaló que "no descarta" que Cifuentes estuviera moviendo esa información y le explica a Aguirre que los detectives, al estar imputados y no ser policías, no tenían la obligación de decir la verdad en sede judicial. González da más detalles a Aguirre, y señala que uno de los detectives, el dueño de la agencia Mira, era amigo de Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre y compañero de Gobierno de González, que también denunció otro espionaje). "Todo es una mierda de esta [en teoría, en alusión a Cifuentes], con la connivencia de 'El Mundo". El cacao de González en este punto es importante, ya que confunde el nombre de periodistas con medios en los que no trabajan, y a los que llama "hijos de puta" porque también "han estado dando a Lourdes varios días" (se refiere a su esposa, Lourdes Cavero).

Aguirre se muestra interesada en todo momento en conocer quién pudo encargar el espionaje a González en 2008. "Estos señores no lo van a decir. Hay un informe de la policía en el que pone Inmobiliaria Espacio, de Villar Mir, que pagó a estos señores por el espionaje". González va más allá y explica a su interlocutora que Villar Mir ya ha declarado "que las facturas son suyas, pero que se pagó para espiar a Ramón Calderón [expresidente del Real Madrid], no a mí". González señala que la policía sostiene "que en el precio que les pagaron están incluidos los dos espionajes", el suyo y el de Calderón.

La comunidad le ha quitado los abogados

González también informó a Aguirre del momento procesal del caso, que llevaba el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Los detectives habían pedido el archivo a la Audiencia Provincial y él estaba pendiente de recurrir esa petición, "pero como Cifuentes me ha quitado los abogados, ahora estoy en proceso de buscar yo uno, para que le den la venia y que se estudie los ocho años de expedientes". González asegura que por ello "Cifuentes no es ajena a toda esta mierda. Cifuentes no solo me ha quitado los abogados de la comunidad, sino también a los que estaban en el servicio jurídico". Esto fue en noviembre de 2016. Seis meses después, en mayo de 2017, el juzgado decidió archivar el caso del espionaje porque los denunciantes y la Fiscalía renunciaron a formular escrito de acusación. La Comunidad de Madrid alegó que ya no representaba al expresidente madrileño.

Ese 21 de noviembre, antes de hablar con Aguirre, González recibe otra llamada de José Manuel Serra Peris, una de las personas que en 2008 le acompañaron en el viaje a Cartagena de Indias. En esa época, era consejero de la constructora Martinsa, investigada en el mayor pelotazo de la trama Gürtel en Arganda del Rey y que podría estar detrás del ático que González tiene en Estepona. También fue secretario de Estado en los gobiernos de Aznar, consejero de Bankia, de Canal Gestión y la Triple A dominicana, dos filiales del Canal de Isabel II. Hoy está imputado en el caso Lezo.

Ambos, Serra Peris y González, vuelven a hablar de Cifuentes, una obsesión para el exdirigente popular. De todos es conocida la animadversión que se profesan Cifuentes y González, sobre todo después de que la primera fuera la elegida por Mariano Rajoy para liderar la candidatura en 2015 al Gobierno regional, descabezando así a González. Serra Peris le pregunta a González por la famosa grabación que la Cadena SER desveló en 2009 sobre su viaje a Colombia. "¿Tú tienes la solicitud que hizo tu abogado pidiendo que se aportara el audio, y la contestación de ellos diciendo que se había destruido?". A lo que González le contesta: "Es que no tengo nada, porque lo llevaban los abogados de la comunidad, y esta hija de puta [por Cifuentes] me los ha quitado todos".

González prosigue asegurando que no le compensa seguir ejerciendo la acusación: "Si tuviera un abogado y un procurador en la causa, pues podría pedirlo, pero como me lo ha quitado, macho, para qué voy a poner un abogado aquí que me cuesta una pasta que no tengo".

Montar su propio medio

Las grabaciones del sumario del caso Lezo inciden en que Ignacio González estaba obsesionado con el tratamiento que los medios de comunicación hacían de las causas judiciales en las que estaba implicado, y que intentó mover sus hilos para tratar de montar su propio diario. El expresidente de la Comunidad de Madrid confesó a su amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que ya le había contactado un periodista para crear una cabecera. Para que el proyecto saliera adelante, debía poner 300.000 euros. El diálogo se produjo el 22 de noviembre de 2016. Cerezo llama a González para seguir comentando las noticias que continuaban apareciendo esos días sobre el caso del espionaje. González lamenta que no tenga más eco en los medios y que, a su juicio, durante la instrucción ya quedó demostrado que el espionaje fue pagado por el empresario Juan Miguel Villar Mir a través de una de las empresas de su Grupo OHL, Inmobiliaria Espacio.

Cerezo a González: "La que lio el gilipollas de OHL y ahora pringado con las concesiones"

El expresidente de la Comunidad de Madrid realizó una serie de llamadas que evidencian su preocupación por la reapertura de otro de sus frentes judiciales

Según el sumario de Lezo, es en ese momento cuando el presidente del Atlético de Madrid le sugiere a González que "una solución podría pasar por crear un diario digital que critique a estas personas", en referencia a los periodistas, empresarios, policías y políticos a los que el exdirigente del PP de Madrid acusa de estar filtrando información para intentar destruirle. González no solo acepta el consejo de Cerezo, sino que le reconoce que ya ha recibido una oferta para montar su propio medio de comunicación. En concreto, según las diligencias, el presunto cabecilla de Lezo asegura que "ya se lo habría ofrecido un periodista por 300.000 euros".

El sumario no aclara si finalmente González llegó a un acuerdo para impulsar su digital. Cinco meses después de que esa llamada fuera intervenida, la Guardia Civil lo detuvo en su casa de Aravaca. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) tratan de determinar ahora su verdadero patrimonio. Sospechan que utilizó testaferros para ocultar el dinero B que manejaba.

Las 'presiones' a Cifuentes

Las conversaciones intervenidas por la UCO en el caso Lezo también revelan que Cifuentes pudo ser presionada por el director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, y el presidente de la compañía, Mauricio Casals, para que el Gobierno regional que ella presidía no denunciara judicialmente a uno de los entonces consejeros del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión por ser uno de los cabecillas de la trama. Cifuentes tuvo que declarar como testigo y al final el juez Eloy Velasco decidió archivar esta pequeña pieza del caso porque ella aseguró no sentirse presionada. Lo cierto es que las conversaciones recogen varios insultos y amenazas de Marhuenda y Casals.

Por otra parte, el sumario incluye varios episodios que también demostrarían la capacidad de influencia que González (que dejó la política en junio de 2015) seguía teniendo en el Ejecutivo autonómico que ahora preside Cifuentes. González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos públicos favores para empresarios próximos a él. La Guardia Civil añade además en un informe que el expresidente tenía una especie de topo en la comunidad, que le seguía facilitando información. Se trataría de la interventora general, hermana de la que fuera jefa de prensa del PP de Madrid entre 2010 y 2015.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-13/gonzalez-lezo-aguirre-cifuentes-sumario-conversaciones_1398121/

ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"

El expresidente madrileño contó a Cerezo su charla con el ministro: “Le dije que limpiara como Paquirri… y cambió a todo Dios”

El expresidente madrileño Ignacio González aconsejó al actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido que “limpiara” la Policía, durante una conversación telefónica mantenida por ambos, 15 días después del nombramiento del ministro.

“Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri, doctor, corte todo lo que haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto uno", le dijo González al ministro Zoido, según la conversación interceptada en el marco de la operación Lezo, y que reproduce este lunes El Confidencial.

"Y cambió a todo Dios"

En la conversación, de 18 de noviembre de 2016, Ignacio González le cuenta al empresario Enrique Cerezo su conversación con Zoido, en la que le recomendó que limpiara "como Paquirri" la Policía, que "cortara todo lo que hiciera falta" y se metiera "hasta dentro". Según aseguró el expresidente madrileño, el recién nombrado ministro le hizo caso y cambió "a todo Dios, y ya le están dando leches, macho, es una cosa... puff".

"Que si ha puesto a los suyos de Sevilla, que si ninguno sabe no sé qué de la Policía, que si no sé cuantos. Buah, es acojonante", dice el expresidente a Cerezo, que contesta: "Oye, y los que estaban cuando llegaron, ¿sabían algo?".

El ministro "quería hablar" con González

González le habría dicho a Enrique Cerezo que mantiene con Zoido una buena relación, que le habría felicitado por su nombramiento y que el ministro contactó con él para mantener una reunión porque “quería hablar”. Los investigadores enmarcan la conversación en los intentos del expresidente madrileño para influir sobre altos cargos del Gobierno para que le favorecieran en los procesos judiciales.

"Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no sé qué. Yo digo,'bueno, cuando tengas todo organizao, llámame”.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/zoido-gonzalez-oye-yo-me-tomo-un-cafe-que-quiero-hablar-contigo

LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN

Autorizó la compra por el Canal de la colombiana Inassa en 2001 sin marco legal para ello y la adquisición se ejecutó a través de un paraíso fiscal

Los investigadores creen que se desviaron al menos 25 millones de euros de fondos públicos tras pagar por la compañía un valor muy superior al real

En las grabaciones a los imputados hay cinco referencias sospechosas a Ruiz-Gallardón, cuyos ingresos son investigados ya por la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública, la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.

Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de abril, los fiscales del caso recogen que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González"

Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica

La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851. Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que “el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.

Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y 1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países de Argentina y Perú.

El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977. Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por entonces lejos.

2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después

El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.

Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.

En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en cualquier territorio)”.

3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal

La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo.

Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al Banco Ganadero de Colombia.

Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la Comunidad de Madrid.

Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.

Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía & García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.

“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.

“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se encontraban realmente tras esa sociedad”.

4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas

Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".

Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25 millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión incondicional.

Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, "sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo".

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la adquisición de Inassa en 2001.

En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el 15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”, dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es donde realmente hubo”, añade más adelante.

5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza

Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.

“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”.

La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.

http://m.eldiario.es/politica/frentes-operacion-Lezo-amenazan-Gallardon_0_653384712.html

GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN

Un análisis del bufete Cuatrecasas fechado en junio de 2004, al que ha tenido acceso infoLibre, ya destapaba en sus 80 páginas múltiples agujeros negros en la compra de la firma colombiana Inassa en 2001.

El Canal pagó 83 millones por el 75% de la firma, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua

La valoración 'independiente' previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia

Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa, efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la condición de investigado.

A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano. La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.

De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para Barranquilla.

Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.

Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco, hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación "fraudulenta" detectada en el Canal.

El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la utilización de Panamá como la opción más desfavorable.

Un regalo del Canal cifrado en seis millones

En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a todos los efectos, incluso los oficiales. Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público madrileño.

La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del Consejo de Gobierno la preceptiva autorización.

Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día de hoy.

Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por la plusvalía diferida.

Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es algo que el informe no aclara.

Una firma valenciana elegida no se sabe por qué

Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada Tecvasa.

El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001. De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.

Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.

La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos, había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.

Pese a todo, el informe jamás vio la luz. Al igual que una segunda edición igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".

En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo, González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/19/ignacio_gonzalez_oculto_desde_llegada_gobierno_informe_exclusivo_para_que_ponia_disparadero_equipo_gallardon_66520_1012.html

IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión provisional del expresidente madrileño ante el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o su capacidad para volver a delinquir en el marco de la investigación contra él y su entorno familiar.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración / Santi Donaire (EFE)

La Sección 4ª avala la prisión provisional sin fianza para Ignacio González por el papel que ocupa el expresidente de Madrid en la trama, "la compleja organización" creada con fines delictivos y su posible implicación en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero que podría constituir delitos de cohecho, prevaricación y fraude. Todo esto sumado a la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obras que podrían constituir los mismos delitos además de organización criminal, corrupción en los negocios y malversación.

Los magistrados inciden en la participación de González en la adjudicación y explotación del campo de Golf del Canal y en la financiación ilegal del PP de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

La Sala rechaza así el recurso que interpuso González contra el auto de prisión incondicional y comunicada del juez Eloy Velasco, al entender que el arraigo familiar no es un eximente en este momento de la instrucción para evitar el riesgo de fuga. "La necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco minimiza el riesgo de fuga cuando hay otros miembros de su familia investigados y que podrían llegar a estar en sus mismas circunstancias" señalan los jueces. Y recuerdan que en el mismo auto recurrido se decretó prisión provisional para su hermano Pablo González, exdirectivo de Mercasa.

Además, la notoriedad pública que alega González tampoco evitaría que intentara evitar la acción de la Justicia, al menos, "no en otros países donde no goce de esa notoriedad y podría buscar refugio en los que haya un menor nivel de cooperación policial y judicial con España". En este caso, "podría mantenerse con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido intervenidos".

"No es una mera especulación", aseguran los magistrados, que hacen referencia a la conversación entre el expresidente del Canal en América, Edmundo Rodríguez y la exdirectora financiera, María Fernanda Richmond, en noviembre de 2016, donde ésta considera "que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene y Edmundo afirma que tiene "dinerillo B" y subrayan la facilidad del exdirigente popular de Madrid para "desenvolverse en el extranjero".

La Sala señala también la capacidad de González para ocultar pruebas y obstaculizar la investigación para justificar su permanencia en prisión provisional.

http://cadenaser.com/ser/2017/06/02/tribunales/1496415433_214281.html

ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN MAL RATO"

El sumario revela conversaciones entre el exministro de Interior y el presunto cabecilla de la operación Lezo

Las conversaciones intervenidas por orden judicial a Ignacio González no dejan de deparar sorpresas. El expresidente de la Comunidad de Madrid habló por teléfono con el exministro de interior y justicia, además de antiguo secretario de organización del PP, Ángel Acebes. Ambos comentan la actualidad y la presión de la oposición a Mariano Rajoy reclamando una comisión de investigación sobre las presuntas corruptelas de los populares. Acebes reconoce a su interlocutor que con una comisión de investigación "nos pueden hacer pasar un mal rato", aunque ambos coinciden en que a ellos ya nos les queda nada de lo que dimitir.

Nuevos mensajes de Catalá

El sumario también revela nuevos SMS del ministro de justicia, Rafael Catalá a Ignacio González. Catalá le felicita el pasado verano por un artículo de opinión publicado en el diario 'La Razón', del que es consejero el también detenido por la operación Lezo, Edmundo Rodríguez. El artículo lleva por título 'El alcance de la negociación' en el que González apuesta por "equilibrar" las cuentas públicas y donde también habla de de las comisiones de investigación. Escribe el columnista de 'La Razón' que "las comisiones de investigación cuando la responsabilidad política se ha dirimido en las urnas y las penales se están dilucidando en los tribunales se convierten en causas generales para tratar de pasar facturas políticas que no se lograron en las urnas". Ignacio Gonzalez fija a Mariano Rajoy las líneas rojas en la negociación que mantenía aquellos días con Ciudadanos para formar Gobierno. Los mensajes entre Rafael Catalá e Ignacio González se suceden y ambos también comentan el estado de las negociaciones para la investidura y los asuntos judiciales que afectaban al segundo.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/28/tribunales/1495985727_950764.html

INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS DE LA PÚNICA

La investigación de la trama Púnica también afecta a la hermana del ex presidente madrileño, Ignacio González. Según ha podido saber OKDIARIO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga el presunto “fraccionamiento fraudulento” de contratos efectuado por Isabel González a tres empresas de la trama corrupta durante su mandato como concejal de Cultura en el ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón.

La hermana del ex presidente madrileño es diputada del PP en la Asamblea de Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la comisión de Cultura y Turismo. En apenas un mes, ha visto como su marido, José Juan Caballero, y sus dos hermanos, Ignacio y Pablo, eran detenidos en el marco de la ‘Operación Lezo’.

Los agentes analizan los contratos menores adjudicados por González entre 2011 y 2015 en su etapa de edil de Cultura en Pozuelo a las empresas Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L., que podrían estar relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Los investigadores consideran que dichos contratos “fueron fraccionados” para ser adjudicados directamente y de esta forma no superar el límite de 18.000 euros fijado en la Ley de Contratos para convocar un concurso público. Muchos de estos contratos suscritos desde hace años por este ayuntamiento madrileño fueron adjudicados desde el Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo.

El informe de la UCO recogido en el sumario de la trama Púnica, al que ha tenido acceso este diario, afirma que “parece evidente como por parte del Patronato Municipal de Cultura fueron tramitados contratos menores sucesivos para responder a necesidades concretas de carácter recurrente, previsibles y cuantificables en un momento determinado del tiempo; que podría suponer que por parte de ese ente público se adjudicaron esos contratos contraviniendo la normativa en materia de contratación pública fraccionando el objeto de los mismos”.

“Las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L han participado activamente en relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y con el Patronato Municipal de Cultura. Este hecho resulta de interés debido al elevado número de contratos menores que esos entes públicos han adjudicado a esas tres mercantiles”.
UCO

“Así las cosas”, añade el informe de la UCO, “la mercantil Back Rvs Producciones Culturales S.L desde el año 2006 al año 2008 recibió adjudicaciones directas de esos dos entes públicos por un montante de 553.111,53 euros. Por su parte, la mercantil Digital Plane ha sido adjudicataria de contratos menores de manera ininterrumpida desde el año 2006 hasta el año 2014 por un montante de 662.106,06 euros, y la mercantil Croma 21 sólo en el año 2007 recibió contratos menores del Ayuntamiento y del Patronato por valor de 109.506,30 euros“.

Algunos de los contratos menores adjudicados se efectuaron en la época de concejal de Isabel González, que a día de hoy no está formalmente imputada en la causa.

El informe subraya “las destacadas cantidades facturadas por las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L mediante contrato menor tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como al Patronato Municipal de Cultura; que los servicios contratados tengan por causa necesidades recurrentes, previsibles y cuantificables en un momento determinado; que además esos contratos menores hayan sido adjudicados y/o ejecutados en las mismas fechas sobrepasando de manera agregada el límite cuantitativo establecido para este tipo de contratos”.

Por último, la UCO concluye que “todo ello parece indicar que pudiera tratarse de un fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón”.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Según el organigrama de este municipio madrileño, la concejal de Cultura “coordina y gestiona las unidades administrativas que integran la Concejalía, incoa y tramita y resuelve, en su caso, cuantos expedientes sean propios de la concejalía, ostenta la vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y supervisa y dirige la actuación” del mencionado Patronato.

Isabel González ocupó esta concejalía entre 2011 y 2015, sin embargo, no fue la única concejal de Cultura de este ayuntamiento madrileño que adjudicó contratos menores a las tres empresas investigadas en la trama Púnica. Antes de ser edil de Cultura en Pozuelo, fue coordinadora del Gabinete de Esperanza Aguirre, cuando ésta era presidenta del Senado, y después, coordinadora del Gabinete de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Las 3 empresas “están vinculadas”

Back Rvs Producciones Culturales S.L fue constituida y es administrada por Ricardo Vázquez Segura. Dicha sociedad estaría vinculada con Croma 21 y Digital Plane. Los investigadores sostienen que existe una “relación de servicios, existiendo facturación cruzada entre estas empresas”.

Según recogen los investigadores de la UCO en su informe, “existen además indicios de que las tres empresas habrían facilitado facturas falsas al Partido Popular regional que fueron presentadas para justificar el destino de una subvención otorgada por la Comunidad de Madrid, cuyo verdadero destino fue el pago de gastos electorales”.

Fuentes cercanas a Croma 21 y Digital Plane afirman a OKDIARIO que no tienen ninguna vinculación con la presunta financiación ilegal del PP regional, y con la trama Púnica. “No conocemos a ningún miembro del PP, somos 11 empleados y nunca hemos emitido facturas falsas”.

“Nuestras empresas se dedican a la iluminación y al montaje de sonido y escenarios para conciertos, mitines y cualquier tipo de acto. Ricardo Vázquez Segura nos subcontrataba para eventos del PP, hasta que nos dejó de pagar entre 2007 y 2009, de hecho todavía nos debe dinero”.

Sobre los contratos menores aseguran que en muchas ocasiones “no se cerraban las contrataciones con los artistas hasta última hora y no daba tiempo a que se convocara a un concurso público. Con este tema, van a conseguir que nos vayamos a la quiebra y deje sin trabajo a mis empleados” concluyen.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/26/investigan-hermana-diputada-gonzalez-dar-contratos-dedo-empresas-punica-1011379

UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS

Investigará un posible delito de revelación de secretos tras la denuncia interpuesta por un letrado.

El juez Eloy Velasco, hasta ahora encargado de la operación Lezo, ha dejado la instrucción sin haber mostrado entusiasmo por indagar en el 'chivatazo' atribuido a "una magistrada" y gracias al cual los investigados en esas diligencias secretas fueron alertados de que sus teléfonos estaban intervenidos. Pero un Juzgado de Madrid sí ha abierto un procedimiento para indagar quién puede encontrarse detrás de la filtración.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, al que ha correspondido tramitar la denuncia interpuesta por el abogado José Luiz Mazón en representación del partido Contrapoder, ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias previas por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución señala que los hechos que se relatan en la denuncia "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La denuncia se refiere a una conversación intervenida el pasado noviembre al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por malversación, fraude en la contratación pública y otros delitos de corrupción. En esa charla González manifestó que el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, le había informado de que "una magistrada amiga de la casa" les había alertado de que tuvieran cuidado porque "han grabado una conversación de Edmundo muy extraña". Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue mano derecha de Ignacio González en la expansión del Canal de Isabel II en Iberoamérica y es consejero de La Razón, se encuentra también en prisión por la operación Lezo.

'Oye, cuidao'

Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'".

Una mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de BilbaoUna mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de BilbaoEfeNo recuerda nada porque cree que le echaron algo en la bebida. Despertó en el baño de un bar mientras un hombre trataba de quitarle la ropa.
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La interceptación durante meses de las conversaciones mantenidas por los investigados permitió conocer que estos estuvieron claramente prevenidos de las pesquisas. Ya en octubre de 2016 González fue alertado de un posible seguimiento, lo que le llevó a cambiar de ubicación, por medio de su mujer, Lourdes Cavero, del contenido de una caja de seguridad abierta en un banco.

También en octubre, Rodríguez Sobrino trató de hacer averiguaciones sobre una petición de información que la Fiscalía española realizó a las autoridades suizas sobre el supuesto cobro de comisiones. Por este mismo tema se interesó posteriormente el propio González.

La constancia de que los investigados conocían que los teléfonos estaban intervenidos la proporcionó Pablo González, hermano del expresidente de la CAM, cuando le comentó a su hermana Isabel González que a Ignacio "le han avisado de que tenía pinchados los teléfonos. Vamos, vamos, que se quedó un poco preocupado".

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, ha citado al letrado Mazón para el próximo 13 de junio para que se ratifique en su denuncia. Será a partir de entonces cuando el instructor decidirá qué diligencias corresponde, en su caso, practicar.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170526/218978297_0.html

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE VILLALOBOS

Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008, Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.

Nuevas revelaciones del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional investigan dentro de esta macrocausa de corrupción al que fuera director de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio entre los años 2004 y 2008, y las cuentas que abrió en Suiza.

Según ha podido saber Vozpópuli, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez aprecian indicios de corrupción en el comportamiento de este imputado y han cursado una Comisión Rogatoria al país helvético solicitando los movimientos bancarios de las cuentas abiertas en dicho país por Larraz y su esposa María Ángeles de Diego Suso. Ambos abrieron en mayo de 2016 -cuando ya era conocido que la Audiencia investigaba la gestión de Arpegio- nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción.

De hecho, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio). De ahí, que se hayan cursado distintas Comisiones Rogatorias – las fiscales tienen intención de enviar otra nueva petición de auxilio judicial próximamente, según informan fuentes jurídicas- en aras de poder recuperar los activos desviados de la Comunidad de Madrid.

Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Se da la circunstancia de que la ejecución de los citados consorcios urbanísticos y de los planes Prismas dotados con 1000 millones de euros se llevaron a cabo "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la mesa de contratación".

Imputada la mesa de contratación
Se da la circunstancia de que Eduardo Larraz y su mujer son dos de los últimos imputados en esta causa debido a su vinculación con la gestión de Arpegio. El que fuera director de gabinete de Villalobos era miembro de su mesa de contratación.

El pasado día 16, fechas antes de abandonar el Juzgado Central 6 de la Audiencia rumbo a la Sala de Apelaciones, el magistrado Eloy Velasco acordó nuevas entradas y registros relacionadas con la gestión que Granados hizo de Arpegio. Junto con dichas entradas y registros, llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el instructor acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio formada por Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.

Larraz y su esposa abrieron en mayo de 2016 nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción

Asimismo, están siendo investigados el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; y el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno.

También fueron imputados en esta pieza separada la lista la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación María Dolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.

Todos ellos debían comparecer los próximos 12, 13 y 14 de julio en la Audiencia Nacional pero dichas declaraciones han sido aplazadas 'sine die' a la espera de que un nuevo juez asuma la investigación de Púnica.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Anticorrupcion-investiga-Suiza-Gabinete-Villalobos_0_1029797957.html

LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...

La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la compra de la filial colombiana del Canal

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.

Así empezó el 'chollo' del Canal de Isabel II: Gallardón pagó 83M por lo que costó 8

La Comunidad de Madrid compró en el año 2001 Inassa, la matriz del Canal en Sudamérica, por 10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes

En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los "marrones" a los que se refería era la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho hombres. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos", señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea de Madrid.

La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía.

El principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' en Panamá

El 18% de Inassa, matriz del grupo al otro lado del Atlántico, pertenece a la firma Slasa. Cifuentes amenaza a un directivo de Inassa con destituirle si no comparece en la Asamblea

Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). "La desinversión de Agbar habría estado motivada o al menos influenciada por una serie de actuaciones propiciadas por determinados directivos de Inassa, que podrían calificarse de desleales". El comprador de las acciones de Agbar fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España. Este proceso se encargó a la banca Rothschild, que se puso en contacto con distintas empresas españolas, como Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser o Ferrovial, para ofrecerles las acciones de SAA en Inassa. No hubo ningún acuerdo y en mayo de 2001 SAA empezó a negociar con el Canal de Isabel II, que a su vez también buscó aliados para crear un consorcio y comprar Inassa. Se negoció con Acciona y Caja Madrid, pero dicho consorcio no fructifica porque hacer negocios en Colombia suponía entonces "un riesgo". El Canal también intenta convencer al BBVA y a Urbaser. Sin éxito. Al final el Canal se alía con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), y ambas crean una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Suramérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa el otro 25%.

El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decide que se haga a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). "No consta que el Canal pidiese asesoramiento externo para llevar a cabo la valoración de Inassa, sino que se limitó a llevar a cabo una valoración por personal interno del Canal", señala Cuatrecasas. El Consejo de Gobierno de la Comunidad había ratificado toda la operación el 29 de noviembre. "Las condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador, no había ofertas competidoras".

A través de Panamá

"La estructura jurídica mediante la que se llevó a cabo la compra pudo haber resultado gravosa para Extensia desde el punto de vista fiscal. En lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa (una sociedad colombiana), lo cual hubiese supuesto que los vendedores hubieran tributado en ese país por la plusvalía generada, se adquirió una sociedad panameña (SAA), radicada en un paraíso fiscal, que de forma simultánea a la operación se liquidó". Cuatrecasas deja claró que el Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. "Dicha estructura se llevó a cabo en contra del consejo de Garriges&Andersen, despacho que emitió un informe de carácter fiscal en el que desaconsejaba llevar a cabo la operación de esta manera", concluye Cuatrecasas.

El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave

Moix ordenó "desvincular cronológicamente" UN registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso se opusieron

La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y el consejo de administración del Canal. "En ningún momento se aprobó que la operación se articularía a través de la adquisición de SAA. De dicha circunstancia podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes de Extensia que suscribieron el acuerdo de compraventa". Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso.

Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.

El informe de Cuatrecasas exime en cierta medida al equipo que presidía Gallardón, ya que lo que finalmente hizo el Canal de Isabel II supuso una "desviación del acuerdo de Consejo de Gobierno, que ha dado lugar a que se produzca una infracción de las normas de patrimonio y administración institucional", ya que lo que se aprobó fue la compra del 75% de las acciones de Inassa, no la compra de SAA. Ya con Ignacio González en la presidencia madrileña, Canal Extensia siguió con las compras en Suramérica. En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros.

Fricciones en Fiscalía

La investigación de esta operación provocó la primera fricción entre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales encargados del caso Lezo. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que voten si la orden debe ser acatada.

Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa, Moix consideró que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Las discrepancias surgen a la hora de fijar desde cuándo se debe calcular el plazo de prescripción, desde la firma de la compra, o desde el momento en que se dejó de pagar la operación.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-20/la-uco-cerca-a-todo-el-equipo-de-gallardon-de-2001-cortes-cobo-calvo-mayor-oreja_1385228/

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO

Un mes después de que el magistrado tildase de fraudulenta la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, en época de Gallardón, Arturo Canalda invoca el tiempo transcurrido para justificar el olvido

Canalda, que niega que los 83 millones que costó la compañía de Barranquilla ocultasen un sobreprecio, remacha que entró en su consejo solo por su condición de gerente del Canal

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas. Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González, Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido 14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.

El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa, operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal entre septiembre de 2001 y junio de 2003.

El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la "malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa no dijo nada.

La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones".

Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".

Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos? No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.

"Que yo recuerde no cobré"

Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no pesa la condición de investigado o imputado.

En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena de Indias.

¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".

¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda? "Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".

En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño,Cristina Cifuentes.

En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares) en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/20/el_presidente_camara_cuentas_madrid_recuerda_presidio_empresa_colombiana_que_investiga_juez_velasco_65291_1012.html

ESTOS SON LOS 52 INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO

El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González

El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez

Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En la investigación aparecen nombres como el de Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL. Pero también nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios investigados en otros casos de corrupción y familiares de Ignacio González. Esta es la lista completa de las personas investigadas por el juez en el caso Lezo.

Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un millón de euros de la Comunidad de Madrid para "sanear" las cuentas del PP y el juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero de las filiales del Canal en Latinoamérica.

Juan Miguel Villar Mir: empresario y dueño de la constructora OHL que fue registrada en el marco de la operación Lezo el pasado jueves. Villar Mir fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Alberto López Viejo:imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde 2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007 Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la Comunidad de Madrid.

Pablo Manuel González: hermano del expresidente madrileño, también se encuentra imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio, permanece en la cárcel de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne cuatro millones de euros para la fianza.

Pablo González Liberal: padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.

Beltrán Gutiérrez Moliner:exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.

Eduardo Ameijide Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

José Juan Caballero: cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Francisco Javier López Madrid: amigo de los reyes, yerno del empresario Villar Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.

José Antonio Clemente: ingeniero adjudicatario -a través de la empresa Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.

Edmundo Rodríguez Sobrino: hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.

Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir al juzgado una vez al mes.

María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

Adrián Martín López de las Huertas: exgerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a prisión con una fianza de 100.000 euros.

Diego Fernando García: gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.

Ignasi Maestre: abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez en la operación de compra de Emissao.

José Martínez Nicolás: consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.

José Manuel Serra Peris: abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

Fernando José de Cevallos Aguarón: director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina Cifuentes.

Oriol Serra Ibars: Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.

Luis Vicente Moro Díaz: exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como Delegado del Gobierno en Ceuta.

José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití. Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de 'control laboral'.

Francisco Javier Domínguez Anaya: Gerente general de Inassa Panamá. "La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

Carlos Isidro Bello Vicente: Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.

Carlos Turro Homedes: presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.

Sergio Vidal Balaguer: empresario alicantino, hermano de Javier Vidal Balanguer, exedil del PP en Alicante.

Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL especializadas, especializadas en consultoría y formación.

Juan Miguel Madoz Echeverría:Administrador único de la empresa Swat, una consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de Madrid gracias a empresas como Indra.

Jesús Arranz Monje:hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.

Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás.

Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: denominado empresario de la 'Jet Set'. El juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.

María del Pilar Olivo Valverde: esposa de José Antonio Clemente, socio del hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del Campo del Gol del Canal de Isabel II.

Dimitris Tsalidis: socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del Campo de Golf del Canal.

Luis Vicente Moro:asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública, Adrián Martín.

Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en el marco de la Operación Lezo.

María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).

Miguel Sáiz de la Hoya: director financiero de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.

Ildefonso de Miguel: Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea.

Fernando Manuel Serrano Fuentes: socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó las obras del campo de golf del Canal Isabel II.

Pedro Antonio Martín Martín: uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.

Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.

Ángel Varona Grande: abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.

Jesús Trabada Guijarro: administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de Linkedin "máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011".

Alberto Pérez de la Sal: empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica.

Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos. Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.

Pino Escudero del Castillo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

María Teresa de Mingo Azárate: consejera del grupo empresarial Chickies, empresa de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Rocío y Leticia Bonet Cavero: sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, y trabajadoras de su empresa Chickies.

Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de la operación Lezo.

Jaime Antoñanzas de Toledo:Empresario. Fundador de la agencia de márketing Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.

El resto de investigados son Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, abogada , Guido Vicenzini, Álvaro Curiel Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro, Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.

http://www.eldiario.es/politica/investigados-Operacion-Lezo_0_644286061.html

LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA

El presunto testaferro de Ignacio González siete meses antes de su detención se mostró preocupado por la auditoría que había encargado el Canal de Isabel II con “buscadores de mierda”

Las filtraciones de la investigación secreta abierta por el caso Lezo son más groseras de lo que parecía. Los investigados, según les adelanta hoy la Cadena SER, no sólo conocían que la Fiscalía andaba tras la pista de la compra sospechosa de una sociedad brasileña por parte de la filial internacional del Canal de Isabel II sino que supieron seis meses antes de ser detenidos que Anticorrupción había cursado una comisión rogatoria a Suiza. Esta comisión tenía como objetivo conocer el destino dado a los 24 millones de dólares pagados al dueño de la empresa brasileña a través de una cuenta abierta en una sucursal bancaria suiza.

El 19 de octubre de 2016, seis meses antes de la detención del expresidente Ignacio González y de su mano derecha en la filial internacional del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, éste conocía detalles de los pasos que estaba dando la Fiscalía Anticorrupción para aclarar los hechos. No sólo conocía que había una investigación abierta sino que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado información a través de una comisión rogatoria a las autoridades suizas. Así se lo expone en una conversación telefónica a la directora financiera del Canal, María Fernánda Richmond, también imputada en el caso, según se desprende del sumario del caso.

Fuentes de la investigación aseguran a la Cadena SER que fue en el mes de octubre cuando los investigadores instaron a la justicia a solicitar esa comisión rogatoria después de que la investigación tuviese indicios de que los investigados habían depositado dinero en el país helvético.

Los investigados manejaban información de primera mano, conocían la investigación al detalle, sabían que se había cursado una comisión rogatoria a Suiza e incluso conocían que desde el Canal de Isabel II se había encargado una auditoría sobre la compra de Emissao.
Edmundo Rodríguez estaba tan preocupado con la investigación abierta por esa compra, que en septiembre de 2016, siete meses antes de que le detengan, sabe que desde el Canal de Isabel II han encargado una auditoria a Ernst and Young sobre la compra de Emissao la sociedad brasileña. Según recoge el sumario llama a un abogado amigo suyo y se manifiesta en estos términos:

Edmundo Rodríguez Sobrino: "Han encargado una auditoria a Ernst and Young, forense. Te traduzco, consiste en meter una docena de perros dentro de la empresa a ver si encuentran mierda en algún sitio. O sea, son buscadores de mierda. Entonces… pon unos tías especializados en buscar mierda, siempre hay algo claro, pero no en esta, en todas las del mundo"

El sumario aclara el sospechoso sobrecoste de la empresa brasileña

El sumario del caso desvela además el “modus operandi” que los detenidos utilizaron para inflar el sobrecoste de las empresas que compraban en el extranjero. Los investigadores señalan que el cerebro de la operación, Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, expuso ante el consejo de administración de la filial internacional del Canal de Isabel II que la empresa brasileña que iban a comprar presentaba unos beneficios antes de impuestos de 13,3 millones de dólares en 2012 y 14,8 millones de dólares en 2013.

Sin embargo, los registros contables de esa sociedad brasileña registraban unos beneficios muy inferiores: nueve millones de euros en 2012 y siete millones de euros en 2013. Es más una auditoría de KMPG señaló que los beneficios antes de impuestos de la sociedad brasileña eran de 1,1 millones en 2012 y 3,4 millones de 2013. Esta sobrevaloración llevaba la firma de Edmundo Rodríguez Sobrino.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/15/tribunales/1494874093_246439.html

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL

Solicita la información tributaria "completa" del exministro y sus "operaciones con terceros derivadas de actividades profesionales"

Zaplana, en un pinchazo de la Operación Lezo: "Alberto habla como diciendo que está ganando una fortuna…. O aflorando algo"

Anticorrupción aprecia prevaricación, fraude en la contratación, malversación y falsedad en el pelotazo con el que vincula a Gallardón

La investigación de la Audiencia Nacional por el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II afecta de lleno al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la "información tributaria completa" del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de "operaciones con terceros de actividades profesionales", según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Estas solicitudes se enmarcan en la parte de la causa que investiga el posible desvío de fondos en la compra-venta de la sociedad colombiana Inassa, el primer paso de la expansión por Latinoamérica de la empresa pública Canal de Isabel II en 2001. Alberto Ruiz-Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que autorizó la adquisición y el método empleado para la misma, la creación previa de una sociedad en Panamá.

La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un "paraíso fiscal", según el término utilizado por Anticorrupción.

La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación de la investigación, que arrancó el 19 de abril.

Uno de los indicios contra Gallardón había sido obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, "sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo".

Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1 millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apuntan a irregularidades en este proceso.

El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, informaron o auditaron la operación sin reparo alguno". De este modo, Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la instrucción lo aconsejen.

En otro escrito del 17 de abril, dos días antes de que explotara la Operación Lezo, los fiscales vuelven a aludir al presunto pelotazo con Inassa y señalan de nuevo a todos aquellos para los que ha pedido la diligencia de ordenación, además de a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el expresidente de la firma en Colombia tras su adquisición por el Canal, en prisión provisional como el político. Yáñez y García Cerdá dicen en ese escrito que "la acción penal por estos hechos debe dirigirse contra" todos ellos, "sin perjuicio de la individualización que se realice en el curso de la instrucción judicial".

A continuación, los fiscales enumeran los delitos que aprecian en el pelotazo de Inassa: "Los hechos narrados indiciariamente son constitutivos de delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos cualificada, sin perjuicio de las falsedades documentales que pudieran tener relación con estos hechos y las actividades dirigidas a la ocultación y afloramiento de capitales".

"Le robaron 25 millones al Canal"

Cuatro meses antes de la conversación grabada en el despacho de González, los agentes de la UCO fotografiaron y captaron la charla entre el expresidente Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. El encuentro se celebró el 21 de julio de 2016 en el Hotel Villamagna de Madrid. Rodríguez Sobrino se ofrecía a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".

En un informe del 10 de abril, la UCO se refiere a las gestiones realizadas por sus agentes, la información aportada por la Fiscalía y de sus unidades de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para afirmar que "concurren una serie de indicios que apuntan a que en la ejecución y planificación de esta operación (la compraventa de Inassa) se pudieron producir ilícitos penales, así como un supuesto desvío de fondos públicos -calificado por Edmundo Rodríguez como un robo de 25 millones-, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar sin la aprobación del Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".

La Guardia Civil añade a continuación que ese acuerdo fue "suscrito por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo". "Igualmente -continúa- hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien compatibilizaba este cargo con el de presidente del Canal de Isabel II".

"Pacto de silencio" entre González y Gallardón

Con esta información en su poder, la Fiscalía Anticorrupción firmó el escrito del mencionado antes, de fecha 17 de abril. En el mismo, los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman que "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", quien se convirtió en presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre y que habría repetido una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013. De hecho, los investigadores se interesan por el presunto pelotazo de Inassa a partir de la investigación de la compraventa de la sociedad brasileña.

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González, en el barrio de Salamanca. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

Las diligencias de investigación sobre la época de Gallardón que solicitó Anticorrupción motivaron el primer enfrentamiento entre el jefe, Manuel Moix, por una parte, y los fiscales del caso y sus compañeros, por otra. Moix se oponía a incluir en la causa de Lezo la investigación de Inassa por falta de conexidad con el resto de hechos de las pesquisas. También quería retirar la acusación por organización criminal contra los imputados.

Los fiscales Yáñez y Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite reunir a la Junta de Fiscales para analizar la situación. La práctica totalidad de los miembros de Anticorrupción respaldaron a sus compañeros y Moix, que podía haber ignorado su posicionamiento, accedió a que se solicitara el registro vinculado a Inassa y el resto de diligencias.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz-Gallardón y los otros dos miembros de su Gobierno señalados en los informes para recabar su versión, Juan Bravo y Carlos Mayor Oreja, pero de los tres solo este último ha contestado."De toda la información que he recabado, lo único que puedo decir es que se ajusta a derecho", ha afirmado, y añade que él ya no era consejero de Medio Ambiente ni presidente de Canal cuando se materializó la compra. Abandonó esos puestos apenas unas semanas antes de que se firmase el acuerdo de Gobierno, ya con Pedro Calvo Poch al frente de la empresa pública.

http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investiga-Gallardon-Canal_0_648135314.html

LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’

Los investigadores aluden en sus escritos a fugas de información desde la esfera política, judicial y policial

Si el caso Púnica tuvo su chivatazo —un guardia civil se sentará en el banquillo acusado de revelación de secreto por alertar a Francisco Granados—, la Operación Lezo puede tener varios. Los responsables de la investigación consideran demostrado que alguien alertó a Ignacio González y a su familia de que estaban siendo investigados y que por ello hicieron posteriormente numerosas gestiones en la esfera judicial, policial y política para conocer más detalles.

Las medidas de seguridad que el político y su entorno adoptaron en sus comunicaciones telefónicas a partir de aquel momento dificultaron las pesquisas y obligaron a colocar con autorización judicial un micrófono en el despacho que el expresidente autonómico tenía en Madrid para continuar con las mismas. El contenido de estas reveló que tanto el político como otros investigados se valieron “de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento”, dice la fiscalía en su último informe.

En dicho escrito, Anticorrupción llega a asegurar que tanto González como su presunto lugarteniente en la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II y consejero del diario La Razón “han recurrido a personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial” con dicho fin, aunque no revela ninguna identidad. El propio González las reconoció en su declaración ante el juez, aunque sin concretar.

El juez Velasco ya interrogó sobre estas fugas de información a algunos de los imputados. Al presidente de La Razón, Mauricio Casals, que declaró el 20 de abril como investigado, aunque días después se le retiró dicha condición, le preguntó por la identidad de la magistrada que supuestamente le había alertado de la existencia de las pesquisas sobre González y si esta era de la Audiencia Nacional. En el auto por el que al día siguiente envió a prisión al político, el juez Velasco ya destacaba que Ignacio González había conseguido a través de Casals “información sensible sobre la investigación judicial el curso”.

En ese mismo auto, el magistrado hizo hincapié en el encuentro que Pablo González tuvo el 8 de marzo, cuando ya era investigado, con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, en la sede del Ministerio. Tras aquella reunión, el hermano del expresidente madrileño mantuvo una conversación telefónica con una tercera persona en la que calificó la misma de “muy interesante” aunque prefirió no dar más detalles “por teléfono”. Ahora, Anticorrupción vuelve a llamar la atención sobre dicho encuentro con Nieto en su último escrito.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/09/actualidad/1494357613_615115.html

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y cooperación" con Ignacio González.

"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo' respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.

En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil colombiana Inassa.

Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.

Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades".

"Fin defraudatorio"

"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa) ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo. Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.

Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal Extensia SA y por los administradores de Inassa".

Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para el control de la operación.

En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.

Una propuesta de Bravo

Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".

Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de 2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal. "Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.

Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid", pago que se prolongó hasta 2012.

A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".

En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un máximo nivel en la comunidad autónoma".

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html

EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, fue uno de los cerebros de la operación por la que el Canal de Isabel II pagó 67 millones de euros –75 millones de dólares– por Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombiana.

Canalda era gerente del Canal de Isabel II cuando se produjo la operación por la que el Canal adquirió Inassa, empresa que controla Aguas de barranquilla, a través del paraíso fiscal de Panamá bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

El ex gerente de la empresa pública y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha reconocido a OKDIARIO la compra de Inassa a través de una sociedad panameña. Canalda asegura que fue un “concurso internacional”, que la compra “nunca se ocultó, fue legal y se realizó a través de la sociedad Slasa de Panamá porque era la tenedora de Inassa, así se reflejaba en la licitación” señala.

Además, Canalda sostiene que la compra de Inassa “fue aprobada por el Consejo del Canal de Isabel II, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid. El sobreprecio se justifica en los años de concesión y en las otras sociedades que posteriormente formaron parte de Inassa” concluye.

Don Arturo Canalda González hace saber a OKDIARIO que: “En absoluto en su excargo de gerente de Canal de Isabel II tuvo relación alguna con la compra de Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombianas, siendo totalmente incierto que participara en el desvío de 83 millones de euros a Panamá para efectuar la compra de la filial colombiana Inassa”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/09/cerebro-operacion-actual-presidente-camara-cuentas-comunidad-madrid-975186

NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS INVESTIGADORES

Fuentes jurídicas desmienten “con rotundidad” al fiscal general del Estado. “No hubo error” al hablar de la supuesta investigación chivada del número dos de Interior, según las mismas fuentes, quienes recuerdan en cualquier caso que el escrito “con la supuesta redacción confusa” fue “revisado, aprobado y distribuido sin modificarlo” por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y la Fiscalía General de Maza, en contra de los propios fiscales del caso quienes apelaron al secreto del sumario

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha manifestado este jueves por la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, que en realidad los fiscales del caso Lezo no querían decir lo que dijeron al incluir en su escrito la “presunta investigación chivada del secretario de Estado” de Seguridad, José Antonio Nieto.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER desmienten con rotundidad al fiscal general del Estado. Sostienen que los fiscales del caso “se ratifican y dijeron lo que dijeron”, por la “existencia de una investigación al número 2 de Interior” debido al supuesto chivatazo. Y recalcan que tal y como recoge el escrito, la reunión de Nieto con el hermano de Ignacio González fue de “especial gravedad”.

Una investigación “incipiente” que ha sido “dinamitada” al filtrar el escrito secreto a los medios de comunicación, desde la misma Fiscalía General del Estado que dirige José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado ha llegado a pedir perdón al secretario de Estado de Seguridad en Onda Cero, y a culpar a los fiscales del caso porque a su entender la polémica ha sido provocada por una redacción confusa del texto.

Pero las fuentes consultadas se ratifican en el contenido. Recuerdan que han sido censuradas más de 30 páginas del mismo, y que hay más información sobre el secretario de Estado en el resto. Todo junto cobra coherencia, según estas fuentes.

Además, ese escrito fue revisado por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que según fuentes fiscales, remite cualquier documento de la operación Lezo a José Manuel Maza, antes de su publicación o de que sea remitido a la justicia. Por lo tanto, ambos conocían de esa supuesta “redacción confusa” antes de que fuera conocido, y no lo cambiaron.

Y por otra parte, fue Manuel Moix quien decidió publicar ese escrito del chivatazo, con la opinión contraria de los fiscales del caso, quienes le recordaron que estaba secreto y pidieron distribuir a los medios solo una nota al uso, que expusiera simplemente los motivos para no excarcelar a González. Moix obvió a sus fiscales, trasladó el escrito a la Fiscalía General, y ésta lo difundió a los medios.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/11/tribunales/1494506736_610285.html

LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'

"La redacción del texto no dice eso", asegura la Fiscalía General en referencia a la interpretación del escrito

El secretario de Estado reconoció haber recibido en su despacho al hermano del presunto cabecilla de la trama corrupta, Pablo González

La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que aclara que una de las fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá, ha precisado que Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al mencionarle en un escrito del Ministerio Público con la "presunta investigación chivada".

La aclaración ha sido la siguiente: "La Fiscalía Anticorrupción confirma que la expresión recogida en el dictamen del Ministerio Fiscal en modo alguno quiere imputar ningún delito al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto 'chivatazo".

Previamente, la Fiscalía General del Estado ya había interpretado que el escrito en el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González por la operación Lezo no señalaba al secretario de Estado de Seguridad como autor del presunto chivatazo al expresidente de la Comunidad de Madrid.

El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, dice textualmente lo siguiente: "El día 6 de marzo del 2017, en el despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".

Preguntadas fuentes de la Fiscalía General si la frase "presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad" apunta a Nieto como autor del chivatazo, éstas señalaron: "La redacción del texto no dice eso".

El escrito que ha sido facilitado a la prensa –y del que se han eliminado 38 páginas aludiendo al secreto de las actuaciones–, se señala que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.

El pasado 28 de abril el secretario de Estado confirmó en el Congreso que recibió en su despacho a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama corrupta. En dicho encuentro, según su versión, no se habló de ninguna investigación y menos de la operación Lezo que no conoció hasta que estalló el 19 de marzo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/09/nieto_exige_los_fiscales_que_aclaren_acusan_ser_chivato_lezo_hagan_una_nota_desmentido_64855_1012.html

INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ

En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, José Antonio Nieto exige saber "los cargos que se le imputan y sobre la base de que hechos objetivos"

El Ministerio del Interior responde a la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito remitido esta tarde a la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el ministerio exige a los fiscales que aclaren si le acusan del "chivatazo" al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Según recoge este documento, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido a los fiscales que están coordinando la conocida como operación Lezo que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle con el presunto hecho delictivo de haber alertado a Ignacio González de que se iba a desarrollar la operación Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de oposición a la petición de excarcelación de Ignacio González que "en una reunión mantenida en el despacho de González el pasado 6 de marzo los tres hermanos González evidenciaron intere por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado de Seguridad.

Ahora Interior exige saber si es cierta esta acusación y de serlo saber "en qué términos se ha producido, cuáles son los cargos que se imputan al Secretario de Estado y sobre la base de qué hechos objetivos".

Interior añade que en caso de que la acusación sea cierta la Fiscalía Anticorrupción tiene que explicar por qué hasta ahora "no ha sido notificada a quien suscribe referencia alguna sobre hechos tan graves como para sustentar dicha acusación en un escrito oficial del Ministerio Fiscal".

Finalmente el secretario de Estado de Seguridda solicita a Anticorrupción que si no existe acusación emita una nota aclaratoria a los medios de comunicación "matizando o desmintiendo la noticia para evitar el daño que dicha información está provocando a la Secretaría de Estado de Seguridad y a su titular".

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/09/tribunales/1494358535_359362.html

NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON

El secretario de Estado de Seguridad afirmó este miércoles que en su vida había hablado con Ignacio González

Ambos políticos formaron parte del Consejo Rector del consorcio público Casa Árabe entre 2011 y 2015

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Nieto insiste en que ambos ni se conocen ni hablaron porque Nieto nunca asistió a ninguna reunión de Casa Árabe

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero que en su vida había hablado con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Que no le conocía. infoLibre ha podido comprobar que entre 2011 y 2015 ambos formaron parte del consejo rector de Casa Árabe, un consorcio público que celebra reuniones periódicas. Según defiende Interior, Nieto no coincidió jamás en Casa Árabe con el expresidente madrileño, ahora encarcelado en el marco de la operación Lezo. "Nunca coincidieron ni compartieron ninguna reunión porque el secretario de Estado no acudió a ninguna", insisten a preguntas de este periódico.

"No conozco a Ignacio González. Nunca le he conocido. Nunca he tenido relación con él [...] Con Ignacio González no he hablado en mi vida". Así se pronunciaba este miércoles ante los micrófonos de Onda Cero el secretario de Estado de Seguridad. Si cuando estalló la operación Lezo, se supo que Nieto se había reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González, esta semana un escrito de los fiscales del caso le apuntaba como responsable de la "chivada" a los González para alertarles de la operación. Una afirmación que llevó a Fiscalía a aclarar que no quería imputar ningún delito a Nieto. Los dos hermanos González están ahora en prisión.

El primero de los episodios llevó a Nieto ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde reconoció haberse reunido con Pablo González pero sólo para cuestiones de Mercasa, la empresa pública en la que el hermano del presidente madrileño era directivo. El segundo, le condujo a pedir a la Fiscalía que le imputase si tenía pruebas de ese chivatazo.

Dependiente de Exteriores

Casa Árabe es, según se explica en su página web, "un consorcio público español liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que opera como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe". Con sedes localizadas en Madrid y en Córdoba, fue fundada en el año 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito entre Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.

A día de hoy, está presidida por el ministro del ramo, y sus vicepresidentes son la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Córdoba. Los Reyes de España son sus patronos de honor. Esta estructura es la que llevó a Nieto y a González a formar parte del Consejo Rector. El secretario de Estado, y así figura en documentos oficiales de Casa Árabe y en el BOE, integró el citado órgano en sus años al frente de la Alcaldía de Córdoba (junio 2011-junio 2015). González, por su parte, figura como vocal en la reunión de diciembre de 2011. Era vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional. Un año después, en la cita del Consejo Rector de diciembre de 2012, ya figura como vicepresidente de este órgano. Fue en septiembre cuando Esperanza Aguirre le cedió el testigo en su primer anuncio de dejar la política.

Rastro en el BOE y en las memorias oficiales

"El Consejo Rector actúa como órgano colegiado de dirección de Casa Árabe y ostenta la superior autoridad dentro del Consorcio y está conformado por los miembros designados y revocados por las administraciones consorciadas", informa Casa Árabe.

Boletines Oficiales del Estado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 consultados por infoLibre incluyen a González y Nieto como integrantes de este Consejo Rector. Asimismo, se les menciona, como asistentes, "bien personalmente o mediante representación", a estas reuniones en los documentos de la Casa Árabe en los que este ente rinde cuentas de su funcionamiento anualmente. Concretamente, se trata de los días 2 de diciembre de 2011, 12 de diciembre de 2012, 18 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2014.

Pese a ello, en Interior insisten en desvincular al secretario de Estado de Seguridad y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Destacan que el puesto de "patrono" de Nieto en Casa Árabe se debía exclusivamente a su condición de alcalde de la ciudad de Córdoba y que que "jamás coincidieron en ninguna reunión, ni hablaron por teléfono sobre los asuntos de dicha entidad, ni intercambiaron correo o documento alguno sobre las actividades de Casa Árabe". En definitiva, que no tuvieron contacto de ningún tipo.

Delegaba en otros consejeros

Esto fue así, informan en el ministerio, porque Nieto delegó su asistencia a estas reuniones en otros miembros de su equipo. "Siempre delegaba en el concejal de Cultura o en el concejal de Presidencia", aseguran las citadas fuentes.

Desde que Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril en el marzo de la operación Lezo, el Gobierno de Rajoy se ha visto salpicado por múltiples sospechas de injerencias en la Justicia. Este escándalo no sólo ha puesto el foco sobre las prácticas de Ignacio González y sus fieles en sus años en la Comunidad de Madrid y en el PP regional, sino que ha hecho que salgan a la superficie las actuaciones de algunos de sus protagonistas para intentar tapar o frenar los hechos investigados. Unas actuaciones que han salpicado a los departamentos de Interior y de Justicia. Si en el caso del departamento de Interior, el grueso de los focos está sobre Nieto, en el caso de Justicia, el ministro Rafael Catalá, y el propio Rajoy, han tenido que salir a defender la labor del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

De la defensa de Nieto se ha encargado el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, desde el momento en el que, días después de la detención de González, la cadena Ser adelantó unas grabaciones en las que su hermano Pablo se refería así a la reunión con el secretario de Estado: "El encuentro ha sido muy interesante. Te lo contaré pero no por teléfono". Un encuentro que según el auto del juez Velasco se produjo justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado.

"Ojalá la conversación con Pablo González esté grabada y termine ya esta pesadilla", deseaba Nieto en la misma entrevista radiofónica en la que aseguró no conocer al expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP madrileño.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/nieto_coincidio_cuatro_anos_con_ignacio_gonzalez_direccion_casa_arabe_pero_sostiene_que_nunca_hablaron_reunieron_64943_1012.html

OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ

El empresario De la Joya admite al juez que OHL transfirió 1,4 millones de México a Suiza para Ignacio González

El juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el PP conocía

La constructora OHL ha emitido un comunicado en el que admite haber realizado en noviembre de 2007 dos transferencias que suman 2,5 millones de dólares a la cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza de la sociedad panameña Lauryn Group, aunque niega cualquier irregularidad. Esa cantidad se corresponde al cambio de la época con 1,8 millones de euros. Lauryn Group es una empresa controlada por el empresario Adrián de la Joya, que ante el juezEloy Velasco y en una entrevista en EL MUNDO señaló que el consejero de OHL Javier López Madrid le había indicado que le había hecho una transferencia de 1,4 millones de euros desde México destinada a pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. "No recuerdo realmente si fue esa cantidad o si incluso fue algo mayor", le dijo De la Joya a este diario.

El juez de la operación Lezo considera que pudo tratarse de un intento de soborno a cambio de que la constructora recibiera la adjudicación del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. De la Joya añade no obstante a su versión que, cuando supo que ese dinero era para pagar a un político, se negó a entregarlo y decidió quedárselo para cubrir los gastos de un trabajo que estaba haciendo para OHL en Burkina Faso. López Madrid fue detenido después del registro de las oficinas de OHL en Torre Espacio y quedó en libertad con la condición de abonar una fianza de 100.000 euros, después de negar cualquier participación en los hechos.

El Grupo OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo resultado ha dado traslado al juez, y ha obtenido el rastro de esas transferencias "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". De estos hechos ha informado igualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Según la empresa, la investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa alguna en el grupo". Además, según las conclusiones del análisis interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las efectuadas por OHL México, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

"Transacciones normales"

Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están "debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha, Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el grupo OHL".

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA FUGARSE

El expresidente madrileño alega la boda "en pocos meses" en su recurso de excarcelación

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo, ha solicitado su excarcelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse porque tiene sus bienes embargados y la mayor de sus hijas "va a celebrar su boda en pocos meses".

Argumenta González que es "materialmente imposible" que se fugue porque carece de medios económicos al estar los suyos embargados y porque dispone de un "arraigo notorio" en España, donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales está a punto de casarse.

Así se señala en el recurso, adelantado por la Cadena Ser, en el que la defensa de González asegura que las pruebas contra él de las que dispone el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, no justifican una medida tan gravosa como es su prisión incondicional.

Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión sin fianza- han recurrido directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.

En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de lo Penal que una de sus hijas, de 18 años, es estudiante; que su padre tiene más de 90 y que no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar". Tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado están siendo investigados por la causa derivada de la Operación Lezo.

"Huir es impensable"

"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita". La "notoriedad pública" de González, añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.

A lo largo de su recurso, el abogado Esteban Mestre destaca también que el auto de prisión dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 "no fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez cuál es el verdadero motivo que lleva a aplicar una medida tan drástica como es la prisión provisional y, además, incondicional".

Considera la defensa de González que la prisión puede entenderse como una "medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado "resulta inadmisible".

El recurso presentado por el abogado Miguel Bajo en representación de Rodríguez Sobrino argumenta, por su parte, la falta de motivación del auto recurrido y la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.Incide igualmente en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.

El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" que la prisión incondicional como podría ser la prestación de una fianza, como se ha hecho en el caso de otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer ante el Juzgado "los días que tuviera a bien señalar" la Sala de lo Penal.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493831423_932259.html

"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA CIFUENTES

Ignacio González intentó influir en altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente para que se suministrara agua al campo de golf gestionado por su amigo el empresario Joaquín Molpeceres

Ignacio González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos públicos favores para empresarios próximos a él. El sumario del caso Lezo, que ha acabado con González en prisión, revela que el ex presidente madrileño intentó presionar a varios miembros de la actual cúpula de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para que ayudaran al empresario Joaquín Molpeceres, que tenía problemas de riego en el campo de golf que gestiona en Alcalá de Henares. Molpeceres aparecía como donante en los papeles de Bárcenas y ha declarado como testigo en el caso Gürtel. No lo consiguió, ya que Medio Ambiente rechazó de plano lo que solicitó el empresario.

Los investigadores han hecho un relato secuencial de la ayuda reclamada por Molpeceres y las gestiones hechas por González. El empresario, ya mayor, pidió al ex presidente regional que intercediera ante el director del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) para que este último, José María Moreno Martín (antes alcalde de Moralzarzal), supiera de primera mano que Molpeceres era "amiguete" y que iba "recomendado". González llamó a Moreno, al que pidió discreción porque no quería "aparecer en ningún lado" y presentó a Molpeceres como empresario de "toda la vida". Imidra es el dueño de la finca El Encín, donde se ubican las 153 hectáreas del campo de golf de Molpeceres.

El problema, según explica González en las llamadas que estaban siendo escuchadas por la UCO, es que el desarrollo urbanístico de la zona quedó paralizado por la crisis y no se construyó una depuradora que estaba prevista en el municipio de Meco para abastecer de agua al campo de golf. Para salir del apuro, Molpeceres estaba tomando agua de Alcalá, "pero está colmatada y no era suficiente, y luego del río". González señala que Molpeceres estaba teniendo problemas "con los cambios de la gente" (en el Ejecutivo regional) y pide a Moreno que reciba a Molpeceres. El alto cargo lo hace: "Vemos cuál es el problema que tiene y en lo que podemos ayudar lo hacemos", le dice Moreno a González. Este insiste en que su nombre no puede aparecer, ya que basta con que Cifuentes lo sepa para que piense que es algo "malo".

La reunión no debió salir bien. Molpeceres le dice a González que encontró a Moreno "muy dubitativo" y señala que este le comentó que debería tratar el asunto con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cifuentes y coordinador general del PP de Madrid. Taboada ya fue alto cargo en los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Molpeceres le pregunta a González si "llegan" a Taboada, a lo que el ex presidente responde: "Sí llegamos, sí, sí".

Taboada, más próximo "a la otra"

Lo único que quería Molpeceres es que alguien relevante de la comunidad escribiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que cede agua al Imidra, para que a su vez derivara 40.000 metros cúbicos al campo de golf. En una llamada intervenida el 19 de diciembre de 2016, González le explica que Taboada le debe todo, pero que quizás en estos momentos su posición sea más próxima "a la otra", en relación a Cifuentes. Molpeceres pregunta a González cómo tratar a Taboada en una futura reunión: "¿Y qué tal?, ¿se puede hablar de ti con él o no?, ¿es amigo tuyo?".

Molpeceres consulta a González si cree conveniente que también le diga a Taboada que "de vez en cuando echa una manita y tal, porque es el que puede darme lo del agua de ahí, lo del campo de golf a través de Imidra, porque este es el consejero del que está de director general del Imidra". A pesar de esa 'manita', Molpeceres acaba de declarar en el juicio de la Gürtel que no donó ni financió al PP. González le transmite tranquilidad porque "está todo controlado", ya que también conoce al nuevo director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, nombrado en noviembre de ese año. "A ese, a ese también le conozco, entonces bueno, pues se puede hacer alguna cosilla por ahí". Sanjuanbenito ya estuvo en el Gobierno regional entre 2004 y 2010, primero como asesor y luego como jefe de gabinete de la Consejería de Deportes y Turismo.

González también intentó contactar con otro alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente, Mariano González Sáez, que fue el predecesor de Sanjuanbenito hasta que fue destituido. Cifuentes le ha recolocado ahora como nuevo comisionado para el Cambio Climático. González pide ayuda para contactar con él a Borja Sarasola, exconsejero de Medio Ambiente. "No se pueden enterar que hablo con él", menciona González. El sumario revela que finalmente Ignacio González contactó con Mariano González y que le envió documentación. Pero días después la secretaria personal del expresidente le dice que han cesado a Mariano, "el de los papeles que estaba con Taboada". Las gestiones de Ignacio González fueron infructuosas, ya que el Imidra rechazó finalmente atender las peticiones de Molpeceres.

Adjudicado en el año 2006

La UCO ha hecho sus pesquisas sobre el campo de golf. La finca donde se construyó, El Encín, está en Alcalá de Henares. En el año 2006, la empresa pública Alcalá Natura 21 adjudicó a la empresa Desprosa, de Molpeceres, la explotación de la instalación deportiva durante 35 años. En 2009, Desprosa y el Canal de Isabel II suscribieron un convenio para suministrar agua regenerada para el riego del campo. En ese año, González ya era presidente del Canal. En 2010, González también asumió la presidencia de Alcalá Natura 21. En 2011, Desprosa también ganó la adjudicación de otro proyecto, Naturalcalá, un complejo de ocio independiente al campo de golf pero anexo. En junio de 2013, el Supremo declaró ilegal el plan urbanístico de Alcalá que autorizó la construcción del campo de golf, pero este siguió abierto y operativo, con los problemas de riego que llevaron a González a interceder.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-01/taboada-cifuentes-ignacio-gonzalez-lezo-golf-encin_1373568/

LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA, POLICÍA Y MEDIOS

El expresidente madrileño y sus acólitos ampliaron sus influencias en la carrera judicial y fiscal, en la Policía y en prensa para protegerse de la Justicia.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabía que era cuestión de tiempo que la Justicia diese con él. Durante años ha utilizado sus cargos públicos para enriquecerse personalmente de manera ilícita a través del desvío de dinero público y comisiones ilegales, lo que le ha permitido vivir por encima de sus posibilidades tal y como acreditan sus inversiones y sus adquisiciones. Sin embargo, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre y sus principales cómplices han intentado hasta el último momento mover todos sus hilos para evitar ser atrapados.

De la investigación de la Operación Lezo, por la que fue detenido y enviado a prisión la semana pasada, se desprende que los principales investigados -es decir, González, su hermano Pablo y el consejero delegado de La Razón y exdirectivo del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, principalmente- habían ampliado su círculo de acción en los últimos meses a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.

“Todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. Aparece un ejemplo claro de práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la justicia”, recogen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que han liderado la investigación.

Tal y como se ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos días, González mantuvo contactos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le llegó a decir a través de un mensaje de texto telefónico "ojalá se arreglen pronto los líos” cuando el expresidente madrileño ya estaba investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Estepona y tenía abierta esta otra investigación, aunque en ese momento (noviembre de 2016) era secreta.

En busca de una fiscalía amable

Con sus comunicaciones intervenidas en los últimos meses, los investigadores han podido escuchar cómo González mantenía comidas, por lo menos mensuales, con magistrados de la Audiencia Nacional, del propio Tribunal Constitucional, y con exvocales, vinculados al Partido Popular, del Consejo General del Poder Judicial.

Una de las principales preocupaciones de González era que los cambios que debían venir en la Fiscalía con el nuevo Gobierno le fueran favorables para intentar archivar la causa por el ático de Estepona y evitar que saltara un nuevo escándalo sobre él, como al final ha ocurrido.

Su fiscal favorito para ocupar la Fiscalía Anticorrupción era Manuel Moix, como así ocurrió. Sus influencias con gente que mantenía contactos con personas del más alto nivel en el Tribunal Supremo le ayudaron a saber con antelación que el nuevo fiscal general del Estado iba a ser una persona que a su juicio iba a ser beneficiosa para él; este es José Manuel Maza.

Como publicó en exclusiva este diario, en las grabaciones a Ignacio González aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía especial.

Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno”.

Sin embargo, González llegó tarde. Para cuando el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue reelegido, en noviembre del pasado año, la investigación por el caso Lezo ya estaba muy avanzada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil llevaban investigando desde 2015. El asunto ya se había judicializado en la Audiencia Nacional y desde julio de 2016 ya estaban siendo investigados por un juez, primero por Alejandro Abascal y después por Eloy Velasco. Cuando Moix aterrizó en Anticorrupción, a finales de febrero, la operación para proceder a la detención de los principales investigados ya estaba prácticamente cerrada.

González llegó tarde

El juez tenía todos los informes de la UCO y de Anticorrupción encima de la mesa, con el aval y visto bueno del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, y de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. González llegaba tarde y su detención sería difícil de evitar. Es más, en las grabaciones al expresidente madrileño también se desprende cómo éste estaba preocupado por si Madrigal seguía en su puesto, tal y como se había publicado en aquellos días en la prensa. Un magistrado de la Audiencia Nacional le tranquilizó explicándole que había sido una filtración interesada del entorno de Madrigal pero en realidad el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había declinado por Maza, un magistrado fuera de la carrera fiscal.

No obstante, este “grupo mafioso” lo intentó hasta el final. Según se desprende de la investigación, en el mes de marzo el hermano de González, Pablo -también en prisión hasta que consiga recaudar una fianza de 4 millones de euros-, consiguió reunirse con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Larevelación de este encuentro ha obligado al número dos del ministro Juan Ignacio Zoido a comparecer en el Congreso de los Diputados.

Los tentáculos de los González han obligado ya a dar explicaciones al ministro de Justicia, al secretario de Estado de Interior, y ha forzado la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz el PP en el Ayuntamiento de Madrid, por no vigilar las fechorías de sus número dos durante años cuando presidía la Comunidad de Madrid. Varios trabajadores del Canal y miembros del PP intentaron denunciar las irregularidades de González, pero en el partido se prefirió mirar hacia otro lado, como se ha desvelado tras el estallido de la Operación Lezo.

Este caso judicial también ha puesto entre las cuerdas al recién llegado fiscal jefe de Anticorrupción, por ordenar dos días antes de lanzar la operación que no se procediera a los registros en el Canal de Isabel II que afectaran a la 'era Gallardón', lo que provocó la férrea oposición de los dos fiscales del caso, con el apoyo de todos sus compañeros. Todos los partidos de la oposición ya han solicitado la comparecencia de Catalá para explicar las presiones en la Fiscalía y la reprobación tanto del fiscal general como del propio Moix.

En estos días, también se ha conocido que tras el enfrentamiento de los fiscales Anticorrupción con su jefe, quien nada más llegar al cargo ordenó frenar parte de la investigación, este último ha 'invitado' a los dos encargados del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez a abandonar el caso y su puesto en Madrid. Según diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido, a uno de ellos le dio una semana para dejar la causa y a otro le dio tres días para presentar su cese en la Fiscalía Anticorrupción.

Estos encuentros y contactos de González y su entorno tienen mayor relevancia si se tiene en cuenta que alguien alertó a González de que estaba siendo investigado. Los investigadores sitúan el posible 'chivatazo' por lo menos dos meses antes del operativo. En las conversaciones telefónicas mantenidas por González se detecta que en los últimos meses habían rebajado su nivel de confidencias. Es más, el día antes del encuentro de Pablo González con el secretario de Estado de Interior, todos los hermanos se reunieron a primeros de marzo y el expresidente madrileño les comunicó que estaba siendo investigado.

Los investigados tuvieron un 'chivatazo'

A pesar de que se desconocía hasta hace diez días que era el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quien capitaneaba la investigación a González, el expresidente madrileño ya mantuvo conversaciones de la necesidad de echar a este juez de la Audiencia, tal y como publicó este diario.

Según consta en la causa, González y su círculo próximo mantenían relaciones con un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de interés para los asuntos judiciales que les atañen. Aprecian igualmente que tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto que ponen de manifiesto que sus teléfonos pudieran estar “pinchados” porque se lo ha dicho una magistrada amiga (sin identificar).

Medios de comunicación como aliados

El núcleo duro de la organización también tenían claro que necesitaban a los medios de comunicación como otra medida de presión para evitar que sus investigación fueran a buen puerto. En este marco, los investigadores destacaban la relación que los investigados mantenían con el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y con su director, Francisco Marhuenda: “Se aprecia la capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal y Francisco Maruhenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid”, recogen los informes policiales.

Casals y Marhuenda han estado investigados aunque el juez, a petición de la Fiscalía, finalmente decidió archivar el caso respecto de ellos después de que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negara que haya sido coaccionada -a pesar de las conversaciones grabadas que dicen todo lo contrario- para evitar que se denunciaran las irregularidades del Canal.

De las conversaciones intervenidas se desprende el “alto grado de complicidad” que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los suyos” -en referencia a Edmundo Rodríguez, consejero delegado de La Razón y ex directivo del Canal-. “No dudan en planificar actuaciones exclusivamente dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones judiciales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170430/212478977_0.html

GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A FISCALES AFINES

El expresidente de la Comunidad de Madrid y Enrique Arnaldo Alcubilla maniobraron para intentar detener los frentes judiciales de González mediante fiscales afines

El exvocal del PP en el CGPJ y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte Enrique Arnaldo Alcubilla maniobró para que Ignacio González se viera favorecido en los frentes judiciales que tenía abiertos, según se desprende de las conversaciones telefónicas pinchadas incluidas en el sumario de la Operación Lezo, que han sido reveladas por La Sexta.

En la conversación que mantiene con Enrique Cerezo, empresario y presidente del Atlético de Madrid, González se refiere a la jueza que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, de la que dice: "Ahora la niñata esta de mierda de ahí abajo, es una tonta del culo, pues claro...". A continuación, el expresidente del la Comunidad de Madrid entra ya en terreno de los fiscales: "Y luego, el otro, pues... el fiscal... otro que tal baila, macho".

En otro diálogo, Cerezo le dice a González: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que ya no estarán protegidos como antes". El exdirigente del PP le responde: "Bueno, de momento, ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción. O sea, tienen que nombrar un fiscal anticorrupción".

Es entonces cuando se produjo la charla desvelada hace unos días entre el exministro de Trabajo con Aznar, Eduardo Zaplana, y González sobre la llegada al puesto de Manuel Moix, en la que González le dice: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno". También le comenta González, sin una clara referencia: "Este venía diciendo que era muy amigo de Marchena [el juez]. Yo creo que quien mueve a todos estos es ese círculo. Enrique López [exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y ahora juez de la Audiencia Nacional] más Enrique Arnaldo".

En otra conversación, el expresidente de la Comunidad de Madrid habla con Zaplana de la siguiente manera: "En un reservado siempre [...]. Y yo le digo a estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es mejor poner a Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal".

Según las conversaciones reveladas por La Sexta, meses antes del estallido de la Operación Lezo, y días antes del nombramiento (el 11 de noviembre de 2016) de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, se produce la siguiente conversación entre Arnaldo y González:

Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal.

González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.

Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno.

Tras el nombramiento de Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:

Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!

González: No, ¿no? Has acertado.

Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!

González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?

Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.

Según las escuchas, el expresidente de la Comunidad también le preguntó al exvocal del CGPJ por la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.

González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!

Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente

González: Porque es que si no...

Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce.

Según La Sexta, días después charla con Zaplana sobre Maza y Moix.

González: Este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer, que tal y que cual. Y digo, oye, quedan aún nombramientos importantes. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío bueno, se llama Moix. Es un tío serio y bueno.

Tras el efectivo nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción, vuelven a charlar sobre otro puesto, en este caso el del fiscal de la Audiencia.

González: Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa: Oye, Rafa. ¿Sabes? Este, ¿cómo se llama? Jesús [ininteligible]. Voy a ver si se lo puedo hacer llegar.

El nombramiento de Jesús Alonso Cristóbal como fiscal jefe de la Audiencia Nacional también se produjo. Hace unos días se supo que el titular de Justicia envió un SMS el pasado noviembre a Ignacio González en el que le decía: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", en el que hacía referencia supuestamente a la implicación del expresidente de la Comunidad de Madrid en el caso del ático de Marbella.

http://m.publico.es/politica/1997836/gonzalez-maniobro-con-un-exvocal-del-cgpj-vinculado-al-pp-para-colocar-a-fiscales-afines

LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES

Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero

El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza

Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos públicos por laSexta en exclusiva.

En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.

Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del ático del expresidente madrileño.

Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP. Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro cambiar la pieza principal".

"Moviéndote como corresponde"

A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a Consuelo Madrigal.

El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".

Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".

Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.

"No me corto"

En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente fiscal, Jesús Alonso.

El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un "mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes, el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el sobreseimiento.

Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.

Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

"Que lo estaban mirando"

En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".

El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos

Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta, de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".

Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio González-Cavero.

Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.

El fiscal superior de Málaga

González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción". Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la provincia andaluza.

Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.

Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino, realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.html

LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN LEZO

Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación

La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales acabaran perjudicando a Ignacio González.

Los hermanos González intentaron frenar Lezo

Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política, para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar un operativo.

Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.

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La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010

La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde. En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala, Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con él sólo dos días después, el 8 de marzo, en una visita que ha reconocido el número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en ciernes.

A continuación, los hermanos González pasan a tratar la información que les ha puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy directamente al político popular".

Rastreó el origen de una información en prensa

Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique Ossorio, que la UCO identifica como el ex consejero de Economía y actual portavoz del PP en la Asamblea, y por tanto, jefe de filas de Isabel González. Los investigadores creen que Natalie había obtenido la información de Julen Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la Ariza junior estuvo vinculado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad. Un portavoz del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid quiere matizar que nunca ha habido una secretaria en el grupo que responda al nombre de 'Natali' o Natalia.

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A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación. "¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel, por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.

Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte con su abogado "para que no le pille por sorpresa".

El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la diputada regional que, además, está casada con otro de los principales implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/uco-grabo-ignacio-gonzalez-hermana-diputada-intentando-evitar-operacion-lezo_1373431/

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.

Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un furgón a la cárcel de Soto del Real.

Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado inhabilitado de la Audiencia Nacional.

Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha, desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las negociaciones entre el PP y Ciudadanos.

En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día senador por designación de la Comunidad de Madrid.

Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia, se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: “Desde que dejé la política he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso“, señaló.
Avisó al juez Velasco

El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao, tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora, insobornable y tozuda.

El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas, pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González, intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la Comunidad de Madrid, siendo él presidente.

Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.

Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.

Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro “Cuestiones

Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance“, el cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código de buenas prácticas.

https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438

EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER

El abogado José Luis Mazón amplía la denuncia disciplinaria interpuesta en el Consejo General del Poder Judicial.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Contrapoder, ha presentado en el Consejo General del Poder Judicial una ampliación de la denuncia interpuesta contra el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de las operaciones Púnica y Lezo, en relación a una supuesta actuación del magistrado ante la Comunidad de Madrid pidiendo la contratación de su esposa, abogada de profesión.

La denuncia inicial se basaba en una conversación interceptada al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los investigadores de la operación Lezo, en la que el político habría hecho alusión a supuestas peticiones del juez Velasco para que se colocara a su mujer. De ser acreditadas, sostiene, el instructor podría haber incurrido en faltas disciplinarias de "abuso de la condición de juez" e incumplimiento del deber de abstención. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ya ha pedido un informe al magistrado sobre esos extremos.

Este martes Mazón ha presentado en el órgano de gobierno de los jueces un nuevo escrito en el que precisa que el puesto al que accedió la mujer de Velasco fue el de fiscal sustituta y señala que "la persona con la que el magistrado gestiona la contratación de su esposa es el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria (2012-2015), hoy imputado-investigado en la operación Púnica a cargo del mismo juez".

Victoria fue también portavoz del Gobierno presidido por Ignacio González en ese mismo trienio. Según el nuevo escrito de Contrapoder, los contactos de Velasco no habrían sido con el entonces jefe del Gobierno regional madrileño sino con su consejero de Justicia, gestor de las competencias transferidas en esta materia.

El denunciante solicita que el informe pedido a Velasco se amplíe a sus supuestos contactos con Salvador Victoria.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214729015_0.html

EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un posible chivazato a González por una magistrada

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que este se asombra de la conducta del juez

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partido Contrapoder para aclarar si el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press, el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del caso Lezo preguntó a González –antes de tomarle declaración como investigado– si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales. Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido "el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave" prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales", según los denunciantes.

La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso "por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía".

Por otro lado, el Promotor excluye de esa petición de informe otros hechos denunciados como "conexos" referidos a un posible chivatazo a González y otros implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos "no guardan relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia".

Aún así, cree que sí "parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal" que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio "por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal".

Para Contrapoder esta filtración supone la comisión de un delito de revelación de secretos, ya que la magistrada "amiga de la casa" que advirtió al expresidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono, "tuvo que recibir la información de persona directamente implicada en la investigación", haciendo alusión a Velasco.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/08/el_cgpj_investigara_juez_velasco_solicito_trabajo_para_mujer_ignacio_gonzalez_64774_1012.html

DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE COLOCARA A SU MUJER

El partido Contrapoder cree que, de ser cierto, constituiría una falta muy grave por "abusar de la condición judicial".

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, tendrá que pronunciarse sobre la trascendencia de una supuesta actuación del instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien, de acuerdo con una conversación interceptada durante la Operación Lezo, habría pedido a Ignacio González que colocara a su esposa en la Comunidad de Madrid. González, ex presidente del Gobierno madrileño, está en prisión desde el pasado viernes por orden de Velasco.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Contrapoder, ha presentado este miércoles una denuncia ante el CGPJ para que esta institución determine si el hecho es cierto y si, en ese caso, Velasco podría haber incurrido en una falta muy grave consistente en "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales" (artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Toda denuncia sobre la actuación de un juez debe ser objeto de un informe de la jefa del Servicio de Inspección, Esperanza Córdoba, en el plazo de un mes. Habitualmente se pide al juez afectado que exponga las consideraciones que desee sobre la denuncia y luego la Inspección decide si procede el archivo, la apertura de diligencias informativas para realizar más averiguaciones o la apertura directa de un expediente disciplinario.

La denuncia de Contrapoder se basa en la información publicada por EL ESPAÑOL en la que se daba cuenta de que el instructor de la Operación Lezo se ofreció a abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos antes de tomarle declaración dada la existencia de una grabación interceptada por la Guardia Civil. En ella, el expresidente de Madrid aseguraba que Velasco podría estar contaminado para investigarle, ya que la Comunidad, con González al frente, contrató a la esposa del juez, que es abogada, para que prestara servicios legales tras una presunta petición del magistrado. No obstante, ni Ignacio González, ni su defensa ni la Fiscalía vieron motivo alguno de abstención o recusación.

La denuncia se centra en si esa petición pudo tener lugar realmente. "Si existe esa grabación y su mujer ha sido efectivamente contratada, lo que parece que es cierto, que lo ha sido dentro del organigrama de la Consejería de Asuntos Sociales dependiente del Gobierno presidido entonces por González, los hechos son gravísimos", sostiene el denunciante.

En su opinión, si un juez pide a un político trabajo para su mujer "evidentemente tiene interés directo o indirecto en devolverle el favor y se tiene que abstener a la fuerza".

Apariencia de imparcialidad

"Velasco se ofrece a apartarse si se lo pide el propio presunto patrocinador del empleo de su mujer, como si la apariencia de imparcialidad fuera cosa dependiente de que él quiera o de que lo pida el encausado, que puede tener interés en que más adelante le devuelva el favor. La prisión incondicional no lava la presunta acción del juez pidiendo empleo para su mujer a quien luego instruye causa penal", añade la denuncia, que considera que la posible infracción disciplinaria estaría en "colocar el juez a la mujer valiéndose de sus influencias profesionales".

La denuncia recuerda también que del Juzgado Central de Instrucción número 6 pudo salir el 'chivatazo' de que Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino tenían interceptadas sus comunicaciones meses antes de que se produjeran sus detenciones.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211479469_0.html


ESPERANZA AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS

La expresidenta de la Comunidad de Madrid deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid

"Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito", ha afirmado Aguirre, que estaba bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, sucesor de la dirigente popular en la Comunidad de Madrid y su estrecho colaborador, por un supuesto caso de desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II. "Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la Guardia Civil y el Juez", ha reconocido la ya exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

La corrupción se ha convertido en "un problema central" de la política española, ha puntualizado la popular. "Para luchar contra ella no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta. Los ciudadanos tienen derechos a exigir que los políticos asumamos todas las responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades", ha afirmado antes de salir de la sala de prensa abarrotada de cámaras y periodistas.

Unos minutos antes Aguirre envió un sms al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que estaba reunido con el presidente de Brasil, Michel Temer, que iba a presentar su dimisión, según han explicado fuentes del PP a EL PAÍS. Sin hablar directamente con Cristina Cifuentes, la popular decidió utilizar un método parecido al empleado en 2016 cuando renunció a liderar el PP madrileño. Su número dos, Íñigo Henríquez de Luna, habló con Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario general de organización del PP, para comunicárselo oficialmente.

Entre 2003 y 2012, Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. En este periodo González ejerció de mano derecha de la dirigente popular, controlando el Canal de Isabel II. En 2012, Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid "por motivos personales" y González, su segundo, la sustituyó hasta el año 2015. El pasado 20 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid fue arrestado junto a otros 11 sospechosos por participar en una presunta red de corrupción investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y dirigida por el juez Eloy Velasco. A partir de ese momento, recibió presiones tanto dentro como fuera del PP para que reflexionara sobre su continuidad.

En febrero de 2016, Aguirre ya dejó la dirección del PP madrileño por su "responsabilidad política in vigilando" ante distintas imputaciones de corrupción por el caso Púnica de dirigentes del partido en su comunidad. Algunos dirigentes del PP invocaron ese mismo principio para forzarla a presentar la dimisión. La trama Púnica involucró a Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid, arrestado en octubre de 2014 por estar supuestamente implicados en una red de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.

Durante los años de gobierno de la región, Aguirre y sus más estrechos colaboradores hicieron de la Comunidad de Madrid el laboratorio de corte más liberal del Partido Popular. Los arrestos de Granados y González han sido determinantes para que Aguirre tomara la decisión de dejar el acta de concejal.

En 2015, la dirigente volvió a la política activa para liderar la lista del PP en las elecciones municipales. Tras la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena (Ahora Madrid), gracias al apoyo del PSOE, la popular lideró la oposición al gobierno local. La misma Carmena sostuvo la semana pasada que, a raíz de la relación de Aguirre con varios imputados en numerosas supuestas tramas delictivas, su continuidad como concejal tenía que ser cuestionada.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/24/madrid/1493024718_660049.html

EL PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA

Jesús Gómez, diputado regional y exalcalde de Leganés, advirtió sin éxito tres veces a Aguirre y dos al equipo de Rajoy

La dirección nacional del PP recibió desde finales de 2014 varias denuncias sobre cuentas ocultas en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González y no investigó ni denunció nada. Mariano Rajoy esperó a que fuera Esperanza Aguirre la que le apartara de repetir en la candidatura a la Comunidad de Madrid pero no lo hizo. Un diputado del PP madrileño, Jesús Gómez, relató este miércoles las advertencias que formuló en ese tiempo a Aguirre y al equipo de Rajoy contra González. Otra denuncia anónima convenció a Rajoy en febrero de 2015 de que debía desprenderse de González y nominó a Cristina Cifuentes.

Las derivadas políticas de la Operación Lezo han anegado al PP y a la Comunidad de Madrid de sospechas de corrupción en toda la etapa de gobierno de Ignacio González, es decir desde que relevó a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012. Pero sus responsabilidades alcanzan de lleno a la dirección nacional del partido presidido por Mariano Rajoy tras admitir públicamente también este miércoles dos de sus principales cargos en el PP en 2014, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera, que recibieron denuncias contra González y no pudieron o supieron hacer nada.

El actual diputado popular en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, exalcalde de Leganés (190.000 habitantes) en la anterior legislatura, puso primero nombres, apellidos y fechas a varias advertencias que él mismo formuló sobre posibles cuentas en Suiza de González tanto a Aguirre como a la cúpula del PP más próxima a Rajoy. Gómez avanzó primero en El Mundo su malestar con el partido por no hacerle caso y este miércoles ratificó que entre abril de 2014 y comienzos de 2015 alertó varias veces a la propia Aguirre y a responsables nacionales del PP de la cuenta suiza de González.

Jesús Gómez hubo un tiempo que mantuvo buenas relaciones con Aguirre, porque le hacía discursos y tenía buena opinión intelectual sobre él y le designó para la alcaldía de Leganés en 2011. Pero Aguirre no fue receptiva a sus avisos, que le repitió tres veces entre abril y verano de 2014, y los interpretó como suele ser habitual en estos casos: como la reacción desesperada de un rebotado al que se iba a apartar de la candidatura municipal. González ya le había avanzado que no iba a repetir.

Gómez decidió entonces actuar por elevación y llamó al secretario nacional de Organización del PP, Juan Carlos Vera, para pedirle una cita fuera de la sede de Génova 13 porque desconfiaba de posibles actuaciones de González. Vera le citó en el Congreso de los Diputados en la tarde del martes 25 de noviembre de 2014. Gómez le reiteró las mismas ideas: que González tenía una cuenta en Suiza y le explicó que Aguirre no quería hacer nada porque confiaba ciegamente en su número dos. Vera no le dejó entonces que le enseñara el número bancario porque quería tener testigos de la denuncia ante la gravedad de los hechos y le volvió a convocar al día siguiente pero en el despacho de su jefe, el entonces vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano.

Gómez reiteró a Floriano lo que le había anticipado a Vera, enseñó un número de una cuenta, que él atribuyó al Anglo Irish Bank de Suiza, pero en el papel no venía siquiera el nombre de González. En esa reunión se explayó, sobre todo, en sus problemas políticos en Leganés, en el boicot que sentía con González (entonces secretario general del PP madrileño tras la detención y encarcelamiento de Francisco Granados) y pidió ayuda para superarlo. Floriano le informó de que las candidaturas locales las aprobaba y ratificaba la dirección regional sin intervención alguna de la nacional.

El encuentro acabó y los representantes del PP nacional no dieron crédito ni a la denuncia sobre la cuenta (por falta de datos fiables y ahora sostienen que por su incapacidad para investigar más internamente) ni tampoco a Gómez, al que atribuyeron intereses políticos para seguir en el cargo. Gómez sí añadió en esa charla que la información sobre la cuenta Suiza le había llegado a través del abogado Gonzalo Boyé, entonces contratado por el ayuntamiento de Leganés para un pleito sobre corrupción y que había tenido acceso a la misma a través de investigaciones por su papel en el sumario del caso de los papeles de Bárcenas.

Gómez aclaró este miércoles que a esa cuenta Suiza llegó el cheque de 1,4 millones de euros de una subsidiaria de OHL en Latinoamérica. En el PP aseguran que nunca les dio a ellos esa información.

En cualquier caso, Carlos Floriano no abrió una investigación interna, no acudió ni a la fiscalía ni al juzgado ni elevó el asunto, según aseguró este miércoles en el Congreso, ni a su superior directa, Dolores de Cospedal, ni a Mariano Rajoy. Consideró la información “más o menos habitual del periodo previo a la formación de las listas” y casi un chascarrillo. Sí pidió una entrevista con González, acudió a su despacho en la Puerta del Sol y le informó de que les había llegado una denuncia sobre una cuenta en Suiza. González reaccionó airado, mencionó de entrada el nombre de Gómez y le descalificó. El PP no hizo nada más.

A los pocos días, el 13 de diciembre, Esperanza Aguirre e Ignacio González se encontraron con Floriano y Vera en una cumbre de presidentes autonómicos del PP en La Granja (Segovia) sobre la Constitución que presidió Rajoy. Se abalanzaron sobre ellos y les reprendieron por dar pábulo a Gómez. Aguirre añadió, además, que el propio denunciante estaba arrepentido e iría al partido a retirar sus acusaciones. Dos días después, el 15 de diciembre, Gómez acudió efectivamente a ver a Vera y le precisó que él no podía acreditar nada pero que la información le había llegado por varias fuentes distintas y pidió que fuera el partido el que indagara más. El PP no lo hizo.

Gómez niega ahora que en su afán hubiera entonces o ahora ningún interés electoral. En aquel final de 2014 estaban por decidir los candidatos locales y el aspirante a la Comunidad de Madrid a las elecciones de mayo de 2015. Gómez anhelaba seguir en Leganés y González en la presidencia regional. Pasaba el tiempo y ninguno era ratificado. Fuentes de la dirección del PP confirman que Rajoy aguardaba a que Aguirre convenciera a González para que abandonase voluntariamente. Nunca se llevaron bien. En 2008, en plena disputa para el polémico congreso de Valencia donde Rajoy se jugó su futuro ante los amagos de Aguirre y la derecha mediática, González le retó incluso en un violento comité ejecutivo.

En febrero de 2015 llegó a Génova 13 otra denuncia anónima sobre otra cuenta Suiza de González. Vera se encargó de nuevo del caso y volvió a llamar a Jesús Gómez para cotejar las dos cuentas. Sus números no coincidían pero Rajoy aprovechó la reincidente sospecha para sentenciar políticamente al expresidente madrileño hoy en la prisión de Soto del Real.

Floriano y Vera, preguntados este miércoles por su participación en esos encuentros, les restaron trascendencia y se remitieron al argumentario oficial del PP que destaca que lo importante de este caso es que González no fue candidato y Cifuentes fue la que lo denunció ante la Fiscalía. Así lo subrayó Floriano: "Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente funciona el Estado de derecho. González no fue candidato y sí lo fue Cifuentes, y todo lo relacionado con la Operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid que preside Cifuentes". Vera destacó que el PP no actuó porque no tenía "datos que pudiéramos contrastar". El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, incidió en esa línea: "Quien tenga información que uno cree relevante debe ponerlo en comunicación de personas que puedan tomar una decisión en el partido o por supuesto si ve un hecho delictivo, como hicimos nosotros, llevarlo a la Fiscalía o a los tribunales".

Una semana más tarde de la elección en marzo de 2015 de Cifuentes en detrimento de González, el exregidor se autoproclamó de nuevo candidato a la alcaldía de Leganés, sin esperar al comité electoral del PP de Madrid y en una clara muestra de desafío a Aguirre. El 25 de marzo se confirmó que la cabeza de lista en Leganés sería María Eugenia Carballedo, entonces diputada regional y viceconsejera de Empleo del Gobierno madrileño, en lugar de Gómez. Carballedo es en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid tras renunciar como portavoz popular en la ciudad, donde gobierna el PSOE.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/26/actualidad/1493207220_107051.html

EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Plantean que la Cámara baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo por incumplimiento "grave y reiterado" de sus funciones

Además, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites para hacer efectiva su destitución

El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos.

En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.

Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la operación Lezo, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al caso del tres por ciento en Cataluña.

En opinión de socialistas y ciudadanos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".

En relación con la operación Lezo, indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.

También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.

Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.

Caso del 3% e investigación al presidente murciano

Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.

Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del caso del tres por ciento, relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".

Blanquear la corrupción del PP

En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".

En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".

PSOE y Ciudadanos se unen para reprobar y pedir el cese del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/psoe_ciudadanos_unen_para_reprobar_pedir_cese_del_fiscal_general_del_estado_del_fiscal_anticorrupcion_64360_1012.html

COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'

IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los delitos cometidos por Ignacio González

También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes, Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana, entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.

En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella, presentada por vía telemática.

El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades de dinero B obtenidas por la trama".

En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.

"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la organización criminal que él encabezaba".

"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas".

Revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.

Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad".

En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

Villar Mir y el PP de Madrid

Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información.

En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".

A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.

De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/colectivos_partidos_politicos_querellan_contra_aguirre_zaplana_numero_dos_interior_64358_1012.html

GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”

El expresidente de la Comunidad cuenta en conversaciones cómo se reúne con jueces para intentar colocar a otros magistrados y fiscales de su conveniencia.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, maniobró hasta el final para intentar que sus asuntos judiciales fueran archivados y no acabar, como ha acabado, en prisión. En las grabaciones de sus comunicaciones realizadas por la Guardia Civil se desprende cómo el hombre fuerte de Esperanza Aguirre intentó de todas las maneras posibles mover sus hilos para echar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y colocar al frente de la Fiscalía a personas que le pudieran ser favorables en sus procesos judiciales.

En el caso de Velasco, sorprende que ya mostrara su antipatía hacia él cinco meses antes de que hubiera estallado la Operación Lezo y, por tanto, no debería saber que Velasco le estaba investigando. Sin embargo, es cierto que este magistrado también investiga el caso Púnica y en éste proceso otro de los hombres fuertes de Aguirre, Francisco Granados, está en prisión desde hace dos años y medio.

En una conversación interceptada por la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Velasco, y de la que ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, González le comenta al exministro 'popular' Eduardo Zaplana que "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no".

En esa conversación, de noviembre del pasado año, Zaplana le explica que hay una "jugada" planeada, respecto a una salida de Velasco. Entonces, González le comenta: "Vamos a ver, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y tenemos a un juez que está provisional".

González está haciendo referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma. "Yo le digo, a ver, venga usted pa acá ¿cual es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero qué cojones de chantaje! Pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla", se queja González.

"Poner en marcha las piezas"

A lo largo de varias conversaciones, González -en prisión incondicional acordada por el juez Velasco el pasado viernes- muestra su conocimiento sobre el funcionamiento de una parte de la carrera judicial: "El otro día me fui a hablar con Enrique López (magistrado de la Audiencia Nacional) y le dije, oye Enrique, he oído que Catalá, lo cual es una bomba, quería a la que estaba (hablando del nuevo nombramiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza) y me dijo, esto se ha filtrado porque se la iban a follar. A Catalá le viene bien esto porque parece que él no ha puesto al otro, y fuera, este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer".

Ignacio González también mantiene conversaciones con Enrique Arnaldo Alcubillas, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y letrado de las Cortes Generales,quien tiene amplios conocimientos de los movimientos del Gobierno en relación a nombramientos que afectan al mundo judicial: "Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General, ahora se ponen en marcha las piezas. Desde luego sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal. Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en referencia a la posible sustitución de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado, en fechas anteriores a los cambios.

La preocupación del expresidente madrileño es que hubiera cambios en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga para cerrar la causa en la que está investigado por la compra de un ático en Estepona, por un posible delito de blanqueo de capitales. "¿Y los de abajo?", le recuerda González a Arnaldo. "Claro, y que toque todo, efectivamente", le contesta.

"La operación está preparada"

Este ex vocal del CGPJ le relata los planes del Gobierno: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Está operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael porque ya lo conoce".

González concluye la conversación: "A ver si damos un paso en la buena dirección, joder". Esta conversación se produce en noviembre del pasado año, pocas semanas después de que Mariano Rajoy volviera a ser elegido como presidente del Gobierno. Tres meses después, el nuevo fiscal general del Estado hizo los nuevos nombramientos en la Fiscalía, y decidió sacar a Javier Zaragoza de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en sustitución de Jesús Alonso. En ese mismo Consejo Fiscal, Maza también eligió a Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas, que se había jubilado.

El mismo día que se conoce que el Gobierno nombrará a Maza como fiscal general del Estado, el 11 de noviembre, González mantiene otra conversación con Arnaldo: "¡No me equivocaba, he acertado!", le dice este último. "Entonces, estamos contentos, ¿o no?", pregunta González. "Estamos muy contentos", le explica su interlocutor, quien define a Maza como una "persona con criterio y valiente, no es un timorato y lleva muchos años resolviendo estos asuntos". "Qué alegría, tío, a ver si lo celebramos, a ver si seguís", le responde González.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211478878_0.html

IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

La difusión a lo largo del día de ayer de una nueva batería de SMS y conversaciones intervenidas al ex presidente de Madrid Ignacio González durante la investigación de la operación Lezo puso de manifiesto la aparente relación de complicidad que mantenía con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la capacidad de influencia que conservaba: tanta como para conocer de antemano, con seis meses de antelación a su nombramiento, que Manuel Moix sería designado fiscal jefe Anticorrupción o para arrogarse capacidad para remover a los jueces y fiscales que intervienen en los casos que le afectaban.«Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muerto».El que habla es Ignacio González y su interlocutor es el ex ministro Eduardo Zaplana. La conversación, según precisó ayer La Sexta, tuvo lugar en agosto de 2016. Es decir, tres meses antes de que el Gobierno, que en esa fecha ni siquiera tenía la certeza de que fuera a salir adelante la investidura de Mariano Rajoy, designase a José Manuel Maza como fiscal general del Estado. Sólo Maza tendría, legalmente, la capacidad de elegir a su fiscal jefe Anticorrupción, después de escuchar el dictamen de su Consejo Fiscal, lo que sucedió el reciente mes de febrero. Pues bien, seis meses antes, González maniobraba ya con ese objetivo.

El ex presidente madrileño se arroga esa influencia en primera persona -«vamos a ver si podemos colocar...»-, se muestra convencido de que Moix es la opción del Gobierno -«yo creo que va a ser él»-, muestra su satisfacción por que eso sea así -«si sale es cojonudo»-, se atribuye una ascendencia sobre el ministro de Justicia -«yo no me corto en decirle a Rafa»- y añade que el nuevo fiscal jefe servirá para tener controlado «el aparato del Estado». González estaba en ese momento imputado por su ático en Estepona -lo sigue estando-. En otra conversación, reconoce haber mediado por Moix en la anterior ocasión en la que éste, que fue fiscal superior de Madrid, optó a la plaza de jefe Anticorrupción, en 2011.

Catalá asegura que 'los líos' de su mensaje a Ignacio González no hacen referencia a asuntos judiciales

Que entre Ignacio González y algunas de sus amistades existía un canal de comunicación permanente con Rafael Catalá lo ponen de manifiesto las conversaciones, también difundidas por el espacio Al Rojo Vivo de La Sexta, intervenidas por la Guardia Civil con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, imputado también en el asunto del ático. Los tres suelen coincidir en el palco colchonero. «Hablé el otro día con Rafa [Catalá], que lo estaban mirando, Nacho».Es Cerezo el que habla y se refiere a una gestión con el ministro acerca del procedimiento abierto por presuntos cohecho y blanqueo. La juez de Estepona investiga si el empresario Cerezo adquirió el ático para González a través del célebre testaferroRudy Valner y una red de sociedades pantalla radicadas en Panamá.Después, Cerezo comunica al ex presidente madrileño que la gestión con el ministro fue infructuosa:«Joder macho, pero y e... y 'tos estos' ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede hacer nada».A lo que González responde:«Exactamente, no, yo les he dicho: 'Mira, yo estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí que queda ¿pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?».El presidente del Atlético advierte de que insistirá en pedir la intercesión del ministro Catalá:«Volveremos a hablar con éste a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra».En este contexto, en el que aparece como habitual que González y Cerezo contacten con Catalá para tratar de su imputación por el ático para pedirle que medie por ellos, y cuando González ya había sido advertido por un miembro del Ejecutivo de la investigación de Lezo, el ex presidente de Madrid felicita en noviembre el cumpleaños al ministro y éste contesta afectuoso:«Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos».

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb9ccca47415a148b46b7.html

EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"

Entrevista a Jesús Gómez.

Quien fuera el autor de los discursos de Esperanza Aguirre le alertó en tres ocasiones de que conocía por varias vías una cuenta en la que Ignacio Gonzálezcobraba de OHL. Ella le contestó que «veía fantasmas» y él se fue a ver a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano. Su jefa lo consideró «una puñalada trapera» y prescindió de él como candidato en Leganés.

Jesús Gómez (Madrid, 1967), diputado del PP en la Asamblea de Madrid e histórico hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue junto al ex tesorero Álvaro Lapuerta quien alertó a Génova de que Ignacio González cobraba comisiones en Suiza. Gómez facilitó hace años a su partido los mismos datos que ahora el juez Eloy Velasco ha dado por buenos. Sin embargo, este economista fue tildado de loco y de traidor y pagó una alta factura por su osadía: dejar de ser el candidato a alcalde de Leganés. Dice que todavía está esperando que en el partido le llamen para pedirle disculpas mientras relata, por primera vez en esta entrevista a EL MUNDO, cómo el PP tuvo la oportunidad de haber evitado el gran cataclismo de la operación Lezo.

¿Cómo tuvo conocimiento de que González tenía cuenta en Suiza?

De una manera rocambolesca. Ignacio González me llamó el 26 de febrero de 2014. Me preguntó si tenía un teléfono fijo a mano y le devolví la llamada. Me dijo, como si fuera una pedrada, que los de azul, en referencia a la Policía, le habían dicho que yo tenía una cuenta en Suiza. Le dije que ojalá, que era falso y que debía ser una confusión.

¿Qué tiene que ver todo eso con la cuenta de González?

Mucho, porque le conté lo que me había pasado a un abogado de mi confianza. Me dijo que quien sí tenía una cuenta en Suiza era mi jefe. Me quedé asombrado, me precisó que el banco era el Anglo Irish Bank y me facilitó el número de cuenta. Esos mismos datos me llegaron después por otras dos vías. Una de ellas ustedes que, como periodistas de EL MUNDO, me contaron que les habían llegado exactamente los mismos datos.

¿Qué hizo usted entonces con la información?

Me alarmé y fui a ver a Esperanza Aguirre hasta en tres ocasiones. Le dije: «Me ha llegado esto por casualidad». Le expliqué que había peligro porque lo tenía por varias fuentes distintas y que nos haría un daño irreparable si nos estallaba en la cara. Se enfadó un poco, no le dio credibilidad y lo despachó como un burdo rumor. Sólo pedí que lo investigaran, porque era mi responsabilidad; si lo hubiera tenido acreditado me hubiera ido directamente a la Policía.

¿Sabe si Aguirre hizo alguna gestión para verificar los datos?

Habló con González y a partir de ese momento arreció una campaña sucia contra mí en la prensa local de Leganés acusándome de tener una cuenta en Suiza y de manejar dinero negro. Además, se compró una web, Estrella Digital, para que dejara de investigar el Canal de Isabel II y se empleó para atacar a los enemigos de González. La operación se materializó a través del abogado de Ildefonso de Miguel [ex gerente de la empresa de aguas madrileña], presuntamente siguiendo instrucciones de Ignacio González.

¿Qué explicación le dio González a Aguirre?

Esperanza me dijo que, según le había dicho Nacho, todo era una sarta de calumnias y mentiras y que me olvidara de ese asunto y dejara de ver fantasmas. Esa era la versión de Ignacio González, en quien confiaba ciegamente y sin ninguna reserva. Y esa ha sido la causa de su desgracia política. Ahí podía haber acabado todo, pero un sexto sentido me decía que algo no funcionaba bien, sobre todo por la extraña llamada de González, y no quise dejar el tema así.

Agotada la vía de Aguirre, ¿cuál fue el siguiente paso?

Utilizando el símil de la Administración, agotado el recurso ordinario fui a lo Contencioso-Administrativo. Vi un grave peligro y que Esperanza no estaba dispuesta a escuchar nada en contra de González. Por eso me dirigí a Juan Carlos Vera, que era secretario de Organización del PP nacional y diputado en el Congreso. Me fui a verle, le conté la información, le dije que en esa cuenta se podía haber ingresado una comisión ilegal de la constructora OHL y me citó al día siguiente en la sede de Génova con Carlos Floriano, su superior directo en el partido.

¿Le dieron visos de veracidad?

Lo consideraron. Pero al igual que Esperanza metió la pata al contárselo a González, uno de ellos habló con Aguirre o con González. Recibí entonces una llamada al día siguiente de Esperanza haciéndose portavoz de la indignación de Nacho. Me dijo que consideraba una traición, una puñalada trapera, ir a ver a Floriano y a Vera porque eran nuestros enemigos y querían quitar a González de la circulación.

¿Volvió a tener noticias de Vera y Floriano?

Me llamó Vera en febrero de 2015 y me citó en su despacho de Génova. Me preguntó otra vez el número de cuenta porque decía que era falso o estaba incompleto. Le facilité el número de nuevo y no volví a saber nada más hasta que en marzo la dirección nacional anunció que el candidato sería Cristina Cifuentes y no González. El País ya citó entonces como una de las razones las informaciones que habían llegado al PP sobre posibles cuentas en Suiza. Pocos días después, Esperanza me llamó para decirme que no contaban conmigo como candidato para la Alcaldía de Leganés y me dijo que era por lo de la cuenta.

¿Cree entonces que Esperanza Aguirre encubrió a González?

No era ninguna encubridora, pero estaba cegada por el amor hacia él, aunque que quede claro que no eran amantes.

¿Esperanza tampoco sospechaba de González por episodios como el ático de Marbella o el espionaje en Colombia?

Siempre lo consideró una víctima pese a que su ídolo administrativo era un vulgar ratero.

¿Habló con Cristina Cifuentes de todos estos asuntos en alguna ocasión?

Coincidí con ella en Leganés en 2015 y me dijo: «No me voy a comer yo los marrones de estos chorizos». Le honra, pero denunciar no es una herocidad sino su obligación.

¿Rajoy llegó a saber algo en algún momento?

Le di los datos a un registrador amigo de su hermana.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb45fca474139198b4682.html

CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"

El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política en España.

"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el PSOE ha llegado a pedir su dimisión.

En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una "relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los tribunales.

Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación" y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación", "entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde 1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario, como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como presidente de la Comunidad de Madrid.

"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no importa demasiado en este momento".

El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos" le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se refería "en absoluto a cuestiones judiciales".

Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está "comprometido".

Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.

Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.

Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley", ha concluido.

http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesia

EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”

El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por su continuidad en el Gobierno

“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.

Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.

Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.

Prisión sin fianza para González

Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las inversiones del Canal de Isabel II.

Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los responsables del Ministerio Público que investigan la causa.

En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo la implicación de Catalá en los hechos.

Fueron avisados

De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)" había llamado para prevenirles.

Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre otros.

En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta parlamentaria por el momento.

"Luis sé fuerte" o "compi yogui"

La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.

Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.

http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.html

LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO

Los escándalos y la corrupción copan la agenda política con peticiones de dimisión

La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los Presupuestos para 2017.

Por el momento, la Operación Lezo ya ha desencadenado la dimisión de una destacada dirigente como Esperanza Aguirre y agita los cimientos del PP. Ese procedimiento incluye, además, indicios de cierta connivencia de los implicados con algunas instituciones, concretados en zonas de sombra que apuntan a que los ahora encarcelados pudieron ser alertados de las investigaciones. Se incluye la posible alerta de una magistrada, cuya identidad intenta determinar el juez Eloy Velasco.

El número dos de Interior, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo González, ahora encarcelado y hermano del presidente de la Comunidad de Madrid, también en prisión. Hay indicios de presión a los políticos que, como la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, han aportado datos a la investigación. Y este martes se supo que en el sumario consta un SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González.

“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta es la versión de Catalá: “Me felicita por el nombramiento. Como 300 mensajes más... Y le digo: ‘Gracias. Ojalá se cierren pronto los líos’. No tus líos, ni tus temas judiciales, ni nada parecido. Venimos de estar un año en funciones, dos elecciones, investiduras fallidas... A esos líos me refiero”.

En todo caso, esa relación desató las peticiones de comparecencia de la oposición y las dudas de todos los grupos, salvo el PP. Ya antes, la fiscalía quedó en esa zona de sombra cuando se supo que el propio Ignacio González se felicitaba del nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, incluso antes de producirse. El expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro Eduardo Zaplana sabían en verano que Moix ocuparía ese cargo, es decir, cuando el Gobierno estaba en funciones y faltaban meses para que el fiscal presentara su candidatura para ocupar la vacante.

Y fue necesaria hace una semana una insólita rebelión de una veintena de fiscales ante Moix, que se plantaron ante su intención de impedir uno de los registros.

Antes ya hubo polémica por los cambios en puestos clave de la fiscalía, tras el cese de Consuelo Madrigal por negarse a hacer esos nombramientos. Todas esas polémicas tienen reflejo directo en el Parlamento, donde el resto de la agenda ha quedado arrinconada para que dos ministros, un secretario de Estado y el fiscal general sean llamados a comparecer para dar explicaciones.

No hay pleno de control en el Congreso hasta el 10 de mayo, pero ya este martes este caso centró el crispado pleno del Senado, con peticiones de dimisión de Catalá de PSOE y Podemos por supuesta obstaculización a la justicia. Para Catalá, la prueba de su voluntad de combatir la corrupción son las detenciones y acciones judiciales. “Ustedes se alinean con las tesis más antisistema y hacen un gravísimo daño”, respondió el ministro. Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, dijo en el Senado que su número dos se limitó a recibir a un directivo de Mercasa —Pablo González— y “no tenía la menor idea de que iba a ser investigado”. PSOE, Podemos y Ciudadanos reprocharon a Zoido sus contactos con los investigados. Él los minimizó y dijo que fueron “meramente protocolarios”.

Explicación de Rajoy

Al tiempo, PSOE y Ciudadanos piden que la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP se constituya antes de 10 días, para que Rajoy comparezca en mayo. Tendrá obligación de decir verdad, lo que no ocurriría si acudiera al pleno. El artículo 502.3 del Código Penal asegura que “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

En este clima, el Gobierno debe cerrar un pacto antes del próximo miércoles con el PNV para superar el primer trámite de los Presupuestos. La negociación avanza, pero el clima turbio dificulta el anuncio formal del pacto.

Micrófonos ocultos en el despacho de González

Ignacio González y otros investigados en la Operación Lezo, sobre todo Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, sabían desde el primer minuto —en julio de 2016— que les estaban investigando y hablaban con precaución por teléfono. González, además, tenía un sistema de encriptación en su teléfono móvil que hacía aún más inaccesible el contenido de sus llamadas. Por este motivo, el juez instructor que actuaba como refuerzo en la causa, Alejandro Abascal, ordenó que se colocaran micrófonos en su despacho, donde el expresidente de la Comunidad de Madrid hablaba sin tapujos al sentirse seguro, según la Cadena SER.

La medida, poco habitual, se complementó con seguimientos con micrófonos portátiles de última generación para grabar conversaciones a distancia y está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 para casos de especial gravedad. Agentes de la Guardia Civil fueron de madrugada al despacho, abrieron la puerta con una ganzúa y escondieron los micrófonos, con la presencia del secretario judicial, que levantó acta.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493141521_564192.html

LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO

Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en secreto en la operación Lezo

El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del ático de Estepona

Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.

Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.

Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.

En el palco con Cerezo

El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.

Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).


Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".

Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.

En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.

Moix rechazó investigar el campo de golf

Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.

Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.

El relevo de Velasco

Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".

Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.

González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Con el ministro del Interior

Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.

Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.

"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html

LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA GALLARDÓN

El Central 6 dictó un auto 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la compra de Inassa por Canal Extensia en 2001

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional salvó la investigación de los orígenes de la trama Lezo 'in extremis'. Las pesquisas sobre el inicio de la aventura empresarial del Canal de Isabel II en el extranjero, que arrancó en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Gobierno regional, se encuentran ahora bajo el foco del juez y la Fiscalía Anticorrupción gracias a un auto dictado sólo 24 horas antes de que prescribieran los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan a esta parte de la trama.

Según han informado a El Confidencial fuentes de la investigación, los fiscales encargados del caso reclamaron en noviembre de 2016 al Juzgado una ampliación de su querella inicial que giraba únicamente sobre irregularidades cometidas bajo la presidencia de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la compra del 75% de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.


En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los 'marrones' a los que se refería era esta operación, cuya compra se cerró el 13 de diciembre de 2001, un mes después de que el consejo de administración del Canal de Isabel II acordara la creación de Canal Extensia, el vehículo que se empleó para ultimar la operación.

Según explican las citadas fuentes, el auto dictado entre ambos actos interrumpió la prescripción, pero no coincidía con la visión propuesta al juez por los fiscales Carlos Yañez y Carmen García. En él se decretaba la apertura de una pieza separada para investigar estos hechos con el criterio de que pese a que la compra sí tenía vínculos con el ente público de gestión de aguas, no estaba relacionada con Ignacio González, foco y centro de todo el resto del operativo de cobro masivo de comisiones.

La UCO investiga el primer pufo del Canal en Colombia en el año 2001 con Gallardón

Los investigadores analizan la compra de Inassa en 2001. El Canal pagó 83 millones por una empresa que valía ocho un año antes. Los registros relacionados han provocado la primera fricción en Fiscalía

La decisión provocó que la Fiscalía recurriera y obtuviera el respaldo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que dió por buena la ampliación del sumario a nuevos investigados del entorno del que fuera también ministro de Justicia.

La discrepancia se repite

Curiosamente, esta misma discrepancia jurídica se ha repetido meses más tarde en el seno de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Manuel Moix defendió frente a los encargados del caso que los registros relacionados con la compra de 2001 debían realizarse en otro bloque, de forma desvinculada a la investigación central sobre González. Yañez y García defendían que se incluyeran en el mismo paquete y lograron el apoyo de sus compañeros de plantilla en una junta celebrada horas antes de que estallara la Lezo.

Inassa existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de Barranquilla para llevar agua potable al municipio. Su primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable.

Caja Mágica, centro acuático...: 430 millones de agujero en otra firma de la era Gallardón

Una auditoría desmonta la gestión de Madridec, la empresa municipal que en 2013 perdió 74 millones: obras de arte extraviadas, tasaciones a la baja y ruinosas ventas de edificios

Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos pretendientes. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para el comprador.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-25/operacion-lezo-audiencia-nacional-gallardon-ignacio-gonzalez_1372237/

EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA

El exministro popular aparece en un listado de 60 personas relacionadas con el caso que ha enviado a prisión a Ignacio González

El juez titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga a 60 personas en el caso Lezo, entre ellos el exministro Eduardo Zaplana, según ha avanzado Europa Press y confirma EL PAÍS. Entre los investigados están también el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, y el que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid e imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo. Sus nombres aparecen en un auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el fin de embargar los bienes de algunos de ellos. Las personas citadas en ese auto no son forzosamente imputados, según confirman fuentes judiciales a EL PAÍS.

La semana pasada se supo que Ignacio González había mantenido conversaciones con el exministro de José María Aznar acerca de sus intenciones de entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Zaplana desmintió este sábado a través de un comunicado cualquier relación mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". El expresidente valenciano añadía en su nota a los medios que ni conocía el auto del Velasco ni había sido citado judicialmente para declarar en la Audiencia Nacional.

Uno de los pinchazos al teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid recoge cómo este propuso al valenciano "montar una estructura financiera" a través del abogado uruguayo Fernando Belhot porque trabaja en países de legislaciones laxas como Holanda, EEUU o Uruguay "para canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo". Junto a Zaplana, González pretendía adquirir el 50% de una sociedad y controlar así "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua".

Velasco cita también en el auto a Zaplana al referirse a las supuestas gestiones que él y González hicieron para favorecer al empresario Conrado Rodríguez-López Braun en un "litigio" que este mantenía con el Ministerio de Defensa. Según destaca el auto, lo hicieron presuntamente "mediando una contraprestación económica".

Los nombres de los 60 investigados

En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra: Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan Caballero, Edmundo Rodríguez Sobreino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir, Jesús Arránz monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, Luis Vicente Moro. También figuran: el padre de Ignacio González, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pliar Pazos Bajarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rodcío Bonet Cabero, Leticia Bonet Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez, María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493027190_777838.html

"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"

Así se recoge en las conversaciones telefónicas interceptadas al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, tras la salida del encuentro que mantuvo con el secretario de Estado

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco en la operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II.

De nuevo, el Ministerio del Interior vuelve a estar en el ojo del huracán. Interior reconoce el encuentro entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, pero asegura que no hubo ni una sola referencia a la operación Lezo ni a Ignacio González entre otras cosas porque el Secretario de Estado de Seguridad desconocía las diligencias que se estaban practicando por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Sin embargo, el fragmento de conversación que aparece en la instrucción judicial del caso y que este lunes publica la Cadena SER pone en duda el argumento oficial, según fuentes cercanas a este caso. Tras la salida del encuentro que mantuvo en el Ministerio del Interior con el Secretario de Estado de Seguridad, el hermano de Ignacio González, Pablo González, llamó por teléfono a una persona y le aseguró textualmente que "el encuentro" había sido "muy interesante" y que se "lo contaría aunque no por teléfono".

El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de marzo según el auto del juez Velasco justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado. Según Interior, el encuentro duró quince minutos y trato sobre temas de seguridad de la empresa Mercasa de la que el hermano de González era consejero.

Textualmente el Ministerio asegura: "El objeto del encuentro fue la coordinación de diferentes medidas de seguridad en los nuevos centros construidos de Mercasa. Lo cierto es que la empresa de capital público Mercasa está en el punto de mira de los investigadores por las posibles conexiones que se ha podido llevar la trama de González, con la gestión de los mercados centrales en España.

El PSOE ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, de su número dos, José Antonio Nieto y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/24/tribunales/1493013428_997588.html

EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES

Las conversaciones interceptadas, la reunión de su hermano con el número 2 de Interior, las decisiones administrativas que permitieron el desvío de fondos y la implicación de gigantes como OHL, Dragados o Indra alimentan la inquietud sobre el colchón de ‘lealtades’ que sostuvo al expresidente incluso tras su retirada política

La resolución destaca las inversiones millonarias que González y su clan familiar planeaban abordar en España y en países opacos y concluye que esa era la fórmula con la que el antiguo delfín de Aguirre pensaba blanquear dinero oculto

El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan, por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana –con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de una investigación en marcha.

Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su propio beneficio o el del PP.

OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a construirse. Como adelantó infoLibre, Dragados garantizó a su familia una comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo su presidencia.

Y, al igual que ocurrió en Valencia con la trama Gürtel, otras empresas –es el caso de Indra, que pagó 687.497 euros- habrían asumido el pago de facturas falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en 2011.

El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse –dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al tanto de los pormenores y el desarrollo de la operación de compra de Emissao”. Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.

La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación
judicial en curso".

Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre

Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.

El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el auto cita la del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez. La información analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González. O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.

El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador mencionado en el párrafo anterior- por un monto que el auto cifra entre uno y tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en estructuras internacionales.

Velasco infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/23/el_auto_que_envia_prision_ignacio_gonzalez_destapa_escenario_saqueo_general_complicidades_64183_1012.html

¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?

El auto del juez Eloy Velasco deja abierta esta incógnita y UGT exige investigar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la CRTVE

El auto de Eloy Velasco al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y por el que el magistrado envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro personas, evidencia que para detener la cobertura mediática de sus presuntas actividades criminales, y bajo el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso, la trama corrupta habría ‘colocado’ a una periodista de su confianza en RTVE. Todo ello para que defendiese su imagen e intereses en la radio televisión pública.

El auto no señala quién es la periodista en cuestión. Por ello, el sindicato UGT ha adelantado a este periódico que pedirá la realización de una “investigación interna” para depurar las responsabilidades.

“Exigimos la apertura inmediata de una investigación para saber que persona es a la que se refiere el auto. Quién o quienes tenían conocimiento de esta operación en la dirección de RTVE, y si por tango fueron colaboradores necesarios en esta operación. Qué criterios de contratación fueron establecidos para que esta persona haya entrado en la CRTVE”, expone el sindicato en un escrito remitido a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la CRTVE.

En concreto, UGT pide al Consejo de Administración de RTVE “que se proceda al cese inmediato y fulminante de quien o quienes haya podido participar, de ser cierto, en esta operación”.

De forma paralela, el sindicato solicita a la Comisión Mixta de Control Parlamentario para la CRTVE, que abra “cuantas vías de actuación sean necesarias, para esclarecer este asunto, e ir más allá para saber si ha existido esta practica en otros casos o piezas judiciales relacionados con tramas de corrupción, así como determinar si existe una redacción paralela cuyas misión ya no solo es la manipulación, sino la colaboración con prácticas delictivas”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html

LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN

Los agentes sospechan que González fue alertado de su detención y pudo destruir documentación

Sospechan que la delación pudo salir del entorno del Gobierno

La Guardia Civil se muestra convencida. Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, recibió un chivatazo desde «esferas de poder» en el que le alertaron de su inminente detención. Y los agentes de la Unidad Central Operativa sospechan que ese chivatazo le permitió desprenderse de documentación que hubiera podido ser localizada durante los registros que los agentes han practicado durante las últimas horas en el marco de la operación Lezo.Fuentes de la investigación explicaron a EL MUNDO que se ha detectado que González recibió «información privilegiada» sobre las pesquisas contra él hace aproximadamente dos meses y que esa información pudo partir desde alguien del Gobierno. Argumentan que en instancias gubernamentales podían conocer indirectamente el avance de las pesquisas que llevaba a cabo la Guardia Civil en coordinación con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

«Desde ese momento cambió todo su modus vivendi», explican estas fuentes. Sus comunicaciones se vieron claramente alteradas. Los teléfonos del ex presidente estaban bajo vigilancia policial, con el control del juez Eloy Velasco, desde hacía muchos meses. Y los especialistas detectaron un cambio radical en el contenido de sus comunicaciones, que pasaron a ser inocuas para la investigación. Además, modificó sus horarios e, incluso, alteró su estancia en su propia casa.

Los agentes del Instituto Armado deducen que se produjo una delación. Han revisado de nuevo todas las conversaciones intervenidas y han llegado a la conclusión de que ese chivatazo se produjo de manera indirecta, que alguien que conocía de primera mano que la operación Lezo estaba a punto desencadenarse encargó a «alguien» que fuera a ver a González y le alertara. Ese chivatazo no se realizó por teléfono sino en persona, según concluyen los mismos investigadores. Y creen que ha podido afectar gravemente al material y a la documentación que trataron de localizar durante las casi 10 horas en las que estuvieron practicando registros tanto en la vivienda de González como en su despacho profesional.

Los investigadores entienden que el juez instructor de la Audiencia Nacional debería abrir una pieza separada del sumario para indagar la autoría de ese chivatazo, toda vez que ha podido tener consecuencias importantes para las investigaciones. Las fuentes recuerdan como el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados también fue alertado por parte de dos guardias civiles de que la Unidad Central Operativa estaba tras la pista de su amigo, el empresario David Marjaliza, en la denominada operación Púnica. Tanto los autores del chivatazo como el propio Granados están encausados por esta delación.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f8fdf4e2704e93098b466f.htm

EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP

El juez dibuja una trama corrupta en Madrid que salpica a políticos, empresarios y a la Justicia

Son 38 páginas a espacio simple y estilo administrativo, pero describen —tanto de forma expresa y detallada como entre líneas— un panorama de corrupción masiva y presunto juego sucio institucional con el PP de Madrid como foco. El auto por el que el juez Eloy Velasco envió el viernes por la noche a prisión al expresidente madrileño Ignacio González, recoge cobros de comisiones por adjudicaciones públicas de algunas de las empresas más poderosas de España, el saqueo de fondos públicos a gran escala y financiación ilegal del partido. Estas conductas suponen una continuación de los casos Gürtel y Púnica, que han sacudido al partido del Gobierno y que han marcado la agenda política desde 2009.

Sin embargo, el caso Lezo, como ha sido bautizado por la Guardia Civil, va un paso más allá. Los pinchazos telefónicos han puesto de relieve cómo los imputados —principalmente González y su familia y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón— contaron con la ayuda de al menos una magistrada que les alertó de que estaban siendo investigados. También ha sacado a la luz las supuestas maniobras del partido para colocar al frente de los puestos claves de la Fiscalía a personas que consideraban más cómodas para sus intereses.

El auto, rico en detalles sobre la influencia de la trama, señala que sus tentáculos alcanzaban al propio Ministerio del Interior: El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió el pasado marzo con el hermano de Ignacio González, Pablo, alto cargo de la empresa pública Mercasa y ahora en prisión. El caso Lezo solo acaba de empezar.

El hermano de González se reunió con el ‘número dos’ de Interior

El auto del juez Eloy Velasco por el que envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro personas, destaca la existencia de una reciente reunión entre el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también encarcelado por su presunta implicación en la Operación Lezo.

Nueve empresas interpuestas para financiar la campaña electoral del PP de 2011

A finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

González se valió de Mauricio Casals “para obtener información sensible”

Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado.

El juez vincula a Zaplana con operaciones de blanqueo de González

Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero salpica a Eduardo Zaplana, exjefe del ejecutivo valenciano y ministro en los Gobierno de José María Aznar.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492890305_108146.html

IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”

Un pinchazo telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera compra irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca denunció

Ignacio González define como "pelotazo" en una grabación de la Operación Lezo la compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II. Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los negocios del Canal en Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro veces más del precio de venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí que fue un pelotazo…”, describe el expresidente González, en las grabaciones interceptadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En esa grabación, Ignacio González alude a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes, y señala: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".

La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre esta compraventa, ya que los hechos se remontan a hace 15 años y eran personas diferentes

Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la adquisición en 2013 por parte del Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construcao estuvo plagada de irregularidades y que la operación se realizó saltándose los preceptivos controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa compra y al valor real de la firma. Se compró por 31 millones, seis veces su valor, según las pesquisas judiciales.

La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, sobre esta operación de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación Lezo, ya que los hechos se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que jurídicamente podrían estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo nada tienen que ver con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito. Cuando habla del pelotazo, Ignacio González no se refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales, y aunque sus decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se investigase ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias cuando la investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia de conexión de personas y hechos.

Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se llevaron abundante documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro veces su valor (se compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así como de otras adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del Canal en los años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.

El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también "hay indicios de actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio González se convierte en principal responsable del Canal. "Se ha puesto de manifiesto [en la investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop (...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el "ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal Balaguer", un empresario panameño.

Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido, añade el juez, el español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar", de las que "tenía informado al presidente de Cleop, Carlos Turro". Explica el juez: "La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el hombre de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza

El expresidente madrileño se halla en prisión desde el viernes junto a los que el juez considera sus principales testaferros, a petición de la Fiscalía Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes, dirige Moix. Se trata de Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó como responsable de Inassa y, por extensión, de todos los negocios del Canal en Sudamérica; su hermano Pablo González, destituido como directivo de la firma pública Mercasa tras el estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado verano por orden de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro gran pelotazo del Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está prescrito , sino que los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva penal. Se trata de la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la firma Emissao Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental situada en Uruguay por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El juez Velasco asegura en un auto sobre esta operación que el desfalco a las arcas del Canal ascendió a 25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses después, el propio Canal le dio en sus propias cuentas un valor de 5,5 millones.

Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos.

Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los vendedores de Emissao transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas en Suiza también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja en la citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón.

Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que entonces se produjo un cambio sustancial en los diálogos de los investigados. Antes del chivatazo, sí hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que Ignacio González y su entorno estaban gestionando grandes inversiones en el extranjero y en España. En concreto, querían comprar una sociedad mercantil en Brasil. Las gestiones con un intermediario de la sociedad las hizo su hermano Pablo, que también se halla preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema... tenemos el dinero”, suelta Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en otra grabación, y refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a concretar. Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en la actualidad portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.

Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de Madrid Ignacio González y a su hermano también revelan que el clan familiar dispone de un abultado patrimonio que no se corresponde con sus ingresos: Ignacio González empezó a trabajar en un despacho de abogados tras dejar la presidencia de Madrid y su hermano era (ha sido destituido esta semana) directivo de la empresa pública Mercasa, desde la que sobornó a políticos de países extranjeros en busca de contratas y de su lucro personal.

En el registro en la casa y despacho del expresidente no se ha encontrado ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores están convencidos que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro. El propio Rodríguz Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención: "Tiene dinero B", refiriéndose al expresidente. Los investigadores indagan llegadas fraccionadas de dinero desde firmas radicadas en el extranjero a cuentas de sociedades regentadas por Pablo González. Rodríguez Sobrino posee sociedades opacas en Hong Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el expresidente simulaba préstamos con sus parientes.

El expresidente en persona pidió tres millones para el partido

Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el expresidente de Madrid Ignacio González pidió personalmente a su hombre de confianza en la firma pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en Madrid, un total de tres millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los otros dos estuvo a punto de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación Púnica el 27 de octubre de 2014, que entonces se llevó por delante a Francisco Granados, ex secretario general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio González, en las que se apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del Gobierno regional. Ambos se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre ellos.

Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados desde hace mas de dos años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no es porque estalla la operación Púnica (octubre de 2014), González habría conseguido para el partido casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con las bendiciones de la mesa de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una adjudicación a una empresa informática por importe de 4,6 millones para que esta computara la información y escrutinio de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en Madrid. Esta misma tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa en las elecciones anteriores de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo entonces por sólo 2,7 millones. La diferencia estaba destinada al partido, según la investigación judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pero en esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló Púnica y el Gobierno regional se apresuró días después a anular el contrato. El otro millón que personalmente pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el partido sí lo consiguió inflando un contrato de ICM con una empresa privada con la que estaba en connivencia.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html

VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO

Las pesquisas han revelado los contactos entre ambos y que el expresidente madrileño colocó a una periodista "de confianza" en RTVE para defender "su imagen"

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, destaca que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado. El presidente del diario negó los hechos.

Pese a ello, el juez Velasco señala en el auto por el que ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de González la "influencia" de este último sobre Casals y que ello le permitió, no sólo tener acceso a "información sensible" sobre la Operación Lezo que desembocó en su detención el pasado miércoles, sino también "detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objeto de conseguir impunidad".

Por estos hechos, también tuvo que declarar como imputado el pasado jueves Francisco Marhuenda, actual director de La Razón. Tanto a este como a Casals, el juez Velasco les interrogó por las presiones que ejercieron sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su equipo para que retiraran la denuncia que habían presentado sobre las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II durante la gestión de González.

El auto también recoge que el expresidente madrileño colocó "a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses". Velasco recalca que González se valió de su "influencia" como político para actuar en "otros ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que Ignacio trata o planea influir en terceros -de manera directa o indirecta- para beneficio propio o de otros".

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492856956_699314.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s

ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"

"Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político"
"Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior"
"Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios"

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?

No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.

Pero está relacionado...

Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.

¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?

La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol... El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División... Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.

¿A un partido político?

Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos o compliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.

¿Y en los partidos políticos?

Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención...

Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del
Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.

Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política...

Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país...

Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?

Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.

Pero puede dejar casos importantes empantanados...

Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.

Pero así se ralentizan los procesos judiciales...

Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público...

Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.

¿Por eso se quiere ir?

Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia... En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron... Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.

¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?

La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.

Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo...

Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo... Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.

¿Cuándo prevé dejar su puesto?

Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.

¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?

¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.

¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado...

Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.

¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?

No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.

¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?

Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.

¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black...

Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación... Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.

¿Y si se equivocan?

No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.

¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?

Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.

¿Cómo solucionarlo?

Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.

¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?

Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.

Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?

En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil... Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA QUE ARRANCÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ

Guerra de bandas en el PP: así llegó a la Guardia Civil la pista clave en la operación contra el expresidente de Madrid

Este es el papel clave. Una página redactada hace al menos ocho años y que es fundamental para entender por qué Ignacio González duerme hoy entre rejas. Fue comprado a un detective privado por varios de los enemigos políticos de Ignacio González, por los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, entre otros. Pagaron por este documento 38.000 euros. Era una información incompleta e inexacta, pero los datos que hay en este folio son los que permitieron a la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional iniciar la operación Lezo: la investigación de una de las mayores tramas corruptas de la historia española.

A mediados de 2009, un detective privado contactó con los tesoreros del PP. Vendía dos informaciones nada baratas: el número de la cuenta corriente en Suiza de Ignacio González y también el cheque de una supuesta comisión de 1,4 millones de euros que la constructora OHL había pagado a González a cambio de la adjudicación del tren de Nalvacarnero.

Según la versión que contó el detective a Bárcenas y Lapuerta, el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, había pagado esa mordida a regañadientes, a través de un cheque. Y como consideraba que ese pago era una extorsión injusta –el proyecto de aquel cercanías fue un fiasco que nunca se completó–, Villar Mir había ordenado rastrear el destino de ese dinero por medio de una agencia de detectives. Gracias al cheque envenenado, esos detectives habían localizado el supuesto número de cuenta en el Anglo Irish Bank donde Ignacio González escondía su botín.

El momento en el que los tesoreros se pusieron en contacto con ese detective no era casual. En 2009, con la explosión del caso Gürtel, también había estallado una guerra entre dos bandas enfrentadas en el PP, dos grupos de recaudadores rivales: los de Génova contra los del partido en Madrid. Álvaro Lapuerta, el tesorero nacional, había tenido ya enfrentamientos muy serios contra el PP de Esperanza Aguirre, contra Ignacio González y Francisco Granados, a los que tachaba de corruptos.

Las primeras escaramuzas entre ambos bandos se habían iniciado mucho antes, en noviembre de 2004, al año de que Esperanza Aguirre llegara al poder en Madrid. Unos constructores donantes de la caja B del partido se habían quejado de que desde el PP de Madrid les pedían una comisión. En una reunión en Génova 13, con Rajoy y Bárcenas de testigo,  Lapuerta había avisado a Aguirre de que su delfín, Ignacio González, estaba pidiendo una mordida por la adjudicación de una enorme parcela en Arganda del Rey a la constructora Martinsa, un pelotazo millonario que fue la mayor operación urbanística en la que también participó Francisco Correa.

La acusación de Lapuerta y Bárcenas contra Ignacio González provocó un fuego cruzado entre los dos bandos que en 2009, con los primeros autos de la Gürtel, había ido a mucho más. Los tesoreros del PP responsabilizaban al entonces vicepresidente de Madrid de varias informaciones contra ellos que había publicado el diario El Mundo, que desveló unas supuestas comisiones con contratos de seguridad en Madrid. Así que decidieron pasar al contraataque, y pagar al detective por las supuestas pruebas de la corrupción de Ignacio González.

El detective pedía mucho dinero por el primer documento –el número de cuenta y los datos del entramado panameño tras el que se ocultaba Ignacio González– y aún más por una copia del cheque en cuestión. Lapuerta y Bárcenas, entre otros, le dieron 38.000 euros por el primer papel, pero no quisieron pagar los 75.000 euros que pedía el detective por la segunda entrega, por la fotocopia del cheque.

Con ese papel en la mano, Álvaro Lapuerta se reunió con el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y le preguntó por esa mordida de 1,4 millones que reflejaba ese papel, pero el dueño de OHL negó toda la información. También se lo contó al propio Mariano Rajoy e incluso hizo intentos para llevar el documento a a Fiscalía, que no fructificaron.

La investigación de la Guardia Civil

Bárcenas y Lapuerta, frustrados por no lograr arrancar el caso, lo dejaron estar. Ambos estaban por entonces ya más preocupados por su futuro penal que por denunciar a Ignacio González. Pero años después, el documento acabó llegando a través de varias fuentes a la Guardia Civil.

Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, consiguió hacerse con el papel el 16 de mayo de 2015. Poco después otras dos fuentes distintas aportaron la misma documentación a la investigación. Y en septiembre de 2015, otra fuente más corroboró el origen de esa documentación: la compra por parte de Lapuerta y Bárcenas de la información.

La UCO descubrió que el papel tenía datos buenos –la estructura societaria en Panamá– pero una falsedad fundamental: el número de cuenta no era el correcto. La Guardia Civil sí logró descubrir después cuál era el auténtico, que hoy está pendiente de una petición de información. Otra fuente pudo aportar la cuenta con la numeración real.

Ese error en el número de cuenta ¿fue una trampa tendida por la gente de González a sus enemigos del PP en Génova? ¿Fue un fallo de los detectives privados que elaboraron ese dossier? Aún es un misterio. Pero lo cierto es que ese papel, a pesar de este error, fue clave en el arranque de la Operación Lezo, una investigación judicial a la que después se sumó la denuncia que en junio de 2016 presentó la actual dirección del Canal de Isabel II, controlada por Cristina Cifuentes.

A través de otra fuente –el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que llegó a certificarlo ante un notario, según publica El Español–, el documento circuló durante 2016 por varios medios más, y también por el PP. Lo vio Carlos Floriano, José Carlos Vera, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria... El propio Ignacio González negó a El Mundo su autenticidad, según ha contado ese periódico.

Esperanza Aguirre presumía de “haber destapado el caso Gürtel”. Irónicamente, fueron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas quienes destaparon el caso Lezo; la consecuencia de una guerra por las comisiones y donaciones que cobraba el partido entre dos bandos enfrentados del PP.

http://m.eldiario.es/escolar/Barcenas-Lapuerta-investigacion-Ignacio-Gonzalez_6_635596476.html

LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL SE PERSONA CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

ADADE ha pedido al juez Eloy Velasco personarse como acusación popular en la causa sobre las irregularidades del Canal de Isabel II

El juez tomará este viernes declaración a Ignacio González antes de decidir si le envía a prisión o le deja en libertad con medidas cautelares

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido al juez Eloy Velasco, que dirige la investigación de la Operación Lezo, personarse como acusación popular en la causa. El magistrado tendrá que decidir si acepta la personación de la asociación que ha conseguido que el tribunal de Gürtel llame a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras dos intentos fallidos.

Los letrados ya han enviado un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, que tendrá que consultar a las partes antes de tomar una decisión sobre si acepta su personación en la causa. Puede decidirlo ahora o esperar a que se levante el secreto de sumario de una pieza que se mantiene secreta, y en la que hoy se tomará declaración a Ignacio González, detenido el pasado miércoles.

Si acepta su personación, Velasco deberá fijar el importe de la fianza que les impone para ser parte en este caso. ADADE tiene que justificar su presencia en este caso, como han hecho con su petición de sentar a Rajoy en la silla de los testigos del juicio de Gürtel.

En el escrito que enviaron a la sala, la asociación dejaba claro que sus estatutos recogen que su objetivo es "la búsqueda del cumplimiento del Estado de Derecho", así como "la búsqueda y sanción de comportamientos ilícitos".

Antes de decidir si acepta su personación, Velasco tomará declaración este jueves a los detenidos en la Operación Lezo. Esta mañana se sentarán ante el juez Ignacio González, en los calabozos de la Guardia Civil desde hace dos días, y Edmundo Rodríguez Sobrino, exresponsable de Inassa.

El juez preguntará a González por su papel en lo que los investigadores definen como "una organización criminal". También le pedirá explicaciones sobre el presunto cobro de una comisión a OHL, por la que esta noche ha sido detenido el empresario Javier López Madrid. Tras su declaración, el juez decidirá si le envía a prisión o le deja libre con medidas cautelares.

Velasco tomó declaración anoche a dos de los detenidos, a los que decidió enviar a prisión bajo fianza a última hora del día. María Fernanda Richmond, antigua responsable de las finanzas del Canal, tendrá que pagar cuatro millones de euros, mientras que Adrián Martín, exdirector general de la empresa pública, tiene impuesta una fianza de 100.000 euros.

Ambos están implicados en la compra por parte del Canal de una empresa brasileña de ingeniería y construcciones, Emissao. Esa adquisición se hizo a través de sociedades panameñas y uruguayas, y se abonó una cantidad muy superior al precio real de la empresa.

http://m.eldiario.es/politica/acusacion-Rajoy-Gurtel-Ignacio-Gonzalez_0_635536544.html

PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ

Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su llegada a la Audiencia Nacional, en el coche policial en el que ha sido trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, para declarar en la operación Lezo que investiga

Podemos y el PSOE se han personado esta mañana como acusación popular en el sumario abierto en la Audiencia Nacional de la operación Lezo, que investiga una trama de corrupción liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según apuntan las investigaciones.

También ha solicitado su personación como acusación popular la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El abogado Juan de Justo Rodríguez presentó en nombre de ADADE (asociación presente en otros casos como la trama Gürtel o el caso Púnica) dicho escrito el pasado miércoles por la tarde, a la espera aún de conocer si el juez instructor acepta esta petición.

La asociación se habría adelantado así a Podemos y PSOE en solicitar el ejercicio de la acción popular. Si se confirma, se encargaría de la dirección letrada de esta acusación.

La acusación popular es una figura que permite a toda persona personarse en una causa donde haya interés público, como es la extracción de dinero de la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid desde la que, al parecer, la red de González habría desplegado una estrategia para apropiarse del dinero y esconderlo en países opacos.

La decisión del PSOE de personarse ha sido tomada por la actual Gestora del partido y esta misma mañana se ha presentado el escrito ante el juzgado, según ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando

Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así como a las empresas públicas implicadas.

Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.

http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo

CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN TORNO AL CANAL DE ISABEL II

La líder del Partido Popular de Madrid ha acusado a Ciudadanos de incoherencia, argumentando que "no se puede desacreditar con mentiras al partido al que se sostiene mediante un pacto".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido desmarcarse de cualquier tipo de vínculo con los casos de corrupción en torno al Canal de Isabel II, después de que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la asamblea de Madrid, anunciase una petición de comparecencia de la presidenta en la comisión de investigación sobre corrupción política.

Cifuentes ha contestado a Aguado a través de Twitter acusándole de mentir y argumentando que "jamás he tenido que ver con operaciones internacionales del Canal de Isabel II".

"Mi pertenencia al Consejo en representación del Estado, era exclusivamente en mi condición de delegada del Gobierno en Madrid" ha justificado la líder del PP madrileño en un segundo twitt.

Cifuentes no ha terminado ahí, y ha querido explicar en otros cuatro twitts que "jamás" participó "en ningún tipo de decisión respecto a las operaciones que están siendo investigadas" excusándose además, en que "la operación de Emissao se hizo a espaldas del Consejo de Administración del Canal".

"En política no vale todo, y menos aún arremeter contra quién denuncia hechos presuntamente delictivos" ha dicho Cristina Cifuentes, en clara alusión al portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Además, ha acusado a Ciudadanos de incoherencia argumentando que "no se puede desacreditar con mentiras al partido al que se sostiene mediante un pacto".

http://m.publico.es/espana/1997092/cifuentes-se-desvincula-en-twitter-de-la-corrupcion-en-torno-al-canal-de-isabel-ii

LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES POR EL DETERIORO EN ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX

El fiscal general del Estado convoca este lunes a todos los fiscales de Anticorrupción después de que Manuel Moix viera frenada su intención de impedir un registro previsto en la Operación Lezo

Distintas fuentes de la Fiscalía consideran alarmante que en el verano de 2016 Ignacio González ya barajara el nombre de Moix como fiscal jefe de Anticorrupción, antes incluso de que fuera nombrado Maza

El 25 de noviembre pasado el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy nombró al hasta entonces magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza fiscal general del Estado. Y desde entonces el Ministerio Público ha entrado en una espiral de polémicas que han puesto en duda el papel de una institución clave a la que el Ejecutivo del PP pretende responsabilizar además de la instrucción de las investigaciones, desplazando a los jueces.

Con el nombramiento del magistrado conservador, su antecesora, Consuelo Madrigal, también conservadora, perdía de forma definitiva la batalla de los nombramientos de los puestos clave de la Fiscalía en el Estado. La sucesora de Eduardo Torres Dulce, que dimitió en diciembre de 2014, había chocado de forma directa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la elección de los futuros responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscalía de la Audiencia Nacional.

Mientras Madrigal apostaba por Alejandro Luzón, el fiscal que ha logrado la condena de Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las tarjetas black, el ministro puso sobre la mesa el nombre de Manuel Moix, que no pertenecía a la Fiscalía Anticorrupción que ha acabado dirigiendo. En la Audiencia Nacional también había discrepancias. Madrigal apostaba por la permanencia de Javier Zaragoza, un nombre que al ministro no le convencía, por lo que al final se optó por Jesús Alonso, el número dos de Zaragoza.

El malestar en la carrera fiscal sobre los nombramientos se muestra en un hecho excepcional: los dos fiscales natos del Consejo Fiscal, que son el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, y que de forma general apoyan las decisiones del fiscal general del Estado, se opusieron en esta ocasión a los deseos de elegir a Moix.

Rechazo interno

Tanto Navajas, considerado el número uno de la carrera puesto que el actual fiscal general no procede de la misma sino de la magistratura, como Cartagena no sólo votaron por la continuidad de Zaragoza en la Audiencia Nacional sino que también rechazaron el relevo del ex fiscal superior de la Región de Murcia Manuel López Bernal, que había comunicado al anterior fiscal de Anticorrupción, Antonio Salinas, que su departamento había sido objeto de varios ataques, como por ejemplo robos de ordenadores y entradas en sus viviendas.

Ahora, gracias a la Operación Lezo, se ha conocido además que el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana incluida en el sumario de la operación. Según la transcripción de la grabación, González se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla recogidas por la Cadena Ser.

¿Conocía Ignacio González la intención del Gobierno del PP de nombrar a Moix como máximo responsable de la lucha contra la corrupción? Distintas fuentes de la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de Moix antes incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza.

En febrero pasado, el fiscal general del Estado acabó designando a Moix, tal y como había barajado González. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta institución judicial.

Destitución del fiscal de Murcia

Estos nombramientos, y la destitución del hasta ese momento fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, alma mater de la acusación contra el ya expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, se unieron al primer gran episodio conflictivo, y que ha marcado de forma clara y directa la actuación del fiscal general del Estado: la decisión de que la Fiscalía Anticorrrupción no acusara al mencionado Pedro Antonio Sánchez en el otro caso de corrupción que tiene abierto, que es la pieza separada murciana de la trama Púnica.

Esta orden de Maza chocó de manera frontal con las conclusiones de las fiscales que, durante más de dos años, habían estado investigando el caso: Carmen García y Teresa Gálvez. Estas dos funcionarias involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero Maza ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez pero no por las dos fiscales mencionadas, que fueron desautorizadas.

En la polémica irrumpió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una entrevista en la Cadena Ser en la que se le preguntó por el motivo por el que el expresidente murciano había tenido acceso a información confidencial sobre la decisión de Anticorrupción de no acusarle, cargó contra las fiscales. El ministro de Justicia consideró "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se hubieran negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pedía que no se investigara a Sánchez: "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apostilló Catalá en la entrevista radiofónica.

Aforado en Murcia

Pedro Antonio Sánchez, como diputado del PP en la Asamblea Regional murciana, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJM). Por eso el juez que instruye en la Audiencia Nacional la rama murciana de la Púnica, Eloy Velasco, no puede acusar de forma directa a Pedro Antonio Sánchez.

Y eso le obligó a elevar una exposición razonada dirigida al TSJ murciano, cuyo ponente es el magistrado Julián Pérez-Templado, que es el instructor del también denominado caso Auditorio, y que recientemente fue fotografiado a la salida de una comida con uno de los principales imputados de la Púnica murciana, el exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz.

Sin embargo, la polémica sobre los casos de Murcia no acaba. Según ha adelantado infoLibre, Moix ha decidido marginar al fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que no se encargará de la acusación en la pieza de la Púnica que analizan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Los planes de Moix en Murcia se conocen justo un día después de que Maza confirmara el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados del caso del 3% de Cataluña, por los delegados de Anticorrupción en Cataluña Teresa Duarto y Fernando Maldonado por "razones operativas y prácticas".

Una nota oficial de la Fiscalía General explicaba que la sustitución correspondería a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid. Una estrategia que no se mantiene con los citados planes de Moix en Murcia sobre el delegado de Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, al que apartará de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez.

La complejidad del caso del 3% y el momento elegido para el cambio de fiscales, poco antes de que previsiblemente volvieran a reclamar la imputación del exconsejero de Justicia Germà Gordó, parece quitar la razón a Maza, que encarga las pesquisas a los fiscales delegados, obligados a comenzar desde cero, lo que sin duda supondrá un parón en el caso.

Enfrentamiento en Anticorrupción

Pero en medio de este panorama de descomposición, la Operación Lezo ha supuesto, de forma clara, el principal revés de Maza y de Manuel Moix en estos cinco meses de polémicas. Este último, con el apoyo de su jefe, se opuso a que la Guardia Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la trama liderada por Ignacio González, y cuya sede se localiza en Colombia.

Según fuentes de la investigación, Moix se opuso a ese registro al considerar que esta operación debería ser tratada como un caso de corrupción diferenciado a la Operación Lezo. Esta decisión habría significado que la compra ruinosa de esta empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção habría sido investigada por un juez distinto, pero sobre todo por otros fiscales.

El rechazo de Moix a autorizar el registro provocó una reacción en bloque de los fiscales de Anticorrupción, que en una actuación sin precedentes invocaron al artículo 27 del Estatuto fiscal para convocar una reunión en la que todos los fiscales del departamento lograron que el fiscal jefe diera marcha atrás a su intento de trocear la causa.

Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008. Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008.

Fuentes fiscales no entienden el empeño de Moix en diferenciar la compra de esta firma brasileña del resto de la instrucción, ya que la acumulación de todas ellas había recibido previamente el apoyo expreso de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Además, las citadas fuentes llegan a calificar esta rebelión como "un hecho excepcional y de extrema gravedad", según explican a infoLibre, pues argumentan que los funcionarios pusieron entre la espada y la pared a Moix. Fuentes jurídicas llegan incluso a asegurar que si Moix se hubiera empeñado en impedir el registro podría haberse enfrentado a una acusación de prevaricación.

Maza, que durante su comparecencia en el Congreso expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, ha logrado en cinco meses soliviantar al departamento más implicado en esa tarea, la Fiscalía Anticorrupción, e incluso a ser acusado internamente de querer tapar la corrupción del PP. Según ha podido saber este periódico, desde la Fiscalía General se intenta a toda costa averiguar de dónde salió la "filtración" acerca de la reunión forzada por la invocación del artículo 27 del Estatuto.

Ante este evidente malestar, sobre todo de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, Maza ha convocado a todos los fiscales de este departamento para una reunión que previsiblemente se celebrará este lunes por la mañana en la sede central de este departamento.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/22/crisis_seno_fiscalia_64154_1012.html

LAS CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN

El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino

El juez investiga si González habría pedido a ICM un millón para sanear las cuentas del PP de Madrid; el cobro de una comisión a OHL de 1,4 millones por unas obras del tren en Navalcarnero; irregularidades en la adjudicación del campo de golf en Chamberí y la compra de Emissao

En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de Informática de la Comunidad de Madrid, Jose Martínez Nicolás, el juez resolvió su libertad bajo fianza de 100.000 euros

El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para Pablo González y Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente, el juez acordó prision eludible bajo fianzas de 4 millones y de 100.000 euros, respectivamente.

En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) José Martínez Nicolás, el juez resolvió la libertad que se convertirá en prisión si no depositan 100.000 euros antes de las 12 horas del 28 de abril. En su auto el juez insistirá en que investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.

La Fiscalía había pedido prisión incondicional para Ignacio González y José Martínez Nicolás y una fianza de un millón de euros para Javier López Madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha prestado declaración ante el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y 45 minutos. González lo ha negado todo y ha escuchado las grabaciones telefónicas de las que fue objeto en el curso de la investigación. En ellas aparece González de interlocutor y algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al Canal de Isabel II, del que fue presidente de 2003 a 2012. El que es considerado por la investigación presunto cabecilla de la trama ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El exmandatario regional fue trasladado a la cárcel de Soto del Real.

El expresidente de la Comunidad de Madrid habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez Eloy Velasco. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han señalado que entre los indicios delictivos que el juez atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza.

El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este abono tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.

Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.

La Operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión. Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon empresas ad hoc primero para la construcción y, posteriormente, para la explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este tipo de instalación. Además, Velasco relaciona a González con La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso, según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".

El instructor del caso Lezo atribuye además al expresidente madrileño del PP responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en efectivo, según las mismas fuentes.

Las dos 'manos 'de Aguirre, en prisión

Ignacio González es el segundo hombre fuerte de la expresidenta autonómica y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha entrado en prisión acusado de formar parte de una trama de corrupción, después de que Francisco Granados lo hiciera en octubre de 2014, en el marco de la trama Púnica.

Por su parte, López Madrid –condenado a medio año de cárcel por el caso de las tarjetas black– ha declarado "efusivamente" ante el juez durante poco más de una hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional.

La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración está siendo asistido por Esteban Mestre.

Velasco decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín –que ya ha prestado aval– y que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.

Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal –un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción–, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23,3 millones de euros.

Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

Igualmente han prestado declaración en esta causa el presidente y el director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.

La operación Lezo estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/gonzalez_comienza_declarar_ante_juez_velasco_64141_1012.html

LO QUE SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN LEZO

La Guardia Civil ha detenido a Ignacio González y a otras 11 personas por corrupción en la gestión del Canal de Isabel II

Estas son las claves de la investigación sobre la supuesta corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento hay 12 detenidos, entre ellos el expresidente autonómico Ignacio González.

¿Qué es la Operación Lezo?

La Operación Lezo investiga la supuesta corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, y se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular. La investigación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

¿En qué consiste la investigación?

Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Administración autonómica, compró sociedades en Latinoamérica por un precio superior al de mercado. Una de ellas fue la empresa brasileña Emissao. La empresa madrileña abonó 21,5 millones en 2013 por esta compra. Al mes Emissao valía la mitad de ese importe (10,2 millones); y al año, una cuarta parte (5,1). Ahora está en pérdidas.

¿Quiénes son los detenidos?

La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones, además de haber practicado numerosos registros, entre ellos la sede del Canal de Isabel II, el domicilio de González y la sede de subastas Segre presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño investigada en la causa. Estos son los cuatro supuestos cabecillas de la trama:

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012.

Pablo González, hermano de Ignacio González y presunto testaferro. Es director de estrategia y operaciones de la empresa Mercasa, una sociedad perteneciente al Estado.

Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de Ignacio González en Latinoamérica. Es el ex presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos, y consejero delegado de la empresa editora de La Razón.

María Fernanda Richmon ex directora financiera del Canal de Isabel II

Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL.

Adrián Martín, exgerente del Canal de Isabel II

¿Quiénes están imputados?

El número de imputados aún no ha trascendido, fuentes de la investigación hablan de varias decenas. Por ahora han declarado ante el juez:

Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, que ha declarado este jueves como imputado.

Mauricio Casals, presidente del mismo medio.

¿Quiénes están llamados a declarar como testigo?

El juez Eloy Velasco ha llamado a declarar como testigos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su mano derecha el consejero de Justicia y Presidencia y responsable del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y a su jefe de comunicación, Marisa González.

¿Qué ha dicho el PP?

Tras la detención de Ignacio González, el Comité de Derechos y Garantías del PP le ha suspendido provisionalmente de militancia. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la detención del expresidente madrileño demuestra que las instituciones en España funcionan.

¿Qué han dicho el resto de partidos?

Los partidos de la oposición en el Congreso han exigido explicaciones al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sobre el intento del recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de impedir una serie de registros en el caso Lezo, que afecta al expresidente madrileño Ignacio González. Moix dio marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales anticorrupción expresara su discrepancia con ella. El PSOE solicitará que Maza y el ministro Rafael Catalá comparezcan en la Comisión de Justicia del Congreso.

PSOE y Podemos también han anunciado este viernes que se personarán como acusación popular en el caso. El miércoles, tras conocer la detención de González, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492614115_030601.html

LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES

La trama gestada en torno a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II desvió casi 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales, provocando malversación y lesión al patrimonio público madrileño. Así consta en el primer auto de prisión decretado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en relación a dos ex directivos de esta sociedad, dentro de la llamada Operación Lezo.

Atendiendo al citado documento, al que tuvo acceso este diario, en 2013 se observaron "irregularidades" en la operación de compra de una empresa brasileña, Emisaao, por parte de una filial del Canal de Isabel II ubicada en Latinoamérica, que responde al nombre de Inassa. Los hechos investigados advierten de que los presuntos gestores de la trama, entre los que fue detenido el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, crearon empresas instrumentales "que operaban en países terceros de escasa opacidad" para realizar la operación, que se ejecutó "en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas".
Según la investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la adquisición de Emisaao se hizo "sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de Hacienda". Es más, deja constancia de que las sociedades instrumentales se crearon para hacer "desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales".

Los investigadores no pasan por alto que con esta operación de compra, considerada "hipervalorada ficticiamente", se produjo un desfalco en el patrimonio de la empresa pública, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas" que participaron "directamente" en las gestiones u otras "afines".

Según los hechos investigados, los implicados en la operación realizaron la adquisición de la empresa sin contar con la autorización del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y "a través de un entramado societario opaco". Es más, modificaron el porcentaje de adquisición del capital de la empresa a comprar del 40% al 75% "sin autorización" y renunciaron a un aval de tres millones de euros para contingencias "sin justificación alguna".

La investigación deja constancia de que la adquisición no estaba incluida en el plan estratégico de Canal Extensia, empresa del Canal de Isabel II que adquirió la mayoría de Inassa, y que la firma auditora KPMG informó en contra de la operación, lo que "debió llevar a la paralización inmediata" de la compra. Los fondos presuntamente invertidos por Inassa y Canal Extensia en la compra de la empresa brasileña ascendieron a casi 29 millones de euros, sin embargo, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, el patrimonio de las brasileña apenas era de 10,2 millones de euros cuando se produjo la operación, en 2013, pasando a ser negativo dos años después. En 2015, el patrimonio de Emisaao era de cinco millones negativos.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f9fa8de5fdea26658b463a.html

EL PSOE SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”

Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción

El PSOE ha decidido personarse como acusación popular en el llamado “caso Lezo”, que implica al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando. La decisión ha sido tomada por la actual Gestora del partido y esta misma mañana se ha presentado el escrito ante el juzgado.

Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así como a las empresas públicas implicadas.

Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.

http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ

A los únicos efectos de las peticiones de prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, y al resto de detenidos en la operación Lezo. El juez Velasco sortea la imposición y acusa por este delito para acordar los ingresos en la cárcel

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, da una nueva vuelta de tuerca. Ha impuesto a los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no acusen del delito de organización criminal a los detenidos por la operación Lezo, a la hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo harán por este delito, por expreso deseo de Moix, sino por el resto que también le han sido atribuidos.

Esto no significa, según fuentes jurídicas, que se retire esa acusación a González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminado de la querella. Solo en este momento procesal. A los efectos de las peticiones de prisión.

Es una cesión de los fiscales del caso, a cambio de que el fiscal jefe accediera a permitir el polémico registro a cuya práctica se oponía en principio y motivó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción.

Fuentes jurídicas consideran “absurda” la imposición, porque se trata de una “docena de personas que desde hace años”, supuestamente, se han “concertado para delinquir bajo la figura de su líder”, Ignacio González. Y eso, para las mismas fuentes, “solo tiene un nombre, organización criminal”.

Por cierto que el juez Eloy Velasco está soslayando la imposición y acusa por este delito en sus autos por los que ya ha ordenado dos ingresos en prisión. Se trata de la directora financiera del Canal Isabel II, María Fernanda Richmond, a quien ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, y al exgerente del Canal, Adrián Martín, a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/04/21/tribunales/1492726168_727224.html

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html

MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO

Maza lo puso al mando de Anticorrupción frente a otros aspirantes experimentados

El nombramiento de Manuel Moix como responsable de la Fiscalía Anticorrupción estuvo rodeado de polémica y lo han estado algunas de sus primeras actuaciones. El pasado verano, en una conversación grabada por orden judicial y que consta en el sumario secreto de la Operación Lezo, Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana se felicitaban de que Moix fuera a ser nombrado para el cargo, por su proximidad al PP, según desveló este jueves la Cadena SER.

Para entonces el cargo estaba vacante por jubilación del anterior responsable, pero no se había abierto el concurso ni Moix se había presentado porque el Gobierno estaba en funciones. El 13 de noviembre Consuelo Madrigal fue relevada como fiscal general, en contra de la opinión inicial del Gobierno, por negarse a nombramientos como el de Moix, según informó entonces EL PAÍS, Su candidato era Alejando Luzón. José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno.

El 22 de enero, meses después, Moix se presentó junto a otros seis aspirantes. Solo él era ajeno a esa fiscalía y competía contra Luzón, que trabajó en ese organismo y en procesos como el de Bankia, las tarjetas black y los fondos reservados; la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía especializada, Belén Suárez, responsable de casos como los del saqueo de Marbella; Antonio Romeral, que llevó el de los papeles de Bárcenas; José Miguel Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; Carlos Alba, especialista en delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006; y María Teresa Gálvez, una de las encargadas del caso Púnica. José Manuel Maza, fiscal general del Estado, nombró a Moix, candidato del Gobierno, el 22 de febrero.

Un día antes del Consejo Fiscal fue advertido por la Unión Progresista de Fiscales de la existencia de la conversación citada entre Zaplana y González. Maza hizo caso omiso y siguió adelante con el nombramiento.

Tras su polémico nombramiento, la operación de esta semana ha supuesto su primera gran intervención y un llamativo tropezón.

Una veintena de fiscales anticorrupción frenaron el martes la intención de Moix de limitar algunos aspectos de la investigación de la Operación Lezo, tras forzar una junta de fiscales y acogerse al precepto que les permite hacer frente a órdenes que estimen improcedentes.

Un mes antes fueron desautorizadas y apartadas las fiscales que querían acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Relación estrecha con la Comunidad

Manuel Moix ya tuvo un enfrentamiento con los fiscales anticorrupción cuando desde la jefatura de la Fiscalía de Madrid hizo que Rodrigo Rato fuera puesto en libertad el mismo día que era detenido para que se registrara su casa.

En 10 años al frente de los fiscales de Madrid ha tenido relaciones estrechas con los presidentes autonómicos, Esperanza Aguirre y González. Pidió el archivo del caso del espionaje, que implicaba a responsables de la Comunidad.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/20/actualidad/1492708754_157173.html

ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO LEZO' DESAUTORIZA A MOIX

Para la APIF, es "gravísimo" tener a los fiscales "completamente sometidos a poderes exógenos" y cree que la rebelión en la Junta de Fiscales desautoriza al jefe de Anticorrupción

La UPF se muestra preocupada por el daño que este asunto pueda ocasionar a "la credibilidad" de una fiscalía que consideran "muy sensible"

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se encuentra en un aprieto tan sólo veinticuatro horas después de que la Guardia Civil detuviera al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este jueves se conoció que Moix, que ocupa el cargo desde febrero, trató de frenar parte del operativo montado en el marco de la operación Lezo. En concreto, según pudo conocer infoLibre, se opuso a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) accedieran a las dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.

Ni Moix ni su equipo accedieron a confirmar ni desmentir a este diario ese dato bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción confesó a la Cadena Ser que su decisión le pareció "muy bien" al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, motivo por el cual ordenó a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, que detuvieran parte del operativo montado. La investigación, según sostiene El Español, tenía el visto bueno del ex fiscal Anticorrupción Antonio Salinas, de la jefa en funciones hasta la llegada de Moix, Belén Suárez, y de la ex fiscal general Consuelo Madrigal.

Desde la Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, hicieron público un comunicado en el que aseguraban que era "falso" que el jefe de Anticorrupción hubiera intentado "obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo" y recordaban que "cualquier revelación" del contenido del sumario "puede afectar gravemente al buen fin de la investigación". "Es igualmente incierto –continuaba la nota– que se intentara, en concreto, paralizar la investigación en lo referido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Sr. González".

"Gravísimo"

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, señala que el colectivo al que pertenece siempre se ha opuesto "a las órdenes negativas del jefe al fiscal que se encarga del caso", algo que, en su opinión, no garantiza "la independencia". Le parece "gravísimo" el hecho de tener a los fiscales "completamente sometidos a poderes exógenos a la carrera" y dice que no se puede asumir "con todas las garantías" una instrucción si existe la posibilidad de que "personas o intereses se interpongan en el procedimiento penal". "Nadie va a invadir o vulnerar determinados derechos fundamentales sin indicios razonables de que pueda ser necesario para descubrir un delito", completa en conversación telefónica con infoLibre.

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, se limita a decir que el colectivo no opina "sobre actuaciones vivas porque no es prudente", pero cree que llegado el momento tanto Moix como Maza deberán dar las explicaciones pertinentes. Desde la Asociación de Fiscales (AF) se remiten "al contenido de la nota de la Fiscalía General del Estado": "En principio, nosotros no sabemos si lo que sale en la prensa es cierto o no. Tenemos asociados en Anticorrupción, pero nadie nos ha dicho nada, ni nos ha preguntado nada, ni nos ha pedido amparo", afirma Jesús Alonso, portavoz de la AF.

Moix, ¿desautorizado?

Ni Cerdá ni Yañez aceptaron la orden que les venía de su superior. Por eso, recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal, que en su artículo 27 establece: "El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

Así, los fiscales de Anticorrupción se reunieron el martes, pocas horas antes de que arrancase la operación que se saldó, por el momento, con una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas. Después de que las dos partes argumentasen sus posiciones, se procedió a la votación. Cerdá y Yañez recibieron el respaldo de la mayoría de sus compañeros. El resultado fue abrumador: de 22 fiscales, 20 votaron a favor de continuar tal y como se había previsto, uno respaldó a Moix en su intención de frenar parte del operativo y el restante se abstuvo.

Pallarés, no obstante, recuerda que a pesar de perder "por mayoría" la votación, el fiscal Anticorrupción podría haber "impuesto su criterio". Pero Moix decidió dar un paso atrás después de la rebelión, lo que da lugar, según Pallarés, "a muchos indicios de que la orden no se ajustaba a la regularidad". "No se le ocurrió ni siquiera elevar una consulta o algún tipo de cuestión al jefe inmediato, el fiscal general del Estado, al que hubiera puesto en un brete", añade. Por todo ello, se muestra convencido de que Moix quedó "perfectamente desautorizado".

García, por su parte, explica que el artículo 27 se invoca "en pocas ocasiones". Sobre la votación, se muestra más cauto y dice que hay que valorar "otras cosas" para concluir si "quedó o no desautorizado". Sin embargo, sostiene que, atendiendo al resultado, "es revelador cuál es el parecer de la plantilla". Además, añade, muestra que "las tesis que plantearon los fiscales encargados del caso eran sólidas".

Desde la Asociación de Fiscales, por su parte, vuelven a remitirse a la nota de la Fiscalía General del Estado, que definió este miércoles la rebelión como "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" que fueron resueltas "conforme a las previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal" en un "escenario de estricto y razonable debate jurídico". "Los resultados ni autorizan ni desautorizan. Simplemente es el debate que se establece en el estatuto", apunta Alonso.

Credibilidad de una institución "sensible"

Moix desembarcó en Anticorrupción hace menos de dos meses procedente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre no estaba exento de polémica. Como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, al considerar que existían indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Sonaba como un fiscal cómodo para un PP acorralado por los escándalos de corrupción.

Y su nombre parecía gustar, sobre todo, al exlíder del Ejecutivo madrileño. Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, este jueves se conoció que el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana hablando sobre el posible nombramiento de Moix. Durante la charla, según publica El Español, el expresidente de la Comunidad de Madrid definió al actual fiscal Anticorrupción como "un tío serio y bueno". "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", añadió González.

En este sentido, Pallarés cree que es necesario, antes que nada, "pedir explicaciones" tanto a Moix como a González sobre esta conversación. No obstante, cree que "es muy importante que no haya ninguna sospecha sobre la persona que está dirigiendo una fiscalía de la envergadura e importancia de Anticorrupción". Por eso, cree que quizá hubiese sido mejor poner al frente a alguno de los "otros candidatos igualmente válidos" que había para optar a ese puesto. "Es importante escoger a la persona más adecuada para transmitir a la sociedad que estamos luchando contra la delincuencia", completa el portavoz de la APIF.

De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, Moix era el único ajeno a esa más que sensible fiscalía especial. Sin embargo, el fiscal general del Estado terminó designándolo. Y lo hizo a pesar de que la Unión Progresista de Fiscales había alertado a Maza de que circulaba un rumor sobre el actual jefe de Anticorrupción: un sumario abierto en la Audiencia Nacional que incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato de favor al PP. "Era algo que nos había llegado por más de una fuente. Por eso, en una reunión con el fiscal general, le comentamos que se rumoreaba que el nombre de Moix salía en un asunto judicializado y que le dejaba en mal lugar", explica su portavoz a este diario.

Por ello, García considera que "conociendo esta información" le corresponde a Maza explicar "qué hizo, qué no hizo y por qué hizo las cosas". Sin embargo, lo que "más preocupa de todo este asunto" a la UPF es el daño que pueda ocasionar a "la credibilidad" de una fiscalía "muy sensible". "Por eso, esto hay que explicarlo muy bien para que la opinión pública pueda creer en la fiscalía tras unas explicaciones que sean creíbles y sólidas", completa.

Alonso, como portavoz de la AF, evita pronunciarse sobre este tema al tratarse de "una investigación que está declarada secreta". "No sabemos los términos... Lo que haga el juez encargado del caso y el fiscal o los fiscales, nosotros nos remitimos a ellos", se limita a decir al respecto.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/fiscal_anticorrupcion_64059_1012.html

MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE DIMITE

La Audiencia Nacional investiga operaciones irregulares de la empresa pública en Angola

Una pieza separada de la 'operación Lezo' intenta aclarar un contrato de 500 millones por el que se obtuvieron supuestas comisiones ilegales

La empresa pública Mercasa ha cesado a Pablo González González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, así como a María Jesús Prieto Jiménez, directiva de la empresa, como consecuencia de la investigación abierta a estos directivos, según ha informado este viernes la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y recoge Europa Press.

La SEPI ha informado además de que ha recibido esta misma mañana la carta de dimisión del presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide y Montenegro, que tendrá efectos en el Consejo de Administración de la compañía, convocado para el próximo martes 25.

La SEPI explica en una nota de prensa que "la decisión de renovar parte de la dirección de Mercasa" deriva de la investigación abierta a estos directivos y del compromiso de ofrecer la máxima colaboración, "sin ningún tipo de trabas", a la Administración de Justicia.

Asimismo, la SEPI ha señalado en un comunicado que espera que los responsables de Mercasa afectados por esta investigación puedan acreditar "una actuación ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho".

La Audiencia Nacional ha desarrollado este miércoles una segunda operación contra la corrupción, la dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata por operaciones irregulares del Consorcio Mercasa en Angola, en la que no se han producido detenidos, pero se vienen realizando registros desde anoche y se ha imputado a 10 personas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes jurídicas.

Se de la circunstancia de que esta operación coincide con la realizada esta misma mañana por otro juzgado de este órgano, el Central de Instrucción número 6 cuyo titular es Eloy Velasco, y ambos tienen en común la investigación de las actividades de la sociedad Mercasa.

Las actividades de esta entidad –actualmente consorcio Mercasa-Incatema–, formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco y que incluye las diligencias conocidas hoy por irregularidades en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica que han propiciado la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se da la circunstancia de que el hermano de éste es directivo de Mercasa.

Precisamente Angola sería el país en el que se habrían cometido los citados delitos objeto de la operación abierta este miércoles por De La Mata. Se investiga, concretamente a una serie de personas vinculadas a este consorcio que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista –de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla– en Luanda, capital del citado país africano.

Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que habrían desviado a su lucro personal, según las mismas fuentes.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/mercasa_cesa_hermano_ignacio_gonzalez_otra_directiva_presidente_dimite_64104_1012.html

CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS

Cristina Cifuentes, en su declaración escrita remitida al juez Eloy Velasco, ha negado haber recibido coacción alguna por parte de Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, según aseguran a OKDIARIO fuentes judiciales.

El presidente y el director del periódico La Razón fueron citados a declarar este miércoles en calidad de investigados por coacción. Casals y Marhuenda fueron grabados por la Guardia Civil en conversaciones con su consejero delegado, Edmundo Rodríguez, en el marco de la ‘operación Lezo’.

Para el juez Velasco, de los pinchazos telefónicos se desprende cómo los dos directivos presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la finalidad de que ésta no denunciara las numerosas irregularidades del Canal Isabel II.

Sin embargo, la nº1 del PP en Madrid ha negado estos hechos en su declaración, por lo que parece improbable que la causa pueda continuar. Por su parte, tanto Marhuenda como Casals, han asegurado ante el juez que “nunca” han presionado o coaccionado a la presidenta popular.

OKDIARIO ha intentado ponerse en contacto con Cifuentes, pero la líder del PP madrileño ha declinado hacer declaraciones para no romper el secreto del sumario, aún en curso.
“Nunca he amenazado a Cifuentes”

“La propia presidenta podrá decir que en mi vida la he presionado, que en mi vida he intentado influir sobre un procedimiento judicial para nada”, ha destacado Marhuenda en declaraciones a los periodistas tras comparecer como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco por presuntas coacciones a Cifuentes.

“No nos hemos inventado nunca ninguna noticia”, ha defendido Marhuenda, que, rodeado de reporteros, ha dicho en tono de broma sentirse “como la Pantoja”. Ha asegurado que, como prueba de que no se ha inventado ninguna noticia, ha entregado en el juzgado todo lo publicado sobre la Comunidad de Madrid. “Para que me digan”, ha apuntado, “una sola noticia que sea falsa”.

A su juicio lo que ha sucedido en este caso es que en “las conversaciones privadas puede haber palabras que se entiendan mal”.

Se ha disculpado en este sentido ante Marisa González por los insultos que profirió hacia ella en una conversación intervenida a Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre próximo a al ex presidente madrileño Ignacio González, ambos detenidos ayer en la ‘operación Lezo’.

“La palabra zorra es muy incorrecta y aprovecho la oportunidad para pedirle perdón. No estuve en mi mejor día más brillante, y no porque fuera una mujer, que conste, que sólo tengo hijas, fue un comentario coloquial desafortunado“, ha reconocido.

Respecto a la conversación en sí, ha explicado que se trataba de una conversación privada con “un amigo que está desesperado” y que siempre le ha dicho que es “inocente” y ha añadido que le ha aportado al juez un documento que él mismo le pidió que le hiciera para demostrar su inocencia.

“No conocía bien el tema, él me dio el papel y se lo he entregado al juez”, ha relatado tras manifestar que se ha encontrado “a gusto” declarando ante el juez Velasco. Junto al magistrado estaban los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García, a los que el director de La Razón ha calificado de “muy profesionales”. El Ministerio Público no ha pedido medidas cautelares para Marhuenda.

Respecto a otra conversación en la que dijo que le iban “a dar de leches a Cifuentes” ha explicado que eso fue para tranquilizar a Rodríguez Sobrino.

“Nunca la he amenazado, jamás de la vida y eso ella lo puede decir”, ha reiterado con respecto a Cristina Cifuentes, sobre quien se ha preguntado que cómo iba amenazarla cuando la conoce desde hace 30 años.

https://okdiario.com/espana/2017/04/21/cifuentes-niega-juez-haber-sido-coaccionada-marhuenda-casals-930533

DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

La Guardia Civil arresta al directivo de la compañía OHL por supuesto pago de comisiones al expresidente Ignacio González

El empresario Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL y yerno de Villar Mir, ha sido detenido por supuesta financiación irregular del PP de Madrid, según fuentes cercanas al caso. López Madrid está implicado en el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros por el proyecto fallido del tren de Navalcarnero.

López Madrid fue detenido cerca de la medianoche de este jueves después de aterrizar en Barajas. Su arresto se enmarca en una nueva fase de la operación Lezo, destapada este martes y por la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Horas antes, la Guardia Civil había registrado la sede de OHL, donde reclamaron datos de la obra del tren de Navalcarnero y Móstoles. El contrato, adjudicado por la Comunidad de Madrid en 2007, llevaba paralizado años por las discrepancias surgidas entre la constructora y la Administración regional.

Los investigadores buscaban datos sobre el supuesto pago de una comisión a través de una filial mexicana de OHL que transfirió 1,4 millones a cuentas suizas que se sospecha estaban a nombre de presuntos testaferros de Ignacio González.

López Madrid también está imputado en el caso Púnica. El juez Eloy Velasco ha investigado en esta causa si el PP de Madrid fue el receptor final de más de un millón de euros que supuestamente donó Javier López Madrid al entonces gerente del partido Beltrán Gutiérrez Moliner. Las iniciales de este y de López Madrid figuran en una agenda secreta de Francisco Granados, el ex número dos del PP madrileño, en prisión preventiva por el caso Púnica, junto a cantidades de dinero que presuntamente corresponden a pagos al exgerente.

El consejero de OHL también ha sido condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. La sentencia considera que se apropió indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad. López Madrid restituyó el dinero durante la instrucción del caso y se benefició de una reducción de la condena.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/21/actualidad/1492751879_745293.html

LÓPEZ MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA

El yerno de de Villar-Mir era amigo íntimo de Felipe VI

Javier López Madrid, detenido en el marco de la Operación Lezo que investiga la presunta corrupción en el seno del Canal de Isabel II durante la época de Ignacio González, es uno de los personajes más controvertidos de los últimos años, salpicado por demasiados asuntos turbios que van más allá de los investigados ahora.

Hablamos del yerno del todopoderoso Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, al estar casado con su única hija, Silvia Villar Mir. Su carrera profesional arranca en Londres, en la central del banco de inversión Goldman Sachs y, tras pasar por varios centros empresariales, acabó en OHL, la empresa de su suegro, que es una de las mayores constructoras y empresas de servicios de España.

Uno de los primeros casos en los que se vio implicado fue el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, con las que gastó casi 35.000 euros de dinero B en restaurantes, hoteles y viajes. Cuando estalló este asunto, López Madrid fue arropado por los actuales reyes de España, con los que mantiene una cercana amistad desde hace mucho tiempo.

López Madrid intercambió mensajes con la Reina Letizia, desvelados por eldiario.es en los que ella le decía:

“Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”

Un mensaje ante el que López Madrid contesta que “vivimos en un país muy complicado”. Es en ese momento cuando entra al chat el rey Felipe VI:

“¡Y tanto! Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana? Abrazo”.

Ante la imposibilidad de quedar de López Madrid, que en ese momento estaba en San Francisco, Felipe VI le desea que pueda disfrutar lejos de “este barullo”.

“Ahí va! Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo”.

La relación en López Madrid y el actual rey viene de tiempo atrás, cuando el monarca era sólo príncipe heredero y fraguaron su amistad en el colegio Los Rosales. El yerno de Villar Mir solía presumir de haber sido cómplice de Felipe VI en su etapa de soltero, permitiéndole que se alojara en la finca de su familia en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, para alejarse de los focos de la prensa del corazón y poder pasar fines de semana tranquilo, por ejemplo, con sus parejas de aquellos tiempos, como Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum.

Una relación rota

Una complicidad que el matrimonio de Javier y Silvia extendieron a Letizia Ortiz cuando inició su relación con Felipe. Los cuatro compartieron confidencias, así como viajes, tardes de cine o cenas en restaurantes. Incluso la afición por el yoga, que la reina Letizia practicaba junto a López Madrid en el chalet de él en Puerta de Hierro. De ahí el apelativo de "compiyogui" que utilizaba en sus mensajes.

Pero todo se fue al traste cuando López Madrid empezó a verse implicado en una ristra de asuntos turbios. El rey Felipe VI rompió las relaciones con él, algo que llegó a confirmar la Zarzuela de forma oficial, hasta el punto de que el suegro de Villar Mir acabó dimitiendo como patrono de la Fundación Princesa de Asturias.

Púnica y financiación del PP de Madrid

Otro de los sonados escándalos de López Madrid tiene que ver con el caso Púnica, en el que está imputado y tan salpicado que hasta el juez Eloy Velasco ordenó cinco registros el pasado mes de febrero. Dos de ellos fueron en los dos domicilios de López Madrid y otro en el despacho de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, para investigar los presuntos pagos del primero para financiar a la formación política que dirigía Esperanza Aguirre.

La relación de López Madrid con la Púnica era tan estrecha que su yate particular, el Myriam, fue utilizado entre 2010 y 2014 por Francisco Granados y David Marjaliza para veranear con sus respectivas familias. El acuerdo era tan amigable que se repartían las fechas para nunca coincidir los tres, pero el único que no pagaba era Granados, que utilizó el yate gratis mientras era cargo público. Los gastos corrían a cuenta de Marjaliza, el cerebro de la Púnica, que ingresó 260.000 euros en una cuenta de una sociedad de López Madrid, mientras que el propio empresario ingresó 135.000 euros. Lo que lleva a los agentes de la UCO a pensar que Granados iba a cargo de Marjaliza.

Otro de los asuntos que han salpicado a López Madrid ha sido la denuncia por acoso sexual de la doctora Elisa Pinto, que ha vivido varios vaivenes. En febrero de este año, el excomisario de Chamartín donde la doctora denunció que había sido apuñalada a la puerta del colegio de su hijo por un presunto enviado del suegro de Villar, compareció en los juzgados para reconocer que habían cometido “muchos errores” a la hora de investigar el caso y denunció que había una “mano negra” en el caso para dar la vuelta a las investigaciones, que trata de convertir al acosador en acosado y a la víctima en culpable, informa El Mundo.

http://www.elplural.com/politica/2017/04/20/lopez-madrid-el-compi-yogui-de-la-reina-caido-en-desgracia

UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL TRANVÍA DE NAVALCARNERO

Adrián de la Joya declara como investigado por su vinculación con la cuenta suiza donde la constructora ingresó el dinero en 2007. El pago, de 1,4 millones, se hizo desde la filial de OHL en México

A ese pago ya apuntaba el informe elaborado por los detectives que en 2008 espiaron a Ignacio González durante un viaje a Colombia

Adrián de la Joya, nombre inevitable de la jet en el cambio de siglo y ahora residente en Suiza, declaró este jueves como investigado en la Operación Lezo por sus vínculos con la cuenta en Suiza donde se pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL. El abono del dinero se realizó mediante una transferencia desde una filial de OHL en México y se habría pagado en un banco helvético en 2007 por la adjudicación del tren de cercanías que había de enlazar los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

El empresario Adrián de la Joya ha aportado durante su declaración, según fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con la cuenta de Suiza. Fuentes de la investigación vinculan el cobro de esa comisión a una empresa panameña, Lauryn Group, supuestamente relacionada con Ignacio González y alguno de sus colaboradores en el Canal de Isabel II.

En la operación Lezo, puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han sido detenidos este miércoles el expresidente madrileño Ignacio González y otras 11 personas. La sede de OHL ha sido registrada este mismo jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El proyecto del tren de Navalcarnero, faraónico, quedó en nada y OHL terminó reclamando al Gobierno madrileño una indemnización de nada menos que 371 millones por daños y perjuicios. El registro practicado este jueves en la sede de la empresa que lideran Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid se vincula directamente con esa supuesta comisión. Villar Mir ya declaró como imputado en el caso Gürtel dentro de la pieza de los papeles de Bárcenas –y negó haber hecho pagos al PP– y ha vuelto a declarar como imputado en el caso Son Espases, donde el juez José Castro investiga el supuesto plan para amañar la adjudicación del mayor hospital de Baleares.

El supuesto pago de la comisión abonada por OHL en Suiza quedó ya reflejada en el informe elaborado por los detectives que espiaron en 2008 a Ignacio González, durante un viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Según informó la Cadena Ser en abril de 2009, los autores del espionaje aseguran en su dossier que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Según el dossier, González no participa en dicha conversación.

La relación con Bárcenas

El nombre de Adrián de la Joya, exvicepresidente de Avanzit, emergió dentro del caso Gürtel en diciembre de 2016 después de que Suiza, país en el que reside, remitiera a la justicia española una remesa de documentos tras la correspondiente comisión rogatoria. Esos documentos señalan al empresario como propietario de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas investigadas por su relación directa con Luis Bárcenas: Obispado.

Oficialmente, Obispado era propiedad de Francisco José Yáñez Román, amigo de Bárcenas, antiguo integrante del equipo de tesorería del PP y fallecido en enero de 2014. Abierta en el Lombard Odier de Ginebra, Obispado recibió esos 50.000 euros el 22 de diciembre de 2008 desde la cuenta que en el ABN Amro de Zurich tenía la sociedad Frankford Trade Inc., una mercantil opaca.

En una conversación mantenida con infoLibre en diciembre, Adrián de la Joya explicó que ingresó esa cantidad porque conocía personalmente a Yáñez y este estaba atravesando una situación delicada tanto de salud como económica. Y que nunca recuperó esos 50.000 euros, algo a lo que, por sus explicaciones, restó importancia.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/un_empresario_aporta_datos_sobre_una_comision_ohl_pagada_suiza_por_tranvia_navalcarnero_64098_1012.html

DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

La constructora del grupo de Florentino Pérez entregó el dinero a Tecnoconcret, sociedad controlada por un hermano y un cuñado de Ignacio González, en teoría para instalar el césped del campo de golf

Tecnoconcret subcontrató a su vez a otra compañía relacionada con la trama, Only Golf, para que realizase el trabajo por 2,4 millones

De esta forma, la empresa de la familia González se quedó con una comisión de 600.000 euros, según los datos de la investigación judicial a los que ha tenido acceso infoLibre

La adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de 600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 construir unas instalaciones deportivas sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid, que presidía Ignacio González. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Pero el Ejecutivo del PP hizo caso omiso a las protestas y, en diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que era socio de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente madrileño. Los investigadores de la UCO y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están convencidos de que se trataba de una empresa controlada por tanto por Ignacio González, a través de sus dos familiares directos, ambos también detenidos este miércoles en la denominada operación Lezo. Como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los investigadores del caso han descubierto que Dragados pagó tres millones de euros a Tecnoconcret, supuestamente para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.

Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,4 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 600.000 euros, siempre según los datos que constan en la investigación que dirige el juez Velasco.

La historia de Tecnoconcret

Tecnoconcret fue fundada en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de ingeniería”. En sus tres primeros años de vida, Tecnoconcret tuvo una reducida facturación y no contaba con grandes clientes.

Pero la suerte cambió de forma radical para la empresa fundada por Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano, a partir del año 2006. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Pues que el 21 de junio de 2006, Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada curiosamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.

Esa relación entre Tecnoconcret y el vicepresidente fue desvelada en abril de 2007 por la revista Tiempo. Pero la denuncia periodística no tuvo consecuencias. En mayo de ese año, Esperanza Aguirre amplió su mayoría absoluta y González vio reforzado su poder en el Gobierno regional.

A la vista de la inmunidad, la familia del vicepresidente decidió que podía aparecer directamente como propietaria de Tecnoconcret. Así que en noviembre de 2008, Pablo González y José Juan Caballero suscribieron una ampliación de capital y cada uno se hizo con algo más del 30% de la sociedad. Cuando Público reveló estos datos en febrero de 2009, la portavoz de Ignacio González aseguró que Tecnoconcret había vendido meses antes sus acciones en el consorcio Green Canal Golf. Y que las había adquirido otra de las firmas del consorcio: Iridium, la empresa del grupo de Florentino Pérez.

Lo que no se sabía entonces es lo que ahora han descubierto los investigadores de la UCO: que Tecnoconcret se había embolsado tres millones de euros, abonados por la constructora Dragados, en teoría para realizar un trabajo para el que no estaba capacitada: la instalación del césped de los nueve hoyos del campo de golf. Así que actuó como mera intermediaria, subcontratando a Only Golf Planning and Desing, pero se quedó con 600.000 euros.

El papel de Only Golf

Only Golf Planning and Design era una compañía fundada en 2003 y dedicada al "diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas”. Como promotores del proyecto de las instalaciones deportivas del Canal nombró precisamente a José Juan Caballero y a José Antonio Clemente; es decir, el propio cuñado de González y a su socio en Tecnoconcret.

Pero la colaboración no se quedó ahí. Only Golf y Tecnoconcret también se convirtieron en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto social de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.

El 28 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González asistieron sonrientes a la inauguración del campo de golf en el barrio de Chamberí. La resistencia de los vecinos de Chamberí había sido ninguneada por los gobernantes. Pero una asociación vecinal decidió dar la batalla en los tribunales. En 2012, el Supremo declaró que la instalación deportiva era ilegal. El Gobierno regional del PP intentó entonces regularizar la instalación deportiva a través de un proyecto urbanístico, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo de pleno derecho en 2016.

Las sonrisas que exhibían aquel 28 de marzo de 2007 los dos protagonistas del acto de inauguración del campo de golf se han evaporado. Ignacio González lleva dos noches durmiendo en un calabozo y Esperanza Aguirre protagonizó este jueves una escena lacrimógena cuando le preguntaron por su hombre de confianza. La política madrileña acompañó las lágrimas con unas palabras entrecortadas sobre lo “conmocionada” que está. Hace justo diez años, desde abril de 2007, que Aguirre sabe que la explotación del campo de golf se adjudicó a un socio de la familia de su número dos. Desde entonces, González se ha visto envuelto en numerosos escándalos de presunta corrupción. Aguirre siempre respaldó su conducta “intachable” y lo nombró a dedo como su sucesor en la Presidencia de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/dragados_pago_tres_millones_empresa_familia_gonzalez_campo_golf_del_canal_64096_1012.html

CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"

El presidente de La Razón y el ex presidente del Gobierno de Madrid sabían desde hace meses que había intervenciones.

El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían porque "una magistrada amiga de la casa" había llamado para prevenirles.

Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta con Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Casals.

"El otro día me dice Mauricio (...) era la comida de colaboradores de La Razón", comienza señalando Ignacio González en esa conversación, cuya transcripción ha conocido EL ESPAÑOL.

"Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al 'lao' de él, me siento al 'lao' de Mauricio y al otro 'lao' Parera [Joaquín Parera, fundador de La Razón] y [Casals] me dice: 'Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos...?". Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La Razón y presidente de Inassa (filial sudamericana del Canal de Isal II) es otro de los detenidos en la Operación Lezo.

Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'".

Los fiscales querían detenerles

Casals y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, han declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigados por supuestos delitos de obstrucción a la Justicia y organización criminal. De acuerdo con los fiscales anticorrupción encargados de la Operación Lezo, ambos y Edmundo Rodríguez Sobrino habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para "condicionar" o "tratar de influir" en la actual presidenta del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presente pruebas incriminatorias contra Sobrino por las irregularidades detectadas en la compra por Inassa de la sociedad brasileña Emissao.

Los fiscales llegaron a plantear la detención de Casals y Marhuenda junto a la del resto de los implicados en la Operación Lezo alegando la necesidad de lograr el "cese inmediato del ataque" a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "por ello, se dirige contra los ciudadanos de esta comunidad autónoma", llegaban a afirmar los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.

El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, consideró exagerado este planteamiento y descartó la necesidad de las detenciones del presidente de La Razón y del periodista.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170420/209979631_0.html

INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO

En los registros se ha buscado documentación sobre la primera operación exterior del Canal, en la que podrían haber incurrido en sobrecostes como los investigados de la etapa de Ignacio González

La operación contra la corrupción en el Canal de Isabel de II podría terminar salpicando a Alberto Ruiz-Gallardón. Dependerá, principalmente, de los primeros resultados de los registros practicados por los agentes de la UCO. fuentes del caso confirmaron que, una vez solventada la polémica con el fiscal jefe Anticorrupción por incluir en los registros unos asuntos del año 2001, estos registros se practicaron. Desde hace tiempo hay sospechas de sobrecostes en la operación que generó toda la corrupción que ahora salpica a la empresa de agua pública: la compra de la filial en Latinoamérica para empezar el negocio exterior del Canal. Esta operación se hizo cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad, y su hombre de confianza Pedro Calvo presidente de la entidad. Según un ex trabajador del Canal, dos antiguos directivos de Aguas de Barcelona (Agbar) compraron por siete millones la empresa que 10 meses después el Canal de Isabel II compró por 79. Es decir, 11 veces su precio.

Ese gran negocio sería el que se va a investigar en caso de que los documentos encontrados den pie a ello. Esto salpicaría directamente a Ruiz-Gallardón, ya que hasta el año 2003 tanto la gestión del Canal como el Gobierno regional dependían de su equipo.

Esa primera expansión al exterior fue la que desató las compras de filiales ya en los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid, hasta que el Canal llegó a tener, en 2014, participaciones en 18 sociedades hispanoamericanas. En ese año, el Canal ya tenía negocios en Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Brasil y Panamá.Las mismas fuentes explicaron que la investigación por ahora está acotada a lo ocurrido a partir de 2003 porque los investigados son los que estuvieron a partir de ese año, pero en caso de que al analizar la documentación haya argumentos se incluirá lo ocurrido en la época de Gallardón.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20/58f90302268e3ec50b8b4590.html

LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO

Varias empresas han visto desfilar a agentes de la UCO por sus pasillos tras la operación contra la presunta trama corrupta de financiación del Partido Popular.

Agentes de la UCO durante el registro llevado a cabo este miércoles en la sede del Canal de Isabel II.
La operación Lezo, que investiga presunta financiación ilegal del PP y operaciones en el extranjero del Canal Isabel II, ha supuesto una de las mayores intervenciones policiales en el origen de la corrupción: las empresas. Tras la detención de Ignacio González, la Guardia Civil ha entrado en varias empresas para buscar documentación que permita trazar todo el recorrido de la presunta trama corrupta. Las principales firmas investigadas, y a las que han entrado agentes de la Guardia Civil son:

Canal de Isabel II

Es el punto de partida de la operación Lezo. Las supuestas operaciones irregulares de la empresa pública de agua en la época en la que Ignacio González fue su responsable han destapado la que parece enésima trama de corrupción y financiación irregular del Partido Popular. En la operación, entre otros, han sido detenidos Ignacio González; el hermano del expresidente madrileño, Pablo González; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Hispanoamérica; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal. Lourdes Cavero, esposa del expresidente de Madrid, está siendo investigada

Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa Emissao, que fue denunciada por el propio Canal de Isabel II, tras un sonado pelotazo con la compra de esta sociedad en Sudamérica que puso sobre la pista de los hechos delictivos a los investigadores.

OHL

Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que la Guardia Civil está investigando movimientos del Grupo Villar Mir. Afirman que la compañía está colaborando con las fuerzas de seguridad y niegan que la empresa haya realizado ningún pago o comisión a partido político alguno. La benemérita sigue el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonadas en 2007 en una cuenta en Suiza. Según las tesis de los investigadores el pago estaría destinado al expresidente autonómico Ignacio González por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa Juan Miguel Villar Mir. Los fondos para la presunta mordida pudieron transferirse desde una filial de OHL en México.

PwC

Este jueves, agentes de la Guardia Civil han requerido documentación relacionada con un familiar de uno de los imputados en la operación Lezo. Según fuente consultadas por Vozpópuli, cuatro agentes de paisano se han personado en una de las torres de Castellana y han requerido el acceso a un ordenador concreto de uno de los trabajadores de la firma auditora para investigar los contratos que en su momento logró PwC con el organismo de la Comunidad de Madrid.

PwC suscribió acuerdos con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, organismo envuelto en el caso Púnica.

Indra

La Guardia Civil investiga los contratos que la empresa de informática de la Comunidad de Madrid -la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)- firmó con la entidad semipública. El consejero de ICM, José Martínez Nicolás, está imputado en la operación Lezo y también en la operación Púnica

Mercasa

La compañía pública, que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, también ha sido objeto de investigación. En el objetivo de esa entrada y registro se encuentra un nombre propio, el de el hermano de Ignacio González, Pablo González. Sus continuos viajes a Sudamérica han puesto a la Guardia Civil y ala Fiscalía Anticorrupción sobre la pista de su implicación. La benemérita realizó un registro el miércoles en la empresa para localizar documentación que confirme esta presunta trama corrupta.

Mercasa ha llevado a cabo operaciones en países como Angola a través de una empresa semipública, Mercasa Incatema, que ha mantenido relaciones profesionales con Guillherme Taveira, prófugo de la justicia española.

Saerco

Saerco, la empresa que nació de la mano de Ildefonso de Miguel -mano derecha de Ignacio González en la CAM y exdirector gerente del Canal de Isabel II en la época del expresidente de Madrid- tiene un contrato con Aena para gestionar varias torres de control de aeropuertos. En este caso, el juez Velasco indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.

Además, según informa infoLibre, Saerco habría recibido más de un millón de euros de Aerocas, una empresa pública que gestiona el aeropuerto promovido por el condenado Carlos Fabra, y donde resultó adjudicataria de la torre de control del aeródromo, sin aviones de Castellón.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/grandes-investigadas-UCO-operacion-Lezo_0_1018999252.html

MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO DESESPERADO"

El director de 'La Razón' ha pedido perdón a la jefa de Gabinete de la presidenta madrileña por llamarla "zorra" en una de las conversaciones pinchadas durante la investigación de la Operación Lezo

Francisco Marhuenda ha estado cerca de hora y media declarando ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras haber sido imputado este miércoles acusado de un delito de coacciones a Cristina Cifuentes en el marco de las investigaciones de la Operación Lezo. A su salida ha asegurado estar "tranquilo" y ha negado haber presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Nunca, nunca, nunca he presionado a Cifuentes", ha insistido ante las preguntas de la prensa. Sobre el contenido de las grabaciones, que se hicieron públicas este miércoles, ha señalado que "solo quería ayudar a un amigo que estaba desesperado" pero que "jamás se produjo" lo que en ellas aparece. "Solo era para tranquilizarlo [a Edmundo Rodríguez]".

Según Marhuenda defendía a Edmundo Rodríguez, uno de los detenidos en la Operación Lezo. Fuentes de la investigación apuntan a que el director de La Razón y el presidente del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.

Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en onerosas operaciones del Canal.

Lo único que ha lamentado el director de la Razón es haber llamado "zorra" Marisa González a la que ha pedido "perdón" públicamente en varias ocasiones. Así ha justificado el insulto: "Edmundo estaba obsesionado con que Marisa González era la que estaba filtrando información sobre él". El director del periódico conservador ha querido dejar claro que "no se trata de machismo" porque tiene "hijas".

Marhuenda ha dicho que se ha sentido "muy bien" ante el juez y el fiscal, a los que ha mostrado recortes del periódico que ha llegado a la declaración para "demostrar" que nunca hubo una campaña en contra de la presidenta autonómica. El director de la Razón ha defendido su inocencia y ha asegurado sentirse "como la Pantoja". "Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, que es nada", ha insistido.

Antes que él, ha declarado el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Casals ha estado poco más de una hora testificando y a su salida ha manifestado estar "tranquilo". Ambos han llegado a la Audiencia Nacional en torno a las once y media de la mañana.

Esta tarde, declararán dos de los doce detenidos en la Operación Lezo. De ellos, siete de las detenciones se han producido en Madrid y el resto en latinoamérica. El turno de Ignacio González y el resto de arrestados en Madrid será este viernes.

http://m.eldiario.es/politica/Marhuenda-salida-declarar-presionado-Cifuentes_0_635186658.html

IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN UN PINCHAZO CON ZAPLANA

Anunció a Zaplana que Manuel Moix ocuparía el cargo meses antes de que fuera designado con el apoyo de la mayoría conservadora del Consejo Fiscal

Moix es el jefe de los dos fiscales Anticorrupción que impulsan la investigación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid

El jefe de Anticorrupción ordenó paralizar registros en la operación contra González y desató una rebelión de fiscales

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González mantuvo meses antes de ser detenido una conversación telefónica con Eduardo Zaplana, ministro del Gobierno de Aznar y hoy retirado de la política, en la que el primero aseguró que el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción sería Manuel Moix, del que destacó su afinidad al PP y su profesionalidad, han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.

Cuando se produjo la conversación, intervenida con orden judicial, aún restaban al menos tres meses para que se anunciara el nombramiento de Moix, en detrimento de los otros aspirantes, todos ellos destinados en la Fiscalía Anticorrupción o con un pasado en ella, a diferencia del elegido.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, intentó dar una apariencia de decisión consensuada en el Consejo Fiscal para el nombramiento de Moix en Anticorrupción, pero la elección fue fruto de un plan preestablecido que salió adelante con el apoyo de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de orientación conservadora.

El Mundo publicó que la antecesora de Maza, Consuelo Madrigal, no fue propuesta finalmente para seguir al frente de la Fiscalía General porque advirtió que se negaría a realizar los nombramientos que le venían impuestos desde el Gobierno, concretamente del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En la conversación con Zaplana, incorporada al sumario de la Operación Lezo, Ignacio González explica que el nombramiento de Moix se vio abortado a principios de 2014 por la decisión de Antonio Salinas de seguir al frente de Anticorrupción, pero que una vez jubilado éste, el camino quedaba despejado para colocar al candidato del PP.

Durante la misma charla, los participantes en ella hacen un repaso de destacados miembros de la judicatura que consideran políticamente afines, entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La investigación de la Operación Lezo, como cualquier otra relevante de corrupción, lleva el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, los dos subordinados de Moix que trabajan en el caso son Cárlos Yáñez y Gemma García. Esta última es una de las dos fiscales del caso Púnica, atacadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haberse negado a firmar el escrito en el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. Estos hechos se produjeron antes de la llegada de Moix a Anticorrupción.

Los fiscales del caso advirtieron a su nuevo jefe de la conversación en la que era mencionado por el principal imputado en la 'Operación Lezo', en situación de detención policial hasta que pase a disposición judicial antes del sábado, precisaron las mismas fuentes. La conversación referida también presenta indicios de los delitos por los que se investiga a Ignacio González, añadieron.

http://m.eldiario.es/politica/Ignacio-Gonzalez-afinidad-Anticorrupcion-PP_0_635186483.html

EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL

El juez Eloy Velasco dicta prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros para la exgerente del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond

El empresario de la jet set Adrián de la Joya ha declarado ante el juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, por su supuesta intermediación en el pago de una comisión de OHL, según fuentes jurídicas. De la Joya se ha prestado a colaborar con la Justicia, aportando toda la documentación, por lo que ha salido de la Audiencia Nacional esta noche sin medida cautelar alguna.

Al parecer, Ignacio González habría recibido en Suiza 1,4 millones de euros por medio del yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, según ha revelado Público.

Por otro lado, el juez Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros para María Fernanda Richmond, que fue directora de Canal de Isabel II hasta ser cesada por las operaciones de compras de empresas de esta compañía en Latinoamérica. Además, el magistrado ha dictado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Adrián Martín de las Huertas, exdirector general de Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2016.

Ambos exdirectivos del Canal son investigados por una pérdida de 25 millones de euros provocados en la empresa pública a través de la adquisición irregular en Brasil de la empresa Emissão Engenharia e Construções a través de la filial Extensia en Latinoamérica.

El juez ha decretado que ambos exdirectivos sean investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. A diferencia del juez, la Fiscalía no ha incluido el delito de organización criminal en su petición, porque lo ha retirado por ahora en la lista de ocho delitos por los que se investiga esta trama a la espera de analizar las pruebas recabadas.

http://m.publico.es/politica/1996864/el-empresario-de-la-jet-set-adrian-de-la-joya-imputado-en-la-operacion-lezo-por-mediar-en-el-pago-de-una-comision-de-ohl

REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO GONZÁLEZ

Los investigadores vinculan el pagó realizado en 2007 desde una de sus filiales en México al proyecto del tren de Navalcarnero.

Segunda jornada de la Operación Lezo. La Guardia Civil ha registrado las instalaciones que la constructora OHL tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid siguiendo el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonada en 2007 en una cuenta en Suiza.

Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado -por medio de testaferros- al expresidente autonómico Ignacio González y responde a una comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario Javier López Madrid, yerno del responsable de la empresa.

La construcción del tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo, la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después reclamó al Gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.

Nueve años después, el proyecto, estimado en 362 millones de euros, que iba a unir las localidades de Navalcarnero con Móstoles está enterrado y sin ánimo de que vaya a salir adelante. OHL se ha sentido engañada por la Comunidad de Madrid porque previó un crecimiento de población en Navalcarnero que nunca llegó debido a las crisis económica.

El planteamiento que tenía hecho la compañía con un número estimado de viajeros, por los que cobraría, se desinfló y ya la obra no le salía rentable. A eso se añade que en el contrato se le iba a adelantar 50 millones de euros, que tampoco se le pagó, con lo que la empresa y la Comunidad llevan litigando desde hace años.

A lo largo de este jueves los investigadores también están realizando pesquisas en la sede de la tecnológica Indra y requerimientos en la consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC) y en el despacho de abogados Cuatrecases.

La “omertá” entre OHL y la Comunidad

Esta no es la primera causa que relaciona los negocios de OHL con los miembros o las campañas electorales del Partido Popular. En Palma de Mallorca, el juez José Castro investiga la relación entre presuntos pagos al PP nacional y la concesión para construir el hospital de Son Espases. En la trama Púnica, el juez Eloy Velasco investiga también las relaciones entre la financiación ilegal del PP y Javier López Madrid, directivo de la constructora y amigo de Francisco Granados.

Sin embargo, los pagos de OHL que aparecen en esta nueva investigación son ajenos a esa pieza. En este caso, se investiga, además de la financiación ilegal del PP, el posible pago de comisiones directas a Ignacio González. Los negocios de la constructora aparecieron también en la Comisión de Investigación que la Asamblea de Madrid dedicó a la corrupción dentro del PP.

En esa Comisión, el diputado regional por el PSOE Daniel Vicente Viondi, espetó al dirigente madrileño Jesús Trigueros que “ustedes y OHL han llegado a un acuerdo tácito en el que, demanda con demanda, al final lo que queda es que el tren a Navalcarnero y el soterramiento de las vías del tren en Móstoles nunca verán la luz. Es una especie de omertá, a la que ustedes han llegado para que este tema quede extinguido definitivamente del pensamiento colectivo de los vecinos y vecinas de Navalcarnero y de Móstoles, y eso es lo que más nos duele; luego ya hablaremos de las cuestiones judiciales que parece que se han abierto con este expediente, porque imagino que usted lee la prensa”.

Viondi añadió: “Si por algo es conocido Navalcarnero es por la inmensidad –y perdonen que utilice esta expresión- de fechorías que han llevado a cabo allí los distintos Gobiernos municipales del Partido Popular con la connivencia clara y rotunda del Gobierno regional del Partido Popular, de la señora Esperanza Aguirre y del señor Ignacio González”.

http://www.elespanol.com/espana/politica/20170420/209979159_0.html

LA HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA

Con cara de preocupación y mirada constante pegada al teléfono móvil, la diputada del PP Isabel González ha acudido esta mañana al Pleno de la Asamblea. Un día normal no sería noticia. Es la portavoz adjunta del PP en la Asamblea. Es su obligación, pero su presencia hoy adquiere importancia al ser detenidos ayer su hermano, el ex presidente regional, Ignacio González, su otro hermano, Pablo González, y su marido, Juan José Caballero. Los tres han pasado la noche en el calabozo, pero ella ha acudido puntual a la Asamblea.

"Está destrozada, la verdad", ha señalado un diputado del PP en uno de los recesos. En la familia popular es muy respetada. La definen como una política "que nunca ha ejercido de hermana de". La marcha de la ex portavoz adjunta Elena González Moñux por una baja por depresión el pasado diciembre abrió la puerta a que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la jefa del grupo parlamentario, la colocara como una de las caras visibles del partido. Ambas son amigas desde hace muchos años. Se conocen bien y Cifuentes confía en ella. "Es muy seria y trabajadora", precisa otra persona que conoce bien a la que es también portavoz del Área de Cultura. De hecho, Cifuentes y ella suelen acudir juntas a presentaciones de obras de teatro y eventos culturales. Los corrillos han sido constantes esta mañana en la Asamblea de Madrid, donde las filas populares han vivido una jornada casi de luto. "Es que esto es la tormenta perfecta", comenta otro miembro del grupo de Cifuentes que lleva tiempo en la Asamblea de Madrid y que todavía se sorprendía de la detención del ex presidente: "Es que le hayan detenido así es muy fuerte". Otros miembros del partido lo tenían menos claro y defendían ante todo "la presunción de inocencia. Eso lo primero".

http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/20/58f899c722601de8548b465d.html

LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO

Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en AP y luego en el PP, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo parlamentario en el Senado

Desde que estallara la Operación Lezo, el padre de Ignacio González se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el entramado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de 2004.

Desde que estallara la Operación Lezo en la que se detuvo a Ignacio González, el padre de éste se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el entramado con el que supuestamente se lucraron el expresidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de la familia también detenidos o señalados por los investigadores.

Ignacio González fue arrestado el miércoles junto a su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Esta empresa pública de aguas es una de las mercantiles en el epicentro de la Operación Lezo.

La investigación también reúne indicios de delito de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, por la vinculación de su empresa Subastas Segre en el entramado que lideraba el expresidente madrileño.

Tras pasar dos noches en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos, este viernes están citados para que declaren ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/la_uco_cree_que_gonzalez_blanqueo_dinero_traves_padre_anos_que_encuentra_arresto_domiciliario_64123_1012.html

CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES

La investigación pone el foco en las turbias operaciones del gigantesco y durante años opaco Canal de Isabel II, pero también en las vías que el expresidente y su círculo familiar habrían utilizado para blanquear el dinero desviado

Su hermano y su cuñado figuran entre los arrestados por orden del juez Velasco y su esposa también está siendo investigada

Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo del cuartel de Tres Cantos sacudieron este miércoles como un auténtico terremoto el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha puesto el foco en la gigantesca y opaca estructura que el expresidente de Madrid manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras circunstancias.

Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero –casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid– también han sido arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental.

Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones que ahora investiga el juez Eloy Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Otras operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran, no obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año antes.

La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación con la compra de la empresa brasileña Emissao.

La relación de exdirectivos investigados es más extenso y aparece encabezado por Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado en la Operación Púnica.

Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos prominentes figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda, declararán hoy jueves ante el juez Velasco por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de la brasileña Emissao. Este miércoles ya declararon, como testigos, la propia Cifuentes –en su despacho y por escrito–, su jefa de gabinete, Marisa González, y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido. Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales coacciones.

La panoplia de actuaciones y personas investigadas estructura así el caso sobre dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal, el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de blanqueo.

La adjudicación del campo de golf

Una de las operaciones bajo la lupa de los investigadores tiene su origen en diciembre de 2006. En esa fecha, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión de un campo de golf construido en el centro de Madrid. La adjudicación benefició a tres empresas que venían obligadas por las bases de la licitación a constituir una nueva sociedad conjunta para la gestión de las instalaciones deportivas y que fue bautizada como Green Canal Golf.

De las tres mercantiles beneficiadas, una –Iridium– pertenecía al gigante ACS y se hizo con el 52,2% de Green Canal Golf; otra –Soto Once– poseía una estrecha vinculación con el negocio del golf y obtuvo el 23,9% de la empresa gestora. La tercera –Tecnoconcret- copó otro 23,9%. Tecnoconcret carecía de la menor experiencia en la gestión de zonas deportivas, Pero su accionista mayoritario, José Antonio Clemente, tenía como socio en otra compañía –Tamanaco 07 Consulting– a dos familiares de Ignacio González: su hermano Pablo, ahora directivo de Mercasa y detenido también este miércoles, y su cuñado José Juan Caballero Escudier, asimismo arrestado.

Declarado ilegal por el Supremo en 2015, el campo de golf quedó inaugurado en marzo de 2007 en medio de fuertes protestas vecinales. Un mes más tarde, y después de que la revista Tiempo hubiera destapado la relación societaria entre el dueño de Tecnoconcret y su hermano Pablo, el entonces vicepresidente de Madrid esgrimió el siguiente argumento: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal que adjudicó la concesión del campo de golf ni comunicó a los demás consejeros el vínculo que unía a uno de los adjudicatarios con su familia.

En noviembre de 2008, cuando el escándalo por la adjudicación del campo de golf ya se había difuminado, Tecnoconcret acometió una ampliación de capital. Y el hermano de Ignacio González pasó a convertirse oficialmente en socio de la empresa.

La operación fue descubierta de nuevo por una investigación periodística, esta vez del diario Público, que el 5 de febrero de 2009 informó de la incorporación del hermano de Ignacio González al accionariado de una de las tres empresas gestoras del campo de golf. Según la Comunidad de Madrid, para entonces hacía ya un año que Tecnoconcret había vendido a Iridium, la filial de ACS, el 23,9% que poseía en Green Canal Golf.

La empresa de arte de la mujer

Pero el foco de la investigación no afecta solo al Canal. Este miércoles, la Guardia Civil también registró la sede de Subastas Segre, la empresa de venta de objetos de arte fundada en el año 2000 por la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, junto con varias amigas, todas ellas unidas por un nexo común: su cercanía personal a Ana Botella.

Las cuatro fundadoras de Subastas Segre eran personas muy familiares en la Moncloa de Aznar y Botella: Carmen Cafranga, años después implicada en el escándalo de las tarjetas black de Bankia; Concha Tallada, que en 2000 acababa de separarse del expresidente de Telefónica Juan Villalonga; Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, y Maribel Casillas, que se convirtió en la directora general de la galería.

Subastas Segre ha resultado un negocio boyante. En 2015 facturó oficialmente 1.789.079 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y obtuvo un beneficio neto de 251.770 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/caen_ignacio_gonzalez_su_clan_familiar_tras_una_decada_escandalos_impunes_64032_1012.html

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html

OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL

La UCO ha llevado a cabo hasta 40 registro simultáneos

También investigan Subastas Segre, la compañía presidida por la esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

Se han producido ya 40 registros y 10 detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco de la investigación abierta de la Guardia Civil por la gestión del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid.

Los registros que está realizando la Guardia Civil se están produciendo en empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid –Indra, ICM y OHL, además del Canal de Isabel II– por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a instancias de la denuncia que interpuso el Gobierno de Cristina Cifuentes. También se están produciendo registros en la sede en Madrid de Subastas Segre, asesora de coleccionistas y mediador en la compra-venta de obras de arte.

Subastas Segre
Es una empresa situada en madrileño barrio de El Viso. Ya se vio involucrada en la trama Púnica al ser la casa de subasta que se encargó de vender unas plumas estilográficas de lujo relacionadas con la operación. Está presidida por Lourdes Cavero Mestre, la esposa del expresidente de la comunidad Ignacio González y en su directiva figuran, entre otros, Pilar, cuñada de González, y Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas black. Según informó Vanitatis, la mayoría de los objetos que se vendieron a través de Subastas Segre se requisaron en las oficinas de David Marjaliza, mientras que el resto estaban en cajas de seguridad a nombre de Juan José Sánchez Barceló, el joyero socio de Francisco Granados.

Indra
Es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios al sector público. La multinacional también está relacionada con la operación Púnica. El conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, informó por teléfono a su socio que se iba a encontrar con alguien de Indra, que terminó siendo el director general de la compañía, para pagar 10.000 euros en negro a De Pedro por sus trabajos por su reputación online.

IMC
En este episodio, que ya relató en marzo eldiario.es, está involucrada también la Agencia Informática y de Comunicaciones (IMC), una sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid y que también está siendo registrada en estos momentos por la Guardia Civil. En julio de 2013, IMC realizó un informe que justificaba la necesidad de contratar un "servicio de telefonía móvil segura" para el equipo de Gobierno.

El por entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, declaró el "carácter reservado del expediente de contratación " y defendió que la operación fuese confidencial, lo que permitió hacer los trámites evitando la publicidad y ofertándolo mediante invitación a las compañías que considerasen oportunas, que en este caso solo fue Indra. Finalmente, IMC adjudicó un contrató de 117.394 euros a la multinacional. Tal y como informó la Cadena Ser, dos semanas antes de que Rajoy descartase la candidatura de Ignacio González a la presidencia de la comunidad, IMC elaboró otro informe en el que manifestaba la necesidad de resolver el contrato con Indra al considerar insuficiente la confidencialidad de la información transmitida a través de los teléfonos móviles.

OHL
Es una constructora que ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía incorporado al sumario de los papeles de Bárcenas. Tal y como informó infoLibre, sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora 417 millones en contratos.

La Guardia Civil también ha procedido a detener al hermano de Ignacio González, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa que gestiona mercados de abastecimiento como Mercamadrid o Mercabarna.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/19/la_guardia_civil_registra_las_sedes_otras_empresas_marco_investigacion_del_canal_isabel_ii_63989_1012.html

IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

De los 12 detenidos vinculados a la trama, tres han quedado en libertad y otros dos se encuentran fuera de España

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pasará la noche en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos junto a seis de sus colaboradores en la trama corrupta que habría desviado fondos del Canal de Isabel II, a través de una intrincada red de cuentas y empresas pantalla en el extranjero.

Ignacio González pasará la noche en la Comandancia de la Guardia Civil

Además de González, permanecerán encarcelados en la Comandancia del Instituto Armado dos de sus familiares, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero. También el expresidente de la filial del Canal en Colombia Edmundo Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra. En la misma situación se encuentran la exdirectora financiera del ente María Fernanda Richmond y el que fuera su director general, Adrián Martín, han informado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

La lista de detenciones se ha elevado este miércoles a 12 personas, a las que se suma una treintena de imputados. Además de los siete que aún permanecen bajo custodia de la UCO, otros tres han quedado libres tras finalizar los registros practicados en sus domicilios y despachos profesionales. Dos más —Diego García Arias y Sebastián Cristovao— fueron arrestados en Colombia y Brasil.

Día de registros para Ignacio González tras su detención

Las mismas fuentes apuntan que al menos cuatro de los arrestados que deben pasar de forma inminente a disposición judicial lo harán este jueves. El juez Velasco y los fiscales anticorrupción encargados del caso también tomarán declaración al director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, y al presidente de la sociedad editora del diario, Mauricio Casals, en este caso por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Mínimo, 40 años de prisión

El juez y Anticorrupción acusan de ocho delitos a los miembros del entramado presuntamente dirigido por González que suman penas superiores a los 40 años de prisión. Consideran que integraban una organización criminal dedicada al desvío de fondos en beneficio propio, y solo por este delito el Código Penal establece penas de hasta ocho años en los casos más graves.
La malversación lleva aparejadas condenas de hasta ocho años, mientras que el blanqueo de capitales se castiga con un máximo de seis por cada uno de los delitos cometidos, lo que multiplica la estancia en la cárcel en casos como el presente, en el que se investigan distintas operaciones irregulares.

A la lista se suma el cohecho, con hasta seis años más, los mismos vinculados al fraude fiscal, que también podrían aumentarse en caso de que los actos defraudatorios fueran varios. Otra media docena de años acumula la falsedad documental, mientras que la corrupción en los negocios alcanza un máximo de cuatro años.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/el-entramado-de-ignacio-gonzalez-se-enfrenta-a-penas-de-hasta_1369320/

EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A CIFUENTES

Los pinchazos revelan planes para presionar a la dirigente

El juez investiga al presidente y al director de ‘La Razón’ por coacciones a Cifuentes Cifuentes ofrece la máxima colaboración con la Justicia

El periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y Mauricio Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid, según han confirmado fuentes jurídicas. Ambos han sido citados por el juez Eloy Velasco para declarar hoy. Este miércoles, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y durante años el “hombre de confianza en Latinoamérica” de Ignacio González cuando este presidía el Canal.

Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba presuntamente implicado Rodríguez Sobrino. EL PAÍS intentó este miércoles contactar con los implicados para recabar su versión de los hechos, pero fuentes del Grupo Planeta, editor de La Razón, han declinado hacer ningún comentario. No obstante, Marhuenda, en declaraciones a Elplural.com, calificó de “una cosa de locos” y un “disparate” las acusaciones que pesan sobre él. El director de La Razón insistía este miércoles en que su rotativo “se ha caracterizado por defender al PP y a Cristina Cifuentes” y que él mismo lo había hecho en las tertulias de televisión y radio a las que acude.

El juez imputa a Marhuenda y a Casals un delito de coacciones del artículo 464 del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para el que “con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.

Las relaciones de la Operación Lezo

El origen de la imputación de Marhuenda y Casals está en los pinchazos telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Edmundo Rodríguez Sobrino. En los mismos se escucha a este tratar con ambos diferentes actuaciones para frenar la decisión de Cristina Cifuentes de acudir a la Justicia a denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.

Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres hablan, entre insultos a la presidenta de la Comunidad y su equipo, de utilizar las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos por obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492605480_264705.html

CIFUENTES PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ

El magistrado se desplaza a la sede del Gobierno regional y entrega un cuestionario a la presidenta regional

El juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, se ha desplazado esta tarde a la sede de la Comunidad de Madrid para entregar un cuestionario de preguntas a la presidenta regional Cristina Cifuentes, del PP, sobre el escándalo que ha destapado en el Canal de Isabel II. Cifuentes, en calidad de testigo, informó de su intención de prestar declaración por escrito acogiéndose al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los presidentes de los gobiernos regionales a utilizar esta vía cuando un juez instructor les recaba información sobre hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.

La presidenta regional responderá al cuestionario y luego se lo hará llegar al juez. Cifuentes, sucesora de Ignacio González al frente de la Comunidad, reiteró su intención de colaborar con la justicia en el asunto del Canal y comentó que hace meses remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre operaciones anómalas efectuadas en Brasil y Colombia por el Canal, un organismo público que depende de su Gobierno y que en la actualidad preside su número dos, Ángel Garrido, por su condición de consejero de Presidencia y Justicia.

Tras dejar el cuestionario a Cifuentes, el juez se ha desplazado a la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia, donde ha interrogado durante una hora a Garrido. Garrido también comparece en calidad de testigo y también apoyó la entrega del citado informe sobre el Canal a la fiscalía relativo a compras de empresas por un valor muy superior al real.

Aparte de la detención esta mañana de doce personas, entre ellas el expresidente Ignacio González, la agenda del juez Velasco también incluía hoy el interrogatorio de otras tres personas en calidad de testigos. Velasco indaga delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del Canal.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492628022_955544.html

CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

"Cifuentes deberá dar explicaciones". Así de rotundo se mostraba este miércoles el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al recordar que Cifuentes era miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II en la etapa de Ignacio González, éste último detenido hoy. Sin embargo, el Gobierno regional ha corregido a Aguado y desvinculado "totalmente" a la presidenta de Madrid de la supuesta trama al alegar que fue consejera del ente entre 2012 y 2014, pero no de la empresa pública.

Así, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado que el cargo de Cifuentes como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del mismo. Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del "día a día" se toman en la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Pero para Aguado, Cifuentes "no va a colaborar con la Justicia porque sí, es que tiene que colaborar, porque tiene relación directa con el Canal de Isabel II". El juez ha citado a Cifuentes para que ratifique la denuncia contra el expresidente regional.

Por su parte, Cifuentes ha destacado su "colaboración máxima" con la Justicia y ha avanzado que "absolutamente" todo lo que les pida el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, lo harán, ya sea aportar documentación como testimonios.

"Absolutamente todo lo que nos pida el juez lo haremos pero no voy a dar datos porque está bajo secreto de sumario", ha indicado Cifuentes, quien ha remarcado que desde la Comunidad están" colaborando absolutamente con la justicia".

"Fue la Comunidad, la propia empresa Canal"

La presidenta regional ha señalado que "fue la propia Comunidad, la propia empresa Canal, quien puso el tema en manos de la Fiscalía" a quien remitió una información referida al Canal de Isabel II. Se refería a un informe de mayo de 2016 en el que el Ejecutivo autonómico explicaba que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Se trataba de la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

"Desde ese momento y el momento actual y, por supuesto, en el futuro nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta porque en este Gobierno que tengo el honor de presidir tenemos tolerancia cero contra la corrupción y vamos a colaborar siempre con cualquier asunto judicial en todo lo que nos requiera la justicia en este asunto también", ha continuado Cifuentes.

"Reiterar la colaboración plena y absoluta en todo momento por parte mía y todos los miembros del gobierno y del consejero de Presidencia y presidente del Canal de Isabel II la colaboración está siendo y va a ser máxima en todo momento", ha destacado la dirigente popular.

La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que todo lo que les requiera la Guardia Civil y el juez, documentación, testimonios, todo lo que quieran lo van a tener porque son "los primeros interesados en que este asunto, o cualquier otro que tenga que ver con corrupción, se llegue hasta el final".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/07/el_gobierno_ignacio_gonzalez_pago_sin_tasacion_externa_previa_millones_por_una_empresa_brasilena_riesgo_63533_1012.html

CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre defendió a 'Nacho' González

Fue la mano derecha de 'la lideresa' al frente de la Comunidad de Madrid, por eso en la Fonoteca de la SER no ha sido difícil encontrar declaraciones de Esperanza Aguirre defendiendo a quien la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

En marzo de 2015, mientras aseguraba que sería "inflexible contra la corrupción", Esperanza Aguirre elogió así a Ignacio González: "Nacho ha dirigido la política de la Comunidad de Madrid con una inteligencia y eficacia encomiables hasta conseguir consolidarla como la primera comunidad económica de España (...) Y además con su legendaria capacidad de gestión ha logrado mantener el alto nivel de todos los servicios que la comunbidad presta, a pesar de la ortodoxia financiera".

Poco antes, cuando ya se habían publicado informaciones sobre el ático, Aguirre le mostró públicamente su apoyo "porque ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónnde sacó el dinero, cómo lo compró, qué crédito tomó y todo lo demás".

Siendo presidenta de la Comunidad, cada 2 de mayo Esperanza Aguirre concedía una entrevista a la SER y fue en 2012, cuando ya había saltado el 'caso Gürtel' cuando le preguntamos si ponía "la mano en el fuego" por Ignacio González y ella no dudó al responde "claro que sí" y añadió "si Ignacio González viniera a decirme 'he hecho esto incorrecto', no ya delictivo, sino incorrecto, a mí no me temblaría el pulso en cesar a Ignacio González, además, dimitiría él. Es que yo he tenido que cesar, por desgracia, a mucha gente".

También apoyó Aguirre a González en el 'caso espionaje', haciendo extensivo ese apoyo a todo el gobierno regional "que nada tiene que ver con esas imputaciones gravísimas que se efectúan". Y fiel a su estilo, preguntada de nuevo por los espías, respondió: "Mire, a mí es que me da la risa, qué quiere que le diga".

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/politica/1492602990_847592.html

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